Por Daniel Romero
El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, consiguió destrabar en el Senado los pliegos de Alejandro Catania y Juan Pedro Galván Greenway, cuestionados por sus vínculos con causas de la AFA, y el de Juan Manuel Mejuto, observado por su pasado en Justicia Legítima. La ofensiva se suma a un volumen récord de nominaciones: el Gobierno ya envió 203 candidatos al Senado y el propio Ministerio sostiene que ninguna administración presentó tantos pliegos en un solo año desde la creación del Consejo de la Magistratura. El fenómeno excede la cobertura de vacantes: Mahiques, respaldado por Karina Milei y con llegada creciente a Javier Milei, está construyendo desde el Ejecutivo una red judicial destinada a perdurar mucho después de que termine este gobierno. “Mientras Milei pelea con la casta, Mahiques la recicla en la Justicia”
Buenos Aires – 28 de agosto de 2026 – Total News Agency – TNA – El Gobierno de Javier Milei volvió a acelerar una transformación silenciosa pero de enorme profundidad institucional: la ocupación de vacantes judiciales mediante una maquinaria política conducida por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, que en apenas seis meses consiguió enviar al Senado más de 200 postulaciones y obtener acuerdos para una proporción considerable de ellas, incluyendo cargos estratégicos en cámaras federales, tribunales económicos y fueros capaces de revisar causas que afectan directamente al poder político, empresarios, organismos estatales y al fútbol argentino.
La última maniobra se produjo en la Comisión de Acuerdos del Senado, donde el oficialismo y sus aliados destrabaron las postulaciones de Alejandro Javier Catania y Juan Pedro Galván Greenway para integrar la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, después de casi cuatro meses de congelamiento por los cuestionamientos surgidos alrededor de sus intervenciones en causas relacionadas con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), su presidente Claudio “Chiqui” Tapia y el tesorero Pablo Toviggino. Los dos candidatos consiguieron 14 firmas sobre los 17 integrantes de la comisión y quedaron en condiciones de llegar al recinto durante una sesión que el oficialismo pretende convocar en la segunda semana de septiembre.
Los pliegos habían quedado frenados por decisión política de Karina Milei, pese a que habían sido impulsados originalmente por Mahiques. La secretaria general de la Presidencia había ordenado congelarlos cuando crecieron las objeciones sobre sus antecedentes en expedientes sensibles para la conducción de la AFA. Cuatro meses después, el veto perdió fuerza y el ministro logró preservar las candidaturas hasta conseguir las firmas necesarias. La secuencia retrata con claridad el peso que Mahiques adquirió dentro de la estructura libertaria: no sólo propone nombres sino que consigue mantenerlos vivos incluso después de que la propia Casa Rosada decide ponerlos momentáneamente bajo sospecha.
En la audiencia pública del 6 de mayo, Galván Greenway negó mantener vínculos personales con Chiqui Tapia. Sin embargo, varios senadores cuestionaron su intervención en una decisión judicial favorable al presidente de la AFA dentro de una causa donde se analizaban presuntas irregularidades financieras. En el caso de Catania, las observaciones incluyeron su relación previa con sectores del kirchnerismo y su actuación en expedientes vinculados tanto con Tapia como con Toviggino. Durante semanas, dentro del propio oficialismo se analizó la posibilidad de retirar ambas nominaciones, pero Mahiques decidió sostenerlas y esperar que el costo político disminuyera.
El tercer nombre que consiguió salir del freezer es Juan Manuel Mejuto, propuesto para integrar el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°8 de la Capital Federal. Su candidatura había generado resistencia porque aparece entre quienes suscribieron el documento fundacional de Justicia Legítima, la “orga” judicial surgida durante el kirchnerismo y asociada durante años con una concepción militante del Poder Judicial. Hasta la semana pasada su dictamen carecía de firmas suficientes; este jueves obtuvo nueve, exactamente el mínimo requerido para avanzar. El pragmatismo y espíritu negociador de Mahiques no sabe de límites.
El respaldo a Mejuto expone otro rasgo del armado de Mahiques: la selección no parece responder a una frontera ideológica rígida. Dentro de los paquetes enviados por el ministro conviven jueces relacionados con estructuras tradicionales del Poder Judicial, magistrados con pasado kirchnerista, candidatos cercanos a dirigentes de la AFA y funcionarios con relaciones dentro del macrismo, el peronismo y el universo libertario. Más que construir una Justicia exclusivamente partidaria, el ministro parece estar edificando una red transversal propia capaz de sobrevivir a cambios electorales y mantener influencia mucho después de finalizado el mandato de Milei.
Esa característica ayuda a comprender por qué el actual proceso resulta políticamente más profundo que una simple cobertura administrativa de vacantes. Mahiques llegó al Ministerio de Justicia en marzo impulsado por Karina Milei, quien buscaba incrementar su influencia sobre los tribunales, el Consejo de la Magistratura y organismos sensibles vinculados con investigaciones financieras y judiciales. Desde entonces, el ministro fortaleció su relación personal con el Presidente, construyó un canal directo con la hermana presidencial y comenzó a negociar los pliegos junto con dirigentes parlamentarios que responden políticamente a ella, entre ellos Martín Menem, Eduardo “Lule” Menem y funcionarios encargados de acordar con los gobernadores.
