Por Daniel Romero
El 11 de agosto volvió a marcar dos aniversarios inseparables de la violencia política argentina provocada desde las organizaciones terroristas: hace 52 años el Ejército Revolucionario del Pueblo lanzó una operación coordinada para apoderarse de la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos de Villa María y del Regimiento de Infantería Aerotransportado 17 de Catamarca. La primera acción permitió al ERP robar un importante arsenal y secuestrar al mayor Argentino del Valle Larrabure; la segunda fue descubierta antes del ataque y terminó en combates que se prolongaron hasta el 12 de agosto. Ambos operativos fueron ejecutados durante el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón y formaron parte de una estrategia revolucionaria que concebía la lucha armada como instrumento para conquistar el poder. En Catamarca, la Compañía B del RI Aerot 17, comandada por el teniente primero Jorge Exequiel Acosta, participó de la reacción militar frente a la columna guerrillera Ramón Rosa Jiménez que fue abatida.
Buenos Aires – 13 Agosto 2026 – Total News Agency – TNA.- El calendario argentino volvió a pasar por una fecha que durante décadas quedó reducida a menciones marginales dentro del relato público sobre los años setenta. Entre la noche del 10 y la madrugada del 11 de agosto de 1974, el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) lanzó dos operaciones simultáneas contra instalaciones militares en Córdoba y Catamarca, no durante una dictadura sino bajo un gobierno constitucional encabezado por la presidente María Estela Martínez de Perón. Gobierno que ordenó perseguir y aniquilar dichas organizaciones.
La coincidencia no fue casual. El PRT-ERP había adoptado la lucha armada como parte de una estrategia explícitamente orientada a la conquista revolucionaria del poder, un objetivo documentado por investigaciones académicas sobre la organización y por sus propios textos políticos. En 1974, mientras funcionaban el Congreso, los partidos políticos y las autoridades surgidas de elecciones, la organización decidió atacar simultáneamente dos instalaciones del Ejército Argentino con el propósito inmediato de obtener armas y producir una demostración político-militar de fuerza.
En Villa María, la operación estuvo a cargo de la Compañía Decididos de Córdoba del ERP. Cerca de las 21.30 del 10 de agosto, parte del grupo ocupó el motel Pasatiempo, ubicado próximo a la fábrica, redujo a empleados y huéspedes y convirtió el lugar en base operativa. Hacia las 23.30 comenzó el ataque contra la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos, para el cual los guerrilleros contaron con colaboración desde el interior del establecimiento.
El asalto permitió al ERP hacerse con alrededor de un centenar de fusiles FAL, ametralladoras MAG, pistolas ametralladoras, granadas, municiones y otro material militar. La propia organización presentó luego la operación como una acción exitosa en la que había capturado aproximadamente dos toneladas de armas y municiones destinadas a fortalecer sus estructuras armadas.
Pero el episodio tuvo una derivación que se transformaría en uno de los casos emblemáticos de las víctimas del terrorismo guerrillero: el secuestro del subdirector de la fábrica, el mayor Argentino del Valle Larrabure.
Larrabure fue capturado en el Casino de Oficiales y trasladado por el ERP. Permaneció cautivo durante 372 días en una denominada “cárcel del pueblo”. Su cuerpo apareció el 19 de agosto de 1975. La familia sostiene que fue asesinado después de un prolongado cautiverio; el ERP afirmó entonces que se había suicidado, una controversia que continuó durante décadas y llegó nuevamente a los tribunales.
Precisamente el caso Larrabure fue incorporado este año por la Casa Rosada al documental institucional difundido el 24 de marzo bajo el concepto de “Memoria Completa”. El video oficial incluyó el testimonio de Arturo Larrabure, hijo del militar, como parte de una reconstrucción destinada a incorporar también a las víctimas de las organizaciones guerrilleras al debate sobre la violencia política de los años setenta.
Mientras el ERP conseguía entrar en la fábrica cordobesa, en Catamarca se desarrollaba la otra mitad de la operación.
Unos 47 integrantes de la Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez habían partido desde Tucumán en un ómnibus alquilado. El plan consistía en atacar el Regimiento de Infantería Aerotransportado 17, apoderarse de sus armas y regresar con ese material para reforzar la estructura guerrillera que el ERP estaba desarrollando en los montes tucumanos.
Pero el factor sorpresa se perdió antes de llegar al cuartel.
Poco después de la medianoche del 11 de agosto, habitantes de la zona advirtieron movimientos sospechosos cerca de Banda de Varela y dieron aviso a la Policía. Cuando patrulleros llegaron al lugar, se produjo un enfrentamiento armado. Hubo guerrilleros muertos y policías heridos; el ómnibus utilizado para el desplazamiento quedó inutilizado y la columna del ERP terminó fragmentándose en distintos grupos.
El copamiento del Regimiento 17 quedó entonces abortado antes de comenzar.
Fue en ese escenario cuando el Ejército Argentino salió en búsqueda de las fracciones dispersas. Entre los oficiales movilizados se encontraba el entonces teniente primero Jorge Exequiel Acosta, jefe de la Compañía B del Regimiento, junto con otros cuadros de la unidad y fuerzas policiales provinciales. Una politizada sentencia judicial de 2013 y las actuaciones posteriores identificaron expresamente a Acosta como jefe de esa compañía durante los acontecimientos.
