Por Adalberto Agozino
La adhesión formal de los países de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO) al Gasoducto Africano Atlántico Nigeria-Marruecos representa mucho más que el respaldo a una infraestructura energética. La decisión adoptada en la cumbre de Freetown transforma un proyecto concebido hace casi una década como una iniciativa bilateral entre Marruecos y Nigeria en una política regional con vocación continental. Con una inversión estimada en 25.000 millones de dólares, cerca de 6.800 kilómetros de extensión y capacidad para transportar 30.000 millones de metros cúbicos de gas al año, el proyecto aspira a redefinir el mapa energético africano, acelerar la industrialización del África occidental y consolidar un nuevo eje de cooperación Sur-Sur que proyecta sus efectos hacia Europa.
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Buenos Aires – Durante décadas, la integración económica africana ha tropezado con un obstáculo recurrente: la insuficiencia de infraestructuras capaces de conectar los mercados nacionales y transformar los abundantes recursos naturales del continente en una auténtica ventaja competitiva. Las enormes reservas de gas de Nigeria, los déficits energéticos de numerosos países del África occidental y la creciente demanda europea de suministros alternativos parecían conformar una ecuación evidente. Sin embargo, convertir esa oportunidad en una realidad política exigía algo más que ingeniería y financiación. Requería una arquitectura diplomática capaz de conciliar los intereses de trece Estados costeros, varios países sin litoral, organismos regionales, entidades financieras internacionales y empresas energéticas nacionales.
Ese complejo proceso alcanzó un punto de inflexión durante la sexagésima novena cumbre de la CEDEAO celebrada en Freetown, Sierra Leona. Allí, los jefes de Estado y de Gobierno rubricaron el Acuerdo Intergubernamental que regula el desarrollo del Gasoducto Africano Atlántico Nigeria-Marruecos, otorgando al proyecto una legitimidad institucional que trasciende con mucho la dimensión técnica que había caracterizado sus fases iniciales.
Desde un punto de vista estrictamente jurídico, la firma establece el marco legal común para el desarrollo de la infraestructura. Desde una perspectiva política, sin embargo, significa algo mucho más profundo. La iniciativa deja de ser un emprendimiento promovido exclusivamente por Marruecos y Nigeria para convertirse en un proyecto asumido colectivamente por la principal organización de integración económica de África occidental. Ese cambio modifica sustancialmente la percepción internacional de la obra y fortalece considerablemente su credibilidad ante potenciales financiadores e inversores.
El gasoducto proyectado recorrerá aproximadamente 6.800 kilómetros siguiendo la costa atlántica africana desde los yacimientos gasíferos del delta del Níger hasta Marruecos, atravesando trece países antes de enlazar con el Gasoducto Magreb-Europa y, desde allí, con la red continental europea. La infraestructura tendrá capacidad para transportar alrededor de 30.000 millones de metros cúbicos de gas natural anuales. Según las previsiones actuales, aproximadamente la mitad de ese volumen podrá abastecer tanto al mercado marroquí como al europeo, mientras que el resto quedará destinado al creciente consumo interno de África occidental.
Más allá de sus dimensiones físicas, el proyecto constituye una intervención estructural sobre la economía regional. El objetivo declarado consiste en crear un verdadero mercado integrado del gas natural que facilite la producción de electricidad, estimule la instalación de industrias intensivas en energía y permita aprovechar con mayor eficiencia los recursos naturales africanos. En otras palabras, el gasoducto pretende convertirse en un catalizador del proceso de industrialización que numerosos gobiernos africanos consideran imprescindible para reducir la dependencia de la exportación de materias primas sin transformar.
Los países directamente atravesados por el trazado —Nigeria, Benín, Togo, Ghana, Costa de Marfil, Liberia, Sierra Leona, Guinea, Guinea-Bisáu, Gambia, Senegal, Mauritania y Marruecos— serán los principales beneficiarios inmediatos. Sin embargo, el diseño del proyecto incorpora desde su origen una dimensión regional mucho más amplia. Mediante futuras interconexiones, también podrán acceder al suministro los Estados del Sahel que carecen de salida al mar, ampliando considerablemente el impacto económico de la infraestructura sobre el conjunto del África occidental.
Precisamente esa vocación integradora explica el respaldo prácticamente unánime recibido durante la reunión de Freetown. El presidente liberiano Joseph Boakai definió la iniciativa como “un avance histórico y trascendental” que demuestra la capacidad de las naciones africanas para priorizar la cooperación frente a la fragmentación política. Sus palabras reflejan una percepción ampliamente compartida entre numerosos dirigentes africanos: el verdadero valor del proyecto reside tanto en la infraestructura física como en el modelo de cooperación regional que representa.
