La investigación que encabeza la fiscal Betina Lacki dejó de concentrarse solamente en Albertina Mangini, funcionaria del Ministerio Público bonaerense vinculada al Patronato de Liberados, y ahora intenta determinar quién daba las órdenes por encima del nivel operativo y financiero de una estructura que habría utilizado identidades de personas vulnerables para canalizar fondos del juego ilegal. En apenas un mes y medio, una de las cuentas investigadas registró movimientos brutos por $27.149.888.153,28 y terminó con una diferencia de apenas tres pesos entre ingresos y egresos.
La Plata – 21 de agosto de 2026 – Total News Agency – TNA – La fiscal Betina Lacki profundizó la investigación sobre la organización que habría lavado miles de millones de pesos provenientes del juego clandestino utilizando datos biométricos de personas vulnerables y dispuso nuevas medidas destinadas a identificar quién estaba por encima de Albertina Mangini, Mauro Perrotta y los financistas incorporados al expediente, y fundamentalmente quién era el verdadero destinatario económico del dinero una vez completado el circuito de blanqueo.
La pesquisa reconstruyó hasta ahora una estructura con funciones diferenciadas. Mangini, funcionaria del Ministerio Público bonaerense que cumplía tareas en la oficina de coordinación con el Patronato de Liberados, aparece en el primer tramo: habría utilizado su acceso a personas sometidas a tutela judicial o atravesadas por dificultades económicas para conseguir documentos, fotografías y datos biométricos que luego permitían abrir cuentas en plataformas financieras. Su detención provocó además su suspensión preventiva dentro del organismo judicial provincial.
El mecanismo habría comenzado a quedar expuesto cuando una trabajadora denunció que le habían ofrecido $80.000 a cambio del escaneo de sus ojos y otros datos personales, aunque inicialmente recibió solamente la mitad. A partir de ese caso comenzaron a rastrearse cuentas digitales creadas con identidades de terceros y utilizadas como receptoras de fondos vinculados con casinos online clandestinos.
Para la Fiscalía, Mauro Perrotta habría ocupado un nivel inmediatamente superior dentro de la operación. Los investigadores lo ubican como centro de administración de las cuentas creadas a nombre de las denominadas “mulas financieras”, con control de dispositivos, correos electrónicos, accesos y transferencias. Intermediarias identificadas en el expediente habrían llevado a las personas captadas hasta lugares de La Plata donde se obtenían documentos y registros faciales necesarios para completar las aperturas.
Uno de los teléfonos relacionados con ese circuito aparecía identificado como “CASINO 24HS”, mientras las cuentas funcionaban como cajas recaudadoras en las que ingresaba dinero que posteriormente era convertido en créditos de juego y dispersado mediante numerosas operaciones, un procedimiento destinado a dificultar la reconstrucción del origen y recorrido de los fondos.
La investigación sostiene que aquella primera etapa desembocaba luego en un nivel financiero profesional integrado, según la imputación, por Ignacio Leonel Marchioni, Juan Ignacio Campoli Sillero, Catriel Taubenschlag y Cristian Alejandro Scigliano, quienes habrían dispuesto de conocimientos y herramientas para derivar los fondos hacia plataformas financieras, activos virtuales, operaciones de arbitraje y mesas extrabursátiles OTC.
El dato que dimensiona el expediente surge de las cuentas atribuidas a Marchioni. En apenas un mes y medio se identificaron 118 créditos por $13.574.944.078,14 y 49 débitos por $13.574.944.075,14. El flujo bruto total alcanzó $27.149.888.153,28 y la diferencia final entre lo que entró y salió fue de solamente tres pesos, una dinámica compatible con cuentas utilizadas como vehículos de circulación y dispersión de fondos.
Marchioni, actualmente detenido, también aparece relacionado con otras estructuras financieras bajo investigación. Había tenido operatoria en Sur Finanzas y posteriormente cerró esa cuenta luego de un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) remitido a la Unidad de Información Financiera (UIF). También mantuvo vínculos comerciales con LB Finanzas, donde tanto él como Campoli Sillero figuraban relacionados con actividades de arbitraje.
La aparición de Sur Finanzas agrega sensibilidad al expediente porque la firma ya se encuentra alcanzada por otras investigaciones vinculadas con movimientos de fondos y con sus relaciones con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La Inspección General de Justicia (IGJ) incluyó este año expresamente las operaciones entre la AFA y el Grupo Sur Finanzas entre los asuntos que pidió examinar mediante veedores sobre las cuentas de la entidad futbolística.
La Fiscalía también detectó conexiones entre los distintos niveles de la organización. Entre ellas figura una transferencia de $150.000 realizada por Marchioni a Taubenschlag en mayo de 2023, una coincidencia temporal de aproximadamente ocho días entre Perrotta y Taubenschlag en Estados Unidos y comunicaciones secuestradas en el teléfono de Mangini, donde aparecía un contacto identificado como “MAURO” que escribió el mismo día de uno de los procedimientos.
Hasta ahora permanecen detenidos Mangini, Perrotta y Marchioni. Los otros tres imputados continúan sometidos a investigación, mientras el juez de Garantías Agustín Crispo evalúa las medidas solicitadas por la Fiscalía y deberá resolver si las actuales detenciones se transforman en prisiones preventivas.
La propia arquitectura reconstruida por Lacki llevó ahora el expediente hacia un interrogante mayor. Los seis imputados aparecen distribuidos en diferentes funciones, pero la hipótesis fiscal contempla que ninguno necesariamente controlaba por sí mismo la totalidad del mecanismo. La investigación intenta establecer quién impartía instrucciones por encima de los captadores, administradores y operadores financieros y quién recibía finalmente el dinero después de atravesar las etapas de recaudación, fragmentación, conversión y reinserción.
La sospecha también alcanza la posibilidad de que la infraestructura no estuviera dedicada exclusivamente a lavar recaudación del casino clandestino investigado, sino que pudiera ofrecer servicios financieros a otros generadores de fondos ilícitos todavía no identificados. Allí cobra especial importancia el empleo de la técnica conocida como “pitufeo”, mediante la cual grandes sumas se dividen en numerosas transferencias menores para dispersar el dinero y reducir su trazabilidad.
La investigación nacional contra este tipo de estructuras se intensificó durante los últimos meses. El Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina (PFA) confirmó que la causa platense constituye la continuidad de procedimientos iniciados en abril y describió una red destinada a captar personas en situación de extrema vulnerabilidad para recaudar, dispersar y ocultar fondos procedentes de un casino online clandestino y otras actividades ilegales.
Lacki también pidió colaboración al presidente de la UIF, Matías Álvarez, cuya gestión asumió en abril con el objetivo declarado de fortalecer la producción de inteligencia financiera y la cooperación entre organismos. La Unidad tiene competencia específica para analizar, tratar y transmitir información destinada a prevenir e impedir operaciones de lavado de activos.
El avance sobre los flujos financieros será decisivo porque la causa ya consiguió reconstruir cómo se obtenían identidades, cómo se abrían y controlaban las billeteras y cómo se movían miles de millones de pesos. Lo que todavía busca establecer la Fiscalía es el tramo que podría resultar más comprometedor para la estructura completa: quién daba las órdenes y quién se quedaba finalmente con el dinero después de que los $27.149 millones atravesaran todo el circuito financiero diseñado para borrar su origen.
Fuentes consultadas: actuaciones de la Fiscalía de La Plata, Policía Federal Argentina, Ministerio de Seguridad Nacional, Unidad de Información Financiera, Inspección General de Justicia, fuentes judiciales vinculadas al expediente, El Día y antecedentes documentales sobre Sur Finanzas.
