Por Sandra G. Mossayebeh
La nueva estrategia antiterrorista de Estados Unidos y el límite democrático frente a la militarización
Estados Unidos acaba de mover una pieza decisiva en su arquitectura de seguridad. La U.S. Counterterrorism Strategy 2026 (May, 2026) no debe leerse solo como un documento técnico de contraterrorismo, sino como una redefinición doctrinaria del modo en que Washington interpreta las amenazas del siglo XXI.
Su importancia reside en que amplía el campo de lo que puede ser considerado amenaza estratégica. Bajo una misma matriz de seguridad, la estrategia conecta terrorismo, crimen organizado transnacional, narcotráfico, trata de personas, seguridad fronteriza, extremismos violentos y competencia geopolítica.
El giro no surge en el vacío. Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos y del 11 de marzo de 2004 en Madrid, la seguridad internacional quedó marcada por la centralidad del terrorismo yihadista, la vigilancia transnacional, el control de fronteras y la cooperación de inteligencia. Durante más de dos décadas, el contraterrorismo occidental se organizó alrededor de redes extremistas, financiamiento ilícito y amenazas externas capaces de golpear territorios nacionales o intereses estratégicos.
La nueva estrategia estadounidense no abandona ese paradigma, pero lo amplía. El foco ya no se limita al terrorismo yihadista clásico. Ahora incorpora a carteles, pandillas transnacionales, redes de tráfico de personas y circuitos de drogas. También incluye actores violentos internos y adversarios estatales que se mueven en zonas grises, donde se cruzan delito, violencia política, corrupción institucional y competencia geopolítica.
Ese diagnóstico responde a una transformación real del escenario internacional. Las amenazas contemporáneas ya no actúan en compartimentos separados. El terrorismo puede financiarse mediante economías ilícitas. El crimen organizado puede capturar territorios y erosionar soberanías. Los carteles emplean tecnología, redes financieras y logística internacional. Los adversarios estatales, por su parte, pueden explotar esas vulnerabilidades sin necesidad de una guerra abierta. La inseguridad actual es híbrida, transnacional y profundamente política.
La propia comunidad de inteligencia estadounidense reconoce esa convergencia. En su evaluación anual de amenazas de 2026, identifica como preocupaciones centrales el crimen organizado transnacional, el tráfico ilícito de drogas, la migración, el terrorismo islamista, la competencia entre grandes potencias y las amenazas vinculadas a armas de destrucción masiva. Ese marco confirma que Washington ya no piensa la seguridad solo desde la lógica clásica del terrorismo, sino desde un entramado más amplio de riesgos articulados.
Sin embargo, la precisión del diagnóstico no resuelve el problema político de la respuesta. Que las amenazas sean reales no significa que cualquier instrumento sea legítimo, eficaz o democráticamente sostenible. Ese es el punto decisivo.
Combatir el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado requiere firmeza, inteligencia, coordinación y capacidad operativa. Pero esa firmeza no debe confundirse con militarización. América Latina conoce demasiado bien los efectos de trasladar totalmente la lógica de guerra a problemas de seguridad pública. Cuando el Estado trata fenómenos criminales, sociales y fronterizos como teatros militares, el resultado suele ser más violencia, menor control civil, instituciones debilitadas y una democracia sometida a la presión permanente de la excepcionalidad.
El crimen organizado ya no puede ser leído como una criminalidad común. Su capacidad para mover drogas, personas, dinero, armas e influencia política lo convierte en una amenaza concreta para la seguridad regional. Pero reconocer esa gravedad no implica aceptar que la respuesta deba organizarse bajo una doctrina expansiva de guerra. El problema no es que los Estados actúen frente al crimen organizado, sino cómo lo hacen, con qué instrumentos, bajo qué controles y mediante qué instituciones.
La respuesta para el Hemisferio Occidental debería estar en manos de fuerzas de seguridad profesionales y especializadas, no de una lógica enteramente militar. Policías federales, gendarmerías, prefecturas, guardias fronterizas, agencias de inteligencia criminal, unidades antilavado, fiscalías especializadas, aduanas y organismos de control portuario deben ocupar el centro de la estrategia. No porque sean instrumentos menores, sino porque permiten actuar con legalidad, conocimiento territorial y responsabilidad democrática.
Militarizar promete eficacia rápida, pero muchas veces produce efectos inversos, al no tener controles internos con años de experiencia en tratar la criminalidad. Puede desplazar el problema sin resolverlo, elevar el umbral de violencia, debilitar a las autoridades civiles y confundir seguridad nacional con control social. Frente a organizaciones criminales complejas, la respuesta no puede reducirse al despliegue de fuerza. Debe incluir inteligencia financiera, persecución patrimonial, trazabilidad logística, control de rutas, puertos marítimos y vías fluviales, cooperación aduanera, ciberinteligencia, protección de testigos y depuración de estructuras estatales penetradas por la corrupción.
El poder estatal no se demuestra en la espectacularidad de la fuerza, sino en su capacidad para desarmar la infraestructura real del delito. Seguir el dinero, identificar operadores logísticos, detectar sociedades pantalla, controlar precursores químicos, intervenir corredores portuarios y construir causas judiciales sólidas suele ser más decisivo que desplegar tropas. Muchas veces, la seguridad efectiva se juega lejos de la escena militar: en una fiscalía que prueba una red de lavado, una unidad financiera que bloquea activos o una fuerza de frontera que intercepta una ruta crítica.
