El Tribunal Oral Federal N°2 notificó al Registro de la Propiedad Inmueble el embargo preventivo del departamento de San José 1111 donde Cristina Kirchner cumple su condena por la causa Vialidad. La medida busca preservar activos para ejecutar un decomiso que fue fijado en $684.990 millones y cuyo sistema de actualización ya quedó firme en la Corte Suprema. El embargo no implica un remate inmediato, pero abre la posibilidad concreta de que el inmueble termine siendo ejecutado si resulta incorporado definitivamente al conjunto de bienes destinados al recupero. En ese escenario, la ex presidente tendría que pedir al tribunal un nuevo domicilio para continuar la prisión domiciliaria y quedaría sin efecto práctico la particular configuración creada por la compra del piso inferior por María Soledad Calle, operación que ya despertó el interés de la Justicia.
Buenos Aires – 28 de agosto de 2026 – Total News Agency – TNA – La oficialización del embargo sobre el departamento de San José 1111 donde Cristina Fernández de Kirchner cumple prisión domiciliaria introdujo una variable inesperada en la ejecución de su condena: si el inmueble termina incorporado al proceso de decomiso y posteriormente es vendido o rematado, la ex presidente deberá abandonar el domicilio que desde junio de 2025 funciona simultáneamente como vivienda, lugar de detención y centro político del kirchnerismo.
El Tribunal Oral Federal N°2, integrado por Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, notificó al Registro de la Propiedad Inmueble el embargo preventivo sobre San José 1111 después de haber dispuesto el 12 de agosto nuevas medidas patrimoniales para asegurar bienes capaces de responder por el decomiso fijado en la causa Vialidad. El departamento se sumó a propiedades de Los Sauces SA, Hotesur SA, unidades del Madero Center, inmuebles en El Calafate y Río Gallegos y otros activos puestos bajo análisis mientras avanza la ejecución patrimonial de la sentencia.
La diferencia entre embargo, decomiso y remate resulta esencial para comprender qué puede ocurrir ahora. El embargo preventivo no significa que la propiedad será vendida en forma inmediata ni que Cristina Kirchner deba abandonarla en los próximos días. Su función consiste en inmovilizar jurídicamente el inmueble para impedir que sea vendido, transferido o utilizado de una manera que frustre una eventual ejecución posterior. El paso siguiente depende de que el tribunal determine qué bienes deben integrar definitivamente el decomiso, resuelva las controversias de propiedad pendientes, complete las tasaciones y ordene su realización para convertirlos en dinero.
El proceso ya está mucho más avanzado que un año atrás. En julio de 2025 el TOF 2 intimó a Cristina Kirchner y a los restantes condenados a depositar $684.990.350.139,86 dentro de los diez días hábiles siguientes, bajo apercibimiento de ejecutar sus bienes si no cumplían. El dinero no fue depositado y las defensas iniciaron una sucesión de recursos destinados a cuestionar tanto el monto como el alcance de la ejecución. Durante meses esos planteos retrasaron los remates, pero el 2 de julio de 2026 la Corte Suprema rechazó recursos centrales y dejó firme el mecanismo utilizado para determinar la cifra, habilitando nuevamente el avance sobre los activos.
La situación presenta todavía una particularidad adicional: la cifra de $684.990 millones corresponde a una actualización anterior y la fiscalía encabezada por Diego Luciani volvió a calcular durante julio el perjuicio con la inflación acumulada, llevando la estimación a unos $898.000 millones. La valoración definitiva que se utilice en la etapa final deberá ser determinada judicialmente conforme al criterio de actualización que ya fue convalidado, por lo que el objetivo patrimonial puede terminar siendo sustancialmente mayor que los $685.000 millones que dieron origen a los primeros embargos.
El decomiso tampoco recae exclusivamente sobre Cristina Kirchner. La obligación fue establecida de manera solidaria para los condenados de la causa Vialidad, entre ellos Lázaro Báez y otros exfuncionarios, aunque el tribunal debe determinar qué activos de cada uno pueden ser ejecutados y cuáles guardan relación con el provecho económico de la maniobra juzgada. En abril, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó que podían incorporarse propiedades transferidas a Máximo y Florencia Kirchner, decisión que amplió considerablemente el universo patrimonial disponible.