Una valoración similar expresó Omar Alieu Touray, presidente de la Comisión de la CEDEAO, al describir el Gasoducto Africano Atlántico como una de las iniciativas más transformadoras emprendidas por la organización desde su creación. En su opinión, la infraestructura contribuirá decisivamente a reforzar la seguridad energética, aumentar la competitividad empresarial y consolidar un futuro económico compartido para una población superior a los 440 millones de habitantes.
El consenso alcanzado durante la cumbre no debe interpretarse únicamente como un respaldo simbólico. En términos prácticos, la adhesión de la CEDEAO abre la puerta a la siguiente fase del proyecto: la constitución de la sociedad responsable de la construcción y explotación del gasoducto, cuya sede estará ubicada en Casablanca, así como la creación de una Autoridad Superior del Gasoducto, que se establecerá en Abuja y asumirá la gobernanza regional de la infraestructura. Ambos organismos constituirán el núcleo institucional encargado de coordinar las futuras inversiones, supervisar el desarrollo técnico y preparar la Decisión Final de Inversión que permitirá iniciar la ejecución de la obra.
Igualmente relevante resulta el hecho de que los principales estudios de ingeniería, impacto ambiental y viabilidad técnica ya hayan concluido. Esa circunstancia reduce considerablemente la incertidumbre asociada a los grandes proyectos de infraestructura y sitúa la iniciativa en condiciones de avanzar hacia su fase operativa una vez culminen los procedimientos institucionales previstos por los Estados participantes.
No obstante, el aspecto más significativo del acuerdo alcanzado en Freetown probablemente resida en su dimensión geopolítica. Durante años, numerosos proyectos de integración africana quedaron limitados por la ausencia de mecanismos efectivos de coordinación política entre los distintos gobiernos nacionales. En esta ocasión, la CEDEAO ha optado por convertir el gasoducto en una auténtica política regional, otorgándole una legitimidad que trasciende los ciclos políticos nacionales y fortalece su estabilidad a largo plazo.
Los analistas especializados coinciden en que ese cambio institucional constituye uno de los principales activos del proyecto. La firma del acuerdo por los propios jefes de Estado —y no únicamente por ministros sectoriales o responsables técnicos— implica un grado de compromiso político mucho más elevado. En términos diplomáticos, supone que la infraestructura pasa a formar parte de la agenda estratégica de integración del África occidental y deja de depender exclusivamente de la voluntad de dos gobiernos promotores.
Uno de los aspectos más llamativos de la evolución del Gasoducto Africano Atlántico reside en la manera en que Marruecos ha conseguido transformar una propuesta bilateral en un proyecto asumido por la principal organización de integración regional del África occidental. Cuando el rey Mohammed VI y el entonces presidente nigeriano Muhammadu Buhari impulsaron la iniciativa durante la visita del monarca marroquí a Abuya en 2016, pocos analistas imaginaban que una década después el proyecto sería respaldado institucionalmente por el conjunto de la CEDEAO.
Esa evolución no fue fruto de una única negociación, sino de una estrategia diplomática sostenida en el tiempo. Desde los primeros acuerdos de cooperación entre la Oficina Nacional de Hidrocarburos y Minas de Marruecos (ONHYM) y la Nigerian National Petroleum Company (NNPC), Rabat apostó por presentar el gasoducto no como una infraestructura destinada exclusivamente a exportar gas hacia Europa, sino como un instrumento para acelerar la industrialización africana y fortalecer la integración regional. Esa narrativa permitió incorporar progresivamente a otros gobiernos del África occidental, que comenzaron a percibir el proyecto como una oportunidad para resolver déficits estructurales de acceso a la energía y atraer inversiones industriales.
La continuidad política del proyecto constituye otro de los elementos que explican su consolidación. Tras el fallecimiento del expresidente Buhari, el nuevo mandatario nigeriano, Bola Ahmed Tinubu, decidió mantener el respaldo de Abuya a la iniciativa, garantizando que uno de los principales productores de gas del continente continuara comprometido con una obra concebida para modificar la geografía energética africana. Esa continuidad ha reducido considerablemente la incertidumbre política que suele acompañar a los grandes proyectos transnacionales de infraestructura.
La diplomacia marroquí también ha procurado insertar el gasoducto dentro de una visión más amplia de cooperación continental. La iniciativa ha sido vinculada con otros proyectos promovidos por Rabat para reforzar la conectividad atlántica africana, entre ellos la denominada Iniciativa Atlántica destinada a facilitar el acceso al océano de varios países del Sahel mediante infraestructuras logísticas marroquíes. Desde esa perspectiva, el gasoducto deja de ser únicamente un conducto para transportar hidrocarburos y pasa a integrarse en una estrategia orientada a fortalecer las cadenas regionales de suministro, el comercio y la industrialización.
