Buenos Aires – 1 Agosto 2026 – Total News Agency – TNA-. El PRO anticipó que acompañará en el Congreso la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina impulsada por el presidente Javier Milei, aunque aguardará conocer y analizar la totalidad de la iniciativa antes de garantizar su respaldo a cada uno de los artículos.
“Hay que blindar al Banco Central del populismo”, señalaron desde el bloque de diputados del partido fundado por Mauricio Macri, donde la propuesta fue recibida favorablemente porque coincide con una posición histórica del espacio: impedir que la emisión monetaria sea utilizada para financiar de manera permanente el déficit fiscal.
El respaldo ofrece a La Libertad Avanza una primera base parlamentaria para avanzar con el proyecto, pero no resuelve la votación. La Casa Rosada necesitará sumar a radicales, legisladores provinciales y otros bloques dialoguistas para abrir el recinto y obtener luego la mayoría en el Senado.
“Desde el PRO estamos convencidos de que la Argentina no puede volver nunca más a la maquinita, al financiamiento del déficit con emisión, que fue la fábrica de pobreza e inflación más destructiva de las últimas décadas”, afirmaron fuentes parlamentarias del partido.
El bloque aclaró, sin embargo, que todavía debe revisar la letra chica. El apoyo corresponde a la orientación general de la reforma y no constituye un cheque en blanco para el Poder Ejecutivo, especialmente ante las modificaciones previstas para la designación y remoción de las autoridades monetarias.
Milei presentó el proyecto durante una cadena nacional de aproximadamente 15 minutos y lo definió como una de las reformas institucionales más importantes desde la creación del Banco Central, en 1935. La iniciativa propone que la misión excluyente de la entidad sea preservar el valor de la moneda y elimina otros objetivos incorporados durante la reforma promovida por el kirchnerismo en 2012.
La Carta Orgánica vigente establece que el Banco Central debe promover la estabilidad monetaria y financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social. Milei considera que esa multiplicidad de finalidades permite justificar políticas contradictorias y sostiene que una autoridad monetaria no puede cumplir simultáneamente objetivos que requieran medidas opuestas.
El proyecto prohíbe los adelantos transitorios y otras formas de asistencia al Tesoro nacional, las provincias y los municipios. También impide que el Banco Central compre títulos públicos en el mercado primario o entregue reservas a cambio de instrumentos emitidos por el Estado.
La prohibición alcanzaría, además, a mecanismos indirectos utilizados por diferentes administraciones para obtener recursos de la autoridad monetaria. El Gobierno pretende incorporar sanciones para los funcionarios que violen esas restricciones y Milei llegó a comparar la emisión destinada a financiar al fisco con una “estafa” contra la población.
La inflación acumulada durante décadas es el argumento central del oficialismo. La Casa Rosada sostiene que la emisión monetaria permitió a sucesivos gobiernos gastar sin aumentar impuestos explícitos, trasladando el costo a los ciudadanos mediante la pérdida del poder adquisitivo del peso.
La reforma kirchnerista de 2012 amplió las atribuciones del organismo, flexibilizó el uso de reservas y modificó los límites de asistencia al Tesoro. El gobierno de Milei busca revertir ese esquema y presentar la nueva Carta Orgánica como una garantía contra un eventual regreso de políticas fiscales expansivas.
La posición más significativa dentro del PRO fue expresada por el exministro de Hacienda Hernán Lacunza, quien mantiene frecuentes diferencias con la administración libertaria y cuestionó en otras oportunidades la política cambiaria y financiera del Gobierno.
“Lo felicito, presidente Milei. El proyecto del Banco Central es muy razonable. Por fin estamos de acuerdo: no había que cerrar el Banco Central, sino preservarlo de políticos insaciables. No había que dolarizar, sino construir una moneda propia creíble”, sostuvo Lacunza.
La frase constituyó un respaldo, pero también recordó una de las principales promesas abandonadas por Milei. Durante la campaña de 2023, el entonces candidato aseguraba que el Banco Central era “el peor del mundo”, proponía “dinamitarlo” y presentaba la dolarización como la única salida para impedir que la política volviera a emitir dinero.
Casi tres años después, el Presidente ya no plantea clausurar la entidad sino fortalecerla; tampoco propone reemplazar inmediatamente el peso por el dólar, sino reconstruir una moneda nacional que pueda conservar su valor. Esa evolución acerca al Gobierno a la posición que el PRO sostuvo durante la presidencia de Macri y que el propio Milei había descalificado.
Lacunza agregó que la prohibición de financiar al Gobierno con emisión confirma que el “reperfilamiento” de la deuda dispuesto en 2019 fue la mejor alternativa disponible ante la falta de recursos del Tesoro. Según su interpretación, emitir para evitar aquella reprogramación habría producido más inflación o una eventual hiperinflación.
