Buenos Aires-04 junio 2026-Total News Agency-TNA– El Ministerio de Salud, conducido por Mario Lugones, volvió a adjudicar contrataciones a empresas vinculadas al entramado de la Droguería Suizo Argentina, controlada por la familia Kovalivker, en momentos en que la Justicia federal investiga presuntas coimas, sobreprecios, direccionamiento de compras y desvío de fondos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
La novedad vuelve a encender las alarmas porque Suizo Argentina quedó ubicada en el centro de la causa que estalló a partir de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, ex director de ANDIS, ex abogado de Javier Milei y hombre con llegada directa al círculo presidencial. En esas grabaciones, que la Justicia ordenó peritar, se describía un presunto esquema de retornos en compras de medicamentos e insumos, con menciones a proveedores, funcionarios y operadores del oficialismo.
Pese a ese escenario, la droguería volvió a aparecer vinculada a procesos de compra estatal. Según la información conocida, el Ministerio de Salud adjudicó en abril una licitación cercana a los $15.000 millones para la compra de medicamentos oncológicos. Dentro de ese expediente aparecen firmas bajo la lupa por la causa ANDIS, entre ellas Suizo Argentina, Ortopedia Alemana del Norte y DISVAL.
La resolución administrativa mencionada corresponde a una licitación abierta el 19 de junio de 2025, es decir, casi dos meses antes de que se conocieran públicamente los audios de Spagnuolo. Sin embargo, el punto delicado es que la adjudicación se produjo cuando el caso ya había sacudido al Gobierno y cuando la Justicia investigaba la red de proveedores que habría operado alrededor de ANDIS.
El dato no es menor: Suizo Argentina había reducido drásticamente su exposición en contrataciones nacionales luego del escándalo, pero ahora vuelve a figurar en procesos oficiales. En la licitación oncológica, incluso, la propia droguería habría pedido no mantener la oferta y solicitar su baja, un movimiento que puede leerse como parte de una estrategia defensiva o de reordenamiento frente a la presión judicial y mediática.
El único proceso en el que Suizo Argentina aparece participando este año en la plataforma oficial Comprar corresponde a la adquisición de “insumos consumibles para unitizadoras de farmacia con mantenimiento incluido”, con destino al Hospital Posadas. Allí, la firma de los Kovalivker presentó la oferta más baja, por algo más de $142 millones, aunque el proceso permanecía pendiente de adjudicación.
Ese expediente resulta llamativo si se lo compara con el volumen anterior de contrataciones. Durante el primer año y medio de gobierno libertario, Suizo Argentina habría suscripto operaciones por más de $100.000 millones con organismos como los ministerios de Salud, Seguridad y Defensa, además de PAMI e IOSFA, la obra social vinculada a las Fuerzas Armadas y fuerzas de seguridad.
La causa ANDIS no sólo investiga montos, sino también mecanismos. El expediente apunta a determinar si existió un sistema de compras direccionadas, compulsas especiales diseñadas a medida, cartelización de proveedores, sobreprecios y pagos ilegales. En ese esquema, la droguería de los Kovalivker aparece como una de las principales beneficiarias del circuito estatal.
En paralelo, la familia empresaria realizó movimientos societarios que llaman la atención. En diciembre pasado, Emmanuel Kovalivker renunció de manera abrupta al cargo de vicepresidente y director titular de Suizo Argentina durante una asamblea extraordinaria. La presidencia quedó en manos de su hermano Jonathan Kovalivker, acompañado por el abogado y lobista Sebastián Nuner Uner, Pablo Ariel Viner, Diego Gerardo Viner y Carlos Matías Morosi.
Ese reordenamiento interno se produjo en pleno avance de la investigación judicial. Para los investigadores, los cambios de directorio y la composición de sociedades vinculadas pueden ser relevantes para reconstruir responsabilidades, flujos de dinero, vínculos entre proveedores y posibles maniobras de cobertura empresarial.
Uno de los nombres clave es Pablo Ariel Viner, que aparece conectado con varias firmas relacionadas con el universo de los Kovalivker. Figura en Iconurban, en Metafar, en Crecer SGR, en Log In Farma y en Unicred, algunas de ellas bajo análisis judicial. Junto con su hermano, también aparece vinculado a Movimi, dedicada al servicio de confitería.
