Por Daniel Romero
Buenos Aires – 15 Agosto 2026 – Total News Agency – TNA – Mientras Colombia, Chile y Ecuador endurecen sus políticas contra el narcotráfico y el crimen organizado con mayor intervención militar, reformas penales y cooperación directa con Estados Unidos, Argentina aparece alineada políticamente con esa nueva ofensiva regional pero todavía exhibe una brecha importante entre los operativos de seguridad, las incautaciones y detenciones, por un lado, y la capacidad de avanzar sobre las estructuras financieras, empresariales y patrimoniales que sostienen a las organizaciones criminales, por el otro. Esa debilidad no surge solamente de críticas externas: el propio GAFI advirtió que las investigaciones financieras paralelas siguen siendo una práctica en desarrollo, suelen comenzar tarde y son más reactivas que proactivas.
La región atraviesa un giro acelerado. El nuevo presidente colombiano Abelardo de la Espriella, que asumió el 7 de agosto, abandonó la estrategia de negociación con organizaciones armadas de su antecesor Gustavo Petro, solicitó cooperación estadounidense para operaciones militares conjuntas y prometió una ofensiva contra el narcotráfico, la erradicación de cultivos ilícitos y los grupos armados. Colombia se incorporó además al llamado Escudo de las Américas, la coalición impulsada por el presidente Donald Trump para coordinar acciones contra organizaciones transnacionales.
En Chile, el presidente José Antonio Kast avanzó con una agenda de endurecimiento penal, fortalecimiento policial y penitenciario y combate específico contra estructuras criminales transnacionales. Esta semana supervisó el traslado de casi 300 detenidos de alta peligrosidad a la nueva cárcel de máxima seguridad de La Laguna, mientras su administración impulsa reformas para ampliar las herramientas contra bandas organizadas.
Daniel Noboa, por su parte, mantiene a las Fuerzas Armadas como pieza central de la respuesta ecuatoriana. Su gobierno volvió a declarar en junio la existencia de un conflicto armado interno frente a las organizaciones criminales y amplió el marco de actuación de militares y policías, aunque el crecimiento de los homicidios y las denuncias sobre abusos muestran que la militarización tampoco garantiza por sí misma el desmantelamiento de las redes mafiosas.
Argentina no permanece formalmente al margen de este movimiento. Javier Milei participó en marzo junto con Trump de la cumbre del Escudo de las Américas y respaldó una iniciativa orientada a coordinar políticas contra el narcotráfico y el crimen organizado. Durante aquella reunión, Washington impulsó explícitamente el empleo de capacidades militares contra los carteles y formalizó una coalición regional que contempla cooperación operativa e intercambio de inteligencia. ¿Está Argentina preparada para este medular intercambio?
En el terreno interno, el Gobierno también adoptó herramientas más duras. El Plan Güemes reforzó la presencia federal en la frontera norte, particularmente en Salta, mientras el Plan Bandera concentra fuerzas nacionales y provinciales sobre Rosario. La denominada Ley Antimafias 27.786 fue activada por primera vez en julio de 2025 en sectores de esa ciudad y habilitó mecanismos especiales de investigación frente a organizaciones criminales complejas.
Los resultados operativos existen y son cuantificables. En marzo, la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva informó que el Plan Güemes había aumentado un 40% la cantidad de efectivos desplegados, hasta superar los 1.700 agentes federales, y que las incautaciones de drogas crecieron 51%, con alrededor de seis toneladas secuestradas, unos 750 detenidos y más de 1.300 causas judiciales iniciadas. ¿6 toneladas cuando por la Hidrovia pasan miles de kilos?
La ruta mueve cargamentos individuales de varias toneladas: Paraguay incautó 4 toneladas en un solo embarque en 2024, y en Europa se detectó previamente un cargamento de alrededor de 12 toneladas procedente de Asunción. InSight Crime documenta que la cocaína producida en Bolivia y Perú llega a Paraguay y desde allí baja por la Paraná-Paraguay hacia Argentina y Uruguay antes de ser enviada a Europa.
También continúan produciéndose procedimientos significativos. El 14 de agosto, después de cinco meses de investigación, la Policía Federal Argentina (PFA) desarticuló en Rosario una organización dedicada al narcomenudeo, detuvo a 13 personas y secuestró cocaína, armas, vehículos y más de $6,7 millones en efectivo. En julio, Gendarmería interceptó más de 25 kilos de cocaína que ingresaban por el río Bermejo, y durante las últimas semanas se registraron decomisos importantes en Misiones, Salta y otros corredores. Claramente los operativos que se realizan son “chiquitaje” y eso queda plasmado por las cifras que informa el Ministerio de Seguridad.
Pero el problema aparece después de la fotografía del operativo. Detener transportistas, vendedores, custodios o integrantes territoriales de una banda no equivale necesariamente a identificar quién financia la operación, quién transforma el dinero de la droga en propiedades o empresas, qué profesionales facilitan las maniobras, qué estructuras comerciales funcionan como cobertura, cómo sale el dinero del país y quiénes son los beneficiarios finales del negocio.
Precisamente allí Argentina arrastra una deuda considerable. La evaluación realizada por GAFI-GAFILAT determinó que el narcotráfico constituye el mayor riesgo de lavado de activos del país y reconoció que las autoridades argentinas obtuvieron algunos resultados en investigaciones vinculadas con drogas. Sin embargo, señaló que las condenas por lavado todavía no guardan proporción con la dimensión y el perfil de riesgo de la Argentina.
