Buenos Aires – 19 Agosto 2026 – Total News Agency – TNA | La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, reconoció que durante 2025 aumentaron alrededor de 30% los suicidios entre integrantes de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales (FFSS) y admitió que el endeudamiento constituye uno de los factores detectados detrás de algunos casos. La funcionaria intentó colocar el fenómeno dentro de un crecimiento general de los suicidios en la sociedad argentina, pero sus propias declaraciones dejaron expuesto un problema que involucra directamente al Estado como empleador: efectivos armados, sometidos a elevados niveles de estrés y disponibilidad permanente, que arrastran deudas formales e informales y cuyos salarios dependen de decisiones del mismo Gobierno que ahora estudia mecanismos de “alivio financiero”.
Monteoliva habló este miércoles en Radio Mitre y no eludió la existencia del problema. “Se incrementaron los suicidios en las fuerzas”, reconoció, antes de precisar que durante 2025 hubo aproximadamente un 30% más que durante 2024. Luego trasladó la explicación hacia un cuadro nacional: sostuvo que el fenómeno también aumentó en el conjunto de la población y que las fuerzas “no escapan a esa realidad”.
Pero la declaración adquirió una dimensión distinta cuando la ministra comenzó a describir qué encontraron al analizar los casos dentro de las fuerzas.
Monteoliva reconoció la existencia de “niveles de endeudamiento formal e informal” entre los efectivos y señaló que el Ministerio trabaja desde hace tiempo en instrumentos de asistencia financiera. Explicó además que existen policías y miembros de otras fuerzas cuyo recibo de sueldo funciona como respaldo económico de familias enteras y que, en ocasiones, terminan acumulando compromisos financieros difíciles de sostener. Justificación que no se sustenta cuando hay 20 millones de argentinos que no pueden pagar sus compromisos.
La funcionaria puso así en palabras oficiales algo que durante meses circuló como reclamo interno: el endeudamiento ya no constituye únicamente una cuestión doméstica de los agentes, sino que ingresó en la agenda institucional de Seguridad como un problema de bienestar y salud mental.
La explicación tiene además una evidente conexión con una discusión económica mucho más amplia. El presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, vienen sosteniendo que el incremento de la morosidad de las familias constituye esencialmente “un problema entre privados”. Sin embargo, cuando quien está endeudado es un gendarme, un policía federal, un prefecto, un agente aeroportuario o un penitenciario cuyo salario fija el propio Estado, la frontera entre problema privado y responsabilidad pública se vuelve considerablemente más difícil de sostener.
El Gobierno acaba de reconocer esa dificultad mediante una decisión concreta. El 3 de agosto otorgó al personal activo de Gendarmería Nacional Argentina (GNA), Prefectura Naval Argentina (PNA), Policía Federal Argentina (PFA), Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Servicio Penitenciario Federal (SPF) y Dirección Nacional de Inteligencia Criminal una suma extraordinaria de $50.000, remunerativa y no bonificable, por única vez con los haberes de agosto. El decreto justificó la medida precisamente en la necesidad de adoptar acciones que impacten sobre la capacidad adquisitiva del personal.
El monto extraordinario muestra que la situación salarial ya había llegado a la mesa oficial antes de las declaraciones de Monteoliva. En abril, el Poder Ejecutivo había reconocido también mediante otro decreto la necesidad de implementar medidas dirigidas a mejorar la capacidad adquisitiva de las fuerzas federales.
La ministra dijo además que trabaja junto al titular de Defensa, Carlos Presti, la Jefatura de Gabinete y el equipo económico para encontrar una mejora, aunque admitió que la decisión “no es fácil”. La frase vuelve a colocar la cuestión donde verdaderamente se decide: en el presupuesto nacional y en la política salarial definida por el Gobierno.
Hay, no obstante, una inconsistencia importante en los datos mencionados durante la entrevista.
Monteoliva habló de una tasa argentina de 22,7 suicidios cada 100.000 habitantes y de más de 5.300 muertes anuales. Sin embargo, el último informe oficial del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) del propio Ministerio de Seguridad registró durante 2025 5.209 víctimas y una tasa nacional de 11,8 cada 100.000 habitantes, con un aumento de 22,6% respecto de las 4.249 víctimas de 2024. En 2016 habían sido 2.897, con una tasa de 7,3.
Es decir, el problema nacional que utilizó la ministra como marco para relativizar la especificidad de lo ocurrido dentro de las fuerzas existe y es grave, pero el índice de 22,7 citado públicamente no coincide con la última estadística nacional difundida por su propia cartera.
