Teherán – 9 de junio de 2026 – Total News Agency – TNA-El régimen de Irán ya tenía una de las tasas de pena capital más altas del mundo. Pero ahora, bajo la excusa de la guerra con Israel y Estados Unidos, la República Islámica parece haber encontrado un pretexto todavía más brutal para acelerar ejecuciones, multiplicar arrestos arbitrarios y aplastar cualquier forma de disidencia interna.
Mientras la atención internacional se concentra en el programa nuclear iraní, el bloqueo del estrecho de Ormuz, los ataques cruzados con Israel, el papel de Donald Trump en las negociaciones y el equilibrio de poder en Medio Oriente, dentro de Irán se despliega una represión silenciosa y letal. Organizaciones de derechos humanos advierten que el régimen utiliza las llamadas “condiciones de guerra” para llevar al extremo una maquinaria represiva que ya funcionaba antes del conflicto.
El testimonio del fotobloguero Soheil Arabi, encarcelado varias veces desde 2013 y liberado recientemente tras dos meses en la prisión de Ghezel Hesar, resume el clima de terror. Según relató, jóvenes menores de 20 años, nacidos en la segunda mitad de la década de 2000, movían el cuello de un lado a otro mientras esperaban. Cuando les preguntó qué hacían, respondieron: “Preparamos nuestros cuellos para la soga del verdugo”.
La imagen es escalofriante y revela hasta qué punto la pena de muerte volvió a convertirse en lenguaje cotidiano dentro de las cárceles iraníes. No se trata sólo de condenas judiciales, sino de un sistema de intimidación política. La soga no aparece como castigo final, sino como advertencia anticipada para una generación que salió a la calle en los últimos años contra la teocracia, la pobreza, la censura, el control moral y la violencia estatal.
Según Amnistía Internacional, Irán fue el principal responsable del aumento global de ejecuciones en 2025. Ese año, el régimen ejecutó al menos a 2.159 personas, más del doble que en 2024, y explicó cerca del 80% del incremento mundial registrado por la organización. La cifra confirma que la pena capital no es una anomalía del sistema iraní: es una herramienta central de gobierno.
Desde que comenzaron los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, el 28 de febrero de 2026, el deterioro se aceleró. Amnistía Internacional denunció que las autoridades iraníes están usando la cobertura de las “condiciones de guerra” para intensificar la represión mediante arrestos masivos, juicios acelerados y manifiestamente injustos, ejecuciones por motivos políticos, largas penas de prisión y confiscación de bienes.
La organización informó además que desde el inicio de la ofensiva militar contra Irán fueron ejecutadas al menos 36 personas condenadas por cargos políticamente motivados, luego de procesos judiciales sin garantías. Amnistía Internacional USA elevó esa cifra a por lo menos 39 casos y advirtió que al menos 78 manifestantes, disidentes y personas acusadas de vínculos reales o supuestos con grupos opositores prohibidos permanecen bajo sentencia de muerte o riesgo inminente de ejecución.
El patrón no es nuevo, pero la intensidad sí. El Center for Human Rights in Iran documentó que en las seis semanas previas al cierre de abril el régimen ahorcó al menos a 22 presos políticos, incluidos 10 detenidos durante las protestas de enero de 2026, con un promedio de una ejecución cada dos días. La organización describió procesos secretos, confesiones forzadas bajo tortura y ausencia total de debido proceso.
Los casos individuales muestran la crudeza del sistema. Gholamreza Khani Shakarab, de 34 años, excampeón de artes marciales, fue acusado de trabajar para Israel por sus viajes al exterior para competir deportivamente y terminó ahorcado sin poder volver a ver a su familia. Kourosh Keyvani, ciudadano con doble nacionalidad sueca e iraní, fue arrestado durante la primera ronda de enfrentamientos entre Israel e Irán y ejecutado en marzo de este año. Zahra Shahbaz Tabari, de 68 años, fue condenada a muerte por cargos de “rebelión armada” tras un primer juicio que, según denuncias de derechos humanos, duró apenas diez minutos y no contó con defensa independiente.
La maquinaria judicial iraní opera con etiquetas amplias y funcionales al poder: “espionaje”, “corrupción en la tierra”, “enemistad contra Dios”, “rebelión armada” o “colaboración con potencias extranjeras”. Esos cargos permiten al régimen convertir protesta social, crítica política, actividad periodística, defensa de derechos humanos o vínculos familiares con opositores en supuestas amenazas existenciales contra el Estado.
La investigadora de Amnistía Internacional especializada en Irán, Raha Bahreini, advirtió que patrones como asesinatos, torturas, desapariciones forzadas, arrestos masivos y ejecuciones políticas podrían constituir crímenes de lesa humanidad si se demuestra que fueron cometidos de forma organizada y como parte de una política estatal. Su advertencia apunta al núcleo del problema: no se trata de excesos aislados, sino de un aparato sistemático de persecución.
