Por Daniel Romero
El Presidente acumula avances en desregulación, equilibrio fiscal y reducción del peso del Estado, pero simultáneamente erosiona parte de ese capital político y económico mediante ataques personales, insultos y confrontaciones que ya provocaron una degradación inédita del vínculo con Brasil. La UIA y la Asociación Empresaria Argentina reclamaron respeto y diálogo constructivo como condiciones para invertir, mientras organismos internacionales advierten que la incertidumbre política deteriora la confianza empresaria y posterga decisiones de inversión. La paradoja de Javier Milei es cada vez más visible: construye previsibilidad económica mientras su estilo político introduce incertidumbre sobre la sustentabilidad de aquello que consiguió.
Buenos Aires – 10 Agosto 2026 – Total News Agency – TNA.- Javier Milei volvió a cargar contra Luiz Inácio Lula da Silva en las redes sociales apenas días después de que Brasil rebajara la relación diplomática con Argentina como consecuencia de sucesivos agravios presidenciales, profundizando una contradicción que comienza a preocupar más allá de la política: el Gobierno intenta construir confianza económica mientras el propio Presidente introduce factores de incertidumbre mediante confrontaciones personales, ataques a periodistas, opositores, empresarios y mandatarios extranjeros.
El episodio más reciente ocurrió cuando Milei reposteó mensajes del congresista republicano estadounidense Carlos A. Giménez, quien calificó de “puerco” a Lula, y reprodujo otras publicaciones que acusaban al mandatario brasileño de delincuente y sostenían que debería estar preso. No se trató de un episodio aislado, ya que durante las últimas semanas Milei calificó públicamente a Lula de “ladrón”, “corrupto” y “presidiario”, y también atacó al juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, a quien llamó “basura calva” durante un acto político realizado en São Paulo en respaldo a Flávio Bolsonaro.
Las consecuencias diplomáticas llegaron rápidamente. Brasil retiró temporalmente a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, y posteriormente decidió rebajar el nivel de la relación a encargados de negocios, una respuesta que el gobierno brasileño vinculó directamente con los reiterados ataques del mandatario argentino y que adquiere otra dimensión porque Brasil no es un actor periférico para la economía nacional, sino su principal socio comercial, un destino decisivo para la industria automotriz, autopartista y manufacturera, integrante central del Mercosur y una de las mayores economías del mundo.
Por esa razón, la política exterior hacia Brasil no puede evaluarse solamente en términos ideológicos o mediante las simpatías y antipatías personales de dos presidentes. Cada deterioro institucional agrega un grado de incertidumbre a una relación donde existen cadenas productivas integradas, inversiones cruzadas, comercio bilateral y decisiones empresariales que se proyectan durante años, mientras el canciller brasileño Mauro Vieira dejó la advertencia planteada en términos diplomáticos al reclamar que Argentina cese las agresiones para recuperar la normalidad y preguntar, en los hechos, si el Gobierno argentino considera la relación bilateral tan prioritaria como la considera Brasilia.
La respuesta de Milei, hasta ahora, fue continuar con los ataques, y allí aparece una paradoja particularmente llamativa porque el Presidente ha realizado al mismo tiempo reformas que una parte importante del empresariado argentino venía reclamando desde hacía décadas. La Asociación Empresaria Argentina (AEA) destacó el equilibrio fiscal, la eliminación de emisión monetaria para financiar al Tesoro, la reducción del gasto público, las reformas estructurales y la disminución de la presión tributaria como políticas capaces de mejorar las condiciones para el crecimiento, mientras la Unión Industrial Argentina (UIA) reconoció avances en estabilización, desregulación y reformas laborales, aunque simultáneamente advirtió sobre el deterioro de numerosos sectores productivos, la caída de actividad y las dificultades que atraviesan especialmente las pequeñas y medianas empresas.
Ambas entidades introdujeron, sin embargo, una condición que muchas veces queda fuera de las planillas macroeconómicas: respeto y previsibilidad. La AEA reclamó explícitamente un “diálogo constructivo y respetuoso” entre el Gobierno y el sector privado como condición para remover obstáculos al desarrollo y generar un clima favorable a las inversiones, mientras la UIA fue todavía más directa al sostener que “el respeto es condición básica del desarrollo” después de que Milei cuestionara duramente a sectores empresarios durante su discurso ante el Congreso.