En una etapa anterior se habían individualizado 111 inmuebles, de los cuales 84 estaban vinculados con Báez, 19 con Máximo y Florencia Kirchner y uno directamente registrado a nombre de la ex presidente. El nuevo embargo sobre San José 1111 amplía esa red de activos bajo protección cautelar y demuestra que la fiscalía continúa buscando bienes suficientes para cubrir un decomiso cuyo monto supera ampliamente el valor individual de cualquiera de esas propiedades.
Una vez que un inmueble queda definitivamente sujeto a decomiso, el ordenamiento argentino permite su venta. El artículo 23 del Código Penal establece que los bienes o ganancias producto o provecho de un delito pueden ser decomisados y contempla expresamente la posibilidad de que un activo sea subastado. La Acordada 22/2025 de la Corte Suprema, dictada precisamente para mejorar el recupero de activos provenientes de causas penales y de corrupción, ordena que la venta de bienes decomisados se produzca sin demora injustificada y que las subastas sean publicadas oficialmente.
En términos prácticos, eso significa que San José 1111 podría terminar siendo rematado, pero sólo después de una resolución que avance desde el actual embargo cautelar hacia la ejecución definitiva del inmueble. Antes deberán resolverse eventuales planteos de la defensa, verificarse la titularidad y valuación y establecerse si el tribunal considera necesaria su realización para alcanzar el monto del decomiso. No existe hoy una fecha fijada para ese eventual remate, aunque el panorama judicial es sustancialmente distinto del que existía antes del fallo de la Corte de julio: la etapa de discusión sobre si el decomiso podía ejecutarse perdió varios de sus principales obstáculos y el procedimiento ya entró en la fase de localización, embargo y tasación de bienes.
Si el tribunal dispone finalmente la venta de San José 1111, aparecerá inmediatamente otro problema: Cristina Kirchner no puede elegir unilateralmente dónde continuar cumpliendo su condena. La resolución del 17 de junio de 2025 que le otorgó prisión domiciliaria fijó expresamente como lugar de detención el segundo piso, departamento “D”, de San José 1111 y estableció que no puede abandonar ese domicilio salvo fuerza mayor o autorización previa del tribunal.
Una venta judicial haría materialmente imposible mantener esa condición. Antes de que el comprador recibiera la posesión del inmueble, la defensa debería proponer otro domicilio y el juez de ejecución tendría que evaluar si reúne las condiciones necesarias para continuar con la prisión domiciliaria, incluyendo seguridad, posibilidades de monitoreo electrónico y cumplimiento de las restricciones impuestas. No existe una regla que obligue al tribunal a trasladarla a una cárcel por el solo hecho de venderse su vivienda: el beneficio de la domiciliaria y el inmueble concreto donde se cumple son cuestiones jurídicas diferentes. Mientras subsistan las razones por las cuales se concedió esa modalidad, el TOF 2 podría autorizar otro domicilio, pero tendría que hacerlo mediante una resolución expresa y adaptar allí la vigilancia electrónica.
La Justicia ya ratificó varias veces que Cristina Kirchner continuará bajo prisión domiciliaria y con tobillera electrónica. En junio pasado, el juez Giménez Uriburu revisó el primer año de ejecución y mantuvo el régimen después de considerar los informes de la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica, mientras la Cámara Federal de Casación Penal confirmó posteriormente tanto el dispositivo como las restricciones de visitas. Por lo tanto, una eventual ejecución de San José 1111 no extinguiría la condena domiciliaria, pero obligaría a rediseñar completamente su lugar de cumplimiento.
Ese escenario tendría además una consecuencia inesperada sobre otra investigación que comenzó a rodear al edificio durante los últimos días. El 20 de agosto de 2025, apenas dos meses después de que Cristina Kirchner comenzara a cumplir allí la pena, María Soledad Calle, dirigente sindical vinculada con La Cámpora y actual investigada por la administración de fondos de la Unión Obrera Metalúrgica, compró por unos US$189.000 el departamento ubicado inmediatamente debajo del de la ex presidente.
La adquisición despertó el interés del TOF 2 después de que trascendiera públicamente la operación. Giménez Uriburu pidió a la DAPVE un informe detallado para determinar si los desplazamientos de Cristina Kirchner registrados dentro del edificio como “salidas a la terraza” correspondieron efectivamente a ese destino y reclamó precisiones técnicas sobre la capacidad de la pulsera electrónica para diferenciar movimientos entre pisos. También solicitó al juez Julián Ercolini información sobre la causa que investiga a Calle y al exjefe de la UOM Abel Furlán.
