Buenos Aires, 3 de junio de 2026 – Total News Agency – TNA-El Gobierno de Javier Milei oficializó el nuevo esquema de reducción progresiva y permanente de los derechos de exportación para los principales complejos agroindustriales del país, en una medida de alto impacto económico y político que apunta a mejorar la competitividad del campo, estimular la producción y reforzar el perfil exportador de la Argentina.
La decisión quedó formalizada a través del Decreto 423/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, y alcanza a mercaderías comprendidas en las cadenas de soja, girasol, maíz, sorgo, trigo y cebada, además de determinados productos vinculados al biodiésel. La medida había sido anticipada por el Presidente a mediados de mayo y ahora quedó incorporada al esquema normativo con un cronograma verificable de bajas.
En los fundamentos del decreto, el Poder Ejecutivo sostuvo que resulta necesario “continuar fortaleciendo el impulso exportador del sector agroindustrial” mediante la simplificación de trámites, la facilitación del comercio, la apertura de nuevos mercados y la disminución de impuestos distorsivos. La definición política es clara: para la administración libertaria, las retenciones son un tributo que desalienta inversión, castiga producción y reduce competitividad.
El texto oficial remarcó que esta gestión entiende a los derechos de exportación como “un impuesto distorsivo que debe eliminarse” y que, en la medida en que lo permita el superávit fiscal, se irán reduciendo hasta su desaparición. Esa frase condensa el eje ideológico de la medida: bajar presión tributaria sin resignar el ancla fiscal que sostiene el programa económico.
El esquema aprobado tiene dos componentes centrales. El primero es de aplicación inmediata para cultivos de invierno y productos vinculados a la campaña fina. El segundo fija un cronograma gradual de reducción para cultivos de verano y derivados, con bajas mensuales durante 2027 y 2028, hasta llegar a nuevos niveles hacia diciembre de 2028.
En el caso del trigo en grano, la alícuota queda fijada en 1%, mientras que la harina de trigo tributará 2,50%. Para la cebada, el esquema establece una alícuota del 5,50%. La decisión apunta a mejorar los márgenes de una campaña fina atravesada por costos elevados en fertilizantes, combustible, logística y financiamiento, y busca darle previsibilidad a productores y exportadores antes de la toma de decisiones de siembra y comercialización.
Para la soja, el principal complejo exportador argentino, la baja será gradual. El poroto, que parte de una alícuota del 24% en 2026, iniciará un sendero descendente desde enero de 2027 hasta llegar al 15% en diciembre de 2028. En tanto, el aceite de soja y otros derivados comenzarán desde niveles de entre 18% y 22% en 2026, para ubicarse entre 11% y 14% hacia fines de 2028.
En maíz y sorgo, algunos derivados quedarán con retenciones cero, mientras que otros tendrán una reducción escalonada. Las tasas pasarán de 8,5% en 2026 a 7,5% hacia fines de 2027 y a 5,5% desde diciembre de 2028. Para el Gobierno, esta baja debe traducirse en mayor volumen exportable, más inversión y mejores condiciones para una cadena que incluye producción primaria, acopios, transporte, puertos, industria alimenticia y economías regionales.
El girasol también queda alcanzado por el nuevo programa. Algunas variedades específicas estarán exentas de retenciones, mientras que el aceite de girasol tributará entre 2,5% y 4,5% en 2026, para bajar a niveles de entre 1% y 3% hacia fines de 2028. La medida busca recuperar competitividad en una cadena que tiene fuerte peso en varias provincias productivas y capacidad de agregado industrial.
En materia de biocombustibles, el decreto establece alícuota del 0% para el biodiésel obtenido de aceites de colza, cártamo o camelina. En cambio, el biodiésel que contiene aceite de soja iniciará un sendero de baja desde el 21% hasta llegar al 13% a fines de 2028. El Gobierno procura así ordenar una estructura tributaria que durante años fue cuestionada por su impacto sobre la industrialización y la inserción externa.
La medida tiene una fuerte lectura política. Milei busca recomponer la relación con el campo después de años en los que el sector agropecuario fue tratado por distintos gobiernos como una caja fiscal de emergencia. Las retenciones fueron una herramienta recurrente para financiar gasto público, pero también una fuente permanente de conflicto con productores, exportadores, entidades rurales y provincias dependientes de la actividad agroindustrial.
El oficialismo intenta mostrar que el superávit fiscal no sólo sirve para ordenar las cuentas públicas, sino también para devolverle recursos al sector privado. En esa lógica, la baja de retenciones aparece como una señal concreta de que el ajuste del Estado puede transformarse en alivio tributario para quienes producen, exportan y generan divisas.
