Buenos Aires – 12 de julio de 2026 – Total News Agency – TNA-. El fuerte incremento de los precios internacionales del petróleo y los combustibles provocado por la guerra en Medio Oriente podría agregar entre 0,9 y 2,5 puntos porcentuales a la inflación anual de la Argentina durante 2026, amenazando uno de los principales objetivos económicos y políticos del gobierno de Javier Milei.
La advertencia surge de un análisis de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que evaluó el posible impacto de la crisis energética mediante tres escenarios construidos a partir de la evolución del precio internacional de la energía, su peso dentro de las canastas de consumo y el grado de traslado a los precios internos.
El organismo estimó que, para el conjunto de América Latina y el Caribe, el shock energético podría agregar entre 0,3 y 4,6 puntos porcentuales a la inflación anual, con diferencias importantes según la dependencia de las importaciones, los subsidios, los impuestos y los mecanismos utilizados por cada gobierno para contener los aumentos.
En la Argentina, donde la energía representa aproximadamente el 6 por ciento de la canasta de consumo utilizada en el cálculo, la incidencia directa se ubicaría entre 0,9 y 2,5 puntos.
El cálculo no representa una proyección cerrada del índice de precios, sino una estimación del impacto adicional que podría generar el encarecimiento de la energía sobre la inflación que ya se esperaba para este año.
Tres escenarios para la Argentina
El primer escenario contempla un incremento interanual del 25 por ciento en el precio de la energía durante 2026. En ese caso, el shock aportaría aproximadamente 0,9 puntos porcentuales a la inflación argentina.
El segundo supone una suba cercana al 38 por ciento, con una incidencia estimada de 1,4 puntos sobre el índice anual.
El escenario más severo proyecta un aumento del 67 por ciento en el valor internacional de la energía y un impacto de hasta 2,5 puntos porcentuales sobre la inflación nacional.
La metodología toma como referencia un esquema desarrollado por Goldman Sachs y supone que alrededor del 60 por ciento de las variaciones internacionales termina trasladándose al precio final pagado por los consumidores.
La propia CEPAL aclaró que el resultado real puede ser inferior si los gobiernos aplican amortiguadores fiscales, reducen impuestos o utilizan empresas estatales para demorar el traslado. También podría ser mayor si la crisis se prolonga, el peso se deprecia o aparecen efectos indirectos sobre el transporte y los alimentos.
El desafío para el plan de Milei
La advertencia llega en un momento delicado para el programa económico de Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.
La desaceleración de la inflación constituye el principal activo político del Gobierno y una condición necesaria para sostener la recuperación del salario, reducir las tasas de interés y preparar la campaña por la reelección presidencial.
Sin embargo, el conflicto entre Estados Unidos e Irán, los ataques sobre instalaciones energéticas y las amenazas contra la navegación por el estrecho de Ormuz provocaron una fuerte volatilidad en el mercado petrolero.
Durante los primeros meses de la escalada, el valor internacional del crudo llegó a superar los US$126 por barril, mientras que la nafta argentina acumuló aumentos y la inflación mensual alcanzó el 3,4 por ciento en marzo.
El Gobierno intentó moderar el impacto mediante incrementos parciales de los impuestos a los combustibles y sucesivas postergaciones de los ajustes pendientes.
A partir de mayo, el Ejecutivo autorizó una actualización limitada del impuesto a los combustibles líquidos y del gravamen al dióxido de carbono, mientras difirió una parte de los aumentos para evitar un salto más brusco en los surtidores.
El papel de YPF
YPF también implementó un sistema de amortiguación o “buffer” para evitar que cada movimiento internacional del petróleo se traslade inmediatamente a los precios internos.
El mecanismo permite demorar parte de los aumentos cuando el crudo sube con fuerza y recuperar posteriormente la diferencia si las cotizaciones internacionales se estabilizan.
Esa política puede contener temporalmente la inflación, pero no elimina el costo. Si el precio elevado se mantiene durante varios meses, la empresa deberá trasladarlo gradualmente, reducir sus márgenes o necesitar alguna forma de compensación.
La posición dominante de YPF en el mercado argentino obliga además a las restantes compañías —Shell, Axion Energy y Puma Energy— a observar sus movimientos antes de modificar los precios.
La estrategia oficial busca evitar aumentos abruptos, aunque el mercado argentino se encuentra formalmente desregulado y el propio Gobierno sostiene que las empresas deben tomar sus decisiones comerciales sin controles directos.
Del surtidor a toda la economía
El efecto inflacionario de la energía no termina en el precio de la nafta y el gasoil.
Los combustibles son un insumo esencial para el transporte de alimentos, la maquinaria agrícola, la distribución de mercadería, la construcción, la industria y los servicios.
