Buenos Aires, 3 de junio de 2026 – Total News Agency – TNA-El Gobierno nacional dio un nuevo paso en la desregulación del transporte automotor y modificó el régimen de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), conocida popularmente como VTV en varias jurisdicciones, al habilitar que talleres mecánicos particulares, concesionarias e importadores puedan realizar las inspecciones técnicas de vehículos, siempre que cumplan los requisitos establecidos y se inscriban en el nuevo registro oficial.
La medida fue formalizada mediante la Resolución 32/2026 de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, y se enmarca en el trabajo conjunto con el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que conduce Federico Sturzenegger. El objetivo oficial es modernizar un sistema que el Gobierno considera cerrado, burocrático, fragmentado y poco competitivo.
La resolución crea el Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos, que funcionará bajo la órbita de la Secretaría de Transporte y será público, gratuito y digital. La inscripción se realizará a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD) y estará abierta a todos los establecimientos que acrediten capacidad técnica suficiente para realizar las revisiones.
En términos prácticos, la reforma implica que los usuarios podrán cumplir con la revisión técnica de sus vehículos en un taller de confianza, siempre que ese taller esté inscripto y habilitado en el registro nacional. También podrán realizarse controles en concesionarias oficiales, importadores y otros establecimientos que cumplan las exigencias técnicas. El Gobierno busca ampliar la oferta, reducir tiempos, simplificar trámites y promover competencia.
El cambio representa una ruptura con el modelo tradicional de plantas verificadoras específicas, muchas veces concentradas en pocos operadores y con poca flexibilidad para el usuario. Según la mirada oficial, ese esquema terminó generando demoras, costos elevados, trabas administrativas y una oferta limitada que no siempre se correspondía con las necesidades reales del parque automotor.
La Secretaría de Transporte sostuvo que la reforma apunta a reemplazar mecanismos cerrados por un modelo más simple, interoperable y previsible para quienes circulan en el territorio argentino. La idea es que la obligación de controlar el estado técnico de los vehículos se mantenga, pero que el modo de cumplirla sea más accesible, competitivo y menos dependiente de estructuras rígidas.
La normativa alcanza a vehículos particulares, comerciales, de pasajeros, de carga, antiguos y especiales. Todos podrán realizar la inspección en cualquiera de los establecimientos inscriptos en el Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos, siempre bajo los procedimientos vigentes y con los controles técnicos correspondientes.
El Gobierno aclaró que la apertura del sistema no elimina los estándares de seguridad vial. Los talleres deberán contar con un Director Técnico, cumplir los procedimientos de revisión establecidos y acreditar condiciones técnicas para operar. Es decir, la desregulación apunta a la oferta y a la simplificación administrativa, pero no a suprimir la revisión ni a bajar las exigencias básicas sobre frenos, luces, neumáticos, suspensión, dirección, emisiones y demás aspectos críticos.
Uno de los cambios centrales es el esquema de inscripción. Los talleres podrán registrarse mediante declaración jurada, con un plazo de tramitación determinado. Si vencido ese plazo la administración no se expide, operará un mecanismo de habilitación provisoria automática por silencio administrativo, sujeto a control posterior. La medida busca evitar que la burocracia paralice nuevas habilitaciones y que el Estado se transforme en una barrera de entrada injustificada.
La Subsecretaría de Transporte Automotor deberá implementar una base informática para consolidar los datos de las revisiones técnicas realizadas por los talleres habilitados. Esa plataforma permitirá registrar, controlar y verificar los certificados emitidos, con el objetivo de evitar superposiciones, fraudes, certificados irregulares o falta de trazabilidad. La resolución fija un plazo de 90 días para el desarrollo o implementación de esa herramienta.
Los plazos de revisión también forman parte del nuevo esquema. Los vehículos particulares cero kilómetro deberán realizar su primera inspección a los cinco años. Luego, hasta los 10 años de antigüedad, la revisión será cada 24 meses. A partir de los 10 años, la revisión deberá realizarse cada 12 meses. Para vehículos de carga y pasajeros cero kilómetro, la primera revisión será hasta los 12 meses como máximo, y luego la periodicidad será anual.
La medida también contempla vehículos no particulares, incluidos los de transporte de carga y pasajeros, que deberán mantener controles cada 12 meses. En el caso de unidades antiguas o especiales, la revisión podrá realizarse en talleres habilitados bajo las condiciones específicas que correspondan, lo que podría facilitar la regularización de vehículos que hasta ahora enfrentaban trámites más engorrosos.
El Gobierno defiende la reforma como una medida de sentido común: si un taller mecánico tiene capacidad técnica, equipamiento adecuado, personal responsable y controles trazables, no habría razones para impedirle realizar una revisión obligatoria que hasta ahora estaba concentrada en circuitos más cerrados. Desde esa visión, abrir la competencia puede mejorar precios, ampliar disponibilidad y acercar el servicio al usuario.
