Por RR
La contratación de CEMPPSA, controlada por Edison Energía, para intervenir en la operación y mantenimiento transitorio de Los Nihuiles colocó nuevamente a Juan y Patricio Neuss en el centro de una privatización estratégica antes de que se defina el futuro concesionario. Desde la llegada de Javier Milei, el grupo aceleró su desembarco sobre distribuidoras eléctricas, líneas de alta tensión, Potrerillos, represas del Comahue y Transener, mientras su cercanía con Santiago Caputo reaparece alrededor de la Hidrovía y otras contrataciones públicas. Ese mismo corredor político conduce hacia Fernando Cerimedo, detenido e investigado en Bolivia: medios bolivianos atribuyen a la red de billeteras detectada a partir de su teléfono movimientos que escalan desde US$44 millones y US$132,8 millones hasta más de US$200 millones, mientras la Fiscalía abrió una causa por presunta protección de vuelos ligados al narcotráfico en Santa Ana del Yacuma, donde otra investigación secuestró 316 kilos de cocaína. En la Hidrovía argentina, donde Cerimedo ingresó societariamente, una causa distinta decomisó este mes 497 kilos destinados a contaminar un buque.
Buenos Aires – 28 de agosto de 2026 – Total News Agency – TNA – La familia Neuss volvió a aparecer en posición privilegiada frente a otra concesión estratégica del Estado. Esta vez el escenario es Los Nihuiles, el sistema hidroeléctrico mendocino que Nación y Mendoza pretenden entregar a un operador privado por 30 años y cuya licitación todavía no fue resuelta, pero donde una empresa controlada por el holding encabezado por Juan y Patricio Neuss ya ingresó mediante una contratación para intervenir durante la etapa transitoria del complejo.
La documentación conocida confirmó que EMESA e Hidroelectricidad Mendocina SA (HEMSA) recurrieron al Consorcio de Empresas Mendocinas para Potrerillos SA (CEMPPSA), controlado por Edison Energía, para colaborar en la operación y mantenimiento de Los Nihuiles tras la salida del anterior concesionario. El directorio de EMESA aprobó la contratación el 28 de julio y HEMSA hizo lo propio al día siguiente, mientras el gobernador Alfredo Cornejo encabezó el 31 de julio la toma de posesión de las centrales, presas y demás activos del sistema. La oposición mendocina calificó como escandalosa la situación porque CEMPPSA no es un proveedor ajeno al eventual negocio: opera Potrerillos y pertenece al mismo conglomerado empresario señalado entre los posibles interesados en la futura concesión.
La circunstancia abre un interrogante concreto sobre la igualdad competitiva. Una empresa que participa de la operación transitoria accede necesariamente al funcionamiento cotidiano del complejo, estado de generadores y turbinas, necesidades de inversión, costos operativos, daños pendientes, infraestructura disponible y problemas técnicos de los activos que posteriormente podrían salir a concesión. La contratación fue reconocida mediante una comunicación interna de Mauricio Pinti Clop, presidente de HEMSA y gerente general de EMESA, después de que el acuerdo trascendiera públicamente, mientras el Gobierno mendocino explicó que necesitaba asegurar la continuidad operativa y no encontraba fácilmente otro operador con capacidad inmediata.
El Decreto 667/2026 abrió una licitación pública nacional e internacional para conceder la generación de Nihuil I, II, III y IV y vender el 100% de las acciones de HEMSA. La Secretaría de Energía dependiente del Ministerio de Economía de Luis Caputo participa junto con Mendoza en el diseño del proceso y en la futura evaluación de las ofertas. La discusión se volvió todavía más sensible porque una crecida excepcional del río Atuel inundó en enero de 2025 las casas de máquinas de Nihuil II y III, dañando generadores, tableros y sistemas auxiliares, y existen diferencias de decenas de millones de dólares acerca de cuánto demandará recuperar plenamente esas centrales.
