La Plata – 29 Junio 2026 – Total News Agency – TNA – La administración de Axel Kicillof cerró el ejercicio 2025 con un déficit financiero de $2,06 billones, según un informe elaborado por el ex senador bonaerense Marcelo Daletto, que volvió a poner bajo discusión el manejo presupuestario de la Provincia de Buenos Aires, el nivel de endeudamiento, la venta de activos financieros y la demora en la publicación de información fiscal.
La gestión de Axel Kicillof destinó más de $58.000 millones a publicidad oficial en 2025 (algunas estimaciones elevan la cifra hasta los $62.450 millones, equivalentes a unos USD 50 millones). Esto representó un incremento real del 63% respecto a 2024, una vez descontada la inflación.
El trabajo, titulado “¿Cómo gasta la Provincia?”, sostiene que durante 2025 el gobierno bonaerense tuvo erogaciones por $36,57 billones, mientras que los ingresos alcanzaron $34,51 billones. La diferencia dejó un rojo financiero equivalente al 6% de los recursos totales, un dato que contradice el discurso de orden fiscal que la administración provincial intenta exhibir frente al ajuste aplicado por el gobierno nacional.
La cifra es políticamente sensible porque Kicillof mantiene una confrontación permanente con la Casa Rosada por la caída de transferencias nacionales, el recorte de fondos y la paralización de obras. Sin embargo, el informe de Daletto afirma que el rojo provincial no fue cubierto con un ajuste estructural del gasto, sino mediante nuevo endeudamiento y liquidación de activos financieros.
Según el documento, la Provincia de Buenos Aires tomó financiamiento por $2,4 billones durante 2025 y vendió activos financieros por otros $880.000 millones. Esa combinación permitió sostener el funcionamiento del Estado bonaerense, pero dejó expuesto un problema de fondo: la provincia más grande del país gastó más de lo que recaudó y necesitó recurrir a mecanismos extraordinarios para cerrar las cuentas.
El informe también señala que el déficit financiero creció 4% en términos reales respecto del año anterior. Ese dato introduce una lectura crítica sobre la administración bonaerense: incluso en un contexto de mayor presión tributaria y de crecimiento nominal de los recursos, el gasto total siguió superando la capacidad genuina de financiamiento.
El cuestionamiento de Daletto no se limita al resultado fiscal. El ex legislador también apuntó contra la falta de transparencia presupuestaria y sostuvo que el Poder Ejecutivo provincial continúa incumpliendo los plazos previstos por la Ley de Responsabilidad Fiscal, que obliga a publicar las ejecuciones trimestrales con un rezago máximo determinado. La página oficial del Ministerio de Economía bonaerense exhibe informes de ejecución por trimestre, pero el planteo opositor apunta a la demora en la difusión y a la falta de información oportuna para controlar el gasto público.
La discusión sobre los tiempos de publicación no es menor. En una provincia con más de 17 millones de habitantes, 135 municipios, fuertes necesidades sociales y un presupuesto multimillonario, la información fiscal no puede ser tratada como un dato administrativo secundario. La ejecución presupuestaria permite saber cuánto se recauda, cuánto se gasta, en qué áreas se ejecutan fondos, qué partidas se subejecutan y cómo se financian los desequilibrios.
El informe también incorpora una crítica fuerte sobre la masa salarial del sector público. Según Daletto, los salarios bonaerenses volvieron a perder contra la inflación durante 2025, con una caída real de 0,3%. Ese dato se suma a la pérdida registrada en 2024 y permite instalar una acusación política directa: mientras Kicillof cuestiona el ajuste nacional, la provincia también habría utilizado los ingresos de los empleados públicos como una variable de contención del gasto.
La comparación con otras jurisdicciones agrava el diagnóstico opositor. De acuerdo con el análisis difundido, mientras la masa salarial bonaerense retrocedió en términos reales, distritos como Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza registraron mejoras reales en sus gastos de personal. Con ese contraste, el informe concluye que el gobernador bonaerense fue uno de los mandatarios que más ajustó sobre los trabajadores estatales.
Otro punto de alto impacto político es la obra pública. El trabajo sostiene que la Provincia de Buenos Aires ejecutó inversiones por $1,894 billones, mientras que los recursos ingresados por el Consenso Fiscal 2017, impulsado durante la gestión de María Eugenia Vidal, alcanzaron $1,897 billones. La conclusión de Daletto fue contundente: “la obra pública que ejecutó Axel la pagó María Eugenia”.