El decreto señala que, acorde con los resultados económicos de 2025 y del transcurso de 2026, la medida busca dotar de mayor competitividad a uno de los sectores más dinámicos y relevantes del país. También alinea la política agroindustrial con los principios de libertad económica, apertura comercial y reducción de impuestos distorsivos que el Gobierno pretende instalar como marca de gestión.
La decisión llega en un momento en el que la acumulación de reservas del Banco Central de la República Argentina y la mejora del frente cambiario son presentadas por el equipo económico como señales de estabilización. Para el Gobierno, un campo más competitivo puede reforzar ese proceso, aumentar la liquidación de divisas y sostener el ingreso de dólares genuinos por exportaciones.
El desafío fiscal, sin embargo, será relevante. Las retenciones representan una fuente importante de recaudación nacional y su reducción implica resignar ingresos en el corto plazo. La apuesta oficial es que el menor peso tributario impulse mayor producción, más inversión y un volumen exportador superior, compensando parte del costo fiscal inicial con crecimiento de actividad y mayor formalización.
Para el sector agroindustrial, el punto central será la previsibilidad. En la Argentina, las reglas sobre retenciones cambiaron reiteradas veces, muchas veces de manera abrupta, temporaria o condicionada por urgencias fiscales. El valor político del nuevo esquema dependerá de que el Gobierno logre sostenerlo en el tiempo y no lo convierta en otra promesa sujeta a la caja del momento.
La rebaja también puede impactar sobre decisiones de siembra, compra de tecnología, uso de fertilizantes, inversión en maquinaria y estrategias comerciales. Un productor que espera menor carga impositiva sobre la exportación puede mejorar márgenes, proyectar con más confianza y tomar decisiones de mediano plazo. Lo mismo ocurre con la industria aceitera, los exportadores y las cadenas logísticas que dependen del volumen movilizado.
El campo, de todos modos, seguirá mirando otros factores. La presión impositiva provincial y municipal, el costo del crédito, el precio internacional de los granos, el tipo de cambio, la infraestructura vial y ferroviaria, los costos portuarios y la disponibilidad de insumos seguirán siendo variables decisivas. Bajar retenciones es una señal potente, pero no alcanza por sí sola para resolver todos los problemas de competitividad.
La medida también abre una discusión federal. Las provincias agroindustriales reclaman desde hace años que las retenciones castigan la producción local sin volver en obras, infraestructura o financiamiento proporcional. La reducción del tributo puede mejorar la rentabilidad regional, aunque también reabre el debate sobre cómo se financia el Estado nacional y qué impuestos deben reemplazar a los más distorsivos.
En términos estratégicos, el Gobierno busca que la Argentina deje de penalizar a su principal generador de divisas. El complejo sojero, el maíz, el trigo, la cebada, el girasol, el sorgo y los biocombustibles forman parte de una plataforma exportadora que podría crecer si cuenta con reglas más estables, menor presión fiscal y acceso a mercados externos.
El mensaje hacia los productores es directo: el Ejecutivo promete un sendero de reducción, no una baja aislada. La diferencia no es menor. Un alivio transitorio puede mejorar una campaña; un cronograma permanente puede modificar decisiones de inversión, ampliar escala y generar expectativas de largo plazo.
Para Milei, la baja de retenciones también tiene valor simbólico. Es una forma de diferenciarse de administraciones que usaron al campo como fuente rápida de recursos y de reafirmar su promesa de desarmar impuestos que considera incompatibles con una economía abierta. En esa lectura, la eliminación final de los DEX queda planteada como un objetivo condicionado al sostenimiento del superávit fiscal.
La oposición probablemente cuestionará el impacto recaudatorio y advertirá sobre la pérdida de ingresos públicos en un contexto social exigente. El Gobierno, en cambio, buscará mostrar que no hay desarrollo posible si el Estado castiga a quienes exportan. La pulseada será política, fiscal y productiva.
El decreto instala una nueva etapa en la relación entre el Gobierno y el agro. Después de años de parches, subas, bajas temporales y tensiones recurrentes, el oficialismo intenta ordenar un camino de reducción permanente. El resultado dependerá de que la macroeconomía acompañe, que el superávit se sostenga y que el sector responda con más producción, inversión y exportaciones.
Por ahora, la señal es clara: Milei decidió avanzar sobre uno de los impuestos más cuestionados por el campo y convertir su reducción en parte central de la agenda económica. Si el programa se cumple, la Argentina podría empezar a desmontar gradualmente una carga que durante décadas afectó a su principal motor exportador. Si no se sostiene, será otra oportunidad perdida en la larga historia de promesas incumplidas entre el Estado y el sector agroindustrial.