Los legisladores opositores cuestionan también que Mendoza haya pasado de discutir la venta del 90% de HEMSA a desprenderse finalmente del 100%, quedándose fuera de la sociedad que explotará durante tres décadas un recurso estratégico. Por eso impulsan una comisión bicameral que pueda acceder a los pliegos, conocer la valuación utilizada, verificar los seguros correspondientes al aluvión, determinar el costo real de reconstrucción y establecer quiénes son los interesados antes de que el procedimiento alcance su etapa definitiva.
El interés sobre los Neuss no proviene solamente de Los Nihuiles. Desde la llegada de Javier Milei al poder, Edison Energía protagonizó una expansión acelerada sobre sectores regulados y activos cuya transferencia depende de decisiones gubernamentales. En marzo de 2025 adquirió un paquete que incluyó EDET, distribuidora eléctrica de Tucumán; EJESA, de Jujuy; Líneas de Transmisión del Litoral (LITSA) y posiciones relacionadas con Potrerillos. Después ingresó en la privatización de las represas del Comahue, con participación sobre Alicurá y Cerros Colorados, y durante 2026 avanzó sobre uno de los activos más importantes del sistema eléctrico nacional.
Edison se asoció con Genneia, vinculada empresarialmente con Jorge Brito, y presentó una oferta de US$356,17 millones por la participación estatal en Citelec, controlante de Transener, superando las propuestas de Central Puerto y Edenor. Transener administra la columna vertebral de la transmisión eléctrica argentina en extra alta tensión, de manera que el desembarco colocó al conglomerado en un segmento estratégico que se sumó a generación, distribución y transporte regional. Más tarde, Edison obtuvo también el control integral de LITSA, vinculada al transporte de electricidad proveniente de Yacyretá y a conexiones del sistema NOA-NEA.
La velocidad de ese crecimiento coincide con una relación repetidamente mencionada por fuentes políticas y empresariales: la cercanía de los hermanos Neuss con Santiago Caputo, uno de los hombres con mayor influencia dentro de la administración Milei. Esa proximidad fue señalada durante las privatizaciones eléctricas y reapareció alrededor de otros negocios públicos. Publicaciones especializadas describieron a los empresarios y al asesor presidencial como integrantes de un mismo círculo social, mientras el conglomerado incrementaba aceleradamente su presencia dentro de mercados cuya regulación y adjudicación dependen del Estado.
El nombre de los Neuss y el de Caputo apareció también alrededor de la Hidrovía Paraná-Paraguay, donde distintos grupos se posicionaron para participar en servicios de dragado, balizamiento, mantenimiento y actividades auxiliares. El proceso estuvo atravesado por impugnaciones, modificaciones, cuestionamientos sobre requisitos y acusaciones de direccionamiento, una sensibilidad explicable por el valor estratégico de una vía fluvial por la cual circula aproximadamente el 80% de las exportaciones argentinas.
La Hidrovía constituye además el punto donde aparece otro hombre relacionado políticamente con Santiago Caputo: Fernando Cerimedo. Registros oficiales muestran que el consultor ingresó 13 veces a la Casa Rosada entre diciembre de 2023 y junio de 2024, pese al posterior distanciamiento público del Gobierno, y que su última visita conocida fue habilitada por el propio Caputo. Paralelamente, Surlibre Inversiones SA, sociedad constituida por Cerimedo y Vicente Federico Quintanal en mayo de 2024, adquirió el 30% de Sanabria SRL, una firma situada en Puerto General San Martín que pasó de guardería náutica a prestar servicios vinculados con embarcaciones y abastecimiento de combustible en pleno corredor del Paraná.
Las investigaciones abiertas posteriormente en Bolivia obligan ahora a revisar también las cifras financieras que rodean a Cerimedo. El cable original consignaba únicamente los US$66.606 movilizados durante once meses por la dirección de la billetera hallada anotada en su teléfono y los US$1,39 millones concentrados y distribuidos por una cuenta antecedente. Esas cifras son efectivamente las que un análisis independiente de la blockchain pudo asociar directamente con ese circuito inmediato, pero no abarcan las cifras considerablemente mayores que están siendo difundidas por el senador boliviano Leonardo Roca y distintos medios a partir del rastreo de las billeteras conectadas.