La Compañía B constituyó uno de los elementos de combate movilizados para enfrentar a un contingente guerrillero que había llegado desde Tucumán uniformado, armado y organizado para atacar una unidad militar. Según la reconstrucción histórica aportada a TNA, la compañía comandada por Acosta tuvo dos bajas durante aquellas acciones y continuó operando en la persecución de los grupos que se internaron en la zona serrana.
El valeroso y decidido desempeño de Acosta y sus hombres debe ser observado, en aquel momento específico, dentro de la misión que recibieron: impedir que una organización armada conquistara un regimiento, se apoderara de su arsenal y regresara con las armas hacia un frente guerrillero ya constituido en Tucumán. La operación exigió movilización inmediata, despliegue en terreno quebrado y búsqueda de columnas que se habían dispersado después de perder el elemento sorpresa.
El combate derivó el 12 de agosto en los hechos de Capilla del Rosario, episodio que durante décadas quedó envuelto en una controversia judicial de signo diferente.
En 2013, insolitamente un tribunal federal condenó a Acosta, Carlos Eduardo Carrizo Salvadores y Mario Nakagama a prisión perpetua por considerar probada la ejecución de catorce integrantes del ERP después de que se hubieran rendido. Tres años después, la Cámara Federal de Casación Penal revocó esas condenas y absolvió a los militares al sostener, entre otros argumentos, que no se había acreditado más allá de toda duda razonable la mecánica establecida por el tribunal anterior y que los hechos no podían ser considerados delitos de lesa humanidad bajo los fundamentos utilizados en la sentencia. En marzo de 2024, la Corte Suprema rechazó la queja de los querellantes y dejó firmes esas absoluciones.
Esa derivación judicial no modifica el punto histórico central de los acontecimientos del 11 de agosto: el ataque contra el Regimiento fue concebido y puesto en marcha por una organización revolucionaria armada durante un gobierno constitucional.
La ferocidad de la violencia política de aquellos años aparece con especial claridad cuando se observan las dos operaciones en conjunto. No fueron atentados aislados de pequeños grupos sin capacidad militar. Se planificaron ataques simultáneos contra instalaciones del Estado, se utilizaron uniformes, armas de guerra, inteligencia previa, infiltración, vehículos, comandos organizados y estructuras con capacidad para transportar posteriormente el armamento capturado.
El golpe contra Villa María consiguió una cantidad considerable de fusiles y ametralladoras; el de Catamarca buscaba repetir la maniobra y alimentar el frente rural que el ERP había comenzado a desplegar en Tucumán. La organización había creado formalmente la Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez en marzo de 1974 y el 30 de mayo ya había ocupado durante algunas horas la localidad tucumana de Acheral, donde exhibió públicamente su presencia armada.
No existía todavía el gobierno militar que comenzaría el 24 de marzo de 1976. Juan Domingo Perón había muerto apenas cuarenta días antes de las operaciones de Villa María y Catamarca y había sido sucedido constitucionalmente por su vicepresidente y esposa, María Estela Martínez de Perón.
La violencia guerrillera tampoco nació como reacción al golpe de 1976. El ataque al Comando de Sanidad del Ejército, el asalto a la guarnición de Azul, la ofensiva de Acheral, los ataques simultáneos de Villa María y Catamarca y, más tarde, el enorme intento de copamiento del Batallón de Arsenales de Monte Chingolo ocurrieron todos antes del derrocamiento del gobierno constitucional.
El proyecto armado tampoco desapareció automáticamente con el golpe. El PRT-ERP mantuvo después del 24 de marzo de 1976 su estructura clandestina y su decisión de continuar la lucha revolucionaria, aunque sufrió una rápida destrucción de sus cuadros principales y perdió a su jefe, Mario Roberto Santucho, en julio de aquel año. Estudios sobre la organización describen precisamente la lucha armada como parte de su estrategia para la toma del poder y señalan su continuidad organizativa durante los primeros meses de la dictadura.
Recordar la ferocidad criminal del terrorismo de los setenta no exige silenciar ni justificar los crímenes cometidos posteriormente desde el Estado. Son planos históricos y jurídicos distintos. Pero tampoco resulta posible comprender la Argentina de esos años si se presenta la violencia política como si hubiera comenzado mágicamente el 24 de marzo de 1976.
Los dos ataques cuyo 52° aniversario acaba de cumplirse son una demostración especialmente contundente.
En una misma noche, una organización revolucionaria intentó tomar dos instalaciones militares de un gobierno democrático, sustraer su armamento, secuestró a un oficial que permanecería más de un año cautivo y desplegó en otra provincia una compañía guerrillera preparada para llevarse las armas de un regimiento completo.
En Villa María, el ERP consiguió buena parte de su objetivo material. En Catamarca, la alerta de civiles y policías desbarató la sorpresa y el Regimiento de Infantería Aerotransportado 17 terminó enfrentando una ofensiva que jamás llegó a atravesar sus puertas. A 52 años, recordar ambas operaciones juntas permite recuperar la dimensión que tuvieron realmente: no episodios laterales de una década convulsionada, sino parte de una estrategia armada que pretendía modificar por la violencia el orden político argentino mientras todavía gobernaban autoridades constitucionales.
Fuentes consultadas: Casa Rosada, documentación y video oficial Memoria Completa, Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas (CeDInCI), Ministerio Público Fiscal, Cámara Federal de Casación Penal, antecedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Infobae, Universidad Nacional de Villa María, archivos históricos sobre el PRT-ERP, actuaciones judiciales de Capilla del Rosario y reconstrucciones contemporáneas de los ataques de Villa María y Catamarca.
