Buenos Aires – 7 julio 2026 – Total News Agency – TNA — La trama financiera internacional que rodea a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ingresó en una fase más delicada: fiscales federales de los Estados Unidos y agentes del FBI comenzaron a tomar testimonios para reconstruir cómo operó en territorio norteamericano la entidad que conduce Claudio “Chiqui” Tapia, a través de la firma TourProdEnter LLC, el vehículo comercial manejado por el empresario y productor teatral Javier Faroni y su esposa, Erica Gillette.
La novedad, revelada por La Nación, indica que investigadores del Departamento de Justicia buscan determinar si las operaciones canalizadas por la AFA mediante bancos estadounidenses podrían configurar delitos bajo jurisdicción norteamericana, entre ellos lavado de activos, fraude bancario o maniobras de ocultamiento de beneficiarios reales. La pesquisa se encuentra, por ahora, en etapa preliminar, pero ya incluye entrevistas con personas que conocen de manera directa el funcionamiento de los contratos comerciales de la entidad en el exterior.
Uno de esos testimonios habría sido el del empresario Guillermo Tofoni, exsocio comercial de la AFA y denunciante de Tapia y Pablo Toviggino por presunta defraudación. Según la reconstrucción publicada, la reunión se realizó por videoconferencia, duró cerca de tres horas y contó con la participación de fiscales y agentes del FBI radicados en Washington DC y Miami. Tofoni, consultado por el diario, evitó confirmar o negar el encuentro reservado.
El eje de la investigación apunta a TourProdEnter LLC, la sociedad que recibió el rol de agente comercial internacional de la AFA. El vínculo formal entre la entidad madre del fútbol argentino y la empresa de Faroni quedó registrado en el Boletín 6031 del Comité Ejecutivo de la AFA, del 9 de diciembre de 2021. Allí se informó que la firma sería designada como “Agente Comercial Exclusivo” para el exterior del país, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026.
Ese contrato se convirtió en el corazón del caso. De acuerdo con la documentación bancaria analizada por La Nación, TourProdEnter LLC administró al menos US$260 millones correspondientes a ingresos de la AFA, provenientes de patrocinadores, derechos audiovisuales y acuerdos comerciales internacionales. Parte de esos fondos ingresó por contratos con compañías multinacionales, entre ellas Adidas y Warner, en un período en que la Argentina convivía con severas restricciones cambiarias y múltiples cotizaciones del dólar.
La lupa de los fiscales estadounidenses se concentra en el recorrido posterior del dinero. Según los registros difundidos, las cuentas de la empresa operaron en entidades como Citibank, Synovus, Bank of America, JP Morgan y PNC Bank. Desde allí habrían salido giros por decenas de millones de dólares hacia sociedades y beneficiarios cuya justificación económica no surge con claridad de la documentación periodística relevada. También aparecen pagos a sociedades vinculadas a Toviggino y su entorno familiar, como SOMA SRL y Cabello SRL, además de transferencias a personas relacionadas con la intimidad del poder de la AFA.
El caso tomó mayor volumen cuando se detectó una segunda sociedad vinculada a la estructura comercial de la AFA: Global FC LLC, constituida en Houston, Texas, y controlada por Andrés Scornik, quien en su perfil profesional declaró haber sido asesor comercial de la entidad entre 2021 y 2025. Esa firma habría recaudado US$5,8 millones de empresas con acuerdos con la AFA y, a su vez, habría transferido unos US$6 millones a TourProdEnter LLC y a compañías de marketing.
La investigación estadounidense comenzó a gestarse durante 2025 y estaría a cargo de al menos tres fiscales: Patrick Gushue y Christopher Ting, en Washington DC, y Michael Berger, del distrito Sur de Florida. Gushue aparece vinculado a la Unidad de Integridad Bancaria y al programa piloto de premios para denunciantes corporativos del Departamento de Justicia, un esquema diseñado para recibir información sobre delitos financieros complejos.
Berger, por su parte, intervino en causas de lavado y corrupción internacional en el sur de Florida. El Departamento de Justicia informó en 2024 que el excontralor general de Ecuador Carlos Ramón Polit Faggioni fue condenado por conspiración para lavar dinero, lavado de activos y transacciones con fondos de origen delictivo, en un expediente tramitado en esa jurisdicción.
El antecedente inevitable es el FIFAgate, la investigación que en 2015 sacudió al fútbol mundial y expuso el alcance de la jurisdicción estadounidense cuando las maniobras pasan por su sistema financiero. En aquel caso, el Departamento de Justicia acusó a dirigentes de FIFA, Concacaf y Conmebol, junto con empresarios del marketing deportivo, por asociación ilícita, fraude electrónico y lavado de dinero.
En Buenos Aires, el caso también tuvo derivaciones institucionales. En marzo de 2026, la Inspección General de Justicia pidió al Ministerio de Justicia la designación de veedores para revisar, entre otros puntos, los estados contables y financieros de la AFA y sus relaciones con TourProdEnter LLC, Grupo Sur Finanzas, Javier Faroni, Erica Gillette y Ariel Vallejo.
Desde la AFA, la respuesta pública fue reclamar prudencia y respeto por la presunción de inocencia. El denominado embajador de la entidad para América del Norte, Tomás Regalado, y el penalista Mariano Lizardo participaron en Miami de un foro sobre fútbol, corrupción y justicia, donde remarcaron que las medidas de investigación no equivalen a culpabilidad.
Sin embargo, el avance del FBI y del Departamento de Justicia coloca a Tapia, Toviggino y al esquema comercial externo de la AFA en un terreno mucho más riesgoso. Ya no se trata únicamente de denuncias cruzadas dentro del fútbol argentino ni de disputas políticas locales. La clave está en el uso del sistema bancario estadounidense, la trazabilidad de cientos de millones de dólares y la eventual existencia de beneficiarios ocultos detrás de sociedades, comisiones y transferencias sin contraprestación verificable.
Mientras la Selección disputa el Mundial en suelo norteamericano, la conducción de la AFA enfrenta un partido paralelo: explicar ante la Justicia de Estados Unidos cómo se movió el dinero del fútbol argentino.
