Por Darío Rosatti
Buenos Aires – 25 Julio 2026 – Total News Agency – TNA-. En apenas 141 días al frente del Ministerio de Justicia, Juan Bautista Mahiques acumuló decisiones, nombramientos, movimientos de jueces y acuerdos políticos que comenzaron a reconfigurar sectores estratégicos del Poder Judicial, especialmente aquellos que deben revisar causas de corrupción, expedientes sensibles para el Gobierno y litigios que comprometen a la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino —AFA—.
La sucesión de episodios es muestra un hilo conductor y la concentración de movimientos alrededor de tribunales decisivos alimenta la percepción de que el nuevo ministro no se limita a administrar el sistema judicial, sino que busca ordenar sus equilibrios internos, influir en las futuras integraciones y construir una red de poder capaz de intervenir sobre los casos más delicados.
El dato más impactante fue la rápida alteración del escenario en las dos salas de la Cámara Federal porteña, tribunal que revisa prácticamente todas las causas de corrupción, lavado de dinero, inteligencia, delitos contra la administración pública y expedientes que involucran a funcionarios nacionales.
El Gobierno dio por concluida la función de Martín Irurzun cuando cumplió 75 años y pidió al Consejo de la Magistratura que activara el concurso para cubrir su lugar en la Sala II, pese a que la Corte Suprema todavía analizaba un recurso presentado por el camarista para permanecer en el cargo. Al mismo tiempo, envió al Senado los pliegos de Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi para ocupar vacantes en la Sala I.
La salida de Irurzun no fue una jubilación voluntaria ordinaria. El Ministerio de Justicia consideró producida la “vacante definitiva” porque el Poder Ejecutivo decidió no solicitar al Senado un nuevo acuerdo para su continuidad. El contraste con Carlos Mahiques, padre del ministro, resultó inmediato: el Gobierno sí impulsó su permanencia por otros cinco años en la Cámara Federal de Casación Penal, obtuvo 58 votos favorables contra 11 en el Senado y oficializó su continuidad hasta 2031.
El procedimiento utilizado para Carlos Mahiques fue constitucional y atravesó una audiencia pública, un dictamen de comisión y la aprobación del Senado. Pero políticamente mostró que el Ejecutivo aplicó criterios distintos frente a dos magistrados que alcanzaron el mismo límite de edad: promovió la continuidad del padre del ministro y permitió que Irurzun quedara fuera de una cámara central para el control de la corrupción.
La otra pieza sensible es el Consejo de la Magistratura, encargado de seleccionar, disciplinar y eventualmente remover jueces. En marzo, Santiago Viola juró como representante del Poder Ejecutivo en reemplazo de Sebastián Amerio, con la presencia de Mahiques. La incorporación reforzó la influencia oficial dentro de un organismo donde los acuerdos entre representantes políticos, abogados, jueces y académicos resultan determinantes para abrir concursos, aprobar ternas y avanzar con expedientes disciplinarios.
Hablar de “control absoluto” del Consejo sería excesivo mientras el Gobierno no posea por sí solo todos los votos necesarios. Pero Mahiques dispone de interlocución directa con consejeros judiciales, representantes del Ejecutivo, legisladores oficialistas y sectores dialoguistas. Esa capacidad para articular mayorías puede ser tan eficaz como una superioridad numérica propia.
El avance coincide con el envío y negociación de decenas de pliegos judiciales. La aprobación de magistrados dejó expuesto un sistema de reparto entre el oficialismo y sectores opositores, donde las designaciones se negocian en paquetes y cada espacio intenta colocar candidatos propios en juzgados y cámaras estratégicas.
El caso de María Verónica Michelli mostró hasta qué punto las razones políticas pueden atravesar la selección. El Ejecutivo intentó retirar su candidatura al conocerse que era cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, autor de investigaciones críticas sobre el Gobierno. El Senado aprobó igualmente su designación por 44 votos contra 18, dentro de un paquete de 74 pliegos.
Para un inversor, la cuestión no consiste en conocer la orientación ideológica de un juez, sino en saber si las reglas de selección y permanencia son previsibles y si un magistrado puede resolver contra el poder político sin temer consecuencias sobre su carrera.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos —OCDE— advirtió que mejorar el clima de negocios argentino requiere estabilidad regulatoria, confianza institucional y seguridad jurídica. También señaló que casi dos tercios de los ciudadanos expresan poca o ninguna confianza en el sistema judicial.
El capital puede tolerar impuestos elevados, ciclos económicos difíciles e incluso cambios regulatorios, siempre que exista un tribunal independiente capaz de resolver disputas con criterios previsibles. Cuando la percepción dominante es que el acceso a los jueces depende de relaciones políticas, acuerdos personales o pertenencia a determinados grupos de poder, el riesgo se incorpora al precio de cada inversión.
La situación de la AFA constituye la prueba más visible de ese problema. La entidad que conducen Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino enfrenta investigaciones por retención indebida de aportes, facturación presuntamente falsa, contrataciones dudosas, movimientos financieros en Estados Unidos y posibles testaferros vinculados con una mansión de Pilar.
Tapia y Toviggino fueron procesados por la presunta retención y falta de depósito de impuestos y contribuciones por más de $19.000 millones. La Justicia también amplió la investigación hacia facturas apócrifas y proveedores utilizados en obras del predio de Ezeiza y servicios tecnológicos.