Amnistía Internacional también documentó prácticas que equivalen a tortura, entre ellas simulacros de ejecución, ahorcamientos simulados, colocación de armas en la boca de prisioneros, palizas severas, suspensión por extremidades, aislamiento prolongado, privación de alimentos y negación de atención médica. The Guardian recogió nuevos testimonios sobre brutalidad carcelaria, muertes bajo custodia, abusos sexuales y condiciones degradantes en prisiones iraníes, con corroboración de organizaciones como Amnistía Internacional y el Comité para la Protección de los Periodistas.
La represión no se limita a los condenados a muerte. Según Amnistía Internacional, más de 6.000 personas fueron arrestadas desde el comienzo de la guerra. Entre los detenidos figuran manifestantes, periodistas, abogados, artistas, estudiantes, profesores, defensores de derechos humanos, miembros de minorías étnicas y religiosas, familiares de víctimas que reclaman justicia y personas con doble nacionalidad.
El régimen busca enviar un mensaje claro: la guerra externa no abre una pausa interna, sino todo lo contrario. El conflicto permite militarizar aún más el espacio público, justificar detenciones, cerrar canales de información, reforzar la censura y presentar cualquier crítica como colaboración con el enemigo. En esa lógica, el ciudadano que protesta por hambre, apagones, inflación o libertad puede terminar acusado de espiar para Israel.
El fundador de Iran Human Rights, Mahmood Amiry-Moghaddam, sostuvo que las autoridades iraníes buscan intimidar a una generación que se manifestó en las calles en los últimos años hasta el punto de que jamás vuelva a protestar. La frase ayuda a entender por qué entre los ejecutados o condenados aparecen jóvenes de entre 18 y 21 años, e incluso adolescentes. A finales de abril, el nombre de Matin Mohammadi, de 17 años, arrestado por presuntamente incendiar una mezquita en Pakdasht, al sudeste de Teherán, apareció entre quienes aguardaban ejecución.
El régimen iraní entiende que la juventud es su principal amenaza. No sólo por su capacidad de movilización, sino porque ya no compra el relato revolucionario de 1979, no acepta la tutela de los clérigos, rechaza la policía moral y exige una vida normal en un país arruinado por la represión interna, la corrupción, el aislamiento internacional y la aventura militar regional.
La guerra agravó todo. Los ataques de Israel y Estados Unidos golpearon infraestructura, bases militares y activos vinculados al programa nuclear, pero también dieron al régimen una excusa perfecta para cerrar filas, criminalizar la protesta y apretar aún más a los opositores. Human Rights Watch ya había advertido que miles de detenidos, incluidos presos políticos y menores, enfrentaban un doble riesgo: morir por ataques externos o ser víctimas de ejecuciones arbitrarias, secretas y masivas dentro del propio sistema iraní.
En paralelo, la situación económica empuja más presión social. Informes internacionales describen una economía golpeada por hiperinflación, caída de actividad, apagones, deterioro del empleo, censura de internet y una población cada vez más exhausta. The Guardian señaló que, aun en un eventual escenario de paz, el régimen enfrenta el riesgo de pasar de la unidad de guerra a una paz peligrosa, con malestar social acumulado y una represión que no muestra señales de aflojar.
La pregunta es si la comunidad internacional está dispuesta a poner las ejecuciones en el centro de cualquier negociación con Teherán. Para Raha Bahreini, existen tres vías legales para exigir responsabilidades: remitir la situación de Irán a la Corte Penal Internacional a través del Consejo de Seguridad de la ONU, perseguir a los responsables bajo el principio de jurisdicción universal y crear un mecanismo internacional específico para investigar los crímenes del régimen.
Amiry-Moghaddam también fue directo: situar las ejecuciones y las violaciones de derechos humanos en el centro de cualquier diálogo con la República Islámica es una de las pocas formas de frenar la maquinaria de muerte iraní. El silencio, en cambio, funciona como autorización.
Ese es el dilema para Estados Unidos, Europa y los países que negocian con Teherán. Hablar sólo del programa nuclear, del estrecho de Ormuz, de Hezbolá, de los hutíes o del equilibrio militar regional deja afuera a las primeras víctimas del régimen: los propios iraníes. La paz externa no puede comprarse al precio de mirar hacia otro lado mientras el poder teocrático llena las cárceles y acelera las horcas.
El régimen de Irán usa la guerra como escudo y como arma. Hacia afuera, se presenta como víctima de ataques extranjeros. Hacia adentro, usa ese mismo conflicto para convertir la disidencia en traición, el reclamo social en espionaje y la protesta en sentencia de muerte.
La soga del verdugo, en Irán, no espera el final de la guerra. Ya está funcionando.