La compra del piso inferior adquirió relevancia porque Calle mantiene una relación política cercana con el kirchnerismo y es vicepresidenta de Unión de Seccionales Metalúrgicas (USEM), empresa que recibió un contrato para administrar parte de los fondos de la UOM. En esa investigación se analiza una retribución equivalente al 0,5% de los aportes sindicales y los querellantes ya solicitaron allanar el departamento de San José 1111 y determinar el origen del dinero utilizado para adquirirlo.
Si el departamento de Cristina Kirchner termina siendo rematado y vendido a un tercero ajeno a su entorno, esa configuración quedaría materialmente desarticulada. La proximidad creada por la adquisición de Calle —una dirigente políticamente vinculada con la ex presidente ocupando el piso inmediatamente inferior al lugar donde ésta cumple su condena— perdería utilidad práctica si Cristina debe trasladarse a otro domicilio y el segundo piso pasa a manos de un comprador surgido de una subasta judicial.
Precisamente por eso el embargo introduce una variable que hasta ahora no estaba presente cuando el TOF 2 comenzó a estudiar los movimientos internos del edificio. La Justicia intenta determinar si Cristina Kirchner pudo desplazarse hacia la propiedad de Calle o si todas las salidas correspondieron exclusivamente a la terraza autorizada; pero, paralelamente, el mismo tribunal está preservando el departamento de la condenada para una posible ejecución que podría terminar obligándola a abandonar por completo San José 1111. Otra variable podria ser qué algún allegado adquiera la propiedad y permita que la rea prosiga con la permisiva prisión domiciliaria.
El momento exacto dependerá de la velocidad con la que avance la realización de los bienes. La legislación no establece que un inmueble embargado por una condena deba rematarse en una fecha automática. El TOF 2 debe individualizar activos, resolver planteos de terceros, tasarlos y decidir en qué orden conviene ejecutarlos para cubrir el monto reclamado. La Corte Suprema dispuso en 2025 que los tribunales procuren la venta de bienes decomisados sin demoras, pero mantiene en manos de los jueces la administración concreta del procedimiento.
San José 1111 posee además una dificultad jurídica y política inexistente en una propiedad vacía: actualmente funciona como lugar de cumplimiento de una pena. Si el TOF 2 decide incluirlo entre los primeros activos a rematar, deberá coordinar necesariamente la ejecución patrimonial con la ejecución penal, fijando un nuevo domicilio antes de entregar el inmueble. También podría optar por vender primero otros bienes y mantener el embargo sobre San José como garantía hasta comprobar si el resto alcanza para cubrir la suma, aunque hoy no existe resolución pública que establezca cuál será el orden de realización.
La clave está en que el embargo ya impide disponer libremente de la propiedad y coloca el inmueble dentro del radar efectivo del recupero patrimonial. La discusión dejó de ser hipotética desde que la Corte confirmó la continuidad de la ejecución y el TOF 2 notificó formalmente la medida al Registro de la Propiedad Inmueble.
El destino de San José 1111 dependerá entonces de dos expedientes que avanzan simultáneamente y que terminaron cruzándose dentro del mismo edificio: la ejecución de los cientos de miles de millones de pesos del decomiso de Vialidad y la investigación sobre el departamento adquirido por María Soledad Calle. Si el primero conduce finalmente al remate, no sólo Cristina Kirchner perderá el domicilio donde cumple su condena y deberá pedir otro lugar de detención; también desaparecerá físicamente la proximidad que ahora investiga el tribunal entre la vivienda de la ex presidente y la propiedad comprada por una dirigente camporista investigada por el manejo de fondos sindicales.
Fuentes consultadas: Tribunal Oral Federal N°2; Cámara Federal de Casación Penal; Corte Suprema de Justicia de la Nación; Código Penal de la Nación, artículo 23; Código Procesal Penal de la Nación; Acordada 22/2025 de la Corte Suprema sobre bienes decomisados y recupero de activos; actuaciones de la causa Vialidad; resoluciones sobre la prisión domiciliaria de Cristina Fernández de Kirchner; actuaciones de la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica; investigación judicial sobre María Soledad Calle, Abel Furlán y USEM; La Nación; Infobae; antecedentes de la Fiscalía encabezada por Diego Luciani sobre la actualización y ejecución del decomiso.
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