Buenos Aires – 25 Julio 2026 – Total News Agency – TNA-. Las irregularidades detectadas durante una década en los balances de la Asociación del Fútbol Argentino —AFA— y de la desaparecida Superliga alcanzan más de 500 millones de dólares sin explicación contable suficiente, una cifra que se convirtió en el punto de partida de investigaciones judiciales en la Argentina y Estados Unidos sobre el manejo de los ingresos internacionales del fútbol.
El ex titular de la Inspección General de Justicia —IGJ—, Daniel Roque Vítolo, precisó que el organismo había identificado aproximadamente 111 millones de dólares sin respaldo claro en las cuentas de la AFA y otros 400 millones en la Superliga, una asociación civil vinculada institucionalmente con la entidad que conduce Claudio “Chiqui” Tapia. Según explicó, los pedidos de aclaraciones no recibieron respuestas satisfactorias.
Las cifras no significan todavía que la Justicia haya probado el robo o la apropiación de 511 millones de dólares. Se trata de ingresos, egresos, acreencias y movimientos contables que, de acuerdo con Vítolo, no fueron debidamente explicados o respaldados ante el organismo de control. La gravedad reside en que esas inconsistencias se extendieron durante varios ejercicios y coinciden con la aparición de circuitos financieros privados utilizados para administrar los negocios internacionales de la Selección argentina.
“Cuando le pedimos a la AFA que aclarara inconsistencias durante diez años, detectamos que había un conjunto de 111 millones de dólares no explicados en cuentas de la entidad y cerca de 400 millones no explicados en la Superliga”, sostuvo el ex funcionario en declaraciones a Radio Rivadavia. Vítolo comparó el origen del caso con el Fifagate, que también comenzó con inconsistencias financieras y terminó revelando una red internacional de sobornos, contratos direccionados y lavado de activos.
La IGJ ya había advertido en diciembre de 2025 que la AFA mantenía sin aprobar balances correspondientes a ocho ejercicios y que debía justificar gastos por 111 millones de dólares. La mudanza formal de la sede social desde la ciudad de Buenos Aires hacia la provincia no había liberado automáticamente a la entidad de la supervisión del organismo nacional, porque todavía debían completarse reformas estatutarias y procedimientos de inscripción.
A esa cifra se sumó una inconsistencia de 15 millones de dólares vinculada con partidos de la Selección. Según Vítolo, en el balance de 2024 figuraban ocho millones como cobrados y siete millones como una deuda que debía pagar un tercero, pero la AFA no habría aclarado quién era el deudor, qué encuentros originaron el ingreso ni bajo qué contrato se contabilizó.
La operatoria habría sido canalizada mediante TourProdEnter LLC, sociedad constituida en Florida y controlada por el empresario Javier Faroni y su esposa, Erica Gillette. La empresa fue designada por la AFA para representar sus asuntos económicos y comerciales fuera del país y quedó habilitada para recibir pagos de patrocinadores, derechos comerciales y partidos amistosos. Documentación bancaria difundida en la Argentina indica que por sus cuentas pasaron aproximadamente 260 millones de dólares, cifra que investigaciones posteriores elevaron a cerca de 300 millones.
El circuito resulta cuestionado porque una parte considerable de los ingresos internacionales no habría ingresado directamente en cuentas bancarias de la AFA, sino en las de una sociedad privada radicada en Estados Unidos. La investigación procura determinar qué porcentaje llegó finalmente a la entidad, cuánto fue descontado en concepto de comisiones, qué beneficiarios recibieron las transferencias y si la totalidad de los movimientos quedó reflejada en los balances argentinos.
TourProdEnter habría pactado una comisión del 30% sobre determinados contratos gestionados en el exterior. Tras recibir un giro millonario de Adidas, la sociedad adquirió en junio de 2024 un departamento de lujo en Miami por casi siete millones de dólares y posteriormente fijó allí su domicilio. La coincidencia temporal no prueba que la propiedad haya sido comprada con fondos desviados, pero convirtió la operación inmobiliaria en uno de los movimientos analizados.
La Justicia estadounidense y el FBI examinan transferencias realizadas mediante bancos de ese país, contratos comerciales y pagos efectuados por patrocinadores internacionales. Entre los movimientos mencionados en las investigaciones periodísticas aparecen unos 60 millones de dólares provenientes de Adidas y aproximadamente 40 millones de Warner, además de otros ingresos relacionados con la explotación comercial de la Selección.
La AFA negó que Tapia y el tesorero Pablo Toviggino hayan sido citados por tribunales estadounidenses, que les hayan confiscado bienes o que estén obligados a comparecer ante un gran jurado. La entidad reconoció, sin embargo, que un tercero recibió una citación judicial dentro de una investigación que podría requerir documentación relacionada con sus operaciones. El FBI no formuló comentarios públicos sobre las versiones.
