Por RR
Buenos Aires – 25 Julio 2026 – Total News Agency – TNA-. Una inspección impositiva, una investigación judicial y una tardía pesquisa interna desataron una de las crisis más graves de los últimos años dentro del Sindicato de Camioneros, cuya conducción expulsó a Claudio Balazic, histórico hombre de confianza de Hugo Moyano, por su presunta participación en un fraude cercano a los 10 millones de dólares cometido mediante sobreprecios, compras desmesuradas y negocios privados montados con recursos del hotel sindical de Mar del Plata.
La remoción fue aprobada por unanimidad durante una asamblea extraordinaria convocada por Moyano en el hotel Intersur, en el barrio porteño de San Telmo. Aunque Balazic ya había sido apartado meses atrás de la Secretaría Administrativa, la reunión formalizó la revocación de su mandato y lo expulsó definitivamente de la conducción de la organización.
La decisión llegó cuando la causa penal que tramita ante la Unidad Funcional de Instrucción N.º 10 de Delitos Económicos de Mar del Plata, a cargo del fiscal Carlos David Bruna, comenzó a profundizar la pericia contable y a analizar documentación, testimonios y soportes informáticos secuestrados en el Hotel 15 de Diciembre, ubicado en la calle Santa Fe 2373. La investigación busca determinar si existió una maniobra sistemática de desvío de fondos mediante precios inflados, facturas atribuidas a proveedores sin capacidad operativa y contrataciones ficticias o sobredimensionadas.
Los principales imputados son Balazic y el ex tesorero Paulo Villegas, ambos desplazados de sus cargos después de que estallara el escándalo. También aparecen bajo investigación el ex gerente del hotel, el chef, un contador y al menos dos proveedores vinculados con las compras cuestionadas. La Justicia no descartó que la causa alcance a otros dirigentes si la pericia demuestra que las irregularidades eran conocidas, autorizadas o toleradas por niveles superiores de la estructura sindical.
Durante la asamblea, Moyano reconoció que el origen del caso fue una inspección de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero —ARCA—, la ex AFIP, que detectó gastos desproporcionados en el hotel. El jefe camionero aseguró que desde hacía tiempo la conducción advertía que “la plata no alcanzaba” y que las erogaciones resultaban “incalculables”. Curiosamente, el tiempo pasaba y Moyano no actuaba.
La explicación abrió una contradicción difícil de ignorar. Si los números del establecimiento ya resultaban manifiestamente inexplicables, no queda claro por qué la investigación interna comenzó recién después de la intervención de ARCA. La secuencia conocida indica que primero apareció la inspección fiscal, luego se impulsó la denuncia judicial y sólo entonces el sindicato desplegó sus mecanismos disciplinarios.
El episodio adquirió una dimensión adicional cuando cuatro funcionarios de ARCA vinculados con la investigación fueron desplazados de sus cargos en Mar del Plata. Dos de ellos habían intervenido en la pesquisa sobre presuntos proveedores apócrifos y facturas utilizadas por el hotel sindical. El organismo no atribuyó públicamente los cambios a una presión externa, pero los movimientos generaron interrogantes sobre la continuidad del trabajo fiscal que había encendido las alarmas dentro de Camioneros.
Moyano intentó desligarse de la administración cotidiana y sostuvo que el control de los gastos correspondía al tesorero, al secretario Administrativo y al secretario de Turismo. Esa defensa deposita la responsabilidad formal sobre los funcionarios removidos, pero no despeja las dudas acerca de cómo pudo funcionar durante años una estructura de gastos millonarios sin que el máximo conductor del gremio recibiera informes, balances o advertencias precisas.
Fuentes sindicales consultadas por Total News Agency —TNA— sostuvieron que dentro de Camioneros las decisiones relevantes difícilmente se adoptan sin conocimiento de Hugo Moyano o de su entorno familiar más cercano, que responde en buena medida a su esposa, Liliana Esther Zulet que tiene el manejo central de las empresas de Camioneros, lo que aleja la imagen de una conducción completamente ajena al manejo de uno de sus establecimientos patrimoniales más importantes.
Zulet es considerada una figura central en la administración del entramado económico que rodea al sindicato y a su obra social. Informes recientes la ubican al frente o bajo el paraguas de influencia de sociedades que reciben contratos, administran prestaciones y realizan obras para entidades controladas por los Moyano. Entre las compañías identificadas aparecen Iarai S.A., dedicada a prestaciones médicas y al gerenciamiento de OSCHOCA; Aconra S.A., vinculada con la construcción; y Dixey S.A., dedicada a textiles, ropa de trabajo y talleres de confección.
En los directorios y estructuras societarias figuran también los hijos que Zulet tuvo en relaciones anteriores, Valeria Alejandra Salerno y Juan Manuel Noriega Zulet. Iarai aparece como la empresa más estrechamente vinculada con la obra social, mientras Aconra realizó obras para instalaciones médicas y sindicales y Dixey fue relacionada con la provisión de indumentaria.