La tendencia argentina tampoco puede ser ignorada. Los 5.209 suicidios registrados en 2025 constituyeron el valor más alto de la serie del SNIC bajo la metodología vigente y casi triplicaron los 1.676 homicidios dolosos contabilizados ese mismo año. Desde 2020, cuando hubo 3.262 víctimas, la cantidad aumentó más de 59%.
El panorama regional permite dimensionar el fenómeno, aunque las comparaciones deben realizarse con cautela porque los últimos datos homogéneos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) corresponden a 2021. Ese año Guyana registraba una tasa estandarizada de 26,4 suicidios cada 100.000 habitantes, Surinam 22,4 y Uruguay 22,0, este último uno de los índices más altos de América Latina. La OPS calculó además que en el conjunto de las Américas ocurrieron más de 100.000 muertes por suicidio durante 2021.
La comparación también demuestra que no existe una única causa. La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte expresamente que el suicidio responde a una interacción compleja de factores sociales, culturales, económicos, psicológicos, biológicos y ambientales y que no resulta correcto atribuir una muerte individual a una única circunstancia. El endeudamiento puede constituir un elemento de presión importante, pero debe analizarse junto con problemas familiares, aislamiento, estrés laboral, consumos problemáticos, antecedentes de salud mental y acceso a medios letales.
Precisamente por eso las fuerzas requieren una atención específica.
Los integrantes de la PFA, GNA, PNA, PSA y SPF trabajan bajo niveles de estrés que no son comparables con los de la mayoría de los empleados públicos, afrontan enfrentamientos armados, guardias prolongadas, traslados, exposición a episodios violentos y, además, tienen disponibilidad inmediata de armas de fuego. El aumento del 30% reconocido por Monteoliva debería ser analizado con una tasa propia de la población de las fuerzas, diferenciada por edad, sexo, jerarquía, destino, antigüedad y modalidad, para establecer si efectivamente reproduce el promedio nacional o si existe una incidencia superior como se muestra.
Ese dato no fue difundido durante la entrevista.
La ministra sí señaló que se intensificaron los programas de acompañamiento psicológico y mencionó incluso a las capellanías como espacios de escucha directa. También afirmó que el Ministerio realiza análisis detallados de los casos y trabaja sobre políticas de bienestar.
Pero cuando el propio diagnóstico oficial incorpora el endeudamiento, el abordaje deja de poder limitarse a asistencia psicológica.
El problema financiero de un efectivo puede comenzar mucho antes de llegar a una situación extrema. Préstamos personales, tarjetas, financieras, adelantos, prestamistas informales y compromisos familiares pueden generar un circuito donde una proporción creciente del salario ya está comprometida antes de cobrarlo. El riesgo se agrava cuando las tasas activas permanecen muy por encima de la inflación y las posibilidades de refinanciación se reducen.
La situación argentina acompaña ese deterioro. Como ya informó TNA, la morosidad de las familias alcanzó el 17,5% del monto total prestado a personas físicas y acumula veinte meses consecutivos de aumento. Esa crisis crediticia atraviesa también al personal estatal y, según acaba de reconocer Monteoliva, ingresó directamente dentro de las fuerzas bajo su responsabilidad.
La declaración de la ministra tuvo, por eso, un efecto difícil de neutralizar con la referencia al crecimiento general de los suicidios. Si los agentes federales están tomando deuda porque sus ingresos no alcanzan, si algunos son el único sostén formal de familias extendidas y si el propio Ministerio prepara planes especiales para asistirlos, existe una dimensión económica que corresponde discutir junto con la sanitaria.
El Estado exige a esos hombres y mujeres portar armas, perseguir narcotraficantes, custodiar fronteras, proteger aeropuertos, intervenir frente al crimen organizado y poner en riesgo su vida. Al mismo tiempo, es quien determina cuánto cobrarán.
Monteoliva reconoció ambas caras del problema en una misma entrevista: dijo que existen suicidios asociados, entre múltiples factores, con el endeudamiento y admitió que los salarios forman parte de una negociación que todavía mantiene con el equipo económico. La estadística nacional puede explicar que las fuerzas integran una sociedad atravesada por una crisis creciente de salud mental; no alcanza, en cambio, para borrar la responsabilidad específica que tiene el Estado sobre las condiciones de quienes trabajan armados bajo su mando.
Fuentes consultadas: Ministerio de Seguridad Nacional, Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), Boletín Oficial de la República Argentina, declaraciones de Alejandra Monteoliva en Radio Mitre, Organización Panamericana de la Salud (OPS), Organización Mundial de la Salud (OMS) y antecedentes económicos y de seguridad de Total News Agency (TNA).