El exministro aprovechó así el respaldo para reivindicar una de las decisiones más cuestionadas del final del gobierno macrista. El reperfilamiento postergó vencimientos de deuda de corto plazo y afectó la confianza de inversores, fondos y ahorristas, pero Lacunza sostiene que la alternativa habría sido recurrir a una emisión descontrolada o profundizar la pérdida de reservas.
Otro punto sensible es el nuevo régimen de autoridades. El proyecto pretende aumentar la estabilidad del presidente y los directores del Banco Central, y elevar las exigencias necesarias para desplazarlos. Milei afirmó que busca protegerlos de los “atropellos de la política” y evitar que cada cambio de gobierno implique automáticamente una sustitución de la conducción monetaria.
La Carta Orgánica vigente permite que el Poder Ejecutivo remueva a los integrantes del directorio por incumplimiento de sus disposiciones o por incurrir en las inhabilidades previstas, con intervención previa de una comisión bicameral del Congreso.
La propuesta oficial establecería mayores controles parlamentarios y requerimientos agravados para una remoción. De acuerdo con la información difundida por el Gobierno, el presidente y los directores solo podrían ser desplazados mediante un procedimiento que incluya un respaldo de dos tercios en ambas cámaras.
Esa exigencia podría otorgar una independencia considerable a las autoridades, pero también generará preguntas sobre la capacidad de un futuro gobierno para modificar una política monetaria ejecutada por funcionarios designados durante una administración anterior.
El caso de Santiago Bausili vuelve más delicada la discusión. El actual presidente del Banco Central fue nombrado en comisión por el Poder Ejecutivo y su pliego todavía no recibió acuerdo definitivo del Senado. El Gobierno pretende fortalecer la estabilidad del cargo mientras la autoridad que hoy lo ocupa continúa sin completar el procedimiento constitucional ordinario de designación.
La oposición podría exigir que el pliego de Bausili sea tratado antes o simultáneamente con la reforma. También podría reclamar que el nuevo mecanismo no sea utilizado para consolidar a funcionarios designados provisoriamente y dificultar su remoción durante una futura administración.
El denominado “blindaje” posee, además, un límite jurídico y político. La Carta Orgánica es una ley nacional y no tiene jerarquía constitucional. Una futura mayoría parlamentaria podría volver a modificarla, de manera que la protección dependerá tanto de la solidez técnica del texto como del consenso político que logre construir.
Para convertir la prohibición de emitir en una regla realmente difícil de revertir sería necesaria una norma de mayor jerarquía o una mayoría política dispuesta a conservarla. Milei busca que el costo público de votar nuevamente a favor de la asistencia monetaria sea tan elevado que ningún gobierno se atreva a restablecerla.
El oficialismo pretende llevar el proyecto al recinto de Diputados durante agosto y enviarlo rápidamente al Senado para que sea aprobado antes del debate del Presupuesto 2027. La Constitución obliga al Poder Ejecutivo a presentar el proyecto presupuestario antes del 15 de septiembre.
La estrategia legislativa será coordinada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y por las autoridades parlamentarias de La Libertad Avanza. En la Casa Rosada aseguran que no convocarán a sesión hasta contar con los votos necesarios, luego de varios episodios en los que el oficialismo sufrió dificultades para reunir quórum.
El PRO aportará una cantidad importante de diputados, aunque su acompañamiento no garantiza la aprobación completa. El partido podría introducir cambios en comisión, reclamar mayor precisión sobre las causales de remoción y limitar cualquier disposición que permita al Ejecutivo concentrar poder bajo el argumento de proteger la independencia del Banco Central.
También será necesario definir qué ocurrirá en situaciones excepcionales. Una prohibición absoluta podría restringir la capacidad estatal para reaccionar ante guerras, crisis financieras, pandemias o colapsos bancarios. El proyecto contempla excepciones acotadas, pero la oposición reclamará que se establezcan con claridad para impedir que se conviertan en una nueva puerta hacia el financiamiento discrecional.
El Gobierno acompaña la reforma monetaria con otros proyectos anunciados por Milei: el denominado “grillete fiscal”, cambios en el mercado de capitales y una liberalización del régimen de seguros. El mecanismo fiscal prevé paralizar áreas no esenciales del Estado cuando el presupuesto permanezca en déficit y el Congreso no restablezca el equilibrio dentro de determinados plazos.
El respaldo del PRO vuelve a colocar al partido en su papel de socio parlamentario del oficialismo, aunque intenta conservar una identidad propia frente al crecimiento de La Libertad Avanza. Macri necesita demostrar que su fuerza todavía resulta imprescindible para aprobar reformas y evitar que sus legisladores sean absorbidos políticamente por el espacio libertario.
Para Milei, el apoyo permite presentar la reforma como una política capaz de superar las fronteras partidarias. Para el PRO, ofrece la posibilidad de reivindicar una agenda institucional que promovió durante años y, al mismo tiempo, recordar que el Presidente terminó adoptando una solución muy distinta de la dolarización y el cierre del Banco Central que prometía en 2023.
