Caracas – 1 Julio 2026 – Total News Agency – TNA – La captura de Nicolás Maduro no modificó la matriz profunda del aparato de seguridad venezolano. En medio de la tragedia provocada por los terremotos que golpearon con especial fuerza al estado de La Guaira, las denuncias contra policías, militares y agentes de inteligencia volvieron a mostrar que la estructura represiva y corrupta del chavismo permanece de pie: uniformados armados, poca colaboración real con las víctimas, acusaciones de robos entre los escombros y una población que ya no calla.
El despliegue de la Guardia Nacional Bolivariana, el CICPC y organismos como la temida DGCIM fue presentado por el gobierno de transición encabezado por Delcy Rodríguez como una medida para evitar saqueos, ordenar el tránsito y garantizar seguridad en las zonas devastadas. Pero el operativo se convirtió en un boomerang político y social. Lejos de ser vistos como rescatistas, muchos uniformados fueron señalados por vecinos como parte del problema: hombres con fusiles donde hacían falta palas, controles donde hacían falta ambulancias y retenes donde hacían falta máquinas para remover concreto.
La bronca explotó después de la viralización de videos en los que agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) fueron acusados de apropiarse de dinero hallado entre los restos de un edificio colapsado en La Guaira. Cuatro funcionarios fueron detenidos y expulsados del cuerpo tras ser señalados por llevarse valores económicos durante las tareas de rescate. El propio director del CICPC, Douglas Rico, reconoció que los agentes se desviaron de sus deberes y actuaron de manera indecorosa al apropiarse de bienes encontrados entre los escombros.
El episodio resultó especialmente irritante porque ocurrió mientras miles de venezolanos buscaban familiares con sus propias manos. Según reportes internacionales, los dos terremotos del 24 de junio dejaron más de 2.200 muertos, miles de heridos y decenas de miles de personas desaparecidas o desplazadas, con La Guaira como una de las zonas más golpeadas. En ese contexto, la imagen de policías intentando llevarse dinero o pertenencias funcionó como una síntesis brutal del colapso institucional: el Estado llegó tarde para rescatar, pero algunos de sus agentes llegaron rápido para robar.
La denuncia va más allá de los cuatro policías detenidos. Vecinos de Caraballeda, Catia La Mar y Playa Grande describen una respuesta estatal marcada por la desorganización, la militarización y la falta de protocolos de emergencia. Mientras voluntarios civiles, familiares y rescatistas extranjeros trabajaban entre hierros retorcidos y placas de hormigón, numerosos agentes permanecían apostados con armas largas, encapuchados o realizando controles de tránsito. AP informó que, durante las primeras 72 horas críticas, la respuesta oficial se concentró más en administrar accesos que en ejecutar rescates coordinados.
El malestar también golpea a las Fuerzas Armadas. Las acusaciones de robos, bloqueo de ayuda y uso político de la asistencia reavivaron el rechazo a una institución que durante años fue columna vertebral del régimen chavista. Reuters reportó que, después de los sismos, ciudadanos encabezaron buena parte de las tareas de rescate en medio de críticas a la lentitud gubernamental y denuncias contra fuerzas militares y policiales por conducta indebida. También se señalaron casos de ayuda bloqueada o desviada por funcionarios de seguridad.
La caída de Maduro, capturado en enero y trasladado a Nueva York para enfrentar cargos por narcoterrorismo, no desmanteló automáticamente el sistema que lo sostuvo. La permanencia de Delcy Rodríguez al frente del poder, el peso de Diosdado Cabello en el área de seguridad y la continuidad operativa de cuerpos como la GNB, el CICPC y la DGCIM muestran que la transición venezolana sigue atravesada por las mismas redes de obediencia, privilegio e impunidad que marcaron al chavismo.
La crisis humanitaria agravó esa percepción. ACNUR advirtió que aumentan los riesgos de protección y pidió US$14,85 millones para asistir durante seis meses a unas 30.000 personas afectadas por los terremotos, con provisión de artículos básicos, alojamiento temporal y servicios de protección. La agencia de la ONU alertó además que las tensiones comunitarias crecen por el acceso limitado a la ayuda.
El resultado es una furia social cada vez más visible. Los sobrevivientes graban, increpan, denuncian y escrachan a uniformados que antes imponían miedo. La tragedia dejó al descubierto que el problema venezolano no era solo Maduro, sino el entramado policial, militar y burocrático que sobrevivió a su captura.
Entre edificios derrumbados, cuerpos atrapados y familias desesperadas, la conclusión es amarga: en Venezuela cambió la cabeza formal del poder, pero no cambió el comportamiento de muchas de sus fuerzas de seguridad. La corrupción sigue caminando armada entre los escombros.
