El Gobierno disolvió por decreto el Coro Nacional de Niños después de casi seis décadas de trayectoria y reemplazó un organismo artístico de excelencia por la promesa de un futuro programa de formación. Diego Santilli justificó la decisión alegando que no puede haber “menores de edad cobrando del Estado”, pese a que los chicos no percibían salarios sino un viático o beca de alrededor de $300.000 mensuales. El costo completo del elenco era inferior a $12 millones mensuales, una cifra exigua dentro del presupuesto nacional. La medida provocó rechazo de músicos, directores, familias y organizaciones corales, además de expresiones de solidaridad desde distintos países. Fueron necesarios 59 años para construir su prestigio y apenas una firma para destruir su estructura institucional.
Buenos Aires – 9 Agosto 2026 – Total News Agency – TNA.- El gobierno de Javier Milei decidió poner fin al Coro Nacional de Niños, una institución cultural creada en 1967, reconocida por generaciones de músicos y directores y construida durante casi seis décadas alrededor de un objetivo sencillo pero difícil de cuantificar en una planilla de Excel: enseñar a niños argentinos a cantar juntos, formarlos musicalmente y llevar ese patrimonio por escenarios del país y del exterior.
La decisión quedó oficializada mediante el Decreto 687/2026, firmado por Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, que modificó directamente el decreto fundacional de 1967 y eliminó al Coro como organismo estable del Estado. En su lugar, el Gobierno instruyó a la Secretaría de Cultura a crear un denominado “Programa de Formación Artística” para niños y adolescentes.
El texto oficial sostiene que los objetivos históricos del Coro podrían cumplirse mediante otras acciones y programas “de alcance más amplio” y argumenta razones de eficiencia, optimización de recursos y reorganización administrativa.
El problema es que un coro de excelencia no es simplemente un programa.
No se construye reemplazando un nombre por otro en un organigrama.
Requiere años de selección, ensayo, formación vocal, repertorio, disciplina, conducción artística y, especialmente, continuidad.
El Coro Nacional de Niños necesitó casi 59 años para adquirir esa identidad.
Para eliminarla institucionalmente alcanzó con un decreto de cuatro artículos.
El argumento ofrecido después por Santilli agregó un componente particularmente difícil de comprender.
“Lo que pasa con la nueva legislación laboral es que no se puede tener menores de edad cobrando del Estado”, explicó el jefe de Gabinete al intentar justificar la medida.
Pero los integrantes del Coro no eran empleados públicos infantiles con salarios, aguinaldos, estabilidad laboral y carrera administrativa.
Percibían una beca o viático destinado a acompañar una actividad artística de alta exigencia y desde 1967.
El propio Santilli, inmediatamente después de utilizar aquella explicación, admitió que debía encontrarse “un mecanismo diferenciador” para que “el subsidio, la beca llegue de otra manera a los jóvenes que forman parte del Coro”.
Es decir: si era una beca que podía entregarse mediante otro mecanismo, la pregunta inevitable es por qué resultaba necesario disolver primero un coro de casi sesenta años de historia para luego estudiar cómo seguir financiando a sus integrantes.
Resolver una incompatibilidad administrativa debería exigir modificar la figura jurídica del pago.
No necesariamente destruir la institución que lo recibe.
La directora María Isabel Sanz, vinculada al organismo durante 34 años y que incluso había sido coreuta en su infancia, fue contundente: cerrar el Coro Nacional de Niños significa eliminar parte del patrimonio musical argentino.
La explicación económica tampoco parece proporcional a la magnitud de la decisión.
Fuentes de la Dirección Nacional de Elencos Estables estimaron que mantener el organismo demandaba menos de $12 millones mensuales.
Cada uno de los chicos percibía alrededor de $300.000 a $350.000, según los testimonios y fuentes consultadas. No se trataba, por lo tanto, de remuneraciones comparables con las de funcionarios públicos ni de una estructura burocrática millonaria.
