Buenos Aires – 20 Julio 2026 – Total News Agency – TNA – La presión ejercida por la Confederación General del Trabajo —CGT— mediante negociaciones reservadas consiguió que el Gobierno de Javier Milei modificara la reglamentación de la reforma laboral y ampliara nuevamente la base sobre la cual se calculan las cuotas solidarias, uno de los principales mecanismos de financiamiento del poder sindical argentino.
El Decreto 612/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, constituye una concesión directa a los gremios dialoguistas y corrige una restricción incorporada apenas siete semanas antes por el propio Poder Ejecutivo. La medida fue firmada por Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
La rectificación expone la existencia de acuerdos políticos desarrollados fuera de los canales públicos. Mientras el discurso oficial promete terminar con los privilegios de la denominada “casta sindical”, funcionarios de la Casa Rosada negociaron en silencio con los principales referentes de la CGT hasta encontrar una fórmula que evitara un recorte significativo de sus ingresos.
El resultado es concreto: la caja sindical no fue desmantelada y buena parte de los aportes patronales destinados a obras sociales, actividades asistenciales, previsionales o culturales quedó fuera del límite general del 2% establecido por la Ley de Modernización Laboral.
Una restricción que duró menos de dos meses
La Ley 27.802 de Modernización Laboral, sancionada en febrero y publicada el 6 de marzo, modificó el artículo 9 de la Ley 14.250 de Convenciones Colectivas de Trabajo. La norma dispuso que las contribuciones y aportes establecidos por convenio colectivo en beneficio de los sindicatos no podían superar el 2% de las remuneraciones de los trabajadores.
Dentro de ese esquema se encuentran las denominadas cuotas solidarias: descuentos compulsivos que se aplican sobre el salario de todos los trabajadores comprendidos en una actividad, incluso cuando no están afiliados al sindicato que recibe el dinero.
La reforma no eliminó ese mecanismo. Solamente estableció un límite porcentual, pese a que dirigentes libertarios, en especial el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, habían impulsado originalmente restricciones más severas.
El conflicto se profundizó con el Decreto 407/2026, publicado el 1 de junio, que reglamentó distintos aspectos de la reforma. Allí se dispuso que el límite del 2% debía calcularse sobre el salario básico convencional, una base considerablemente menor que la remuneración total percibida por muchos trabajadores.
La diferencia no era menor. Al excluir adicionales remunerativos normales y habituales, la reglamentación reducía el monto efectivo que los sindicatos podían descontar mensualmente.
La CGT interpretó esa decisión como una ruptura de los compromisos asumidos durante la negociación legislativa y atribuyó la maniobra a Sturzenegger. A partir de ese momento, los gremialistas intensificaron las conversaciones reservadas con Santiago Caputo, Martín Menem, Eduardo “Lule” Menem y otros operadores del Gobierno.
Santilli y los Menem destrabaron el acuerdo
Las tratativas tomaron mayor impulso con la llegada de Santilli a la Jefatura de Gabinete. El funcionario, junto con los primos Menem, habría convencido a Karina Milei de que era necesario moderar la reglamentación para evitar una escalada sindical en un momento en el que el Gobierno necesita estabilidad política y social rumbo a las elecciones de 2027.
El Decreto 612 incorporó finalmente al salario básico convencional “las sumas remunerativas normales y habituales de frecuencia de pago mensual de origen convencional”. De esa manera, la base utilizada para aplicar el 2% vuelve a ser más amplia y aumenta el volumen de dinero que puede dirigirse hacia las organizaciones gremiales.
Quedaron excluidos los premios, bonos, participación en las ganancias, horas extras, aguinaldo, plus vacacional, sumas no remunerativas y conceptos que no se paguen de manera normal, habitual y mensual.
Aunque el Gobierno mantuvo formalmente el tope, flexibilizó su impacto económico. La CGT consiguió así que el porcentaje se aplique sobre una remuneración mayor que la prevista inicialmente por la reglamentación de junio.
Aportes patronales sin el límite del 2%
La concesión más relevante aparece en el artículo segundo del nuevo decreto. La norma establece que las contribuciones y aportes que los empleadores acuerden dentro de los convenios colectivos no serán considerados dentro del régimen sometido al tope del 2%, siempre que estén destinados a obras sociales, asistenciales, previsionales o culturales en beneficio de los trabajadores.