La preocupación no es meramente protocolar porque las inversiones no reaccionan únicamente a las tasas de interés, los impuestos, las regulaciones o los balances fiscales, sino también a la previsibilidad política e institucional. Un empresario que debe comprometer capital durante diez o veinte años intenta calcular qué reglas existirán, qué relaciones internacionales mantendrá el país, qué posibilidades tendrá de exportar, cuánto riesgo político encontrará y qué prima adicional deberá exigir antes de inmovilizar recursos en una economía determinada.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) viene advirtiendo que la incertidumbre política y comercial reduce la confianza empresaria, debilita las inversiones y termina afectando el crecimiento, mientras que la disminución de esa incertidumbre reduce las primas de riesgo exigidas antes de comprometer capital. Esa relación ayuda a comprender por qué determinadas formas políticas, aunque no alteren inmediatamente una variable económica, pueden terminar condicionando decisiones de inversión que dependen esencialmente de expectativas sobre el futuro.
Desde el punto de vista psicológico, construir confianza es un proceso acumulativo basado en repetición, coherencia, previsibilidad y confirmación de expectativas. El inversor observa primero, espera después, realiza eventualmente una inversión inicial y sólo compromete sumas significativas cuando comprueba que las condiciones permanecen en el tiempo; destruir esa confianza, en cambio, puede resultar mucho más veloz porque los individuos y las organizaciones reaccionan con mayor intensidad frente a una pérdida potencial que frente a una ganancia equivalente y, cuando crece la incertidumbre, postergar una inversión suele resultar menos costoso que equivocarse comprometiendo capital irreversible.
Esta asimetría tiene especial importancia para Argentina, un país que carga con antecedentes de defaults, confiscaciones, cambios regulatorios, controles cambiarios, modificaciones tributarias y alteraciones abruptas de las reglas de juego. La tarea de reconstruir credibilidad es necesariamente prolongada, mientras que una nueva señal de imprevisibilidad puede reactivar recuerdos que permanecen incorporados en los modelos de riesgo utilizados por empresas y fondos internacionales.
Allí aparece la contradicción central del gobierno de Milei, porque su programa económico intenta transmitir exactamente el mensaje contrario al que muchas veces proyecta su conducta política. La desregulación, el equilibrio fiscal, la disciplina monetaria, la reducción de estructuras estatales innecesarias y la búsqueda de reglas más simples apuntan a construir previsibilidad, pero un conflicto diplomático autogenerado con el principal socio comercial, una pelea innecesaria con empresarios o una confrontación permanente con periodistas, opositores y actores institucionales puede contribuir a instalar la percepción de un sistema político que permanece en estado de conflicto continuo.
Eso no significa que un Presidente deba renunciar a sus convicciones ni evitar diferencias profundas con otros gobiernos. Lula y Milei representan modelos políticos, económicos e ideológicos prácticamente antagónicos, pero el punto relevante para los intereses argentinos no está en eliminar esa divergencia sino en administrarla, como ocurre habitualmente entre países cuyos gobiernos mantienen diferencias profundas y, aun así, preservan canales diplomáticos, comerciales y empresariales porque comprenden que los intereses nacionales no deberían quedar sometidos a simpatías personales.
El propio Donald Trump, principal referente internacional de Milei, ha sostenido enfrentamientos estratégicos y comerciales profundos con Xi Jinping mientras mantiene conversaciones directas con el presidente chino y distingue la competencia entre ambos países de su relación personal. Esa separación entre ideología, estrategia y diplomacia adquiere especial relevancia cuando se trata de economías que mantienen vínculos comerciales imposibles de desarmar sin provocar costos para ambos lados.
Una economía que pretende atraer capital necesita, por lo tanto, algo más que una macroeconomía ordenada: debe transmitir que las reglas, las alianzas comerciales y la relación con sus principales socios no dependerán de un estado de ánimo, una publicación en redes sociales o una disputa personal entre dirigentes. Esa exigencia se vuelve todavía más importante porque la estabilización argentina convive con una realidad cotidiana mucho menos confortable que los indicadores fiscales, dado que sectores industriales continúan denunciando caída de producción, dificultades de financiamiento y pérdida de empleo, mientras la UIA describió recientemente la situación de numerosas fábricas, especialmente pymes, como “crítica”.