Al conglomerado se suma Caminos Protegidos ART, una aseguradora de riesgos del trabajo en la que Pablo Moyano aparece vinculado como vicepresidente. La empresa no depende exclusivamente de Zulet, pero integra el mismo universo comercial y familiar que se desarrolló alrededor de Camioneros. También se mencionó a la compañía de seguridad Las Marías como parte del entramado empresario atribuido al entorno de los Moyano, aunque la documentación pública disponible no permite establecer el mismo grado de control directo que existe sobre Iarai, Aconra y Dixey.
La legisladora porteña Graciela Ocaña anunció que pediría a la Inspección General de Justicia información sobre seis empresas vinculadas con Zulet, en momentos en que la obra social atravesaba recortes de medicamentos, deudas con prestadores y dificultades para pagar salarios. La presentación apunta a determinar por qué las sociedades del entorno familiar mantuvieron su patrimonio mientras OSCHOCA acumulaba una deuda estimada en al menos $32.400 millones en el interior y hasta $60.000 millones si se incorporaban las obligaciones correspondientes a Buenos Aires.
La relación comercial entre el sindicato, la obra social y las empresas de la familia ya había sido objeto de investigaciones judiciales. Una causa federal iniciada a partir de denuncias de Ocaña y posteriormente ampliada con informes de la Unidad de Información Financiera —UIF— investigó transferencias y operaciones sospechosas entre Camioneros, OSCHOCA, Iarai, Aconra y Dixey. La hipótesis examinada era que una parte de los fondos que salían del gremio y de la obra social retornaba al grupo familiar mediante sociedades dirigidas por Zulet, sus hijos y otros allegados.
Los reportes incorporados a ese expediente mencionaban operaciones por más de $570 millones de la época y una supuesta ingeniería empresarial construida alrededor de compañías que tenían al sindicato o a la obra social como clientes principales. La causa figura actualmente como inactiva en los registros públicos consultados, por lo que no corresponde presentarla como una investigación penal vigente ni como una condena contra Moyano o Zulet.
Otra investigación histórica examinó presuntas irregularidades en el cobro de reintegros por medicamentos oncológicos y tratamientos de alto costo. El expediente alcanzó a la obra social de Camioneros y analizó troqueles, facturación y solicitudes de subsidios. Tampoco derivó en una condena firme contra Hugo Moyano o su esposa, aunque permaneció durante años como uno de los principales antecedentes judiciales sobre el manejo de la caja sanitaria del gremio, Moyano mantiene una estrecha relación con Hector Recalde de fuerte influencia en los tribunales.
La crisis actual de OSCHOCA reactivó esos antecedentes. La obra social dejó de aplicar descuentos en medicamentos incluso para tratamientos crónicos, acumuló reclamos de afiliados y sufrió protestas por atrasos salariales en sanatorios de Avellaneda, San Justo, Villa Martelli y en el Sanatorio Antártida, ubicado en Caballito. Pese a ese deterioro, Camioneros recibe mensualmente alrededor de $4.750 millones mediante una contribución patronal acordada en paritarias para sostener las prestaciones médicas.
En abril se conocieron además transferencias por unos $900 millones realizadas en doce días desde cuentas del sindicato y de OSCHOCA hacia tres fideicomisos vinculados con Zulet. Los movimientos se produjeron en septiembre de 2025, cuando ya comenzaba a plantearse una posible convocatoria de acreedores de la obra social. La existencia de esas operaciones no prueba por sí sola una ilegalidad, pero obliga a determinar su finalidad, los beneficiarios finales y la contraprestación recibida.
El Hotel 15 de Diciembre es un edificio de doce pisos inaugurado en 2006 por Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Permanece cerrado por obras de remodelación y durante años fue presentado como una de las principales prestaciones turísticas del sindicato para sus afiliados.
Uno de los datos que más impactó durante la lectura del informe disciplinario fue la compra anual de aproximadamente 53.000 kilos de pescado. Moyano ironizó que con semejante volumen “todo Mar del Plata comía”, pero el dato vuelve a colocar bajo análisis la capacidad de control de una organización que administra aportes sindicales, hoteles, sanatorios, centros recreativos y estructuras empresariales de gran magnitud.
La Comisión de Disciplina indicó que el hotel adquiría alimentos, bebidas, textiles, electrodomésticos y otros insumos a precios muy superiores a los valores de mercado. Algunos productos habrían registrado sobreprecios superiores al 100%, una diferencia que no puede explicarse por inflación, variaciones estacionales ni costos logísticos ordinarios.
El expediente interno también describió la presunta utilización de la cocina y del personal del hotel para organizar servicios privados de catering destinados a clubes, empresas y celebraciones particulares. Según la acusación, las viandas, degustaciones, cumpleaños y eventos se realizaban con alimentos, bebidas, vajilla, uniformes, vehículos y trabajadores pagados por el sindicato, mientras la facturación correspondiente no ingresaba en las cuentas del establecimiento.