Los hermanos Viner integraron además directorios de LBA Farma, LBA Construcciones, Laboratorio Bioquímico Argentino SRL y CRT Emprendimientos, sociedades que aparecen asociadas al entramado empresarial de la familia propietaria de Suizo Argentina. Esa red muestra una diversificación que va desde medicamentos y logística farmacéutica hasta construcción, financiamiento y servicios.
La investigación del fiscal Franco Picardi puso especial atención en Sebastián Nuner Uner, representante de Suizo Argentina y considerado una figura de peso dentro de la estructura de la droguería. Según elementos del dictamen fiscal citados en el expediente, un empleado de ANDIS habría señalado a Nuner Uner como una persona con capacidad para incluir empresas como proveedoras.
El mismo dictamen también menciona una relación fluida entre Nuner Uner y Pablo Atchabahian, señalado como actor relevante en las operaciones investigadas de ANDIS con los proveedores. Atchabahian aparece bajo sospecha por su presunto rol como operador en las sombras de Daniel Garbellini, funcionario que habría tenido intervención central en compras del organismo.
La trama tiene una dimensión política inevitable. Spagnuolo no era un funcionario menor ni un técnico sin llegada. Fue abogado del Presidente y ocupó la conducción de un organismo sensible, con presupuesto importante y compras destinadas a personas con discapacidad. El caso golpeó de lleno el discurso oficial de transparencia y austeridad, porque la investigación describe presuntos retornos sobre medicamentos e insumos para sectores especialmente vulnerables.
El Gobierno intentó despegarse del escándalo removiendo a Spagnuolo y cuestionando la filtración de los audios, pero la causa siguió avanzando. La Justicia ordenó peritajes, pidió documentación, investigó contratos y comenzó a reconstruir la relación entre funcionarios, proveedores y operadores privados. En ese contexto, que empresas bajo sospecha vuelvan a aparecer en compras del Ministerio de Salud genera un problema político de primer orden.
La pregunta central es por qué el Estado continúa habilitando contrataciones con firmas involucradas en expedientes sensibles sin establecer filtros preventivos más estrictos. Una cosa es respetar la presunción de inocencia y otra muy distinta es ignorar los riesgos institucionales cuando están bajo investigación compras públicas de alto volumen, posibles sobreprecios y presuntos pagos ilegales.
El caso también exhibe un problema más profundo: la opacidad de las bases de datos estatales. El seguimiento de contrataciones, adjudicaciones, bajas de ofertas, compulsas especiales y relaciones societarias suele ser fragmentado, difícil de rastrear y poco amigable para el control ciudadano. Esa falta de transparencia beneficia a estructuras con capacidad técnica, contable y jurídica para moverse entre diferentes organismos sin quedar fácilmente expuestas.
El regreso de Suizo Argentina y firmas asociadas a procesos de compra pública obliga al Ministerio de Salud a dar explicaciones. No alcanza con señalar que los expedientes se iniciaron antes del escándalo. Si la adjudicación se resuelve cuando el caso ya está bajo investigación judicial, el control político y administrativo debe ser mayor, no menor.
En el fondo, la causa ANDIS plantea una discusión sobre el modo en que el Estado compra medicamentos, insumos y servicios sanitarios. Las contrataciones de salud suelen justificarse por urgencia, necesidad o sensibilidad social, pero justamente por eso deben tener estándares más altos de transparencia. Cuando se trata de medicamentos oncológicos, discapacidad o insumos hospitalarios, cualquier sospecha de sobreprecio o retorno adquiere una gravedad moral y política superior.
El oficialismo llegó al poder prometiendo terminar con la “casta” y cortar privilegios. Sin embargo, el caso Kovalivker-Suizo Argentina-ANDIS muestra una continuidad preocupante: proveedores concentrados, intermediarios fuertes, funcionarios con poder discrecional, compras millonarias y una Justicia obligada a reconstruir lo que el sistema administrativo no previno.
La nueva contratación o reaparición de empresas vinculadas a esta red no prueba por sí sola un delito, pero sí confirma que el problema sigue abierto. Mientras la Justicia avanza sobre el presunto circuito de coimas y sobreprecios, el Estado vuelve a encontrarse con los mismos nombres en expedientes de compra. Esa coincidencia, en plena investigación, es políticamente explosiva.
