Cúcuta – 2 Agosto 2026 – Total News Agency – TNA-. Un atentado terrorista ejecutado con un vehículo cargado con explosivos contra el comando de la Policía Nacional en Cúcuta dejó al menos 14 heridos —11 uniformados y tres civiles—, tres de ellos de gravedad, cuando faltan apenas cinco días para la asunción del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, quien prometió abandonar la política de concesiones a las organizaciones armadas y recuperar por la fuerza el control de los territorios dominados por el narcotráfico.
El ataque ocurrió alrededor de las 3.30 de la madrugada del sábado en el barrio Tasajero, sobre la avenida Los Libertadores y junto al acceso al mercado mayorista Cenabastos, uno de los puntos de mayor movimiento comercial de la capital de Norte de Santander.
La ubicación no parece haber sido elegida al azar. La circulación nocturna de camiones que transportan alimentos permitió que el vehículo utilizado por los terroristas se aproximara al comando policial sin despertar sospechas inmediatas. El automotor llevaba placas falsas, hasta 20 kilos de explosivos y un sistema de rampas con el que sus ocupantes pretendían lanzar artefactos contra las instalaciones de la fuerza.
Dos hombres abandonaron el vehículo poco antes de la detonación. Después de la explosión principal fueron disparados otros artefactos y se produjo un intercambio de fuego en las inmediaciones del comando. La onda expansiva dañó viviendas, comercios y una sucursal bancaria situada frente a la dependencia policial. Entre los civiles heridos se encuentra una mujer que vendía café en la calle. También murió “Negra”, una perra que acompañaba habitualmente a los policías y trabajadores del sector.
El director general de la Policía, William Rincón, atribuyó preliminarmente el ataque al Ejército de Liberación Nacional —ELN—, en particular al denominado Frente Urbano Carlos Germán Velasco Villamizar, una estructura que opera en Cúcuta y mantiene conexiones con las unidades terroristas desplegadas en el Catatumbo.
La hipótesis oficial todavía deberá ser confirmada por la investigación penal, pero coincide con la sucesión de atentados registrados durante los días anteriores. El 29 de julio, dos policías resultaron heridos en una emboscada con explosivos contra la caravana del comandante departamental, coronel Jorge Andrés Bernal, en la vía entre El Zulia y el sector de Astilleros. Un día antes, el comandante policial de Puerto Santander, mayor José Luis Vargas, había sido atacado con explosivos y ráfagas de fusil.
La repetición de operaciones contra jefes policiales, patrullas y dependencias oficiales permite analizar el coche bomba de Cúcuta como parte de una ofensiva más amplia y no como un episodio aislado. El objetivo inmediato fue dañar a la Policía, pero el mensaje político parece dirigido al próximo gobierno: demostrar capacidad operativa, sembrar miedo antes del traspaso presidencial y obligar a la nueva administración a comenzar su mandato bajo presión.
De la Espriella asumirá el próximo 7 de agosto, luego de derrotar en la segunda vuelta del 21 de junio al candidato del oficialista Pacto Histórico, Iván Cepeda. El escrutinio definitivo confirmó una diferencia inferior a un punto porcentual: el presidente electo obtuvo cerca de 12,96 millones de votos y superó por unos 250.000 sufragios al representante de la izquierda.
El resultado puso fin a cuatro años de gobierno de Gustavo Petro y fue especialmente contundente en Norte de Santander, una región donde el deterioro de la seguridad, los desplazamientos y la expansión de las organizaciones armadas golpearon severamente la imagen de la denominada política de “paz total”.
La administración de Petro abrió negociaciones con el ELN y otros grupos bajo la premisa de que el diálogo permitiría una desmovilización progresiva. Sin embargo, la organización terrorista utilizó simultáneamente las conversaciones para ampliar su dominio territorial, fortalecer sus finanzas provenientes del narcotráfico y la minería ilegal y disputar corredores estratégicos a las disidencias de las FARC.