El dato es contundente: durante el período analizado por el organismo internacional se registraron solamente 91 condenas por lavado de activos, una cantidad considerada relativamente baja para un país del tamaño de Argentina, y la mayoría correspondió a esquemas relativamente simples, como compras de inmuebles y automotores mediante terceros, utilización del sistema bancario o sociedades pantalla. Los investigadores internacionales destacaron la existencia de algunos casos complejos y exitosos, pero concluyeron que esos ejemplos siguen siendo excepcionales.
La observación más relevante para la lucha contra el narcotráfico va todavía más lejos. De las 168.905 investigaciones preliminares sobre delitos precedentes analizadas por GAFI, 40.268 correspondían a delitos relacionados con drogas. Pese a ese volumen, los evaluadores expresaron dudas acerca de que se hubieran iniciado investigaciones financieras paralelas en todos los casos relevantes y determinaron que, en la práctica, muchas de ellas son utilizadas principalmente para localizar bienes cuando la investigación criminal ya está avanzada, en vez de abrir desde el comienzo una segunda línea destinada a descubrir lavado, testaferros y beneficiarios económicos.
Ese diagnóstico marca la diferencia entre una política de persecución del narcotráfico y una política destinada a destruir una organización criminal. Una fuerza de seguridad puede secuestrar una tonelada de cocaína y detener al conductor del camión, pero si la pesquisa no sigue inmediatamente las cuentas bancarias, los teléfonos, las sociedades comerciales, las operaciones inmobiliarias, las criptomonedas, los prestanombres y las conexiones internacionales, la estructura económica que financió el cargamento puede continuar funcionando.
PROCUNAR y PROCELAC constituyen las herramientas especializadas del Ministerio Público Fiscal para cerrar esa brecha y el propio GAFI reconoció que la coordinación entre ambas produjo resultados positivos en causas de lavado derivadas del narcotráfico. El problema detectado es que esa metodología todavía no se encuentra incorporada de manera sistemática en todas las jurisdicciones y no existe un mecanismo que garantice que PROCELAC intervenga en todos los expedientes relevantes.
El resultado puede observarse también sobre el patrimonio criminal. GAFI consideró que Argentina mejoró durante la última década su política de recuperación de activos, pero sostuvo que los decomisos de bienes trasladados al exterior continúan siendo escasos y que la detección y confiscación de dinero ilícito que cruza las fronteras es mínima frente al riesgo real que enfrenta el país.
La situación resulta particularmente sensible por la posición geográfica argentina. El organismo internacional identifica como áreas de riesgo la Triple Frontera, la Hidrovía Paraguay-Paraná, las provincias del norte y Rosario, y describe a Argentina como territorio de tránsito de cocaína hacia mercados internacionales. La propia evaluación nacional ya había señalado a la Hidrovía como uno de los escenarios facilitadores de mayor riesgo para actividades ilícitas.
Esto coloca a los grandes puertos exportadores y al corredor fluvial en el centro de cualquier estrategia seria. Los cargamentos de cocaína que llegan posteriormente a Europa no aparecen espontáneamente dentro de contenedores: requieren logística, contactos portuarios, empresas, documentación, financiamiento, depósitos, transporte terrestre y capacidad para corromper controles. Una política limitada a aumentar patrullajes o interceptar cargamentos puede dificultar el tráfico, pero difícilmente pueda desmontar ese ecosistema sin investigaciones patrimoniales y criminales prolongadas.
La paradoja argentina es entonces visible. El Gobierno adoptó una retórica regional dura, reforzó fronteras, desplegó fuerzas federales, creó zonas especiales de investigación y adhirió políticamente a la ofensiva promovida por Estados Unidos, pero los indicadores internacionales continúan mostrando que el eslabón más complejo —seguir el dinero y llegar a quienes administran el negocio desde niveles superiores— sigue siendo menos desarrollado que la respuesta operacional sobre el territorio. Muchas fotos y escasa investigación.
La experiencia latinoamericana muestra además que reemplazar esa falencia simplemente con más militares tampoco resuelve el problema. Especialistas de InSight Crime, Human Rights Watch e International Crisis Group vienen señalando que las organizaciones criminales pueden fragmentarse después de la captura de sus jefes y reproducirse bajo nuevos mandos si permanecen intactas sus fuentes de financiamiento, sus redes de corrupción y sus vínculos con economías legales.
La verdadera discusión que comienza a plantearse para Argentina no parece ser, por lo tanto, si necesita más o menos fuerza, sino cuánto de esa fuerza puede transformarse en inteligencia criminal de largo plazo. La Ley Antimafias, Plan Bandera, Plan Güemes, la cooperación con Estados Unidos, PROCUNAR, PROCELAC y la UIF ofrecen hoy instrumentos que años atrás no existían o tenían menor alcance; el desafío pasa por utilizarlos para llegar desde el cargamento y el vendedor hasta la empresa, el financista, el testaferro, el operador financiero, el funcionario corrupto y el patrimonio final.
El próximo examen de esa política estará precisamente en las investigaciones que surjan de los miles de procedimientos abiertos en fronteras y grandes centros urbanos: si esos expedientes terminan exclusivamente en condenas por transporte y comercialización de drogas o si generan causas paralelas capaces de identificar el circuito económico que hace posible el narcotráfico transnacional.
Fuentes consultadas: GAFI-GAFILAT; Ministerio Público Fiscal – PROCUNAR y PROCELAC; Ministerio de Seguridad Nacional; Presidencia de la Nación; antecedentes del Plan Bandera, Plan Güemes, Ley Antimafias y Escudo de las Américas.