Según Roca, el seguimiento realizado desde el código obtenido del peritaje del Instituto de Investigaciones Forenses de Bolivia (IDIF) condujo hacia una red de aproximadamente diez billeteras y direcciones sucesivas. En sus primeras declaraciones sostuvo que una de las cuentas rastreadas llegó a mover US$132,8 millones, mientras medios bolivianos posteriores informaron que la suma de operaciones observadas dentro de las diferentes ramificaciones superaría los US$200 millones. Visión 360 y Los Tiempos publicaron esa cifra superior a US$200 millones, mientras Red Uno reprodujo la afirmación de Roca sobre una cuenta que habría movilizado US$132 millones.
Una publicación posterior de Infobae habló de más de US$44 millones durante seis meses a partir de la reconstrucción presentada por el senador. Las diferencias obedecen a que no todos están contabilizando el mismo universo: una cosa es el movimiento registrado por la billetera cuyo código apareció en el teléfono, otra la cuenta que inicialmente la fondeó y otra muy distinta el volumen total histórico de las cuentas, intermediarios y plataformas de intercambio a las que conduce el rastreo.
Un análisis independiente de El Post introdujo una precisión importante para interpretar esos números. La dirección registrada en el teléfono movió aproximadamente US$66.606 desde septiembre de 2025 y recibió su primer depósito —US$1.000— desde una cuenta que concentró y distribuyó US$1,39 millones entre junio y septiembre de 2025. Al seguir las ramificaciones aparecen direcciones que registran decenas e incluso centenares de millones de dólares, pero varias presentan patrones compatibles con casas de cambio o plataformas utilizadas por miles de clientes. Por ello, las cifras de US$44 millones, US$132,8 millones y más de US$200 millones forman parte de la investigación y del rastreo anunciado por Roca.
El componente financiero adquirió mayor gravedad porque Cerimedo afronta simultáneamente una causa por presunto enriquecimiento ilícito, otra por tentativa de feminicidio contra Nadia Beller y una tercera investigación abierta por la Fiscalía Departamental del Beni para determinar si existió protección a vuelos irregulares presuntamente utilizados para transportar sustancias controladas. El fiscal Alexander Mendoza confirmó que la pesquisa se concentra sobre Santa Ana del Yacuma y que podría alcanzar tanto a particulares como a autoridades aeroportuarias y funcionarios responsables de combatir el narcotráfico.
Según la denuncia de Nadia Beller, personas vinculadas con Cerimedo habrían utilizado como explicación la instalación de dispositivos GPS o sistemas de seguimiento en avionetas para ejercer control sobre determinados vuelos. La Fiscalía investiga ahora si detrás de esa estructura existieron cobros o protección para permitir el despegue de aeronaves cargadas con sustancias controladas desde Santa Ana hacia Brasil. La cantidad de droga correspondiente específicamente a los vuelos investigados todavía no fue determinada públicamente por el Ministerio Público, pero el escenario donde se desarrollaban esas operaciones aporta un antecedente particularmente significativo: en marzo de 2025, en una estancia de ese mismo municipio, las autoridades bolivianas encontraron 316 kilos de cocaína.
Hidrovia: El 10 de agosto, la Prefectura Naval Argentina desarticuló sobre el río Paraná una maniobra destinada a “contaminar” un buque comercial y decomisó alrededor de 497 a 499 kilos de cocaína, valuados oficialmente en más de $11.500 millones. La organización utilizaba una embarcación menor para aproximarse a un granelero y transferir la droga sin incorporarla a la carga declarada, exactamente una de las modalidades que convirtió a la Hidrovía en corredor internacional de salida de cocaína hacia mercados extranjeros.
