Por Sandra Mossayebeh.
La disputa por el hemisferio no enfrenta poderes equivalentes. Estados Unidos continúa siendo su centro político, económico, militar y tecnológico, además de la única potencia capaz de sostener un orden regional basado en libertades democráticas. Precisamente por eso, sus adversarios evitan la confrontación directa. Avanzan cuando intereses externos encuentran organizaciones, gobiernos o mercados dispuestos a traducirlos como causas propias. Entonces la influencia se confunde con solidaridad, inversión o modernización.
El documento “Cuba: La capital del comunismo del siglo XXI“[1] publicado el 20 de julio por el Departamento de Estado presenta a Cuba como un centro de articulación del comunismo contemporáneo. Su argumento fundamental no reside en la retórica, sino en la descripción de una infraestructura política construida dentro de Estados Unidos por el castro-comunismo. Según el mismo, La Habana, vincula la defensa del régimen con movilizaciones progresistas ya activas. Así intenta convertir la apertura democrática estadounidense en un instrumento contra la propia política exterior del país.
El llamado Plan Nacional de Respuesta Rápida permite observar ese mecanismo. No se trata de un programa oficial del Gobierno cubano, sino de una guía de movilización aprobada y difundida por la National Network on Cuba. Esta coalición estadounidense reúne organizaciones solidarias con la isla y prevé acciones coordinadas dentro de las veinticuatro horas posteriores a una escalada militar por parte de los EEUU. El plan propone protestas ante edificios federales, bases, centros de reclutamiento y oficinas migratorias. La elección de estas últimas busca vincular la defensa del régimen cubano con las campañas contra las deportaciones y aprovechar una estructura de activismo previamente movilizada.
La red dispone de organizaciones afiliadas, materiales de campaña, mecanismos de comunicación y criterios para identificar aliados. Su objetivo declarado consiste en elevar el costo político y material de una eventual acción estadounidense. Esa capacidad de coordinación no debe ser minimizada. Sin embargo, el plan demuestra una convergencia organizada, no una cadena de mando dirigida desde La Habana. Confundir ambos niveles debilitaría el análisis.
La relación de la Revolución cubana con la izquierda estadounidense posee una historia más extensa. La Habana cultivó, entre otros, vínculos con dirigentes afroamericanos y presentó la lucha racial como parte de una confrontación común contra el imperialismo. El asilo concedido a miembros de los Black Panthers y a Assata Shakur (Joanne Chesimard) en 1984, tras su fuga de prisión, ayudaron al régimen castrista a construir símbolos transnacionales anticoloniales. Esa genealogía todavía circula en sectores militantes (Este choque geopolítico persistió hasta los últimos días de la activista; tras la muerte de Assata Shakur en La Habana a finales de 2025, las autoridades de estados como el de Nueva Jersey lamentaron públicamente que falleciera en el exilio sin rendir cuentas ante la justicia norteamericana).
En el presente, Democratic Socialists of America participa en campañas de solidaridad con Cuba. CODEPINK, una organización feminista y antimilitarista estadounidense, promueve el levantamiento de las sanciones contra la isla. El National Lawyers Guild, una asociación progresista de abogados y activistas jurídicos, respalda causas similares desde el campo legal. Estas actuaciones revelan una profunda afinidad ideológica, cooperación pública y capacidad de movilización. No prueban por sí mismas que esas organizaciones son dirigidas por La Habana. Mucho menos permiten atribuir al régimen cubano el control de Black Lives Matter, las universidades o el ala izquierda del Partido Demócrata.
La influencia cubana no necesita controlar cada organización. Les basta con insertar sus intereses en lenguajes dotados de legitimidad social y encontrar intermediarios dispuestos a reproducirlos por convicción. Washington debe investigar esas operaciones sin renunciar a las libertades que fundan su superioridad política. La fortaleza estadounidense reside en defender el pluralismo y, al mismo tiempo, impedir que un régimen extranjero lo utilice como cobertura.
En este sentido, Nicaragua expone otra modalidad de avance. Allí la influencia extranjera no se articula principalmente mediante movimientos sociales, sino a través de una estructura autoritaria necesitada de divisas y protección externa. Estados Unidos sancionó en 2022 a Eniminas, la empresa minera estatal utilizada para canalizar los ingresos del oro hacia el régimen. Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, respondieron reorientando sus alianzas internacionales, flexibilizando los controles y abriendo el territorio al capital chino.
A partir de entonces, el restablecimiento de las relaciones con Beijing en 2021 y la entrada en vigor del tratado de libre comercio en 2024 aceleraron esa transformación. Hasta junio de 2026, veintidós empresas chinas habían recibido ochenta y cuatro concesiones sobre más de 1,2 millones de hectáreas. Esa superficie representa cerca del diez por ciento del territorio nicaragüense e incluye territorios indígenas y afrodescendientes, reservas naturales, ríos y áreas de subsistencia comunitaria.
En ese entramado, el oro proporciona al régimen un flujo extraordinario de dólares. Las exportaciones mineras alcanzaron niveles récord durante 2025, mientras el mercado estadounidense continuó absorbiendo una parte significativa del metal. Esta paradoja no invalida las sanciones, pero demuestra la necesidad de perfeccionarlas. Washington conserva la capacidad financiera para cerrar esos circuitos y debe ejercerla antes de que Beijing amplíe su control sobre un sector estratégico.