La frase apunta directamente al relato del gobierno bonaerense. Kicillof suele presentar la inversión en infraestructura como una marca propia de gestión, en contraste con el recorte nacional de obra pública. Pero el informe opositor sostiene que una parte determinante del financiamiento provino de recursos obtenidos por la administración anterior a partir de la negociación del Consenso Fiscal y la recuperación de fondos para la provincia.
Ese contraste reabre una disputa histórica entre el peronismo bonaerense y Juntos por el Cambio. Durante la gestión de Vidal, la provincia recuperó recursos vinculados al viejo reclamo por el Fondo del Conurbano, una discusión que había marcado durante años el desequilibrio entre el peso demográfico bonaerense y la distribución federal de fondos. Ahora, Daletto utiliza ese antecedente para afirmar que la obra pública de Kicillof se apoyó sobre una estructura de ingresos heredada.
El gobierno provincial, por su parte, viene sosteniendo que Buenos Aires fue perjudicada por el recorte de transferencias nacionales, la caída de fondos específicos y la decisión de la administración de Javier Milei de retirar financiamiento para obras y programas. Desde el Ministerio de Economía bonaerense, que conduce Pablo López, se insistió en distintas oportunidades en que la provincia reclama recursos que considera propios y que fueron discontinuados o retenidos por Nación.
Sin embargo, el informe opositor cambia el eje del debate. No niega la existencia de tensiones con el gobierno nacional, pero coloca el foco en la gestión interna del gasto. La pregunta que deja planteada es si la provincia puede atribuir todo su desequilibrio a la Casa Rosada cuando, al mismo tiempo, cerró el ejercicio con un déficit multimillonario, tomó deuda, liquidó activos y demoró información fiscal.
El rojo de $2,06 billones también adquiere relevancia por el tamaño político y económico de la Provincia de Buenos Aires. No se trata de un distrito menor. Buenos Aires concentra la mayor población del país, una parte sustancial del empleo público, un sistema educativo gigantesco, hospitales, fuerzas de seguridad, infraestructura vial, puertos, municipios de alta dependencia fiscal y una demanda social permanente en el Conurbano y el interior.
Por eso, cualquier desequilibrio en sus cuentas tiene impacto nacional. Una provincia con déficit persistente puede presionar sobre endeudamiento, proveedores, municipios, salarios, obra pública y servicios esenciales. También puede condicionar la negociación política con la Legislatura, donde Kicillof necesita acuerdos para autorizar financiamiento, aprobar leyes fiscales y sostener su esquema de gestión.
El informe de Daletto también puede ser leído en clave electoral. La situación fiscal bonaerense será uno de los ejes de la disputa política entre el peronismo provincial, el oficialismo nacional y la oposición no kirchnerista. Kicillof intenta construir una identidad propia como gobernador que resiste el ajuste libertario, pero los números de la ejecución 2025 ofrecen a sus críticos un argumento concreto: la provincia también ajustó, también se endeudó y también cerró con déficit.
La discusión se vuelve aún más compleja por el peso de los municipios. Buena parte de la política bonaerense se ordena alrededor de los intendentes, que dependen de transferencias provinciales, obras, fondos de seguridad, asistencia social y programas de infraestructura. Si el déficit obliga a restringir partidas o a administrar pagos con mayor tensión, el impacto puede trasladarse al territorio.
En ese contexto, el trabajo de Daletto instala tres preguntas centrales. La primera es cómo piensa financiar la provincia sus desequilibrios futuros si el endeudamiento y la venta de activos no alcanzan para sostener el nivel de gasto. La segunda es si el gobierno bonaerense cumplirá con mayor transparencia los plazos de publicación de la información presupuestaria. La tercera es si Kicillof podrá sostener su discurso contra el ajuste cuando los datos muestran pérdida real de salarios públicos y un rojo fiscal creciente.
El resultado financiero de 2025 deja a la administración bonaerense ante una contradicción política. Mientras cuestiona el ajuste nacional, la provincia cerró el año con déficit, recurrió a financiamiento adicional y mostró deterioro real en la masa salarial. Mientras reivindica la obra pública como marca de gestión, el informe opositor sostiene que esa inversión fue financiada con recursos originados en una negociación heredada de María Eugenia Vidal.
El debate recién comienza, pero el dato ya quedó instalado: la provincia gobernada por Axel Kicillof gastó más de lo que recaudó y cerró 2025 con un rojo de $2,06 billones. En el distrito más grande del país, ese número no es una discusión técnica. Es una señal política sobre la fragilidad fiscal bonaerense y sobre los límites de un modelo que enfrenta a la Nación, pero no logra ordenar plenamente sus propias cuentas.