Era una inversión cultural de dimensiones mínimas dentro del presupuesto del Estado.
Más todavía: para recibir ese apoyo, según explicaron familiares, algunas familias debían renunciar a beneficios sociales como la Asignación Universal por Hijo (AUH).
La comparación vuelve todavía más desconcertante la explicación oficial.
No había cuarenta adolescentes incorporados a la planta permanente de la administración.
Había chicos seleccionados por audición, sometidos a una formación artística profesional y recibiendo una compensación para sostener esa actividad.
El Coro había sido creado el 14 de noviembre de 1967, durante la entonces Secretaría de Estado de Cultura y Educación, con la misión de promover el canto coral infantil y ampliar el acceso a la formación musical.
La propia página oficial del Estado argentino lo definía hasta hace pocas semanas como un organismo destinado a la “expresión artística del repertorio coral” y a promover la “formación profesional de los pequeños cantantes”, destacando expresamente “la mejor calidad artística posible”.
En 2017, cuando cumplió medio siglo, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires lo homenajeó por su trayectoria.
Cinco años después, el propio Estado nacional celebraba oficialmente sus 55 años, recordando que había sido creado para promover el canto coral entre los niños argentinos.
Ahora, cuando estaba a punto de llegar a las seis décadas, ese mismo Estado resolvió que podía prescindir de él.
El deterioro, además, no comenzó con el decreto.
El organismo tenía históricamente alrededor de 40 vacantes, pero desde 2022 dejó progresivamente de incorporar integrantes para reemplazar a quienes egresaban por edad o, especialmente entre los varones, por el cambio natural de voz.
Así pasó de 38 coreutas a solamente 19.
Desde hacía aproximadamente un año tampoco contaba con pianista estable porque, tras una licencia por maternidad, no se había designado reemplazo.
Desde abril de este año los integrantes tampoco disponían ya de su espacio habitual para ensayar y habían dejado de cobrar sus becas.
La desaparición formal llegó, entonces, después de un proceso previo de debilitamiento.
Cuando ya quedaban pocos chicos, menos recursos y prácticamente ninguna estructura operativa, el Gobierno concluyó que el Coro podía ser sustituido por un programa.
La explicación oficial habla ahora de federalizar oportunidades y alcanzar a mayor cantidad de niños.
El propósito puede ser razonable.
Lo que no explica es por qué ampliar la enseñanza musical exige previamente eliminar un organismo de excelencia.
El propio Estado ya tenía desde 2019 una Escuela de Canto Coral, un programa específico para formación de niños y adolescentes dependiente de la Dirección Nacional de Elencos Estables. La iniciativa fue presentada oficialmente como un espacio de aprendizaje musical que no necesitaba reemplazar a los cuerpos profesionales existentes.
En otras palabras, la Argentina ya había demostrado que ambas cosas podían coexistir: formación abierta por un lado y un elenco nacional de excelencia por otro.
No eran estructuras excluyentes.
Cumplían funciones distintas.
Un programa puede enseñar a cantar.
Un coro nacional representa, además, una institución, una historia, un repertorio, una tradición artística y una referencia profesional.
Esa diferencia quedó reflejada en la reacción que produjo el decreto.
La Asociación de Directores de Coro de la República Argentina (ADICORA) y distintas entidades vinculadas con la actividad coral rechazaron la medida y acompañaron las acciones desarrolladas por familiares, docentes, músicos y exintegrantes.
La comunidad organizó actuaciones públicas y ensayos abiertos bajo la consigna “En defensa propia”, mientras los chicos continuaron cantando aun después de haber perdido oficialmente el organismo al que pertenecían.
Una de esas manifestaciones fue convocada para las escalinatas del Palacio Libertad, con participación de directores, compositores, músicos y coreutas.
También hubo presentaciones espontáneas y actuaciones en medios de comunicación.