En paralelo, la Justicia estadounidense examina el circuito de cientos de millones de dólares canalizados mediante TourProdEnter LLC, sociedad radicada en Florida y vinculada con el empresario Javier Faroni. Fiscales y agentes del FBI contactaron a antiguos ejecutivos de la AFA para reconstruir cómo se tomaban decisiones y cómo se administraban los ingresos internacionales.
En ese contexto, la decisión de los jueces Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky de admitir una queja presentada por los supuestos propietarios formales de la mansión de Pilar provocó una fuerte controversia. Con la disidencia de Alejandro Slokar, ambos camaristas permitieron que la Casación vuelva a revisar qué juez debe investigar el expediente, pese a que una resolución anterior había dejado el caso en el fuero penal económico.
El cambio no cerró la investigación ni sobreseyó a Tapia o Toviggino, pero reabrió una discusión de competencia que puede retrasar el expediente y eventualmente devolverlo al juez federal de Campana Adrián González Charvay.
La decisión adquirió relevancia política por los vínculos previos de Barroetaveña con organismos disciplinarios de la AFA y por las versiones que ubican a Mahiques como un interlocutor cercano de sectores del poder del fútbol. Una columna de opinión publicada por La Nación sostuvo que el ministro mantendría una relación personal con Toviggino y que su intervención habría sido relevante en el nuevo escenario judicial. Esas afirmaciones pertenecen al terreno del análisis político y no constituyen una comprobación judicial.
Borinsky también quedó bajo observación por versiones que lo muestran interesado en integrar la Corte Suprema. No existe una nominación formal ni una prueba de que su voto haya sido condicionado por esa aspiración, pero la coincidencia entre expectativas de ascenso, decisiones favorables a actores de poder y negociaciones políticas debilita la percepción de autonomía.
El propio Mahiques declaró que no llegó al Ministerio para “salvar ni perseguir a la AFA” y anunció que avanzaría con veedores destinados a revisar balances y contratos. Sin embargo, el ex titular de la Inspección General de Justicia, Daniel Vítolo, aseguró que su desplazamiento estuvo relacionado con las investigaciones sobre más de 500 millones de dólares que la AFA y la antigua Superliga no habrían explicado adecuadamente.
La permanencia o el debilitamiento de los veedores será una señal concreta para determinar si el Gobierno pretende realmente auditar a la entidad o si la intervención termina convertida en una herramienta de negociación con Tapia y Toviggino.
Otro expediente que alimentó sospechas fue el caso $LIBRA, relacionado con la criptomoneda promocionada por el presidente Javier Milei. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi apartó a cinco inversores que intervenían como querellantes, al considerar que no habían demostrado un perjuicio directo ni acreditado suficientemente la titularidad de las billeteras y los activos digitales.
La resolución no archivó la investigación, que continúa bajo el impulso del fiscal Eduardo Taiano, pero excluyó a quienes promovían medidas de prueba y tenían acceso directo al expediente. La Cámara Federal fijó para el 10 de agosto la audiencia en la que revisará las apelaciones de los querellantes desplazados.
Martínez de Giorgi anticipó además en su resolución una visión restrictiva sobre la existencia de una eventual estafa, al señalar dificultades para acreditar la secuencia penal de ardid, error, disposición patrimonial y perjuicio. La decisión llegó después de meses sin declaraciones de testigos directos ni indagatorias y en medio de reclamos de la fiscalía por falta de presupuesto y recursos.
No existe una prueba pública que demuestre que Mahiques impartió instrucciones en la causa $LIBRA. Pero un ministro de Justicia no necesita llamar a un juez para influir en el clima del sistema. Puede hacerlo mediante nombramientos, ascensos, concursos, subrogancias, acuerdos en el Consejo de la Magistratura y señales sobre quiénes tienen futuro y quiénes quedan fuera.
Mahiques llegó al cargo proclamando la necesidad de garantizar reglas estables, independencia judicial y seguridad jurídica. El problema es que esos principios pueden entrar en contradicción con una gestión que concentra interlocutores, acelera designaciones propias, interviene en la composición de cámaras sensibles y permite que los expedientes más comprometidos para el Gobierno o sus aliados políticos se debiliten, cambien de fuero o pierdan actores acusadores.
La preocupación empresaria no responde solamente a los casos AFA o $LIBRA. Un inversor que observa cómo se negocia la continuidad de jueces, cómo se distribuyen pliegos y cómo cambian las condiciones procesales de causas políticamente sensibles puede concluir que una controversia comercial, regulatoria o contractual también podría depender del equilibrio político de cada momento.
El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones ofrece estabilidad fiscal y aduanera durante 30 años, una garantía diseñada para atraer capitales de largo plazo. La OCDE consideró que ese marco puede mejorar la previsibilidad, pero la seguridad jurídica no se agota en una ley: exige jueces independientes que hagan cumplir esas garantías cuando un futuro gobierno intente desconocerlas.
La Casación realizará el 12 de agosto la audiencia para decidir si la causa de la mansión atribuida al entorno de Toviggino permanece en el fuero penal económico o vuelve a la Justicia federal de Campana. Dos días antes, la Cámara Federal escuchará los argumentos de los inversores apartados del caso $LIBRA.
