Madrid – 22 junio 2026 – Total News Agency – TNA – La investigación sobre las presuntas “cloacas” vinculadas al PSOE sumó un nuevo nombre internacional: Yohir Akerman, investigador colombiano-estadounidense, directivo de Guidepost Solutions para Latinoamérica y señalado por distintas fuentes judiciales y mediáticas como una pieza operativa en la maniobra que habría intentado desacreditar al fiscal anticorrupción José Grinda, uno de los funcionarios judiciales que investigó causas sensibles para el socialismo español y para empresarios vinculados al chavismo.
El caso vuelve a colocar bajo presión al entorno político de Pedro Sánchez. Ya no se trata solamente de las sospechas sobre pagos, contratos, favores o intermediarios partidarios. La trama que investiga el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional describe una posible operación de inteligencia política orientada a presionar, desacreditar o neutralizar a fiscales y jueces que intervinieron en causas incómodas para el PSOE.
Según la información publicada por Crónica y reconstruida por distintos medios españoles, Akerman habría sido el investigador que localizó y acercó a Madrid a Miriam Serrano, una mujer de Jaén que años atrás había denunciado al fiscal José Grinda por un episodio ya archivado penalmente en 2017. El dato clave es que esa antigua denuncia habría sido utilizada luego como munición política contra el fiscal de Anticorrupción.
De acuerdo con los reportes, Akerman asegura que recibió el encargo de un prestigioso despacho de abogados estadounidense cuyo nombre no quiso revelar. Sostiene que su trabajo no tuvo finalidad política y que la operación “nunca” le fue presentada como parte de una maniobra contra instituciones españolas. Sin embargo, fuentes judiciales citadas por la prensa española barajan otra hipótesis: que el investigador pudo haber actuado dentro de una red de intereses cruzados en la que aparecen Leire Díez, Santos Cerdán, José Manuel Villarejo, Javier Pérez Dolset y el exviceministro venezolano Nervis Villalobos.
La UCO de la Guardia Civil investiga si Leire Díez, exmilitante socialista y conocida como la “fontanera” del PSOE, participó en una estructura destinada a recopilar información comprometedora sobre fiscales, mandos policiales y jueces relacionados con investigaciones que afectaban al socialismo. En ese marco aparece la reunión con Miriam Serrano, quien habría sido llevada a Madrid, alojada en el hotel Radisson Red y presentada ante actores vinculados al aparato socialista.
El episodio es especialmente sensible porque Grinda intervino en investigaciones de corrupción y blanqueo relacionadas con Nervis Villalobos, exviceministro de Energía del gobierno de Hugo Chávez, perseguido por causas en Estados Unidos, Suiza y España. Fuentes judiciales citadas en la investigación periodística sostienen que Villalobos habría tenido interés en presionar al fiscal y que la vieja denuncia de Serrano podía servir como instrumento de desgaste.
Los intercambios atribuidos a Leire Díez y Villalobos refuerzan esa línea de investigación. Según la información incorporada al sumario, la exmilitante socialista habría preguntado por WhatsApp si ya estaba confirmada “la chica de Jaén”, en alusión a Miriam Serrano. Poco después, la mujer fue trasladada a Madrid para mantener reuniones que, según la hipótesis judicial, podían servir para erosionar a Anticorrupción y condicionar investigaciones sensibles.
Akerman, por su parte, niega haber trabajado para Villalobos, niega conocerlo y rechaza que su actuación haya tenido carácter ilegal o impropio. También afirma que no puede revelar cuánto cobró por el trabajo realizado en España, amparándose en la confidencialidad propia de las tareas de investigación corporativa. Esa respuesta, lejos de cerrar la discusión, alimentó nuevas sospechas sobre quién financió la operación y con qué objetivo final.
El perfil de Yohir Akerman agrega un componente incómodo. Nacido en Colombia, con nacionalidad estadounidense, hijo de Moritz Akerman —mediador entre el gobierno de César Gaviria y las FARC— y de Amalia Lú Posso Figueroa, vinculada al Partido Comunista colombiano, combina una actividad pública como columnista de izquierda en la revista Cambio con tareas privadas de inteligencia corporativa, investigaciones estratégicas y asesoría internacional.
Su nombre ya había aparecido en polémicas latinoamericanas. En Ecuador, medios locales lo vincularon a trabajos relacionados con Chevron durante el conflicto judicial por contaminación ambiental en la Amazonia. También fue mencionado en torno a informes elaborados por Guidepost vinculados al caso Chiquita Brands en Colombia, donde directivos de la firma bananera fueron juzgados por pagos a estructuras paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia.
En todos esos casos, Akerman niega actuaciones ilegales y defiende que su trabajo se desarrolló dentro de los marcos profesionales correspondientes. Pero su aparición en la causa española confirma que el caso Leire Díez dejó de ser una disputa doméstica del socialismo español para transformarse en una trama con conexiones internacionales, despachos extranjeros, operadores privados, empresarios investigados y antiguos funcionarios del chavismo.
El dato político es demoledor para el PSOE. Mientras el gobierno de Pedro Sánchez enfrenta varias causas de corrupción, el expediente sobre las llamadas cloacas del socialismo expone una presunta estrategia para obtener información, condicionar testimonios, presionar a fiscales y desacreditar investigaciones judiciales. La corrupción ya no aparece solamente como un problema de contratos o comisiones, sino como una posible maquinaria de protección política.
El juez Santiago Pedraz investiga pagos, facturas, reuniones y comunicaciones que podrían vincular a Leire Díez con sectores del aparato socialista. Medios españoles informaron que la UCO situó al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en el origen de una presunta red que habría intentado proteger intereses del partido y conseguir información sensible sobre causas judiciales.
La defensa del PSOE insiste en negar una relación orgánica con esas maniobras y sostiene que Leire Díez actuaba por cuenta propia o en el marco de supuestas investigaciones periodísticas. Pero el volumen de nombres, reuniones, pagos y conexiones reconstruidas por la Guardia Civil vuelve cada vez más difícil sostener que se trató de episodios aislados.
La visita de Miriam Serrano a la sede socialista, gestionada por intermediarios vinculados a Akerman, exhibe una sinergia oscura entre operadores privados de inteligencia, intereses judiciales internacionales y actores políticos españoles. En el centro de esa arquitectura aparece el intento de golpear a la Fiscalía Anticorrupción, justamente cuando sus investigaciones rozaban al poder socialista.
El caso deja una pregunta de fondo: quién pagó, quién ordenó y quién se beneficiaba con una operación destinada a embarrar a fiscales y jueces. Por ahora, Akerman se ampara en la confidencialidad y niega una finalidad política. Pero la investigación judicial avanza sobre una trama que amenaza con mostrar que las cloacas del PSOE no solo operaban en España, sino que podían recurrir a especialistas extranjeros para intervenir en causas que comprometían al entorno de Pedro Sánchez.