Desde diferentes ámbitos corales del exterior comenzaron a circular expresiones de solidaridad y rechazo. El prestigio acumulado por el elenco durante décadas excedía largamente las fronteras argentinas: había participado de intercambios, festivales y actuaciones internacionales y desarrollado vínculos con instituciones de Europa, Estados Unidos, Israel y otros países.
Su trayectoria incluyó presentaciones en Brasil, Dinamarca, Italia y México, además de innumerables actuaciones dentro de la Argentina.
Paradójicamente, mientras otros países sostienen coros infantiles públicos como herramientas educativas y culturales, la Argentina decidió convertir uno de sus organismos históricos en un problema administrativo.
En Estados Unidos, por ejemplo, conjuntos infantiles vinculados con instituciones educativas públicas alcanzan enorme reconocimiento y participan de acontecimientos nacionales. En Europa, las escolanías y coros juveniles forman parte de tradiciones culturales centenarias.
No se los considera una anomalía porque sus integrantes sean menores.
Precisamente por ser menores se entiende que el Estado, las escuelas y las instituciones culturales deben crear mecanismos específicos para sostenerlos.
Entre quienes sufrieron el cierre aparecen historias que difícilmente puedan reducirse a números presupuestarios.
Lidia Robledo, madre de Canela, relató que su hija sufrió una grave malformación cerebral, atravesó dos intervenciones quirúrgicas y permaneció 45 días en coma.
Cuando despertó no podía hablar.
Según su madre, fue mediante la música y su regreso progresivo al Coro que logró recuperar la voz.
Hoy se encuentra recuperada.
Otros integrantes encontraron allí una vocación profesional. Algunos decidieron estudiar canto lírico; otros simplemente encontraron amigos, disciplina, pertenencia y un espacio diferente al de la escuela y la familia.
Eso también era el Coro Nacional de Niños.
Y probablemente sea lo que resulta más difícil contabilizar cuando todas las políticas públicas se juzgan exclusivamente en términos de ahorro inmediato.
La reducción del gasto público puede ser una necesidad.
La eliminación de estructuras innecesarias también.
Pero gobernar implica establecer prioridades, y un ahorro inferior a $12 millones mensuales difícilmente pueda modificar las cuentas fiscales de la Nación.
Para dimensionarlo alcanza una comparación elemental: incluso tomando esa estimación como costo mensual completo, mantener durante todo un año al organismo habría significado menos de $144 millones.
En el presupuesto de un Estado nacional, la cifra es prácticamente insignificante.
En términos culturales, en cambio, reconstruir seis décadas de historia no tiene una equivalencia presupuestaria.
El Gobierno asegura que los chicos serán incorporados a nuevos mecanismos de formación y que los objetivos pedagógicos continuarán.
Pero esos niños ya estaban formándose.
Ya tenían maestros.
Ya tenían directora.
Ya tenían repertorio.
Ya tenían actuaciones.
Y, sobre todo, ya tenían un coro.
La paradoja de la decisión queda encerrada precisamente allí.
Se eliminó una institución que funcionaba para crear después un programa destinado a cumplir parte de las funciones que esa institución ya cumplía.
El viernes, los chicos volverán a cantar en las escalinatas del Palacio Libertad.
Ya no lo harán oficialmente como integrantes de un cuerpo estable del Estado argentino.
Lo harán para defender aquello que el Estado decidió quitarles.
Durante casi 59 años fueron necesarias generaciones de niños, maestros, pianistas, directores y familias para construir el Coro Nacional de Niños.
Para terminar con él bastaron las firmas de Javier Milei y Diego Santilli al pie de un decreto.
El silencio administrativo tomó apenas unos segundos.
Reconstruir esas voces puede llevar décadas.
Fuentes consultadas: Boletín Oficial de la República Argentina, Secretaría de Cultura de la Nación, Dirección Nacional de Elencos Estables, La Nación, declaraciones de Diego Santilli, María Isabel Sanz, ADICORA, testimonios de familiares e integrantes del Coro Nacional de Niños y antecedentes oficiales del organismo.