La distinción es relevante. No existe confirmación oficial de que Tapia o Toviggino sean imputados en Estados Unidos, pero sí hay indicios de que fiscales federales investigan la estructura financiera utilizada por TourProdEnter y buscan acceder a contratos, registros bancarios y testimonios vinculados con los negocios internacionales de la AFA.
El interés estadounidense se explica porque las operaciones pasaron por bancos de ese país, la sociedad investigada está radicada en Florida y algunos de los contratos fueron pagados por empresas multinacionales. Esa combinación puede habilitar investigaciones por fraude bancario, lavado de activos, declaraciones falsas o utilización indebida del sistema financiero, aun cuando los hechos originales se hayan relacionado con una entidad argentina.
La pesquisa internacional se desarrolla mientras Tapia, Toviggino y la propia AFA enfrentan en la Argentina un procesamiento firme por la presunta retención indebida de impuestos y recursos de la seguridad social por más de 19.000 millones de pesos entre 2024 y 2025. La Cámara en lo Penal Económico confirmó las acusaciones, los embargos por 350 millones de pesos y las restricciones migratorias impuestas a los dirigentes.
La causa impositiva no investiga los 500 millones de dólares señalados por Vítolo ni la operatoria de TourProdEnter, pero muestra un patrón de cuestionamientos simultáneos sobre las obligaciones fiscales, la administración financiera y el control de los recursos de la entidad.
En el caso de Toviggino, la Cámara consideró relevante su responsabilidad estatutaria sobre el área económico-financiera y su presunta intervención en la decisión sobre qué obligaciones debían pagarse. También revocó los procesamientos de otros dirigentes al considerar que no existían elementos suficientes para atribuirles el mismo grado de responsabilidad.
Vítolo vinculó su desplazamiento de la IGJ con el enfrentamiento por las cuentas de la AFA. Relató que, tras la designación de Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia, recibió inicialmente señales de la Presidencia de que continuaría en el cargo, pero luego se le pidió la renuncia para que el nuevo funcionario pudiera designar un equipo propio.
Mahiques solicitó la salida de Vítolo el 6 de marzo y el Gobierno nombró en su reemplazo a Alejandro Horacio Ramírez mediante el Decreto 144/2026. El ex inspector había sido la cara visible de los reclamos por los balances y había solicitado avanzar con veedores dentro de la AFA.
Pese a la remoción, el Ministerio de Justicia convalidó inicialmente el avance de la designación de veedores. Vítolo cuestionó posteriormente la voluntad de Mahiques de profundizar la auditoría y señaló los vínculos previos del ministro con instituciones relacionadas con la AFA. Esa acusación constituye la opinión del ex funcionario y no una comprobación judicial sobre un intento de frenar las investigaciones.
El nuevo frente obliga a reconstruir la relación entre la AFA y la Superliga, entidad creada en 2016 para organizar la principal competencia profesional y disuelta en 2020. El monto de 400 millones de dólares mencionado por Vítolo podría comprender ingresos comerciales, contratos de televisión, transferencias entre asociaciones y obligaciones pendientes, pero hasta el momento no se difundió una auditoría integral que detalle cada asiento cuestionado.
La magnitud de las cifras exige además evitar una confusión frecuente: los 111 millones atribuidos a la AFA, los 400 millones de la Superliga, los 15 millones relacionados con partidos de la Selección y los aproximadamente 300 millones canalizados por TourProdEnter pueden pertenecer a circuitos parcialmente superpuestos. Sumarlos sin identificar cada período y operación podría duplicar movimientos y producir una cifra artificialmente inflada.
La investigación en Florida buscará los contratos comerciales internacionales de TourProdEnter, las instrucciones enviadas a patrocinadores para efectuar los pagos, los acuerdos de comisión, las transferencias posteriores y la identidad de los beneficiarios finales. También podrá establecer si los fondos que atravesaron Estados Unidos coinciden con los ingresos registrados por la AFA en sus balances o si existen diferencias adicionales.
Los peritos argentinos, por su parte, deberán reconstruir diez años de documentación contable, cruzar los libros de la AFA con los de la Superliga y cotejar la información con registros bancarios, contratos de patrocinio, derechos audiovisuales, partidos amistosos y pagos realizados desde el exterior.
Fuentes consultadas: Daniel Vítolo; Radio Rivadavia; Inspección General de Justicia; Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico; Justicia federal de Estados Unidos; Asociación del Fútbol Argentino; Reuters; Agencia Noticias Argentinas; Infobae; TN; La Nación; El País.
