Buenos Aires, 1 de junio de 2026-Total News Agency-TNA- La detención de un jardinero de Canning, su hijo y un contador de Ezeiza abrió una causa federal por presunto lavado de dinero que vuelve a poner bajo la lupa la utilización de financieras informales, sociedades pantalla, criptomonedas y operaciones cambiarias clandestinas en la Argentina, con un dato especialmente inquietante: una posible conexión indirecta con operadores vinculados al Comando Vermelho, una de las organizaciones narcocriminales más poderosas de Brasil.
El principal investigado fue identificado como Maximiliano R., de 47 años, monotributista inscripto bajo el rubro de jardinería, aunque sus movimientos bancarios millonarios no se corresponderían con los ingresos declarados. Esa desproporción encendió las alertas de la AFIP, hoy ARCA, que detectó operaciones incompatibles con su perfil fiscal y derivó la información a la Justicia.
La denuncia del organismo recaudador dio origen a una investigación en el Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora, a cargo del juez Luis Armella, con secretaría penal de Augusto Peloso e intervención de la fiscal federal Cecilia Incardona. A partir de allí, la División Lavado de Activos de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal Argentina (PFA) avanzó con análisis patrimoniales, seguimientos, vigilancia y reconstrucción de movimientos económicos.
La hipótesis judicial apunta a una estructura presuntamente destinada a realizar operaciones cambiarias clandestinas, transacciones con activos digitales y maniobras para dar apariencia legal a fondos de origen sospechoso. Para ello se habrían utilizado sociedades, personas interpuestas, locales comerciales, cuentas bancarias y una financiera que ofrecía servicios al público sin contar con autorización del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
El nombre central de esa trama es San Jorge Liquidar SRL, una firma con sedes en San Vicente y Monte Grande, señalada por realizar cambio de divisas y operaciones con criptomonedas sin habilitación del BCRA. La empresa, lejos de operar con bajo perfil, se promocionaba en redes sociales con préstamos para consumo cotidiano. Entre sus mensajes aparecía una frase tan directa como ilustrativa: “Te ayudamos a llenar el carrito”.
La financiera ofrecía créditos para comprar alimentos en supermercados, microondas, regalos de San Valentín e incluso inversiones en criptomonedas. Ese contraste entre la estética de ayuda de emergencia para familias necesitadas y una investigación por presunto lavado de activos grafica una modalidad cada vez más extendida: estructuras que se presentan como soluciones financieras rápidas, mientras canalizan flujos de dinero difíciles de justificar.
El hijo del principal acusado, Rodrigo R., de 20 años, también fue detenido. Según la investigación, figuraba como socio de la financiera y habría integrado la estructura montada para operar fondos bajo sospecha. En la causa también aparece Gustavo P., contador oriundo de Ezeiza, señalado como responsable de la contabilidad de las empresas vinculadas al grupo.
Los procedimientos incluyeron 10 allanamientos y una orden de presentación en domicilios particulares, oficinas administrativas, locales comerciales y entidades bancarias ubicadas en distintos puntos de la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre ellos Canning, Monte Grande, San Vicente y oficinas porteñas. Como resultado, fueron detenidos los tres hombres señalados como integrantes de la estructura investigada.
Durante los operativos se secuestraron más de $11.281.830, US$51.039, moneda extranjera adicional, 17 teléfonos celulares, 11 CPU, una notebook, dos máquinas contadoras de billetes, un DVR, un arma de fuego y abundante documentación contable, fiscal y societaria. También fueron incautados vehículos vinculados a los investigados, entre ellos un Audi Q5, un BMW X1, un Volkswagen Polo y un cuatriciclo.
Otro dato llamativo fue el hallazgo de siete relojes de lujo, con valores estimados de entre US$2.000 y US$5.000 por pieza. En una de las propiedades, los investigadores debieron forzar una caja fuerte para acceder a su contenido, una imagen que resume el salto patrimonial que la Justicia intenta explicar: de la jardinería declarada a un entramado de sociedades, financieras, dólares, criptomonedas, autos de alta gama y objetos de lujo.
El posible nexo con el Comando Vermelho surge a partir de una factura emitida en noviembre de 2021 por Gustavo P., contador del grupo, a nombre de empresas relacionadas con los hermanos brasileños Thiago Cardoso de Oliveira y Wilson Cardoso de Oliveira. Ambos fueron condenados, junto a otros ciudadanos brasileños, en una causa por lavado de activos con criptomonedas en favor de la organización narcocriminal brasileña.