Las horas extras de los empleados habrían sido abonadas con fondos sindicales, aunque los beneficios económicos de esas actividades quedaban fuera de la contabilidad del hotel. De comprobarse, no se trataría solamente de una mala administración, sino de un esquema mediante el cual una estructura financiada por los afiliados habría sido utilizada para producir ganancias privadas.
El informe agregó que determinadas habitaciones fueron modificadas para beneficio de los investigados. Una de ellas habría sido transformada en un living con sillones y un televisor de gran tamaño comprado por el hotel. Una empleada declaró que también se acondicionó una habitación especial para Balazic y su esposa durante sus viajes desde Buenos Aires.
La Comisión de Disciplina mencionó además regalos de alto valor supuestamente destinados al ex secretario Administrativo, entre ellos discos de vinilo de Queen, un tocadiscos, una lámpara y comidas acompañadas por vinos premium. Ninguno de esos elementos prueba por sí solo la existencia del fraude investigado, pero forma parte del cuadro de beneficios personales que el sindicato atribuyó al dirigente expulsado.
Balazic ocupó durante años posiciones de extrema confianza. Además de desempeñarse como secretario Administrativo de Camioneros, fue secretario general de futsal durante la presidencia de Moyano en el club Independiente. Su caída no afecta, por lo tanto, a un funcionario secundario, sino a un dirigente que integró el núcleo de conducción y conocía el funcionamiento interno de la organización.
El informe sindical concluyó que incumplió sus obligaciones estatutarias al no supervisar el funcionamiento del hotel ni informar irregularidades al Consejo Directivo. Al menos cinco testigos lo señalaron como responsable del área administrativa y sostuvieron que tenía la obligación de intervenir ante los desvíos.
La expulsión unánime buscó exhibir disciplina interna, pero la asamblea también mostró señales de fractura. Pablo Moyano no participó del encuentro y dirigentes de peso como Omar “Manguera” Pérez y Marcelo “Feúcho” Aparicio se ubicaron lejos del sector encabezado por Hugo Moyano.
La ausencia del hijo mayor del líder camionero alimentó interrogantes sobre su relación con Balazic y Villegas. Distintas versiones sindicales sostuvieron que ambos habían sido cercanos a Pablo Moyano y que su desplazamiento podía formar parte de la disputa por el control futuro del gremio. La causa judicial, sin embargo, todavía no estableció una vinculación penal de Pablo Moyano con las maniobras investigadas.
El nombre de Pablo Moyano ya había quedado involucrado en otra causa por una presunta asociación ilícita relacionada con la barra brava y la administración del club Independiente. Finalmente fue sobreseído por falta de elementos suficientes para vincularlo con los delitos investigados, por lo que ese expediente no puede presentarse como una acusación vigente.
Hugo Moyano también fue relacionado en distintas etapas con investigaciones sobre la empresa postal OCA, operaciones vinculadas con el club Independiente, presunto lavado de dinero y contrataciones entre el sindicato y sociedades de su entorno. Muchas de esas causas no derivaron en imputaciones firmes o concluyeron sin condena, un dato necesario para diferenciar los antecedentes políticos y judiciales del expediente actualmente activo por el hotel de Mar del Plata.
Poco después del apartamiento inicial de Balazic y Villegas aparecieron volantes frente a la sede sindical que acusaban a Marcelo Aparicio de haber participado también en irregularidades y de “robarle a Hugo”. El episodio mostró que el caso ya era utilizado dentro de la interna para comprometer a dirigentes alineados con distintas facciones.
La denuncia que dio origen al expediente judicial fue presentada en septiembre de 2025, aunque algunas publicaciones sitúan la formalización de determinados tramos en octubre. Desde entonces se tomaron declaraciones, se reunió documentación y comenzó una pericia contable cuya finalización podría demorarse hasta agosto.
El fiscal deberá determinar el monto real del perjuicio, porque los 10 millones de dólares constituyen hasta ahora una estimación sostenida por la denuncia y la investigación sindical. También deberá establecer quiénes autorizaron los pagos, qué proveedores recibieron los fondos, si existieron facturas falsas o adulteradas y dónde terminó el dinero.
La crisis dejó a Moyano en una posición incómoda. Si desconocía las maniobras, deberá explicar cómo fallaron durante tanto tiempo todos los controles internos de una organización centralizada. Si conocía que los gastos no cerraban, deberá aclarar por qué no actuó antes de la inspección de ARCA.
La Justicia comenzó a peritar las computadoras y los registros contables del hotel, una instancia que puede reconstruir órdenes de compra, transferencias, correos, autorizaciones y comunicaciones internas. Entre los elementos ya incorporados aparecen cheques firmados sin monto, facturas por decenas de millones bajo conceptos imprecisos y compras de vinos de alta gama.
Fuentes consultadas: Fiscalía de Delitos Económicos de Mar del Plata; Ministerio Público Fiscal; ARCA; Sindicato de Camioneros; Total News Agency; La Nación; Infobae; La Capital de Mar del Plata; InfoGremiales; Gestión Sindical; documentos de la UIF y fuentes sindicales y judiciales.
