Buenos Aires – 23 Julio 2026 – Total News Agency – TNA-. El ex titular de ARSAT y del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos —ORSNA—, Facundo Leal, obtuvo el arresto domiciliario después de permanecer dos meses detenido, pese a estar procesado en una causa por drogas y bajo investigación en expedientes de presunta corrupción que incluyen contrataciones estatales, posibles sobornos y el hallazgo de más de 2,5 millones de dólares cuyo origen todavía no explicó ante la Justicia.
La decisión fue adoptada por el juez federal Sergio Ramos, subrogante del Juzgado Federal N.º 6, con dictamen favorable del fiscal Guillermo Marijuan. Leal deberá permanecer en un domicilio de la ciudad de Buenos Aires, sometido a vigilancia electrónica y con su pareja, Julieta Griffa Berro, como garante. Sólo podrá salir por una urgencia médica o para concurrir a turnos previamente autorizados por el tribunal.
La resolución provoca interrogantes difíciles de soslayar. La propia defensa pidió la domiciliaria vinculándola con un tratamiento interdisciplinario por consumo problemático, mientras que el Cuerpo Médico Forense habría constatado un cuadro de dependencia y recomendado asistencia especializada. Es decir, el argumento que facilitó su regreso a una vivienda particular es, al mismo tiempo, el que obliga a preguntarse cómo se controlará efectivamente que no vuelva a acceder a estupefacientes.
La prisión domiciliaria no equivale a una libertad plena y el monitoreo electrónico permite controlar desplazamientos, pero una pulsera no detecta el ingreso de drogas, dinero, teléfonos, documentación o visitantes al inmueble. Tampoco reemplaza un dispositivo médico permanente ni una estructura profesional de rehabilitación.
Una garante frente a un problema que exige especialistas
La pareja de Leal quedó constituida como garante del cumplimiento de la medida. Sin embargo, la dependencia de sustancias es un cuadro complejo que difícilmente pueda quedar sujeto principalmente a la capacidad de contención de una persona del entorno afectivo.
No existe información pública que permita cuestionar la buena fe de Griffa Berro ni afirmar que facilitará incumplimientos. El punto es otro: trasladar a una pareja la responsabilidad cotidiana de vigilar a una persona diagnosticada con dependencia puede resultar insuficiente si no existe un tratamiento intensivo, controles toxicológicos, supervisión profesional y restricciones estrictas sobre quienes accedan al domicilio. Hay miles de procesados por diferentes delitos que son adictos y no obtienen estos beneficios, por lo que resulta más curiosa, aún
La decisión judicial debería precisar, además del uso de una pulsera electrónica, qué institución estará a cargo del tratamiento, con qué frecuencia se realizarán las evaluaciones médicas, si habrá análisis sorpresivos y cómo se verificará que no ingresen sustancias prohibidas.
La paradoja resulta evidente: Leal fue enviado al mismo tipo de ámbito privado en el que, según la investigación, acumuló drogas, dinero en efectivo y equipamiento sensible. La Justicia no informó públicamente si el domicilio fijado para cumplir la medida es alguno de los allanados o una vivienda diferente.
Ketamina, MDMA, cocaína y dinero en efectivo
La causa por estupefacientes se originó después de los allanamientos realizados en propiedades vinculadas con el exfuncionario en Buenos Aires y Mendoza. En los procedimientos fueron secuestrados más de 2,5 millones de dólares, pesos argentinos, divisas extranjeras, cocaína, ketamina, MDMA, pastillas y otros elementos. Distintas publicaciones también informaron el hallazgo de dispositivos de grabación, detección y seguimiento considerados equipos de espionaje o vigilancia.
En el departamento de Palermo se encontraron, según la información incorporada al expediente, 128 gramos de ketamina, 164 gramos de cristal de MDMA, 72 pastillas de MDMA, 14 gramos de cocaína, un vapeador con cannabis y 15 cucharas. También se secuestraron unos 650.000 dólares en efectivo y monedas de seis países. El resto del dinero fue localizado en otras propiedades relacionadas con Leal.
La defensa sostuvo que las drogas estaban destinadas al consumo personal y presentó certificados médicos. Marijuan consideró que la imputación más severa aparecía debilitada porque, a su juicio, no se habían acreditado actos de comercialización ni una cantidad suficientemente significativa para mantener esa calificación.
Sin embargo, la variedad de sustancias, la cantidad de dosis, los elementos encontrados y el contexto patrimonial justifican que la investigación continúe con profundidad. La discusión judicial no debería reducirse a si Leal vendía drogas. También debe determinarse cómo las adquiría, quiénes eran sus proveedores, con qué frecuencia recibía sustancias y si alguno de esos contactos se relacionaba con las restantes actividades investigadas.
Calló ante la Justicia y no explicó los dólares
La concesión de la domiciliaria se produjo después de que Leal compareciera en la causa por presuntas irregularidades en ARSAT. El exfuncionario optó por presentar un escrito, negó haber intervenido en las contrataciones cuestionadas y evitó responder preguntas.
Tampoco aportó nombres de terceros, posibles intermediarios o responsables de los procedimientos bajo investigación. No explicó de manera satisfactoria el origen de los aproximadamente 2,5 millones de dólares encontrados en los allanamientos.
