Buenos Aires – 18 Junio 2026 – Total News Agency – TNA-. La Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Elizabeth Milei, más que duplicó en un año su Fondo Rotatorio y lo llevó a $1.135.112.226,90, una caja de manejo operativo flexible desde la cual se pagan gastos, viáticos, servicios, bienes de consumo y otras erogaciones de la Casa Rosada. El Gobierno informó la existencia de tarjetas corporativas y recargables vinculadas a funcionarios de peso, pero no entregó el detalle de los consumos.
La información surge de documentación oficial obtenida mediante un pedido de acceso a la información pública y de la Resolución 35/2026, firmada por la propia Karina Milei el 29 de enero y publicada en el Boletín Oficial el 2 de febrero. Allí se fijó el Fondo Rotatorio 2026 de la Secretaría General en más de $1.135 millones, contra los $471.581.570,04 del ejercicio anterior.
El salto fue de casi $664 millones. En apenas doce meses, el fondo se multiplicó por 2,4, con un incremento aproximado del 141%. El dato contradice, al menos en términos políticos, el discurso oficial de austeridad extrema, motosierra y control milimétrico del gasto público.
La misma resolución autorizó gastos individuales de hasta $50 millones por operación. Ese límite, además, no aplica para tres rubros sensibles: servicios básicos, gastos vinculados a viajes presidenciales y débitos por embargos. Es decir, una parte de las erogaciones más importantes puede quedar por fuera del tope operativo general.
El Fondo Rotatorio es una herramienta prevista por la administración financiera del Estado para atender gastos de funcionamiento, urgentes o de menor escala, sin atravesar el circuito ordinario de pagos en cada operación. Pero justamente por su flexibilidad exige trazabilidad, rendición, comprobantes, imputación presupuestaria y control documental posterior.
El problema no es únicamente el monto. El punto crítico es que, ante un pedido detallado de información, Presidencia entregó la nómina de tarjetas, pero no los gastos realizados con ellas. No informó comercios, proveedores, CUIT, rubros, montos, monedas, impuestos, responsable del gasto, finalidad declarada, facturas, tickets, vouchers, expedientes GDE ni imputaciones presupuestarias completas.
Con corte al 10 de junio de 2026, la Secretaría General reconoció la existencia de 140 tarjetas recargables vigentes, tres tarjetas corporativas de crédito y 62 usuarios activos de la plataforma Corporativa Nación. En ese universo aparecen nombres de alto voltaje político: Karina Milei, la vicepresidenta Victoria Villarruel y Eduardo “Lule” Menem, entre otros funcionarios.
Según la documentación oficial, Karina Milei figura bajo “Secretaría General Privada” con una tarjeta corporativa recargable terminada en 8888, asociada a la cuenta raíz “SEC GRAL PRES NACION”. La vicepresidenta Victoria Villarruel aparece dos veces dentro del Fondo Rotatorio: una tarjeta bajo el subagrupador “Viáticos y Eventuales”, terminada en 7961, y otra bajo “Anticipos”, terminada en 7755.
También figura Eduardo “Lule” Menem, uno de los armadores políticos de mayor influencia en el entorno presidencial, bajo “SS. Gestión Institucional”, con una tarjeta recargable terminada en 8045. Además, aparece como usuario activo de la plataforma en calidad de “Administrador Centro de Costo” de esa subsecretaría.
El área de comunicación presidencial tampoco queda afuera del esquema. Santiago Oría, director de Realización Audiovisual y figura cercana al dispositivo comunicacional de Javier Milei, aparece asociado a esa dirección con una tarjeta terminada en 6086. En la misma área figura Federico Nicolás Bustos, con una tarjeta terminada en 9041 y perfil de administrador de centro de costo.
La documentación enmascara correctamente los números completos de las tarjetas por razones de seguridad. Sin embargo, las terminaciones, áreas, subagrupadores y titulares permiten reconstruir la arquitectura del sistema. Lo que no permite reconstruir es lo central: cuánto se gastó, en qué, cuándo, con qué autorización y bajo qué expediente de rendición.
El corazón del esquema está en el propio Fondo Rotatorio. Allí aparecen ocho tarjetas recargables y las tres únicas tarjetas corporativas de crédito vigentes informadas por Presidencia. Entre las recargables figuran María Elisa Del Malvar, Marcelo Nicolás Luque Mariño, Victoria Villarruel, Gustavo Moccia, Luciano Terrevazzi, Edgardo Segovia y Matea Di Bella, bajo subagrupadores como “Facturas FR”, “Viáticos y Eventuales”, “Anticipos” y “Bajas”.
