Buenos Aires – 9 Agosto 2026 – Total News Agency – TNA.- El Ministerio de Seguridad Nacional sostiene que el Tesoro Nacional deberá absorber la deuda correspondiente a las fuerzas federales dentro del quebranto del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), mientras acelera la construcción de un sistema sanitario independiente que ya atiende a unos 197.000 afiliados de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina mediante Medicus y que, en una segunda etapa, pretende extender a la Policía Federal Argentina (PFA), la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y el Servicio Penitenciario Federal (SPF). El planteo abre una diferencia con Defensa, que calcula una deuda global cercana a $241.000 millones y atribuye alrededor de $160.000 millones al sector de Seguridad.
Fuentes de la cartera que conduce Alejandra Monteoliva aseguraron que la instrucción recibida desde el Gobierno fue avanzar en la separación definitiva de las obras sociales y dejar la deuda acumulada de la vieja estructura bajo responsabilidad del Tesoro.
“La indicación que se nos dio fue que trabajáramos en la separación de las obras sociales de las fuerzas, que solucionáramos nuestros problemas y que el Tesoro se haría cargo de la deuda”, señalaron fuentes oficiales citadas por Noticias Argentinas. La explicación que utilizan en Seguridad es que se trata, en buena medida, de obligaciones “del Estado con el Estado”.
El dato introduce una diferencia significativa con la posición que viene exponiendo el Ministerio de Defensa, ahora encabezado por Carlos Presti. En esa cartera aseguran que la deuda total heredada por IOSFA ronda los $241.000 millones y que aproximadamente $81.000 millones, correspondientes a las Fuerzas Armadas, ya ingresaron en abril en un proceso de regularización. Los restantes $160.000 millones fueron atribuidos a las Fuerzas de Seguridad.
Seguridad, sin embargo, objeta ese reparto y sostiene que no existe todavía una determinación definitiva que permita asignar semejante monto a Gendarmería, Prefectura y los demás organismos que dependieron del sistema.
La disputa por quién pagará el pasivo aparece cuando la desaparición de IOSFA ya tiene fecha límite. El DNU 88/2026, publicado el 6 de febrero, ordenó dividir el sistema creado en 2013 y constituyó dos nuevas entidades autárquicas: la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), bajo la órbita de Defensa, y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG), dependiente de Seguridad. El proceso de liquidación deberá quedar completado, como máximo, el 4 de febrero de 2027.
La decisión desarma, después de trece años, el modelo implementado mediante el DNU 637/2013, que había concentrado en IOSFA las estructuras sanitarias preexistentes del Ejército Argentino, la Armada Argentina, la Fuerza Aérea Argentina, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina.
La cartera de Monteoliva aparece hasta ahora varios pasos por delante en la separación. Desde el 1° de junio, los afiliados provenientes de Gendarmería y Prefectura dejaron de utilizar a IOSFA como prestador principal y pasaron a recibir cobertura de OSFFESEG mediante un convenio con la empresa de medicina privada Medicus S.A. La propia página oficial de IOSFA comunicó a sus beneficiarios que desde esa fecha debían atenderse bajo el esquema prestacional de la nueva obra social y su gerenciadora.
El universo inicial alcanza a aproximadamente 197.000 personas, incluyendo personal en actividad, retirados, pensionados y grupos familiares de ambas fuerzas.
El modelo elegido por Seguridad marca otra diferencia con Defensa. Mientras OSFFESEG tercerizó gran parte de la prestación mediante Medicus, OSFA pretende conservar la red sanitaria militar y continuar apoyándose en hospitales y estructuras propias, especialmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Durante la transición persiste una suerte de “IOSFA residual”, destinado fundamentalmente a evitar interrupciones en tratamientos críticos. Esa estructura mantiene medicamentos oncológicos, derivaciones y prestaciones de alta complejidad que no pueden ser suspendidas mientras los afiliados son transferidos a los nuevos sistemas.
En Seguridad quieren que esa supervivencia sea lo más corta posible y trabajan simultáneamente sobre otro problema: la situación del Hospital Médico Policial Churruca Visca, cuya infraestructura y capacidad prestacional resultan centrales para el personal de la Policía Federal.
El proyecto de Monteoliva no termina en Gendarmería y Prefectura. La intención es incorporar posteriormente a PFA, PSA y SPF, construyendo una única estructura sanitaria para las fuerzas federales dependientes de Seguridad, aunque todavía deben resolverse cuestiones financieras, jurídicas y prestacionales antes de concretar esa ampliación.
Del otro lado de la división, el Gobierno dio esta semana un paso decisivo para poner en marcha definitivamente a OSFA. El 6 de agosto, mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo aprobó su Régimen General de Compras y Contrataciones, una de las herramientas que reclamaba Defensa para que la nueva entidad pudiera operar con autonomía.
La norma establece un esquema propio para adquirir bienes, medicamentos y servicios. El DNU 88/2026 ya había determinado que los sistemas de contratación de OSFA y OSFFESEG debían respetar los principios de concurrencia, transparencia y publicidad establecidos por el régimen general de contrataciones del Estado.
La conducción de OSFA quedó en manos del general de brigada Pablo Guillermo Plaza, dentro de una estructura cuyo directorio incluye representantes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. El modelo militar tendrá así una organización distinta a la adoptada por Seguridad, que decidió recostarse inicialmente sobre un prestador privado.
La gran incógnita sigue siendo el agujero financiero que dejará la desaparición de IOSFA.
Desde Defensa atribuyen parte del deterioro a años de cuotas y valores prestacionales atrasados durante la administración de Alberto Fernández, además de irregularidades históricas en la determinación de aportes, contribuciones patronales y mecanismos solidarios. Funcionarios del área reconocieron públicamente que hubo cálculos incorrectos desde la creación del instituto.
La posición de Seguridad modifica ahora la ecuación: si Economía mantiene la instrucción transmitida a la cartera de Monteoliva, una porción sustancial de esos $241.000 millones no será refinanciada por las fuerzas federales sino absorbida directamente por el Tesoro Nacional.
En términos presupuestarios, esto significa trasladar al Estado nacional —y por lo tanto a las cuentas públicas— el costo final de sanear parte del quebranto acumulado por una obra social financiada históricamente mediante aportes personales, contribuciones patronales y recursos provenientes del propio Estado.
La separación también deja expuestas dos estrategias completamente diferentes para intentar superar la crisis: Defensa conservará una obra social sustentada en su infraestructura sanitaria y hospitalaria, mientras Seguridad apuesta inicialmente por un modelo de gerenciamiento privado con Medicus.
De cumplirse el cronograma previsto en el DNU 88/2026, el IOSFA que durante más de una década concentró la cobertura sanitaria de militares, gendarmes y prefectos desaparecerá definitivamente antes del 4 de febrero de 2027. Para entonces deberá estar resuelto también el punto más incómodo de toda la operación: quién paga finalmente los cientos de miles de millones de pesos que quedaron atrás.
Fuentes consultadas: Boletín Oficial de la República Argentina, Ministerio de Seguridad Nacional, IOSFA, Noticias Argentinas, La Nueva, normativa nacional y antecedentes oficiales sobre OSFA y OSFFESEG.