La decisión también responde a una lógica más amplia de la administración de Javier Milei: reducir regulaciones consideradas innecesarias, eliminar privilegios sectoriales y permitir que la oferta y la demanda interactúen con menos intermediación estatal. En esa línea, la reforma de la RTO aparece como otro capítulo de la agenda de desregulación que el oficialismo presenta como una herramienta para bajar costos y desmontar estructuras corporativas.
La medida no estuvo exenta de resistencias. Sectores vinculados a talleres y plantas tradicionales reclamaron contra los cambios y advirtieron sobre posibles impactos en la seguridad vial o en la calidad de los controles. El Gobierno, sin embargo, ratificó el rumbo y defendió la apertura del sistema bajo el argumento de que la competencia no debe confundirse con ausencia de control.
En el fondo, la discusión enfrenta dos modelos. Uno, basado en autorizaciones acotadas, operadores específicos y una estructura más rígida. Otro, impulsado por la gestión libertaria, que busca ampliar prestadores, digitalizar procesos, controlar resultados y permitir que más actores puedan ofrecer el servicio si cumplen estándares verificables. La clave estará en que la apertura no derive en revisiones de baja calidad ni en certificados emitidos sin controles reales.
La base informática nacional será decisiva para ese objetivo. Si el sistema logra consolidar datos, validar certificados, cruzar información de vehículos y detectar irregularidades, la apertura puede significar una mejora concreta para usuarios y transportistas. Si el control posterior falla, el riesgo será que la flexibilización termine deteriorando la seguridad vial.
Para los automovilistas, el cambio promete mayor comodidad. La posibilidad de acudir a talleres inscriptos, concesionarias o importadores podría reducir distancias, esperas y dependencia de turnos en plantas concentradas. También podría generar competencia de precios, aunque el resultado dependerá de la cantidad de prestadores que se inscriban y de la capacidad real de fiscalización del Estado.
Para el transporte de cargas y pasajeros, la reforma también puede tener impacto operativo. Un sistema más amplio de revisión técnica puede facilitar el cumplimiento de obligaciones, reducir tiempos muertos y mejorar la planificación de flotas. Sin embargo, en esos sectores la exigencia técnica deberá ser especialmente rigurosa, porque cualquier falla mecánica puede tener consecuencias graves en rutas y corredores urbanos.
El Gobierno sostiene que la reforma no elimina la obligación de revisar los vehículos, sino que moderniza la forma de hacerlo. En esa diferencia se juega buena parte de la explicación oficial. La seguridad vial continúa siendo el objetivo declarado, pero el procedimiento deja de estar atado a un modelo cerrado y pasa a un esquema más abierto, digital y competitivo.
La resolución marca además un avance sobre la interoperabilidad federal. En un país donde las regulaciones de tránsito, transporte e inspección suelen variar según jurisdicciones, la creación de un registro nacional y una base común puede ayudar a ordenar información y reducir duplicaciones. La implementación, de todos modos, exigirá coordinación con provincias, municipios y organismos de control.
La reforma llega en un momento en que el Gobierno busca mostrar resultados concretos en materia de simplificación administrativa. Junto con otras medidas de desregulación, el cambio en la RTO le permite a la administración Milei exhibir una transformación visible para ciudadanos comunes: menos trámites cerrados, más opciones y una promesa de menor costo.
El desafío será evitar que el nuevo sistema se convierta en una habilitación indiscriminada sin fiscalización suficiente. La credibilidad de la reforma dependerá de que los talleres cumplan estándares, que los directores técnicos respondan por las inspecciones, que los certificados sean verificables y que las sanciones lleguen rápido ante incumplimientos.
En términos políticos, la medida refuerza el mensaje oficial contra las estructuras que el Gobierno considera corporativas. Para Milei y Sturzenegger, la apertura de la VTV/RTO representa un ejemplo concreto de cómo la desregulación puede modificar servicios cotidianos. Para los sectores que venían operando bajo el esquema anterior, en cambio, implica una pérdida de exclusividad y una competencia que hasta ahora estaba limitada.
La nueva etapa de la revisión técnica vehicular no será automática ni instantánea. Dependerá de cuántos talleres se inscriban, de la velocidad de implementación de la base informática, de la capacidad de fiscalización y de la adaptación de los usuarios. Pero el cambio normativo ya está en marcha y modifica el mapa de un trámite obligatorio para millones de argentinos.
Con la Resolución 32/2026, el Gobierno puso fin al monopolio práctico de las plantas tradicionales y abrió la puerta a un sistema más amplio. La VTV, tal como se la conocía, empieza a cambiar. El control seguirá siendo obligatorio; lo que cambia es quién podrá hacerlo, bajo qué reglas y con qué nivel de competencia.