Las tres tarjetas de crédito vigentes están a nombre de María Elisa Del Malvar, Marcelo Luque Mariño y Gabriela Winnik. La coincidencia es relevante porque la Resolución 35/2026 designó a Gabriela Carla Winnik, titular de la Dirección General de Administración, como responsable del Fondo Rotatorio, y a Marcelo Nicolás Luque Mariño, titular de la Coordinación de Movimiento de Valores, como subresponsable.
En otras palabras: quienes administran formalmente la caja aparecen también dentro del ecosistema de tarjetas de crédito y recargables. Esa superposición no implica por sí sola una irregularidad, pero vuelve imprescindible conocer el detalle de los consumos, las autorizaciones y las rendiciones.
La omisión resulta todavía más llamativa por el convenio con el Banco Nación para la tarjeta Corporativa Nación Prepaga. Según ese instrumento, la plataforma permite consultar consumos en línea, transferencias, identificación de comercios, transacciones por tarjeta, movimientos de cuentas, reportes y liquidaciones. También admite pagos en comercios adheridos y extracciones de efectivo en cajeros automáticos.
Es decir: la herramienta para reconstruir cada operación existe. Presidencia la tiene disponible. El Banco Nación la describe. Pero el Gobierno no entregó esa trazabilidad.
El instructivo interno de cajas chicas, remitido por la propia Secretaría General, también fija un circuito de control obligatorio. Establece que los gastos deben realizarse con Tarjeta Corporativa del Banco Nación, salvo excepciones puntuales; prohíbe rendir gastos pagados con tarjetas personales; exige comprobantes válidos a nombre de la Secretaría General, constancias fiscales, justificación del gasto y firmas digitales.
Las rendiciones deben tramitarse mediante expediente electrónico GDE, bajo el trámite “Caja Chica Rendición”, e incluir relación de gastos, resumen de la tarjeta corporativa, comprobantes digitalmente firmados, detalle e-SIDIF e informe de la unidad requirente. Si hubo gastos, deberían existir resúmenes, tickets, facturas y expedientes. Y si no hubo gastos, igual debería existir un resumen de cuenta con saldos y movimientos del período.
Nada de eso fue abierto.
La respuesta principal al pedido de acceso a la información fue firmada por Juan Manuel Galli, subsecretario Legal de la Secretaría General. La documentación administrativa fue remitida por la Subsecretaría de Coordinación Administrativa. El informe de tarjetas fue firmado por Marcelo Luque Mariño, el mismo funcionario que fue designado subresponsable del Fondo Rotatorio y que figura como titular de una tarjeta de crédito y de una recargable dentro de ese circuito.
Presidencia tampoco desagregó la imputación presupuestaria por programa, actividad, inciso, partida, fuente, SAF, devengado, pagado y rendido, como se había solicitado. Se limitó a indicar de manera genérica que los gastos se imputan a partidas de la Secretaría General y remitió al portal Presupuesto Abierto, que exhibe ejecución agregada, pero no permite reconstruir consumos por tarjeta, titular o centro de costo.
Otro capítulo sensible es el sumario administrativo mencionado por la propia Dirección de Sumarios. El Gobierno reconoció que tramitó una actuación vinculada al posible uso indebido, irregular, personal, no autorizado o no justificado de tarjetas corporativas. También informó que el 6 de abril se emitió un informe final con propuesta de cierre y declaración de inexistencia de perjuicio fiscal.
Pero el expediente del sumario tampoco fue entregado. No se informó qué hechos se investigaron, qué tarjeta estaba involucrada, qué funcionario o área aparecía, qué monto se analizó, si hubo reintegro, qué dictámenes se produjeron ni cuál fue la resolución final.
La distinción no es menor. Declarar “inexistencia de perjuicio fiscal” no necesariamente equivale a afirmar que no existió una conducta observada. Puede haber habido una devolución, una regularización o una conclusión administrativa sin daño patrimonial. Sin expediente, no hay modo de verificarlo.
La pregunta queda planteada por los propios documentos oficiales: si Presidencia admite las tarjetas; si el Banco Nación permite ver consumos y comercios; si el instructivo exige comprobantes y rendiciones por GDE; y si el Fondo Rotatorio se duplicó hasta superar los $1.135 millones, ¿por qué la Casa Rosada no muestra los gastos?
La paradoja es evidente. La misma administración que convirtió el recorte del gasto en bandera política más que duplicó una caja flexible bajo la órbita de Karina Milei y, cuando se le pidió transparencia, entregó la lista de tarjetas, pero no abrió la cuenta.
