Madrid – 16 Junio 2026 – Total News Agency – TNA-. La causa que involucra al ex presidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero en el denominado caso Plus Ultra sumó un nuevo dato explosivo: Julio “Julito” Martínez, señalado por los investigadores como presunto testaferro o intermediario del ex mandatario socialista, habría presumido ante una persona de su entorno que en Dubái era posible gastar millones de euros en joyas sin que se activaran controles relevantes.
La conversación, incorporada a las pesquisas de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, fue revelada por la prensa española en momentos en que la Audiencia Nacional investiga el origen de las joyas halladas durante un registro en una oficina vinculada a Zapatero. El expediente quedó ahora bajo una pieza separada abierta por el juez José Luis Calama, quien analiza posibles delitos contra la Hacienda Pública y de contrabando.
Según la información difundida, Martínez afirmó tras regresar de un viaje a Emiratos Árabes Unidos: “Allí puedes gastarte dinero de verdad. Muchísimo dinero. Puedes entrar en una joyería y gastarte 2,5 millones en joyas y no pasa nada”. La frase, atribuida al presunto intermediario, adquiere relevancia por el contexto temporal y judicial: fue pronunciada después de varios desplazamientos a Dubái y antes de su detención, cuando los investigadores ya seguían la pista de operaciones vinculadas al rescate público de Plus Ultra.
La compañía aérea recibió en 2021 una ayuda estatal de 53 millones de euros durante la pandemia, una decisión que derivó en una investigación judicial por presuntas irregularidades en la concesión del rescate. El juez Calama investiga si parte de los fondos públicos terminaron conectados con una estructura de comisiones, sociedades instrumentales y movimientos internacionales de dinero. En ese entramado aparece Julio Martínez, a quien los investigadores atribuyen un rol clave en el diseño de mecanismos societarios que habrían servido para canalizar pagos vinculados al expediente.
La novedad de las joyas agrava el frente judicial del ex presidente socialista. Durante el registro de su oficina fueron encontradas piezas de alto valor cuya procedencia, de acuerdo con el juez, no aparece debidamente justificada. El entorno de Zapatero intentó inicialmente restar entidad al hallazgo. Luis Arroyo, presidente del Ateneo de Madrid y portavoz oficioso del ex mandatario en las últimas semanas, sostuvo públicamente que las piezas tendrían un valor aproximado de entre 30.000 y 50.000 euros. Sin embargo, el peritaje preliminar incorporado al procedimiento elevó la tasación a 1.323.915 euros, una cifra más de veintiséis veces superior a la primera versión difundida.
La diferencia entre ambas valoraciones fue uno de los elementos que llevó al magistrado a abrir una investigación autónoma sobre el origen de esos bienes de lujo. En su resolución, Calama subrayó que la procedencia de las joyas “en estos momentos no está justificada” y que la ausencia de documentación suficiente podría tener relevancia penal, fiscal y aduanera. El juez busca establecer cuándo fueron adquiridas, cómo ingresaron al territorio de la Unión Europea, quién las compró y si se cumplieron las obligaciones tributarias correspondientes.
La frase atribuida a Julito Martínez sobre Dubái se vuelve así un dato sensible dentro del expediente. La mención a la posibilidad de gastar 2,5 millones de euros en joyas sin controles aparece en un momento en que la Justicia intenta reconstruir la trazabilidad de piezas valuadas en más de 1,3 millones de euros. El punto temporal tampoco es menor: según la documentación periodística, la conversación se produjo a fines de 2022, es decir, con posterioridad al rescate de Plus Ultra y en plena etapa de movimientos que los investigadores consideran relevantes para la causa.
La Audiencia Nacional deberá determinar ahora si las joyas tienen relación con las operaciones investigadas, si fueron adquiridas fuera de España, si ingresaron al país sin la documentación aduanera correspondiente o si constituyen bienes cuya tenencia no fue fiscalmente declarada. El juez también deberá valorar las explicaciones que aporte la defensa de Zapatero, quien pidió aplazar su declaración por esta pieza separada al considerar que necesitaba más tiempo para preparar su estrategia. Calama, sin embargo, rechazó la solicitud y sostuvo que no se trata de hechos nuevos, ya que las joyas fueron incautadas en mayo y formaban parte del material conocido por la defensa.
El caso también sumó otra arista política. De acuerdo con publicaciones recientes, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil habría detectado comunicaciones de Zapatero con personas vinculadas al denominado núcleo de las “cloacas del PSOE”, fuera del alcance de determinados pinchazos telefónicos. La información apunta a contactos con Juan Manuel Serrano, ex jefe de Gabinete de Pedro Sánchez, en el marco de maniobras investigadas por presuntas operaciones contra jueces, fiscales y periodistas. Esa línea, aunque separada de la cuestión patrimonial de las joyas, alimenta la presión sobre el entorno socialista.
El expediente se mueve en un terreno de alta sensibilidad política: involucra a un ex presidente del Gobierno, un rescate público millonario, presuntas comisiones, viajes a Dubái, joyas sin trazabilidad suficiente y una investigación judicial que ya no se limita al rescate de una aerolínea. Para Zapatero, el problema dejó de ser únicamente explicar su papel en el caso Plus Ultra. Ahora también deberá dar respuestas sobre bienes de lujo valuados en más de un millón de euros, cuya procedencia, por el momento, la Justicia española considera no acreditada.
La defensa del ex mandatario insiste en que la apertura de la pieza separada no debería prejuzgar responsabilidad alguna y que podrá aportar las explicaciones y documentos necesarios. Pero el avance de la investigación coloca al socialismo español ante un nuevo foco de desgaste: el de una causa que mezcla dinero público, poder político, circuitos internacionales y patrimonio de lujo, justo cuando el Gobierno de Pedro Sánchez enfrenta múltiples frentes judiciales y parlamentarios.