Ese operativo adquiere interés contextual porque Sanabria SRL, donde Surlibre de Cerimedo y Quintanal tomó el 30%, posee instalaciones sobre el mismo sistema fluvial, en Puerto General San Martín, y desarrolló actividades relacionadas con embarcaciones y provisión de combustibles. El dato no vincula a la empresa con el cargamento secuestrado, pero demuestra la sensibilidad criminal y logística del corredor en el que un hombre hoy investigado en Bolivia por posible protección a vuelos ligados al narcotráfico decidió desembarcar empresarialmente después de la llegada de Milei al Gobierno.
Las tres dimensiones —dinero digital, aeronaves en Bolivia e Hidrovía argentina— comienzan así a adquirir una escala considerablemente superior a la reflejada inicialmente. La investigación financiera ya no gira solamente alrededor de una billetera que movió US$66.000: un senador boliviano está reclamando investigar una red que, dependiendo de qué niveles de cuentas se contabilicen, muestra operaciones por US$44 millones, US$132,8 millones e incluso más de US$200 millones. Paralelamente, la nueva causa antinarcóticos busca establecer quién daba protección a vuelos desde una localidad donde se decomisaron 316 kilos de cocaína en otra pesquisa, mientras en el corredor fluvial argentino donde Cerimedo adquirió intereses societarios acaba de secuestrarse casi media tonelada de cocaína en una investigación distinta.
Esos antecedentes no acreditan por sí mismos una circulación de dinero entre Cerimedo y los Neuss, y hasta el momento no surgió públicamente una transferencia identificada entre las billeteras examinadas y Edison Energía, CEMPPSA o sociedades de la familia. Lo que sí aparece es una sucesión de negocios y accesos que confluyen políticamente sobre Santiago Caputo: los Neuss aceleraron durante la administración Milei su penetración sobre energía, transmisión, hidroeléctricas, infraestructura y licitaciones; Cerimedo mantuvo acceso al asesor presidencial y a la Casa Rosada mientras armaba sociedades y desembarcaba en la Hidrovía; y las investigaciones bolivianas abrieron ahora un rastreo financiero de dimensiones potencialmente muy superiores a las conocidas inicialmente.
La contratación anticipada en Los Nihuiles agrega otro elemento a esa secuencia porque coloca dentro del activo a una empresa del universo Neuss antes de conocerse quién terminará explotándolo durante 30 años. Por eso la discusión que comenzó en Mendoza alrededor de una contratación de mantenimiento terminó extendiéndose hacia una cuestión mayor: cómo un conjunto reducido de empresarios consiguió expandirse con extraordinaria velocidad sobre activos públicos y concesiones estratégicas desde diciembre de 2023, qué incidencia poseen sus relaciones con el círculo presidencial y qué información deberán reconstruir ahora los organismos de control frente a una red de intereses que atraviesa electricidad, represas, transmisión, Hidrovía y contrataciones estatales.
Fuentes consultadas: documentación oficial de EMESA, HEMSA, CEMPPSA y Edison Energía; Decreto 667/2026; antecedentes de las privatizaciones de Transener y las centrales del Comahue; actuaciones legislativas mendocinas sobre Los Nihuiles; registros de ingresos de Fernando Cerimedo a Casa Rosada; antecedentes societarios de Surlibre Inversiones SA y Sanabria SRL; declaraciones del senador boliviano Leonardo Roca y publicaciones de Red Uno, Visión 360, Los Tiempos, Infobae y El Post sobre el rastreo de las billeteras digitales; Fiscalía Departamental del Beni y declaraciones del fiscal Alexander Mendoza sobre vuelos irregulares desde Santa Ana del Yacuma; antecedentes del secuestro de 316 kilos de cocaína en esa localidad; y documentación de la Prefectura Naval Argentina, PROCUNAR y el Ministerio Público Fiscal sobre el secuestro de 497/499 kilos de cocaína en el río Paraná durante agosto de 2026.
No dejes que el algoritmo oculte las noticias. Si confías en este sitio para obtener información confiable, por favor dedica un momento a seleccionarnos como tu fuente preferida en Google: haz clic aquí y marca el casillero o pulsa el botón de TotalNewsAgency.com para ver siempre nuestras noticias verificadas en tus preferencias.