El proceso con el ELN terminó de naufragar tras la ofensiva lanzada en enero de 2025 contra el Frente 33 de las disidencias en el Catatumbo. Los combates, asesinatos selectivos, secuestros y desplazamientos provocaron una de las mayores crisis humanitarias recientes de Colombia, con decenas de muertos y miles de familias obligadas a abandonar sus viviendas.
Cúcuta constituye una pieza estratégica para esas organizaciones. Su cercanía con Venezuela, la existencia de pasos fronterizos ilegales y su conexión con las zonas productoras de coca del Catatumbo la convierten en un centro fundamental para el tráfico de drogas, armas, combustible y personas. El control de esas rutas genera ingresos millonarios y permite a los grupos armados refugiarse o desplazarse a ambos lados de la frontera.
El ELN, que durante décadas buscó presentarse como una guerrilla política, funciona actualmente como una organización armada financiada por economías criminales. Sus métodos incluyen secuestros, extorsiones, reclutamiento de menores, colocación de minas, ataques con explosivos y atentados indiscriminados en zonas urbanas. La elección de un mercado mayorista rodeado de viviendas para lanzar un coche bomba vuelve a exponer el desprecio de sus estructuras por la población civil.
No sería la primera vez que Cúcuta es utilizada como escenario para operaciones terroristas de alto impacto. En junio de 2021, un vehículo bomba ingresó en la sede de la Trigésima Brigada del Ejército y dejó decenas de heridos. Días después, un helicóptero en el que viajaba el entonces presidente Iván Duque fue atacado a tiros cuando se aproximaba al aeropuerto de la ciudad. Las investigaciones atribuyeron ambas acciones al Frente 33 de las disidencias de las FARC.
El atentado de este sábado se produjo también después de que De la Espriella colocara a Norte de Santander entre las prioridades de su futura política de seguridad. Durante una visita a Cúcuta, el presidente electo lanzó un ultimátum al ELN y a las disidencias para que abandonaran las armas y advirtió que, de lo contrario, enfrentarían una ofensiva militar y policial destinada a recuperar el Catatumbo.
El próximo mandatario designó como ministro de Defensa al general retirado Jorge Eduardo Mora, nacido en Cúcuta y antiguo comandante de unidades de fuerzas especiales. Mora anticipó el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, la recuperación del control territorial y el fin de las negociaciones utilizadas por los grupos terroristas para ganar tiempo y reorganizarse.
“Los violentos deben tener claro que no lograrán sembrar miedo ni doblegar la institucionalidad”, afirmó el futuro ministro después del ataque. De la Espriella, por su parte, condenó “con absoluta firmeza” el atentado y expresó su solidaridad con los policías y civiles heridos.
Las autoridades elevaron a 300 millones de pesos colombianos —unos US$75.000— la recompensa por información que permita identificar y capturar a los autores materiales e intelectuales. Inicialmente se habían anunciado montos menores, pero el Gobierno, la Policía y las autoridades regionales incrementaron la suma después del consejo extraordinario de seguridad realizado en Cúcuta.
Al momento del atentado, Petro se encontraba en Cuba, donde viajó para reunirse con Miguel Díaz-Canel y cuestionar la política estadounidense hacia la isla y las operaciones ordenadas por el gobierno de Donald Trump contra embarcaciones sospechadas de transportar drogas en el Caribe. Hasta las primeras horas del domingo no se había conocido una declaración pública del presidente saliente sobre el ataque que dejó heridos a integrantes de la Policía colombiana.
El coche bomba expuso, a menos de una semana del cambio presidencial, la herencia de inseguridad que recibirá el próximo gobierno: organizaciones terroristas fortalecidas, zonas fronterizas fuera del control efectivo del Estado y una población civil atrapada entre la violencia armada, el narcotráfico y el fracaso de negociaciones que no consiguieron desactivar las estructuras criminales.
La Policía estableció un “plan blindaje” en Cúcuta, restringió la circulación de acompañantes masculinos en motocicletas y anunció controles extraordinarios para la jornada del 7 de agosto. Ese día, De la Espriella tiene previsto asumir la Presidencia en Cali y encabezar posteriormente su primer consejo de seguridad en la base aérea Marco Fidel Suárez, otra instalación que fue blanco de atentados de las disidencias de las FARC.