Para América Latina, este punto es especialmente sensible. La región no necesita una nueva doctrina de intervención encubierta ni un retorno maquillado de viejas tutelas hemisféricas. Necesita capacidades estatales más fuertes, fuerzas de seguridad mejor entrenadas, inteligencia criminal profesional, sistemas judiciales menos vulnerables y fronteras más inteligentes. La cooperación con Estados Unidos puede ser necesaria, pero debe estar fundada en coordinación soberana, no en subordinación estratégica.
La cooperación con Estados Unidos solo será útil si fortalece capacidades estatales sin dar la impresión o querer sustituir la conducción soberana de los países de la región. Cuando esa asistencia mejora capacidades policiales, controles financieros, seguridad fronteriza y persecución judicial, contribuye a una respuesta más eficaz. Cuando deriva en operaciones militarizadas, presiones unilaterales o intervenciones sin control democrático, agrava los mismos problemas que dice combatir. La línea entre apoyo técnico y conducción externa es fina, pero políticamente decisiva.
Esa tensión se vuelve todavía más delicada cuando entra en juego el concepto de terrorismo. Ampliar la categoría para incluir carteles y redes criminales otorga herramientas legales más duras para perseguir financiamiento, logística y estructuras transnacionales. La designación de organizaciones como Tren de Aragua, MS-13, Cártel de Sinaloa o CJNG muestra que esa expansión ya no es una hipótesis, sino una decisión política y jurídica en marcha. La intención de incorporar también al PCC y al Comando Vermelho brasileños confirma que América Latina ocupa un lugar cada vez más importante en esta nueva arquitectura de seguridad.
Ahí aparece el riesgo central. Si el terrorismo deja de nombrar una forma extrema de violencia política y empieza a absorber fenómenos criminales, migratorios, ideológicos y sociales muy distintos entre sí, el Estado gana margen de acción, pero la democracia pierde precisión conceptual. Nombrar no es un acto neutro. Definir a un actor como terrorista habilita instrumentos excepcionales, restricciones financieras, vigilancia ampliada y lenguajes de guerra.
Al no existir una definición universalmente unificada de terrorismo, cada ampliación de la categoría abre una disputa política. Por eso, su uso debe ser estricto, probado y sometido a controles institucionales. La lucha contra el terrorismo no puede convertirse en un recipiente elástico donde quepa todo aquello que incomoda al poder. El riesgo no reside solo en perseguir organizaciones violentas, sino en permitir que la categoría se expanda hasta confundir protesta con amenaza, radicalidad ideológica con terrorismo, migración irregular con infiltración y conflicto social con enemigo interno.
En ese punto se expresa una de las tensiones centrales del segundo trumpismo. La estrategia acierta al reconocer que el mundo posterior a la globalización optimista es más fragmentado y violento. Las fronteras importan, los carteles no son simples bandas delictivas, las economías ilegales erosionan soberanías y los adversarios geopolíticos operan en zonas grises. La seguridad nacional ya no puede pensarse con categorías del siglo XX.
Esa lectura, sin embargo, puede derivar en una doctrina demasiado expansiva del enemigo. Una cosa es fortalecer al Estado para enfrentar amenazas reales. Otra muy distinta es habilitar una arquitectura de excepción permanente, donde la frontera entre seguridad, guerra, política y control social se vuelve cada vez más borrosa. La fortaleza de la estrategia está en reconocer la mutación de las amenazas. Su riesgo está en procesarlas bajo una gramática de guerra.
Frente a ese dilema, la respuesta no debería ser debilidad ni ingenuidad, sino firmeza institucional no militarizada. Eso implica reforzar capacidades policiales y federales, profesionalizar gendarmerías y guardias fronterizas, ampliar la inteligencia criminal, perseguir el lavado de activos, controlar corredores logísticos, proteger infraestructuras críticas y profundizar la cooperación judicial entre Estados. También exige tecnología, interoperabilidad regional, controles parlamentarios y mecanismos de rendición de cuentas sobre las agencias de seguridad.
El punto de fondo no es si Estados Unidos debe enfrentar a carteles, redes terroristas o amenazas transnacionales, porque debe hacerlo. Lo decisivo es con qué gramática de poder se construye esa respuesta. Si el camino elegido es intentar ir por la militarización, América Latina puede volver a quedar atrapada en una lógica que transforma territorios complejos en campos de batalla. Si en cambio, la estrategia fortalece fuerzas de seguridad profesionales, inteligencia criminal, persecución financiera y cooperación institucional, puede ganar eficacia sin pagar un costo democrático.
La U.S. Counterterrorism Strategy 2026 acierta al reconocer que las amenazas actuales ya no caben en categorías simples. Pero ese acierto será insuficiente si la respuesta termina convirtiendo toda amenaza en guerra y todo conflicto en terrorismo. El verdadero desafío no está solo en identificar enemigos, sino en impedir que la seguridad se transforme en una lógica de excepción permanente. En un mundo incierto, la firmeza es necesaria. La militarización, no.
Preservar la seguridad no exige debilitar la democracia, sino construir un Estado democrático capaz de actuar con fuerza, inteligencia y límites. Allí se juega el verdadero alcance de esta nueva doctrina antiterrorista del Presidente Trump. No en su capacidad para multiplicar enemigos, sino en su capacidad para enfrentarlos sin someter a países de América Latina a una lógica de excepción permanente. Cuando todo se nombra como guerra, la democracia empieza a gobernar bajo sospecha. Y cuando la sospecha se vuelve método de gobierno, la amenaza ya no viene solo de afuera. También empieza a crecer desde adentro, y no es el objetivo de la U.S.Counterterrorism Strategy 2026.