Ese antecedente es clave para dimensionar el alcance del caso. En octubre de 2025, el Tribunal Oral Federal N°7 condenó a cinco ciudadanos brasileños acusados de lavar dinero para el Comando Vermelho mediante estructuras instaladas en la Argentina, especialmente en zonas de alto poder adquisitivo como Nordelta. Los acusados reconocieron su responsabilidad en un juicio abreviado, recibieron penas de tres años de prisión en suspenso y multas millonarias, además del decomiso de bienes.
La investigación de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) había revelado que la red operó entre 2015 y 2023 y canalizó al menos US$520.531.997, en su mayoría convertidos en criptomonedas. Los fondos, según la acusación, provenían de actividades ilícitas como narcotráfico y estafas, y luego eran blanqueados a través de cuentas bancarias, billeteras virtuales, activos digitales, bienes registrables y personas interpuestas.
Los líderes señalados de aquella organización, Marcelo Clayton Alves de Sousa y Hang Wang, permanecen prófugos. El expediente mostró cómo las estructuras del crimen organizado regional ya no necesitan mover únicamente bolsos, camiones o cargamentos físicos: también operan con billeteras virtuales, sociedades formales, facturación, prestanombres, contadores, cuevas digitales y plataformas de inversión.
La aparición de una factura vinculada a empresas relacionadas con condenados por lavar dinero para el Comando Vermelho no convierte automáticamente a los detenidos de Canning en integrantes de esa organización. Pero sí abre una línea investigativa seria sobre eventuales conexiones económicas, prestación de servicios, circuitos de facturación, intermediarios y vasos comunicantes entre el sistema financiero informal argentino y redes criminales brasileñas.
El caso también vuelve a exhibir una debilidad estructural: la proliferación de financieras no autorizadas que operan en barrios, redes sociales y comercios bajo formatos aparentemente inocentes. Ofrecen préstamos rápidos, cambio de divisas, operaciones cripto e inversiones, pero muchas veces funcionan por fuera del control del BCRA, sin prevención real de lavado, sin reportes adecuados y sin transparencia sobre el origen de los fondos.
La Argentina se transformó en los últimos años en un terreno atractivo para este tipo de maniobras. La brecha cambiaria, las restricciones históricas para acceder a divisas, la informalidad económica, el uso extendido del efectivo y el crecimiento de criptoactivos generaron un ecosistema ideal para que el dinero ilícito busque caminos de ingreso, conversión y blanqueo.
El caso del jardinero de Canning muestra ese punto con crudeza. Un monotributista declarado en una actividad de baja escala económica aparece, según la investigación, vinculado a una financiera, canchas de fútbol, autos de alta gama, relojes de lujo, movimientos bancarios millonarios y operaciones digitales. La pregunta judicial es evidente: de dónde salió el dinero, quién lo aportó, quién lo movió y para quién trabajaba la estructura.
La intervención de ARCA fue decisiva porque la inconsistencia fiscal permitió encender la primera alarma. Sin embargo, el problema excede a un contribuyente. Lo que aparece detrás es un mecanismo más amplio donde el crimen financiero se camufla bajo rubros comunes, pequeñas empresas, préstamos de consumo y sociedades que dan apariencia legal a operaciones que podrían tener origen ilícito.
El vínculo con el Comando Vermelho agrega gravedad geopolítica y criminal. La facción brasileña no es una banda menor: es una organización con presencia territorial, capacidad armada, manejo de narcotráfico, expansión regional y sofisticación financiera. Su incursión o utilización de estructuras en la Argentina debe ser leída como una advertencia sobre el avance del narco regional en mercados donde puede lavar, invertir y ocultar activos.
La causa ahora deberá determinar si la financiera San Jorge Liquidar SRL funcionaba como una fachada aislada o como parte de una red más amplia. También deberá establecer el rol de Maximiliano R., Rodrigo R. y Gustavo P., el origen de los fondos, la trazabilidad de las criptomonedas, los vínculos societarios, la documentación secuestrada y la eventual relación con operadores ya condenados en el expediente del Comando Vermelho.
La investigación recién empieza, pero deja una señal clara: el lavado de dinero ya no siempre aparece detrás de grandes bancos, estudios de lujo o torres corporativas. También puede esconderse detrás de una supuesta financiera barrial, un monotributista inscripto como jardinero, una cuenta de Instagram que promete llenar el carrito del supermercado y una caja fuerte que la Policía debe romper para saber qué había adentro.