Los fondos deberán administrarse y documentarse de manera separada respecto de los recursos sindicales propiamente dichos. Sin embargo, al quedar fuera del límite global, las cámaras empresariales y los gremios podrán pactar contribuciones adicionales de magnitud considerable.
La medida beneficia especialmente a sindicatos cuyas obras sociales atraviesan dificultades financieras. Uno de los casos mencionados durante las negociaciones fue el de Camioneros, que recibe una contribución empresarial pactada por convenio para financiar su sistema de salud.
Según fuentes sindicales citadas por medios especializados, ese aporte alcanza los 25.000 pesos mensuales por trabajador y representa alrededor de 5.000 millones de pesos por mes. La nueva reglamentación permite que esa transferencia quede fuera del tope que podía amenazar su continuidad.
La separación contable exigida por el decreto constituye una herramienta de control formal, pero no altera el dato político central: los grandes flujos patronales hacia estructuras vinculadas con los gremios quedaron protegidos.
La CGT conservó sus dos pilares
Las cuotas solidarias son una fuente esencial de ingresos porque alcanzan también a trabajadores no afiliados. Antes de la reforma, gremios como Camioneros, Comercio, Gastronómicos y SMATA aplicaban porcentajes superiores al nuevo límite legal.
Camioneros descontaba el 3%; la Federación de Empleados de Comercio y los Gastronómicos, el 2,5%; y SMATA llegaba al 4%, según un relevamiento publicado después de la sanción de la ley.
La Justicia también comenzó a intervenir. En marzo, un juzgado federal de San Martín suspendió provisionalmente la aplicación del tope del 2% y los cambios en la ultraactividad para convenios de empleados de comercio, al considerar que podían afectar de manera inmediata el financiamiento sindical y las prestaciones de OSECAC.
La CGT obtuvo así, por distintas vías, la preservación de los dos pilares históricos del modelo sindical construido durante el peronismo: el financiamiento compulsivo mediante convenios colectivos y el poder de administrar servicios sociales y sanitarios.
El dirigente de la UOCRA Gerardo Martínez, uno de los interlocutores con mejor llegada al oficialismo, ya había reconocido que la central obrera consiguió mantener las cuotas solidarias y evitar que las empresas dejaran de actuar como agentes de retención de las cuotas de afiliación. Según admitió, la eliminación de ese sistema habría “desmembrado toda la estructura sindical”.
Una derrota para Sturzenegger y una tregua sindical
Dentro de la CGT, el Decreto 612 fue interpretado como una derrota política para Sturzenegger, quien pretende fomentar convenios y sindicatos por empresa para reducir el poder de las grandes organizaciones nacionales.
En cambio, se fortaleció el ala política del Gobierno encabezada por Santilli y los operadores cercanos a Karina Milei, más predispuestos a negociar con la conducción cegetista para evitar conflictos de gran magnitud.
La fecha de publicación tampoco pasó inadvertida. La concesión fue oficializada cuando la CGT se prepara para movilizarse frente al Congreso junto con agrupaciones de jubilados, pero descartó —al menos por ahora— los paros sectoriales y rotativos que habían sido analizados como parte de un plan de lucha más agresivo.
La secuencia alimenta la sospecha de un intercambio político: el Gobierno preservó fuentes centrales de financiamiento sindical y la central obrera moderó su respuesta contra la administración libertaria.
No existe constancia pública de un pacto formal, pero sí de semanas de conversaciones reservadas y de una modificación reglamentaria que coincide con los principales reclamos de los gremios dialoguistas.
Milei llegó al poder prometiendo enfrentar a las corporaciones, eliminar los aportes compulsivos y terminar con los privilegios sindicales. Sin embargo, cuando la presión política aumentó, el Ejecutivo corrigió su propio decreto y dejó intacto el núcleo económico del sistema.
La CGT volvió a demostrar que su capacidad de presión no depende únicamente de los paros. También opera en despachos cerrados, mediante negociadores que mantienen canales directos con el poder.
El Decreto 612 lleva la firma presidencial, pero exhibe una victoria del sindicalismo: el límite permanece escrito en la ley, aunque la base de cálculo fue ampliada y los aportes patronales más sensibles quedaron protegidos. La caja, finalmente, no se tocó.