El silencio constituye un derecho constitucional de cualquier imputado y no puede interpretarse jurídicamente como prueba de culpabilidad. Pero desde el punto de vista institucional deja sin respuesta la pregunta central: cómo un exfuncionario de empresas y organismos públicos reunió semejante cantidad de dinero en efectivo y por qué la conservaba fuera del sistema bancario.
Informes periodísticos señalaron que su patrimonio declarado se habría multiplicado significativamente durante los últimos años. Esa evolución patrimonial, combinada con los fajos termosellados y la ausencia de una explicación verificable, pasó a ser uno de los ejes de la investigación.
Una causa que comenzó por un robo y derivó en presuntas coimas
El expediente de ARSAT comenzó a partir del robo de fibra óptica, cobre y otros materiales tecnológicos guardados en un predio de San Fernando. Al revisar las condiciones de almacenamiento y los contratos concedidos a la empresa encargada de la custodia, los investigadores detectaron posibles irregularidades en adjudicaciones directas y compulsas de precios.
La fiscalía investiga si la firma Argentina Logistic Services —ALS— fue beneficiada mediante procedimientos direccionados y si existieron pagos indebidos a funcionarios. La documentación, las comunicaciones interceptadas y los mensajes extraídos de teléfonos secuestrados habrían permitido reconstruir conversaciones sobre contrataciones, retornos y movimientos internos destinados a favorecer empresas.
Leal no es el único imputado. Otros exfuncionarios y empleados de las áreas comercial y de compras aportaron información, mientras los investigadores continúan examinando teléfonos, computadoras y documentos.
La causa posee además una dimensión política que atraviesa distintas administraciones. Leal fue designado en ARSAT durante el gobierno de Alberto Fernández, permaneció en funciones con la llegada de Javier Milei y posteriormente fue nombrado al frente del ORSNA. Otros funcionarios investigados también conservaron o recibieron cargos durante la actual gestión.
El riesgo de fuga no desaparece por una pulsera
No existe hasta ahora una resolución pública que afirme que Leal preparaba una fuga ni hay pruebas conocidas de que alguna estructura política esté organizando su salida del país. Presentarlo como un hecho consumado sería incorrecto.
Pero la Justicia sí debe evaluar un escenario objetivo: se trata de una persona investigada en expedientes de corrupción estatal, con vínculos acumulados durante años dentro de organismos estratégicos, importantes recursos económicos y conocimiento sobre contrataciones, empresas y funcionarios.
Una pulsera electrónica puede emitir una alarma cuando la persona abandona el perímetro autorizado. No impide que reciba asistencia externa, documentación, comunicaciones clandestinas o recursos. Tampoco garantiza una reacción inmediata antes de que un incumplimiento produzca consecuencias irreversibles.
El volumen del dinero secuestrado obliga a extremar los recaudos. Incluso aunque esos fondos permanezcan incautados, la investigación todavía debe determinar si existen otras cuentas, activos, sociedades, testaferros o recursos no detectados.
Por ese motivo, la prisión domiciliaria debería estar acompañada por una prohibición rigurosa de comunicaciones no autorizadas, control de visitas, retención de pasaporte, alerta migratoria, inhibición patrimonial y supervisión judicial constante. No se informó públicamente el detalle completo de todas las restricciones impuestas.
El temor a que hable y el peligro de que no lo haga
En ámbitos políticos y empresariales circula la inquietud sobre la información que Leal podría aportar si decidiera colaborar. Esa preocupación no puede presentarse como una constatación judicial ni como prueba de que determinados funcionarios intentarán silenciarlo o facilitarle una fuga.
Sin embargo, su trayectoria permite suponer que posee conocimiento sobre procedimientos internos, contratistas, cuadros administrativos y decisiones adoptadas en ARSAT y el ORSNA. Esa información podría ser relevante para establecer responsabilidades superiores o descartar sospechas.
Hasta ahora eligió no dar nombres. Quienes sí habrían aportado datos fueron otros imputados, testigos y exintegrantes de las áreas de compras y gerencias, cuyas declaraciones se complementan con el contenido de los dispositivos electrónicos secuestrados.
Ese silencio puede beneficiar transitoriamente a quienes teman quedar involucrados. También incrementa la necesidad de preservar pruebas, evitar contactos indebidos y garantizar que el imputado permanezca a disposición de los tribunales.
Tres expedientes y una medida difícil de explicar
Leal está involucrado en tres investigaciones: la causa por estupefacientes; el expediente sobre presuntas coimas y contrataciones irregulares en ARSAT; y una denuncia relacionada con su gestión en el ORSNA, donde se analizan posibles desplazamientos de personal, concentración de obras y procedimientos administrativos direccionados.
La prisión domiciliaria fue concedida únicamente dentro del expediente por drogas y no implica su desvinculación de las demás causas. Tampoco supone una declaración de inocencia.
La decisión puede tener fundamento humanitario y médico, especialmente si el Servicio Penitenciario Federal no dispone de un programa adecuado para tratar su dependencia. Pero esa falencia estatal no debería traducirse en una custodia debilitada sobre un imputado que concentra dinero sin justificar, drogas, contactos políticos y conocimiento sensible sobre contrataciones públicas.
La alternativa razonable no era necesariamente mantenerlo sin tratamiento dentro de una dependencia policial. La Justicia podía disponer su alojamiento en una institución médica cerrada o bajo un régimen especializado que combinara rehabilitación, seguridad y control judicial.
