Buenos Aires – 13 Julio 2026 – Total News Agency – TNA-. El futuro del Monotributo quedó en el centro de la discusión por la reforma tributaria que prepara el Gobierno, ante la posibilidad de que el régimen sea reducido a sus categorías más bajas, aumente sustancialmente su carga fiscal o sea reemplazado parcialmente por una figura similar al antiguo responsable no inscripto en el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Aunque el Poder Ejecutivo todavía no envió al Congreso un proyecto definitivo, las recomendaciones formuladas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Consejo de Mayo encendieron las alarmas entre profesionales, trabajadores independientes, comerciantes y prestadores de servicios.
La principal preocupación es que una eventual reforma termine achicando el universo del Monotributo y obligue a cientos de miles de pequeños contribuyentes a pasar al régimen general, donde deberían afrontar de manera separada el IVA, el Impuesto a las Ganancias, los aportes previsionales, la obra social y mayores costos administrativos y contables.
El FMI no recomendó expresamente eliminar el régimen simplificado. Su informe sobre el sistema tributario argentino sostuvo, sin embargo, que existe una diferencia demasiado amplia entre la carga efectiva que soportan los monotributistas y la correspondiente a los contribuyentes inscriptos en el régimen general.
El organismo internacional consideró que esa brecha puede incentivar la fragmentación artificial de empresas, limitar el crecimiento de las actividades y desalentar el paso hacia estructuras productivas de mayor escala. Por esa razón, sugirió alinear progresivamente las tasas efectivas y las contribuciones sociales del Monotributo con las del régimen general, acompañado por herramientas digitales que faciliten el cumplimiento.
La recomendación no equivale formalmente a una eliminación, pero su aplicación podría traducirse en cuotas más elevadas, menos categorías o topes de facturación más bajos. Para numerosos especialistas, una equiparación excesiva podría convertir al régimen en económicamente inviable y provocar una expulsión de contribuyentes hacia la informalidad.
Actualmente, el Monotributo unifica en una sola cuota el componente impositivo correspondiente al IVA y Ganancias, los aportes jubilatorios y, cuando corresponde, el acceso a una obra social. Fue concebido como un mecanismo simplificado de inclusión para personas y pequeños emprendimientos que no cuentan con la estructura necesaria para cumplir con las obligaciones del régimen general.
La inquietud aumentó por las propuestas incluidas en el denominado dossier legislativo del Consejo de Mayo, que planteó rediseñar el Monotributo como un régimen verdaderamente limitado a actividades de pequeña escala y establecer un “puente” hacia el sistema general.
Entre las alternativas que comenzaron a circular figura la posibilidad de mantener únicamente el Monotributo Social y las categorías más bajas —A, B y C—, mientras los contribuyentes con mayor facturación serían trasladados gradualmente a Ganancias e IVA.
Dentro de ese esquema también reapareció la idea de recuperar una figura semejante al responsable no inscripto en IVA, especialmente para profesionales y prestadores de servicios que excedan los límites del régimen simplificado, pero que no tengan una estructura económica equiparable a la de una empresa.
El responsable no inscripto fue utilizado antes de la generalización del Monotributo. Permitía que determinados pequeños contribuyentes no liquidaran el IVA de la misma forma que un responsable inscripto, aunque quedaban sujetos a mecanismos especiales de percepción y a mayores cargas administrativas que las actuales.
Su eventual regreso podría funcionar como una categoría intermedia para evitar el salto abrupto desde el Monotributo hacia el régimen general. Sin embargo, todavía no se conoce cómo sería instrumentado, cuáles serían los límites de facturación ni qué tratamiento tendría frente a Ganancias, jubilación y cobertura médica.
La preocupación llegó a la Cámara de Diputados, donde el legislador Eduardo Falcone, del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), convocó a una jornada para debatir el futuro del régimen simplificado.
Falcone expresó su rechazo a una eventual eliminación y advirtió que el Congreso deberá oponerse si la reforma perjudica a quienes utilizan el Monotributo como única vía posible para mantenerse dentro de la economía formal.
Durante el encuentro, la presidenta de Monotributistas Asociados de la República Argentina (M.A.R.A.), Noelia Villafañe, sostuvo que el Gobierno debe considerar al régimen como una solución y no como un problema.
Villafañe advirtió que un aumento desproporcionado de las cuotas representaría una “eliminación de hecho”, porque numerosos trabajadores no podrían sostener el costo mensual ni afrontar el paso al régimen general.
El abogado tributarista Oscar Ponce remarcó que el Monotributo funciona como un sistema de inclusión, mientras el régimen general tiene una finalidad predominantemente recaudatoria. A su entender, ambos modelos no deberían competir, sino complementarse mediante una transición que no castigue el crecimiento de los pequeños contribuyentes.
Los especialistas alertaron que la eliminación de categorías o el incremento sustancial de los costos podría empujar a miles de personas a dejar de facturar, abandonar la obra social y suspender sus aportes previsionales.
También existe incertidumbre sobre el futuro del Monotributo Unificado, que permite abonar en una misma operación el régimen nacional y el impuesto provincial sobre los Ingresos Brutos.
El sistema reduce trámites, evita la presentación de declaraciones juradas mensuales y anuales en determinadas jurisdicciones y elimina algunas retenciones bancarias y sobre tarjetas. Desde enero de 2026, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se incorporó al esquema administrado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Una reducción profunda del Monotributo nacional obligaría a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a revisar sus propios regímenes simplificados de Ingresos Brutos. Las administraciones locales deberían decidir si mantienen sistemas autónomos, reconstruyen mecanismos anteriores de recaudación o acompañan la transición hacia el régimen general.
El interrogante es especialmente relevante porque las jurisdicciones dependen de esas cuotas para sostener parte de su recaudación y han invertido recursos en integrar sus sistemas con la plataforma nacional.
El debate también estará atravesado por los niveles de facturación admitidos. Desde febrero de 2026, las escalas del Monotributo fueron actualizadas, con límites y cuotas diferenciados según la actividad, la superficie afectada, el consumo eléctrico y el precio unitario máximo de venta.
Una reforma que limite el régimen a las categorías A, B y C reduciría significativamente el techo disponible para profesionales, comerciantes y prestadores de servicios. Quienes superaran esos parámetros quedarían ante el desafío de liquidar IVA y Ganancias, contratar asesoramiento contable permanente y soportar obligaciones previsionales más elevadas.
El Gobierno sostiene que la reforma tributaria deberá simplificar el sistema, ampliar la base imponible y eliminar impuestos distorsivos. No obstante, todavía no precisó qué tratamiento dará al Monotributo ni si adoptará las propuestas del FMI y del Consejo de Mayo.
Hasta que exista un texto oficial, la eliminación completa del régimen no puede considerarse una decisión tomada. Lo que sí aparece en estudio es una reformulación destinada a reducir su alcance, aumentar gradualmente la carga efectiva y construir un sistema de transición hacia el régimen general.
El desafío será evitar que la búsqueda de una mayor recaudación y equidad tributaria termine destruyendo uno de los principales instrumentos de formalización laboral del país.
Una reforma sin escalas intermedias podría convertir el paso al régimen general en un salto imposible para miles de contribuyentes. En ese contexto, el eventual regreso del responsable no inscripto aparece como una alternativa, aunque su funcionamiento y sus costos deberán conocerse antes de determinar si será realmente un puente o simplemente una nueva carga para los pequeños trabajadores.
