Lima – 14 Julio 2026 – Total News Agency – TNA-. El presidente del Consejo Fiscal del Perú, Alonso Segura, pidió que el gobierno saliente de José María Balcázar no reglamente ni ejecute por ahora la ley que reconoce gratificaciones y compensación por tiempo de servicios a los trabajadores contratados bajo el régimen CAS, y planteó que sea la futura administración de Keiko Fujimori la que defina su continuidad e incluso solicite su anulación ante el Tribunal Constitucional.
Segura sostuvo que el reciente pronunciamiento del máximo tribunal sobre los límites del Congreso para crear o aumentar gasto público ofrece a la próxima mandataria la oportunidad de revisar una serie de normas aprobadas sin financiamiento suficiente y con fuerte impacto sobre las cuentas del Estado.
“De los trabajadores CAS, por ejemplo, no se ha iniciado, no se han hecho los pagos. Entonces corresponde que el MEF no reglamente, en mi opinión, y que espere a que eso se decante”, manifestó el titular del Consejo Fiscal durante una entrevista con RPP.
El planteo apunta directamente a la Ley 32563, publicada el 23 de marzo de 2026, que modificó el régimen de Contratación Administrativa de Servicios y reconoció a sus trabajadores dos gratificaciones anuales —por Fiestas Patrias y Navidad— equivalentes cada una a una remuneración mensual, además de una CTS calculada sobre el 100% del salario por cada año trabajado.
La norma dispone que las entidades públicas financien esos beneficios mediante modificaciones dentro de sus propios presupuestos y sin demandar recursos adicionales al Tesoro. Sin embargo, el Ministerio de Economía y Finanzas advirtió que muchas dependencias no cuentan con espacio presupuestario suficiente y promovió una implementación gradual para evitar un impacto fiscal inmediato.
La propuesta oficial contemplaba comenzar en 2026 con una gratificación equivalente al 10% del salario —con un mínimo cercano a 300 soles—, elevarla progresivamente durante los años siguientes y alcanzar el 100% recién en 2030. Esa alternativa generó rechazo entre los trabajadores CAS, quienes reclaman la aplicación plena de la ley y advierten que una postergación vaciaría el beneficio aprobado por el Congreso.
El presidente Balcázar sostuvo que el problema deberá ser resuelto por la siguiente administración, mientras representantes de los trabajadores intensificaron sus protestas ante la proximidad del pago de las planillas y de la gratificación correspondiente a las Fiestas Patrias.
Para Segura, el punto de fondo no es únicamente el derecho laboral reconocido, sino el mecanismo institucional mediante el cual fue creado. El economista celebró que el Tribunal Constitucional haya endurecido su interpretación del artículo 79 de la Constitución, que establece que los congresistas no tienen iniciativa para crear ni aumentar gasto público, salvo en lo referido al presupuesto del propio Parlamento.
El Tribunal remarcó que el Congreso no puede reemplazar al Poder Ejecutivo en la conducción de la hacienda pública y que las decisiones con impacto presupuestario deben respetar los principios de equilibrio fiscal, sostenibilidad financiera y programación del gasto. También señaló que la iniciativa parlamentaria no puede imponer desembolsos inmediatos no previstos en el presupuesto vigente.
La sentencia, no obstante, no declaró automáticamente inconstitucional la Ley 32563. Para que eso ocurra, el Ejecutivo, una institución legitimada o un grupo habilitado deberá presentar una demanda específica ante el Tribunal Constitucional, que luego tendrá que pronunciarse sobre el caso concreto.
Segura considera que la futura presidenta Fujimori debería recurrir a esa vía no sólo contra la norma de los trabajadores CAS, sino también contra otras leyes aprobadas por el Congreso que generan obligaciones permanentes sin respaldo fiscal.
Entre las disposiciones cuestionadas figuran el aumento de las pensiones para maestros cesantes y jubilados, la homologación del incentivo único del Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo, los nombramientos automáticos de trabajadores públicos y la creación de nuevas universidades nacionales sin presupuesto, infraestructura ni estudios técnicos concluyentes.
Según el titular del Consejo Fiscal, el cambio de criterio del Tribunal permite “rectificar” decisiones que habían colocado al Estado en una trayectoria de gasto difícil de sostener.
Segura advirtió que las obligaciones acumuladas por leyes de iniciativa parlamentaria podrían comprometer recursos destinados a servicios esenciales y reducir la capacidad del próximo gobierno para enfrentar emergencias, entre ellas un eventual fenómeno de El Niño. El Consejo Fiscal ya había alertado que la administración de Fujimori recibiría un margen presupuestario limitado si no ordenaba inmediatamente las cuentas públicas.
La controversia coloca a la presidenta electa ante una decisión políticamente compleja. Si impulsa la anulación de la ley, podría enfrentar protestas de miles de trabajadores CAS que durante años reclamaron equiparar sus derechos con los de otros regímenes laborales. Si permite su aplicación completa, deberá encontrar recursos en un presupuesto presionado por pensiones, salarios, deuda, inversión pública y emergencias climáticas.
Los trabajadores sostienen que no se trata de un privilegio, sino de terminar con una desigualdad histórica dentro del Estado. Recuerdan que numerosos servidores CAS cumplen tareas permanentes junto con empleados de otros regímenes que sí reciben gratificaciones completas y CTS.
El Consejo Fiscal, en cambio, no discute necesariamente la legitimidad social del reclamo, sino que cuestiona que el Congreso reconozca beneficios sin identificar una fuente real y sostenible de financiamiento.
La discusión se produce a menos de dos semanas del cambio de mando. El gobierno saliente puede reglamentar la ley, promover una fórmula gradual o dejar el expediente sin resolución. Segura pidió expresamente la tercera opción: que no se efectúen pagos ni se consoliden obligaciones antes de que asuma Fujimori.
De prosperar su recomendación, el nuevo Ejecutivo deberá evaluar la presentación de una demanda de inconstitucionalidad y solicitar medidas que suspendan la aplicación de la norma hasta que el Tribunal emita una resolución definitiva.
El pronunciamiento del Consejo Fiscal anticipa así una de las primeras disputas sociales y presupuestarias que enfrentará Keiko Fujimori: contener el gasto y restaurar la disciplina fiscal sin convertir a los trabajadores estatales en la variable exclusiva del ajuste.