El problema, sin embargo, no se limita al flujo de divisas. Aunque las empresas chinas no adquieren soberanía jurídica sobre las áreas concedidas, pueden acumular una forma de soberanía práctica. Esta surge cuando el financiamiento, la maquinaria, la extracción, la tecnología y la comercialización quedan integrados en un circuito opaco y difícil de supervisar. En esas condiciones, la concesión deja de ser un contrato ordinario y puede transformarse en un enclave económico sostenido por la dependencia política del régimen.
A partir de esta concentración territorial surge una hipótesis adicional. Las concesiones podrían funcionar como entornos controlados para desplegar y probar tecnologías chinas lejos de una supervisión independiente. La posibilidad merece atención, aunque ninguna fuente pública confirma actualmente el uso de robots humanoides en las minas nicaragüenses. Presentarla como un hecho debilitaría el análisis. El riesgo verificable reside en las condiciones políticas y económicas que podrían facilitar una futura dependencia tecnológica.
Tal posibilidad adquiere relevancia ante la expansión de la industria robótica china, que envió más de trece mil unidades humanoides durante 2025 y necesita ampliar sus aplicaciones comerciales. Estos sistemas integran sensores, conexión remota, inteligencia artificial y aprendizaje sobre entornos físicos. RynnBrain muestra el desarrollo de modelos diseñados para la inteligencia incorporada, mientras DeepSeek refleja la expansión de sistemas chinos abiertos y de bajo costo. Ninguna evidencia permite vincular hoy esas tecnologías con Nicaragua. Sin embargo, ambas confirman que la competencia estratégica ya no se limita al hardware, sino que incluye el control del software, los datos y la autonomía operativa.
Cuando un mismo proveedor controla la máquina, las actualizaciones y el flujo de información, la dependencia tecnológica adquiere consecuencias estratégicas. Puede facilitar el acceso remoto, la captura de datos industriales, la interrupción operativa y el conocimiento de infraestructura crítica. Una mina automatizada no solo extrae minerales, sino que también puede producir información sobre el territorio, los recursos y las redes logísticas. De allí que el riesgo estratégico no resida en la nacionalidad de la tecnología, sino en la concentración de capacidades sin auditorías independientes.
La integración de inteligencia artificial en sistemas autónomos agrega una dimensión aún más sensible. Los modelos avanzados pueden acelerar descubrimientos médicos y orientar experimentos, pero también reducir las barreras técnicas para desarrollar amenazas biológicas. El Instituto de Seguridad de Inteligencia Artificial del Reino Unido estudia ese riesgo en sistemas de frontera. OpenAI reconoce igualmente que futuros modelos podrían proporcionar asistencia relevante a personas con conocimientos limitados si no se aplican salvaguardas adecuadas.
Reconocer el carácter de doble uso de la inteligencia artificial no convierte a un robot chino en un instrumento de bioterrorismo. La amenaza adquiere consistencia cuando modelos de propósito general se integran en máquinas capaces de actuar sobre el mundo físico. En ese punto, la política industrial comienza a converger con la ciberseguridad, la bioseguridad y la defensa. El control del acceso, las actualizaciones y los datos se transforma, por lo tanto, en una cuestión estratégica.
Los casos analizados no revelan una maquinaria única, sino mecanismos diferentes de proyección de poder. La Habana transforma afinidades ideológicas en presión política. El régimen de Ortega convierte territorio y oro en recursos para prolongar su dominio. Beijing aprovecha esa apertura para ampliar su influencia económica, tecnológica y estratégica. Ninguno ofrece un orden comparable con el estadounidense. El denominador común aparece donde la ausencia de liderazgo permite sustituir reglas democráticas por relaciones de dependencia.
Preservar la primacía estadounidense exige algo más que declaraciones. Washington debe distinguir el activismo legítimo de la coordinación extranjera, cerrar los circuitos financieros del autoritarismo y excluir tecnologías inseguras de la infraestructura crítica. También necesita ofrecer inversiones transparentes, acceso a mercados y protección regional. Estados Unidos no debe competir como un actor más, sino que es prioritario que fije las condiciones del orden hemisférico.
La alternativa al liderazgo estadounidense no es un hemisferio más soberano, sino una región expuesta a regímenes que rechazan la prensa libre, la rendición de cuentas y los controles independientes, y que, además, ejercen una autocracia que vulnera las libertades individuales de sus ciudadanos. Frente a esta disputa esencial de valores democráticos, la neutralidad constituiría una renuncia estratégica; por ello, Estados Unidos debe ejercer decididamente —tal como está sucediendo bajo esta última Administración— su orientación político-económica, convirtiéndose en la vía de salida idónea para cerrarle el paso a la consolidación de modelos autoritarios locales y a la creciente injerencia de potencias globales opuestas a la libertad y a la democracia en el hemisferio.
[1] (https://www.state.gov/translations/spanish/cuba-la-capital-del-comunismo-en-el-siglo-xxi)