El desafío político de Milei consiste entonces no sólo en sostener el equilibrio fiscal y continuar reduciendo la inflación, sino en conseguir que esa mejora macroeconómica llegue a la vida cotidiana antes de las elecciones presidenciales de 2027. Los ciudadanos tampoco evalúan exclusivamente estadísticas: una persona puede reconocer que la inflación bajó y simultáneamente sentir que su salario sigue siendo insuficiente, que consume menos, que su empleo se volvió más precario o que su empresa atraviesa dificultades, y esa distancia entre los indicadores generales y la experiencia individual puede convertirse en uno de los desafíos electorales más importantes del oficialismo.
En ese contexto, la confrontación permanente consume un capital político que podría utilizarse para explicar reformas, ampliar consensos o acelerar inversiones. La cuestión no pasa por exigir moderación como una virtud estética, sino por analizar qué utilidad obtiene el Gobierno de cada pelea y cuánto cuesta mantener una lógica discursiva donde prácticamente cualquier diferencia puede transformarse en un enfrentamiento personal.
Desde la perspectiva de construcción política, las reformas estructurales, la estabilidad monetaria y el equilibrio fiscal pueden considerarse los componentes duros de un edificio económico, pero la confianza funciona como el elemento que permite convertir esas reformas en decisiones de largo plazo. Si la señal institucional es persistentemente agresiva o imprevisible, quienes deben invertir comienzan a preguntarse no sólo si el programa económico resulta correcto, sino si tendrá suficiente sustentabilidad política como para sobrevivir a una elección.
Esa pregunta conduce inevitablemente hacia 2027, porque un inversor que analiza hoy Argentina no estudia únicamente cuánto bajará la inflación durante los próximos seis meses sino también quién gobernará después de las elecciones, qué posibilidades existen de continuidad de las reformas, cuánto respaldo social conservará Milei si la recuperación económica permanece desigual y hasta qué punto el estilo presidencial puede dificultar la construcción de alianzas políticas necesarias para sostener el programa en el tiempo.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha documentado que los episodios de riesgo geopolítico y las tensiones entre Estados pueden elevar las primas soberanas, afectar el valor de los activos financieros y propagarse mediante vínculos comerciales y financieros, con consecuencias especialmente sensibles sobre las economías emergentes. Para Argentina, cuya historia obliga a pagar tradicionalmente una prima de riesgo superior a la de numerosos países comparables, disminuir esa percepción debería formar parte del mismo proceso de estabilización que busca ordenar las cuentas públicas.
Por eso algunos empresarios observan con desconcierto una gestión que consigue reformas largamente reclamadas por el sector privado y, simultáneamente, genera conflictos que podían evitarse sin sacrificar ninguna convicción económica. El cuestionamiento no necesariamente apunta contra el rumbo de desregulación, equilibrio fiscal o reducción del Estado, sino contra el costo político e institucional agregado por una dinámica confrontativa que puede terminar encareciendo la confianza que el propio programa económico intenta reconstruir.
La contradicción quedó expuesta este año cuando Milei habló ante empresarios en la cumbre de AmCham Argentina y prometió profundizar el equilibrio fiscal, la disciplina monetaria, la apertura y la desregulación mientras aseguraba que el país estaba entrando nuevamente en una etapa de crecimiento. Ese programa necesita previsibilidad institucional para convertirse en inversiones concretas, y las empresas pueden convivir perfectamente con un Presidente ideológicamente intenso, pero encuentran mayores dificultades para incorporar en sus modelos financieros la posibilidad de que una disputa verbal termine convertida en un problema diplomático con el principal socio comercial del país.
La reciente decisión brasileña demostró además que la expectativa oficial de que los ataques verbales no producirían consecuencias concretas resultó equivocada. El vocero presidencial Adrián Ravier había afirmado el 28 de julio que el Gobierno no consideraba que las expresiones de Milei fueran a afectar el plano diplomático ni comercial; ocho días después, Brasil redujo formalmente el nivel de representación bilateral y dejó condicionada la normalización al cese de las agresiones.
Las relaciones económicas entre Argentina y Brasil poseen suficiente profundidad como para sobrevivir a diferencias entre presidentes, pero precisamente esa fortaleza vuelve difícil encontrar una ventaja estratégica en deteriorarlas. Mientras el Gobierno intenta acelerar una economía en la que parte de la industria continúa débil y numerosos hogares esperan que la mejora macroeconómica llegue finalmente a salarios, empleo y consumo, los inversores incorporan desde ahora a sus decisiones no sólo la marcha de las reformas, sino también la estabilidad política, la continuidad del programa después de 2027 y la capacidad de Milei para transformar cambios económicos importantes en una institucionalidad suficientemente durable como para sobrevivir a su propia personalidad.
