Buenos Aires – 12 Junio 2026 – Total News Agency – TNA-. El conflicto político entre el Senado de la Nación y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, escaló este viernes a una nueva fase: el bloque peronista presentó un proyecto de resolución para que el funcionario sea citado en un plazo de siete días, interpelado ante el pleno de la Cámara alta y sometido, en la misma sesión, a una moción de censura.
La iniciativa, que el PJ buscará llevar al recinto el próximo jueves con el apoyo de sectores del PRO y la UCR, apunta directamente al corazón institucional del Gobierno de Javier Milei. No se trata ya de una citación política para incomodar al funcionario, sino de activar el mecanismo previsto por el artículo 101 de la Constitución Nacional, que permite interpelar al jefe de Gabinete a los efectos de tratar una moción de censura y, eventualmente, removerlo con el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada una de las Cámaras.
El proyecto ingresó en la Cámara alta con las firmas de los senadores Anabel Fernández Sagasti, José Mayans, Fernando Salino, Martín Soria, Juliana di Tullio, Mariano Recalde, Eduardo de Pedro, María Celeste Giménez Navarro, Jorge Capitanich y Ana Marks. El texto fija que Adorni deberá presentarse dentro de los siete días posteriores a la aprobación de la resolución y que la moción de censura sea resuelta en esa misma sesión.
En los hechos, el peronismo busca impedir que el funcionario estire los tiempos hasta julio, como anunció en las últimas horas, cuando comunicó que concurriría al Senado recién el mes próximo para brindar su informe de gestión. El punto central es que el jefe de Gabinete no se presentó en mayo, pese a que la Constitución establece que debe asistir al Congreso al menos una vez por mes, alternando entre ambas Cámaras. El Senado registra oficialmente los informes de Jefatura de Gabinete bajo ese mandato constitucional.
La movida también expone el fastidio de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien en su rol de presidenta del Senado envió una comunicación formal para exigirle a Adorni que cumpla con su obligación constitucional durante junio. La tensión entre la Cámara alta y la Casa Rosada volvió así a quedar al descubierto en un momento delicado para el oficialismo, que necesita sostener acuerdos parlamentarios para avanzar con su agenda legislativa.
El jefe del bloque peronista, José Mayans, adelantó que el tema será llevado a la reunión de Labor Parlamentaria del miércoles, con el objetivo de habilitar su tratamiento sobre tablas en la sesión del jueves. Para eso, el PJ necesita dos tercios de los presentes. Allí aparece la clave política: el peronismo no alcanza por sí solo y necesita que senadores del PRO, la UCR y bloques provinciales acompañen la habilitación del debate.
Mayans endureció el tono y apuntó a la declaración jurada de Adorni, uno de los flancos más sensibles para el Gobierno. “Hizo tres declaraciones juradas y nunca declaró que tenía 500.000 dólares. Le mintió al Parlamento, la declaración jurada es maliciosa”, sostuvo el senador formoseño, según consignó Infobae. También vinculó el caso con la necesidad de interrogar al jefe de Gabinete por otros expedientes sensibles de la administración nacional, entre ellos ANDIS.
El caso Adorni viene golpeando al oficialismo desde hace meses. La oposición lo acusa de no haber explicado con claridad su situación patrimonial, viajes, propiedades y gastos en efectivo, mientras la Justicia avanza sobre una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. En abril, el presidente Javier Milei respaldó públicamente a su jefe de Gabinete durante una comparecencia en el Congreso, en una puesta en escena que buscó blindarlo políticamente frente a los cuestionamientos opositores.
Pero la protección presidencial no logró cerrar el capítulo. En mayo, la oposición ya había intentado avanzar con la interpelación en Diputados, aunque el oficialismo consiguió bloquear la jugada mediante una pulseada parlamentaria por el control del temario. Aquella maniobra dejó a Adorni sin dar explicaciones públicas y anticipó que el conflicto se trasladaría a nuevas convocatorias.
Ahora, el Senado aparece como el escenario más incómodo para la Casa Rosada. El jefe del bloque PRO, Martín Goerling, reclamó a Villarruel una reunión de Labor Parlamentaria para citar a Adorni durante junio y recordó que el último informe recibido por la Cámara alta fue el número 143, brindado el 26 de junio de 2025 por Guillermo Francos. La UCR, por su parte, también subió el tono: el senador Eduardo Vischi acompañó un comunicado partidario en el que se remarcó que la confianza pública exige “transparencia, coherencia y respeto por la ley”.
La eventual moción de censura abre un terreno institucional poco transitado. La figura fue incorporada con la reforma constitucional de 1994 y funciona como un mecanismo de control parlamentario sobre el jefe de Gabinete. Sin embargo, la propia Cámara de Diputados advierte en su glosario parlamentario que, en el sistema argentino, la censura no equivale a una responsabilidad política plena como en los regímenes parlamentarios, sino que apunta a la sustitución del funcionario. Incluso, nada impediría que el Presidente vuelva a designarlo.
Ese matiz no le resta impacto político. Una votación de censura contra Adorni, aun cuando luego requiera el acompañamiento de ambas Cámaras para una remoción efectiva, marcaría un golpe directo contra uno de los hombres de mayor confianza de Milei y contra el relato oficial de transparencia. El funcionario llegó al centro del poder como vocero presidencial y terminó convertido en un problema político, judicial y patrimonial que el Gobierno ya no logra encapsular.
La Casa Rosada observa además otro riesgo: que la discusión por Adorni contamine la agenda parlamentaria del jueves, donde todavía hay dudas sobre proyectos sensibles para el oficialismo, entre ellos la ley de propiedad privada que impulsa el Ejecutivo. En un Congreso fragmentado, cualquier sesión puede transformarse en una trampa política para un Gobierno que depende de aliados circunstanciales y que, en este caso, no tiene asegurado el cierre de filas del PRO y la UCR.
La vicepresidenta Villarruel ya convocó a Labor Parlamentaria para el miércoles a las 18. Allí se definirá si el proyecto del peronismo llega al recinto y si el oficialismo logra frenar una jugada que, de prosperar, pondrá a Adorni frente a un escenario inédito: dar explicaciones bajo presión parlamentaria y, en la misma jornada, enfrentar una votación de censura.
El peronismo, mientras tanto, busca convertir el caso en una prueba de coherencia para la oposición dialoguista. El mensaje es claro: quienes reclaman transparencia deberán decidir si protegen al funcionario más cuestionado del gabinete o habilitan el mecanismo constitucional para exigirle respuestas.
