Por Daniel Romero
Washington – 14 Julio 2026 – Total News Agency – TNA-. El director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terrance “Terry” Cole, denunció la existencia de una “peligrosa conexión” entre las redes del narcotráfico y sectores del Gobierno de México, al tiempo que informó que las autoridades estadounidenses incautaron el equivalente a más de 568 millones de dosis potencialmente mortales de fentanilo desde el comienzo de la nueva administración de Donald Trump.
Cole formuló la dura acusación durante la apertura de la primera Cumbre por un Estados Unidos Libre de Fentanilo, organizada por la DEA en Orlando, Florida, junto con el encuentro anual de la Community Anti-Drug Coalitions of America (CADCA).
El funcionario afirmó que la agencia utilizará todos sus recursos contra los cárteles, sus intermediarios, distribuidores, proveedores de precursores químicos, lavadores de dinero y las personas que obtienen beneficios económicos de la producción y comercialización de drogas sintéticas.
“Esto incluye la peligrosa conexión entre las redes de los cárteles y el Gobierno mexicano. Son inseparables. Y en la DEA son nuestra máxima prioridad”, sostuvo Cole durante su intervención.
La declaración representa una de las acusaciones públicas más severas formuladas por un alto funcionario estadounidense contra la estructura política mexicana. Cole no precisó en su discurso qué dependencias federales o autoridades concretas estarían comprometidas, pero sus palabras se producen después de que el Departamento de Justicia avanzara con imputaciones contra funcionarios de alto nivel del estado de Sinaloa.
La Justicia estadounidense acusó al gobernador sinaloense con licencia Rubén Rocha Moya y a otros nueve funcionarios y ex funcionarios de colaborar presuntamente con el Cártel de Sinaloa, proteger a sus miembros y facilitar el tráfico de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetaminas hacia Estados Unidos.
Según la acusación presentada en un tribunal federal de Nueva York, los imputados habrían recibido millones de dólares a cambio de garantizar protección política y policial a la organización criminal, impedir investigaciones y permitir que sus integrantes actuaran con impunidad.
Entre los acusados figuran funcionarios judiciales, responsables policiales y operadores políticos presuntamente relacionados con la facción de Los Chapitos, encabezada por los hijos del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Rocha Moya negó categóricamente los cargos y aseguró que “la investigación forma parte de una maniobra política contra él, el oficialista partido Morena y la soberanía mexicana”. El Gobierno de Sheinbaum afirmó que el pedido estadounidense de extradición no fue acompañado inicialmente por pruebas suficientes para justificar una detención inmediata.
La denuncia realizada en Orlando no fue la primera advertencia de Cole sobre la connivencia estatal con los narcotraficantes. En mayo, durante una audiencia ante el Senado estadounidense, el director de la DEA sostuvo que traficantes y funcionarios mexicanos de alto rango habían colaborado durante años.
Cole responsabilizó a esos sectores por facilitar la producción y el envío de fentanilo hacia el norte de la frontera y afirmó que las imputaciones contra las autoridades de Sinaloa constituían apenas el comienzo de una ofensiva judicial más amplia.
La nueva acusación profundiza una crisis bilateral marcada por las diferencias sobre soberanía, operaciones de inteligencia y extradiciones. Sheinbaum insiste en que México cooperará contra los cárteles, pero rechaza cualquier intervención unilateral de agencias o fuerzas estadounidenses en su territorio. Mientras tanto la inacción reina.
La mandataria también cuestionó declaraciones del embajador estadounidense Ronald Johnson y advirtió que los representantes extranjeros deben limitarse a las tareas de coordinación diplomática y evitar pronunciarse sobre los asuntos políticos internos de México.
La tensión aumentó además por las dudas sobre la captura y posterior traslado hacia Estados Unidos de Ismael “El Mayo” Zambada, uno de los históricos líderes del Cártel de Sinaloa. Las autoridades mexicanas investigan si organismos estadounidenses participaron en el operativo sin informar previamente a la administración de Sheinbaum.
El contexto convierte las declaraciones de Cole en algo más que una advertencia policial. La acusación involucra directamente la capacidad —o la voluntad— de las instituciones mexicanas para enfrentar estructuras criminales que controlan territorios, corrompen policías y funcionarios y movilizan miles de millones de dólares.
Durante la cumbre, Cole destacó que desde el inicio del segundo Gobierno de Trump la DEA secuestró más de 568 millones de dosis potencialmente letales de fentanilo.
La DEA había anunciado que la reunión de Orlando se desarrollaría entre el 13 y el 16 de julio, con la participación de representantes policiales, especialistas sanitarios, educadores, organizaciones comunitarias y familiares de víctimas.
El organismo sostuvo que el fentanilo continúa siendo el principal factor de la crisis estadounidense de sobredosis y que provoca aproximadamente 120 muertes diarias. También lo considera la principal causa de fallecimiento entre los ciudadanos de 18 a 45 años vinculada con sustancias ilícitas.
La estrategia presentada por la DEA combina tres pilares: protección, prevención y apoyo. El objetivo es atacar las redes de producción y distribución, pero también reducir la demanda, advertir sobre las pastillas falsificadas y asistir a comunidades afectadas por las adicciones.
Cole informó además que, durante una ofensiva reciente de seis semanas, la agencia incautó cerca de cuatro millones de pastillas de fentanilo y 1.158 kilogramos de la droga en polvo.
La mayor parte del fentanilo ilegal consumido en Estados Unidos es producida por organizaciones mexicanas mediante precursores químicos obtenidos principalmente en Asia-China-. Los cárteles elaboran la sustancia, la prensan en comprimidos que imitan medicamentos y la distribuyen a través de redes que operan en los cincuenta estados norteamericanos.
El Gobierno estadounidense designó en 2025 a varios cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, una decisión que amplió las herramientas financieras, judiciales y de inteligencia disponibles para perseguirlos.
La administración Trump sostiene que las organizaciones no podrían mantener su capacidad industrial y militar sin la colaboración de funcionarios, policías, intermediarios financieros y empresarios que protegen sus operaciones.
México, por su parte, ha entregado a casi un centenar de narcotraficantes requeridos por Washington durante el último año y afirma haber intensificado la lucha contra los grandes grupos criminales. Sin embargo, rechaza que esas acciones sean presentadas como resultado de presiones o amenazas estadounidenses. Las listas de narcotraficantes para ser extraditados son inmensamente mayores.
La acusación de la DEA abre ahora un nuevo frente. Si Washington presenta más cargos contra autoridades mexicanas, la relación bilateral podría atravesar su peor crisis en décadas.
Para Cole, el mensaje es directo: el combate contra el fentanilo no terminará con la incautación de cargamentos o la captura de vendedores callejeros. La ofensiva alcanzará también a funcionarios y estructuras estatales que, según la DEA, permiten que los cárteles produzcan, transporten y laven las ganancias obtenidas con una droga que continúa matando a decenas de miles de estadounidenses.
