Buenos Aires – 17 junio 2026 – Total News Agency – TNA-. La investigación judicial sobre el patrimonio de Manuel Adorni entró en una nueva etapa y amenaza con complicar aún más la defensa pública del jefe de Gabinete. El fiscal federal Gerardo Pollicita decidió reconstruir todos los ingresos del funcionario desde 2002 hasta la actualidad, luego de que el ex vocero presidencial intentara justificar su incremento patrimonial con una combinación de dinero supuestamente hallado tras la muerte de su padre e inversiones en criptomonedas iniciadas años después.
La decisión del fiscal se produjo después de las declaraciones televisivas de Adorni, quien aseguró que su “primer dinero” provino del departamento familiar de La Plata, tras la muerte de su padre, Jorge Adorni, en 2002. Según esa versión, el funcionario y su hermano, el actual diputado libertario Francisco Adorni, habrían encontrado dinero en la vivienda familiar. Con ese capital, siempre de acuerdo con el relato del jefe de Gabinete, habría comenzado años después una inversión en criptomonedas que le permitió transformar unos 200.000 dólares en aproximadamente 500.000 dólares.
Pero el expediente sucesorio abrió una contradicción de peso: Jorge Adorni murió con una deuda de alrededor de 23.000 dólares y con el departamento hipotecado. Por esa razón, Pollicita pidió copias de la sucesión y de la documentación judicial vinculada a la hipoteca, con el objetivo de verificar si la historia del dinero encontrado resulta compatible con el cuadro patrimonial real de la familia en aquel momento.
Según la documentación, el 1° de noviembre de 1996 Jorge Adorni obtuvo un préstamo de 22.500 dólares de Liliana Nora Brittannico y Esther Vecchiola de Brittannico. Las acreedoras sostuvieron luego que sólo se pagaron las primeras cuotas de intereses y que quedó impago el capital. En 2002, iniciaron una demanda judicial para reclamar la deuda y ejecutar la garantía hipotecaria. Ese mismo año murió el padre de los hermanos Adorni, y la Justicia civil convalidó la existencia de la deuda, disponiendo el embargo del inmueble.
El dato que ahora observa la fiscalía es que las acreedoras dejaron de impulsar el expediente luego del 22 de agosto de 2006. Años después, en 2018, Manuel Adorni, Francisco Adorni y su madre, Silvia Pais, promovieron una estrategia judicial para lograr la caducidad del embargo. Finalmente, en 2023, la jueza María Verónica Leglise hizo lugar al planteo y el inmueble quedó distribuido en partes iguales: un 33,3% para cada heredero.
La cronología genera una pregunta incómoda para la defensa del jefe de Gabinete: si Adorni ya contaba, según su propio relato, con un patrimonio cripto cercano al medio millón de dólares, ¿por qué no canceló antes una deuda familiar mucho menor y esperó hasta 2023 para recuperar plenamente el departamento?
La investigación también apunta a su entorno directo. Pollicita pidió a la ANSES todos los recibos de sueldo de Manuel Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti, con el objetivo de contrastar ingresos formales, gastos, compras, deudas declaradas y evolución patrimonial. Además, el fiscal estaría mirando la causa que analiza los bienes de Francisco Adorni, para determinar si el hermano del jefe de Gabinete declaró o no el supuesto hallazgo de dinero en el departamento familiar.
El expediente se encuentra a cargo del juez federal Ariel Lijo, mientras la fiscalía espera informes técnicos de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), organismo del Ministerio Público Fiscal especializado en análisis económico, contable y patrimonial. En principio, Pollicita tenía previsto avanzar con un requerimiento formal de justificación de bienes, pero la nueva coartada cripto de Adorni obligó a extender el período bajo análisis hasta 2002.
En paralelo, el fiscal solicitó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) información sobre operaciones de blockchain autorizadas en la Argentina desde 2012, con el fin de verificar si existe algún rastro documental de las transacciones invocadas por el jefe de Gabinete. Adorni afirmó que comenzó a invertir en criptomonedas en 2013 y que realizó “un millón de operaciones”, aunque hasta ahora no precisó con claridad plataformas, billeteras, fechas de compra y venta, trazabilidad ni documentación completa que permita reconstruir el circuito.
El punto es especialmente sensible porque el funcionario exhibió públicamente un supuesto comprobante durante una entrevista televisiva, y sostuvo que había encontrado documentación respaldatoria “en un libro” de su biblioteca, entre computadoras viejas que decía conservar. La explicación, lejos de cerrar el caso, abrió una nueva línea investigativa.
En sus declaraciones juradas, Adorni informó tenencias identificadas como “CRIPTO BINANCE”, con cantidad 11.019,85 y fecha de ingreso al patrimonio en 03/2021; “CRIPTO LEMON”, cantidad 2.605,83, con fecha de ingreso en 01/2023; y “CRIPTO BTC”, cantidad 1.069,69, también con fecha de ingreso en 01/2023. Especialistas advirtieron que esa descripción resulta técnicamente confusa: Binance y Lemon son plataformas o proveedores de servicios cripto, no monedas en sí mismas, mientras que BTC refiere a bitcoin.
El ex titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Mariano Federici, comparó la explicación del “pen drive encontrado” y la documentación aparecida años después con el caso de la ex ministra de Economía Felisa Miceli, quien en 2007 debió renunciar luego de que se encontrara una bolsa con 140.000 dólares en el baño de su despacho. Miceli terminó condenada a tres años de prisión en suspenso por encubrimiento agravado.
El telón de fondo legal es el delito de enriquecimiento ilícito, previsto en el artículo 268 (2) del Código Penal, que sanciona al funcionario que, debidamente requerido, no justifica la procedencia de un enriquecimiento patrimonial apreciable propio o de una persona interpuesta. En este tipo penal, la discusión pública suele girar en torno a una característica clave: una vez intimado, el funcionario debe dar explicaciones suficientes sobre el origen lícito de los bienes.
La defensa política de Adorni también quedó cruzada por su adhesión al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias, incluido en la llamada Ley de Inocencia Fiscal. Ese régimen permite una declaración simplificada y genera un bloqueo fiscal hacia atrás para determinados contribuyentes, pero no impide por sí mismo investigaciones penales por presunto enriquecimiento ilícito o lavado de activos. La polémica se profundiza porque el beneficio no excluye a funcionarios públicos ni a sus familiares directos.
El jefe de Gabinete había sostenido ante el Congreso que en sus declaraciones juradas figuraban todos los bienes que integraban su patrimonio y que “nunca existió ocultación alguna”. Luego, en una entrevista con LN+, admitió haber tenido ahorros no declarados y pronunció una frase que impactó políticamente: “ahorramos en negro, como la mayoría de los argentinos”.
La frase dejó al Gobierno en una posición incómoda. Adorni, durante años, construyó su discurso público sobre la austeridad, la transparencia y la condena moral a los privilegios de la política. Ahora debe explicar ante la Justicia una trama que incluye inmuebles, deudas privadas, refacciones millonarias, gastos en efectivo, viajes, criptomonedas y una herencia que, lejos de aparecer despejada, estaba atravesada por una hipoteca impaga.
En el plano judicial, la investigación ya no se limita a lo ocurrido desde la llegada de Adorni al poder en 2023. La fiscalía decidió viajar al origen patrimonial del relato: 2002, el año de la muerte de su padre, del departamento hipotecado y del supuesto dinero encontrado. Esa ampliación puede convertir la explicación pensada como salvavidas en un nuevo problema probatorio para el jefe de Gabinete.
