Buenos Aires – 20 junio 2026 – Total News Agency – TNA-. El juez federal Alejandro Patricio Maraniello, el magistrado que ordenó frenar la difusión de los audios atribuidos a Karina Milei, volvió a quedar en el centro de una trama judicial y política que combina denuncias por censura previa, acusaciones de acoso sexual, hostigamiento laboral, abuso de poder y un expediente abierto por presunto mal desempeño ante el Consejo de la Magistratura de la Nación.
El caso expone una doble tensión. Por un lado, la ofensiva del Gobierno para impedir la publicación de grabaciones vinculadas a la secretaria general de la Presidencia, hermana del presidente Javier Milei y figura central del esquema de poder libertario. Por otro, la delicada situación disciplinaria del juez que dictó la cautelar, quien enfrenta denuncias graves dentro del organismo encargado de controlar la conducta de los magistrados federales.
Maraniello, titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal N° 5, hizo lugar en septiembre pasado a una medida solicitada por Karina Milei y ordenó el cese de la difusión de audios presuntamente grabados en la Casa Rosada. La resolución alcanzó a medios de comunicación, redes sociales y plataformas digitales, y fue defendida por el magistrado como una restricción provisoria, excepcional y limitada.
Sin embargo, especialistas en derecho constitucional, organizaciones civiles, periodistas y dirigentes opositores denunciaron que se trató de un caso de censura previa. El cuestionamiento central es que el juez impidió la eventual difusión de material periodístico antes de conocer su contenido completo, invocando un daño posible sobre la intimidad, el honor y la seguridad institucional.
La denuncia presentada ante el Consejo de la Magistratura por Jonatan Baldiviezo, María Eva Koutsovitis, Claudio Lozano y Alejandro Zelaya sostuvo que la cautelar constituyó una restricción incompatible con el artículo 14 de la Constitución Nacional y con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Según esa presentación, Maraniello no cometió un simple error jurídico, sino que habría incurrido en una conducta de mal desempeño al actuar como censor judicial frente a información de evidente interés público.
El punto más sensible es el contexto político. La medida favoreció directamente a Karina Milei, una de las personas más influyentes del Gobierno y figura mencionada en audios vinculados al escándalo de presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Para los denunciantes, el fallo quedó alineado con los intereses del Poder Ejecutivo y proyectó dudas sobre la independencia del magistrado.
La situación personal de Maraniello agrava el cuadro. El juez acumula expedientes ante el Consejo de la Magistratura por denuncias de abuso sexual, acoso sexual, hostigamiento moral, maltrato laboral, abuso de poder, uso indebido de recursos públicos y presunto incumplimiento de deberes funcionales. Varias de esas presentaciones fueron impulsadas por la Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial de la Nación (AEFPJN) y por actuaciones remitidas desde la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal.
De acuerdo con las actuaciones difundidas, una empleada declaró haber sido hostigada por el magistrado a poco de comenzar a trabajar en su juzgado. Según su relato, aceptó una salida fuera del ámbito laboral por temor a perder su empleo y denunció haber sufrido tocamientos y besos no consentidos. En otro expediente, una agente judicial relató mensajes fuera de horario, comentarios sobre su vestimenta, miradas inapropiadas y maltrato al no acceder a pedidos del juez.
Los testimonios también describieron un clima laboral marcado por presuntas exigencias sobre la apariencia de las empleadas, asignaciones discrecionales de tareas y referencias internas a trabajadoras como “las azafatas de Maraniello”. En septiembre de 2024, incluso, el gremio judicial celebró que se hubiera dispuesto una consigna policial en horario laboral dentro del juzgado para resguardar a los empleados.
El expediente disciplinario escaló dentro del Consejo de la Magistratura. La Comisión de Acusación, presidida por Alberto Maques, citó a Maraniello para que declarara el 17 de junio de 2026 en los términos del artículo 20 del Reglamento de Disciplina. Esa convocatoria, equivalente a una instancia de defensa frente a cargos graves, puede ser el paso previo a una acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento, órgano que eventualmente podría resolver la remoción del magistrado.
El consejero informante del caso es el senador Luis Juez, quien impulsó la acumulación de expedientes vinculados a las denuncias por abuso, maltrato laboral, desvío de fondos públicos y la presentación por censura previa en el caso de los audios de Karina Milei. Maraniello, según allegados citados en medios judiciales, niega las acusaciones y sostiene que se trata de imputaciones falsas.
La pregunta política es si el juez que le dio al Gobierno una decisión clave para blindar a Karina Milei encontrará ahora algún tipo de auxilio oficialista dentro del Consejo de la Magistratura. Sus detractores advierten que la cautelar no sólo benefició al corazón del poder presidencial, sino que dejó al magistrado en una posición de eventual dependencia política en momentos en que su propia continuidad judicial está bajo examen.
El caso vuelve a instalar un dilema incómodo para el oficialismo: el Gobierno que se presenta como defensor de la libertad terminó impulsando una medida denunciada como censura previa; y el juez que la concedió enfrenta una batería de acusaciones por abuso, acoso, hostigamiento laboral y mal desempeño. En el medio, el Consejo de la Magistratura deberá definir si actúa como órgano de control o si el expediente queda atrapado en la lógica de los favores cruzados entre tribunales y poder político.