Una suba del gasoil incrementa el costo del traslado de cereales, carne, productos frescos y bienes manufacturados. Ese aumento termina incorporándose, total o parcialmente, al precio que paga el consumidor.
También afecta el transporte público, los pasajes aéreos, la logística portuaria y los costos de producción de sectores electrointensivos.
La CEPAL advirtió que el shock puede provocar “efectos de segunda ronda”, especialmente en los productos que utilizan combustibles como insumo relevante.
El aumento de los fletes internacionales constituye otro canal de transmisión. Si las navieras deben pagar más por el combustible o modificar rutas para evitar zonas de conflicto, el encarecimiento se refleja en el precio de los bienes importados.
Una economía exportadora que también recibe el golpe
La situación argentina presenta una paradoja.
El crecimiento de Vaca Muerta convirtió al país en exportador neto de energía y permite que un mayor precio internacional genere más divisas, rentabilidad empresaria y recaudación.
La expansión de la producción de petróleo y gas puede mejorar la balanza comercial y fortalecer las reservas del Banco Central.
Pero ese beneficio macroeconómico no impide el impacto inflacionario interno.
Las compañías petroleras utilizan el precio de exportación como referencia para decidir dónde vender su producción. Si el mercado interno paga un valor demasiado inferior al internacional, aumenta el incentivo para exportar.
Por ese motivo, sostener artificialmente los combustibles baratos durante períodos prolongados puede desalentarlos abastecimientos internos o exigir acuerdos con las productoras.
La Argentina enfrenta así un doble efecto: recibe más dólares por sus exportaciones energéticas, pero paga precios internos más altos por combustibles, transporte e insumos.
El aumento del petróleo incluso puede favorecer a empresas como YPF, Vista Energy, Pampa Energía, Pan American Energy y Pluspetrol, mientras perjudica a consumidores, transportistas e industrias dependientes de la logística.
Tarifas y subsidios
El shock también puede trasladarse a las tarifas de electricidad y gas.
Aunque la Argentina produce grandes cantidades de gas natural, durante el invierno todavía necesita importaciones y combustibles complementarios para cubrir los picos de demanda.
Si el costo de esas compras aumenta, el Gobierno debe decidir entre trasladarlo a las facturas o incrementar los subsidios.
La primera alternativa presiona directamente sobre la inflación. La segunda compromete el equilibrio fiscal, considerado por Milei como el eje principal de su programa económico.
El Gobierno ya aplicó una reducción significativa de subsidios y sostiene que los usuarios deben pagar valores más cercanos al costo real.
Una nueva crisis energética internacional puede obligarlo a revisar el cronograma o aceptar aumentos tarifarios superiores a los previstos.
El riesgo político
El impacto de hasta 2,5 puntos puede parecer acotado frente a los niveles de inflación que tuvo históricamente la Argentina, pero adquiere relevancia cuando el Gobierno intenta perforar niveles mensuales cada vez más bajos.
Si la inflación proyectada para el año fuera, por ejemplo, del 20 por ciento, un shock adicional de 2,5 puntos representaría un aumento significativo sobre el objetivo oficial.
También puede modificar las expectativas salariales y provocar reclamos en las negociaciones paritarias.
La experiencia argentina muestra que los aumentos en combustibles suelen actuar como una señal para otros sectores, que anticipan mayores costos y remarcan preventivamente.
El riesgo es que el shock internacional reactive la inercia inflacionaria precisamente cuando el Gobierno busca consolidar una baja permanente.
Todo dependerá de la guerra
La evolución final estará determinada por la duración y la intensidad del conflicto.
Un restablecimiento de la navegación normal por Ormuz y una reducción de los ataques podrían llevar a una corrección del precio internacional del petróleo.
Por el contrario, un cierre prolongado del estrecho, daños sobre instalaciones petroleras o una intervención militar más amplia podrían empujar nuevamente las cotizaciones y profundizar el impacto mundial.
El Fondo Monetario Internacional ya advirtió que una guerra prolongada y un petróleo persistentemente elevado podrían desacelerar la economía global y elevar la inflación, especialmente en los países importadores de energía.
Para la Argentina, la crisis energética representa simultáneamente una oportunidad exportadora y una amenaza para la estabilidad de precios.
El Gobierno podrá beneficiarse con más dólares provenientes de Vaca Muerta, pero deberá evitar que esa mejora se pierda en el surtidor, las góndolas y las tarifas.
La advertencia de la CEPAL muestra que el conflicto de Medio Oriente dejó de ser únicamente un problema geopolítico: ya constituye una amenaza concreta para la estrategia económica y electoral de Milei.