La propia directora general de la ONHYM, Amina Benkhadra, ha defendido reiteradamente esa interpretación. A su juicio, la infraestructura “encarna la ambición compartida de África de construir un continente más integrado, industrializado y próspero”, al tiempo que contribuirá a mejorar la seguridad energética, crear oportunidades económicas y favorecer un crecimiento sostenible. Su planteamiento refleja una visión ampliamente compartida por numerosos responsables africanos, que consideran el acceso estable a la energía como una condición indispensable para reducir la dependencia de las exportaciones de materias primas y avanzar hacia economías con mayor valor añadido.
El respaldo político recibido en Freetown ilustra esa convergencia de intereses. El presidente de Liberia, Joseph Boakai, calificó el proyecto como una “inversión transformadora” para el futuro colectivo de África occidental, mientras que el ministro de Asuntos Exteriores de Ghana, Samuel Okudzeto Ablakwa, sostuvo que ninguna estrategia de industrialización puede prosperar sin inversiones masivas en infraestructuras energéticas. En términos similares se pronunciaron representantes de Sierra Leona, Gambia y la propia Comisión de la CEDEAO, que coincidieron en presentar el gasoducto como un instrumento para fortalecer la cohesión regional y mejorar la competitividad de las economías africanas.
No obstante, el alcance del proyecto trasciende el ámbito africano. Para Europa, inmersa desde hace varios años en un proceso de diversificación de sus fuentes de abastecimiento energético, la futura conexión del gasoducto con el sistema Magreb-Europa podría abrir una nueva vía de suministro procedente del África subsahariana. Aunque los primeros flujos comerciales todavía tardarán varios años en materializarse, la infraestructura incrementa las opciones estratégicas del mercado europeo y refuerza la posición de Marruecos como nodo energético entre ambos continentes.
El proyecto también presenta una importante dimensión financiera. Su coste estimado ronda los 25.000 millones de dólares y requerirá una compleja combinación de recursos públicos, capital privado e instituciones multilaterales. Nigeria ha comprometido una participación significativa a través de la NNPC, mientras que diversas entidades internacionales, entre ellas el Banco Islámico de Desarrollo, el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional, el Banco Europeo de Inversiones y financiadores del Golfo, han participado en distintas fases de los estudios preliminares o han manifestado interés en la financiación futura. Esa diversidad de actores reduce el riesgo de dependencia respecto de un único financiador y dota al proyecto de una base económica potencialmente más sólida.
Pese al optimismo mostrado durante la cumbre de Freetown, numerosos especialistas recuerdan que el verdadero desafío comienza ahora. La construcción de casi siete mil kilómetros de infraestructura a través de múltiples jurisdicciones exigirá una coordinación política inédita, elevados estándares de seguridad y una movilización financiera sostenida durante varios años. Las zonas marítimas del golfo de Guinea, afectadas periódicamente por fenómenos de piratería y delincuencia organizada, plantean además desafíos adicionales para la futura protección del gasoducto. A ello se suma la necesidad de mantener la cohesión política entre los Estados participantes durante un proceso de ejecución que previsiblemente se prolongará más de una década.
Los observadores también subrayan que el éxito definitivo dependerá menos de las declaraciones políticas que de la capacidad para materializar los compromisos adquiridos. La creación efectiva de la sociedad gestora en Casablanca, el establecimiento de la Autoridad Superior del Gasoducto en Abuja, la captación de inversiones y la adopción de la Decisión Final de Inversión constituirán los verdaderos indicadores del avance del proyecto durante los próximos años.
Desde una perspectiva geopolítica, la adhesión de la CEDEAO representa asimismo una victoria diplomática para Marruecos. Sin formar parte de la organización regional, Rabat ha logrado situarse en el centro de uno de los mayores proyectos de integración económica impulsados por África occidental. Ese resultado confirma la capacidad de la diplomacia marroquí para desarrollar alianzas sectoriales con los países de la región mediante instrumentos económicos y energéticos, incluso al margen de su todavía pendiente solicitud de adhesión a la propia CEDEAO.
En última instancia, el Gasoducto Africano Atlántico simboliza una transformación más profunda que la simple construcción de una infraestructura energética. La decisión adoptada en Freetown pone de manifiesto que una parte creciente de África occidental aspira a convertir la integración económica en un mecanismo de desarrollo estructural, sustentado en grandes proyectos regionales capaces de superar las limitaciones de los mercados nacionales. Si esa ambición logra traducirse en obras concretas, el gasoducto podría convertirse en uno de los principales hitos de la cooperación africana del siglo XXI. Si, por el contrario, las dificultades financieras, técnicas o políticas retrasan su ejecución, la iniciativa correrá el riesgo de engrosar la larga lista de megaproyectos concebidos para transformar el continente que nunca llegaron a materializar plenamente. Por ahora, la firma del Acuerdo Intergubernamental por los Estados miembros de la CEDEAO constituye, al menos, el paso institucional más sólido dado hasta la fecha para acercar esa ambición a la realidad.