El propio Gobierno exhibe los números como un éxito de gestión. A comienzos de agosto, Mahiques informó oficialmente que el Ejecutivo ya había enviado 203 pliegos judiciales al Senado y afirmó que Milei se convirtió en el presidente que más candidatos remitió a la Cámara alta en un solo año desde la creación del Consejo de la Magistratura en 1994. Fuentes cercanas al Ministerio sostienen además que en aproximadamente cinco meses de gestión ya se logró cubrir o encaminar cerca de 180 vacantes sobre más de 300 existentes al momento de asumir el nuevo equipo. Esa velocidad coloca a la actual administración en condiciones de alterar sustancialmente la composición de la Justicia federal y nacional antes de que termine el mandato presidencial.
La comparación histórica demuestra la dimensión del fenómeno. Durante toda la presidencia de Mauricio Macri se registraron 269 designaciones de magistrados de la Justicia nacional y federal, mientras Alberto Fernández acumuló 195. El Gobierno de Milei había tenido apenas cuatro designaciones registradas durante sus primeros dos años, pero la llegada de Mahiques modificó abruptamente el ritmo: con 203 pliegos enviados sólo durante 2026 y decenas ya aprobados, la administración quedó en condiciones de aproximarse en un período extraordinariamente corto a los volúmenes de nombramientos realizados durante mandatos presidenciales completos. Los datos oficiales actualizados del Ministerio de Justicia muestran que el salto de este año no tiene equivalente reciente por velocidad de tramitación.
El avance volvió a quedar expuesto este jueves, cuando el Senado aprobó 67 pliegos judiciales promovidos por el Gobierno. Entre ellos estuvieron Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, destinados a integrar la estratégica Sala I de la Cámara Federal porteña, tribunal que revisa decisiones adoptadas por los jueces de Comodoro Py en investigaciones de corrupción, lavado de dinero y causas políticamente sensibles. Bertuzzi consiguió 44 votos a favor y 23 en contra, mientras el resto del paquete obtuvo un respaldo mucho más amplio.
La importancia de esa cámara resulta difícil de exagerar. Por sus salas pasan decisiones vinculadas con expedientes que pueden involucrar a miembros del Gobierno, entre ellos investigaciones relacionadas con $LIBRA, contrataciones y actuaciones de la ANDIS y otros procesos por presunto enriquecimiento o administración irregular de recursos públicos. El Ejecutivo no controla ¿o si? las decisiones de esos magistrados, pero sí está participando activamente, mediante el mecanismo constitucional de ternas, selección presidencial y acuerdo del Senado, en la conformación de tribunales que durante años tendrán la última palabra antes de la Casación sobre investigaciones capaces de afectar a funcionarios actuales y futuros.
En el mismo paquete avanzó Agustín Raúl Rubiero, propuesto para integrar la Sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil. Rubiero fue integrante hasta hace pocos meses del Tribunal de Disciplina de la AFA y mantiene una relación cercana con Mahiques. Su nominación despertó cuestionamientos adicionales porque había quedado en el puesto 22 del orden de mérito del concurso y figuraba en una lista complementaria. Después de la renuncia de uno de los integrantes de una terna, el Ministerio de Justicia lo elevó como candidato, en lugar de escoger prioritariamente a otros postulantes originalmente mejor posicionados, una decisión que generó objeciones dentro del propio mundo judicial.
La Sala D no es un destino menor para alguien proveniente del universo institucional de la AFA. Esa cámara interviene en litigios civiles vinculados con asociaciones y entidades deportivas y protagonizó decisiones favorables a la Asociación del Fútbol Argentino en la disputa sobre el control de sus balances y el traslado de su domicilio a Pilar. La llegada de un exintegrante del tribunal disciplinario de la entidad a ese órgano añade otra pieza a una secuencia en la que los nombres relacionados con Tapia y Toviggino aparecen repetidamente dentro del esquema de nominaciones elaborado desde Justicia.
El caso de María Verónica Michelli mostró, en sentido contrario, hasta qué punto la selección también puede responder a cálculos políticos. Su pliego para el Tribunal Oral Criminal Federal N°3 de La Plata fue inicialmente enviado por el propio Milei y posteriormente retirado por el Ejecutivo después de que se conociera que era cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, quien investigó el caso $LIBRA y otros asuntos sensibles para el Gobierno. El Senado terminó forzando políticamente su tratamiento mediante un acuerdo transversal. El episodio dejó un contraste incómodo: mientras algunos antecedentes relacionados con AFA, Justicia Legítima o vínculos internos del sistema judicial pudieron ser absorbidos por la maquinaria de acuerdos, el parentesco con un periodista crítico llegó a convertirse en motivo suficiente para intentar retirar una candidatura ya enviada.
Ese conjunto de decisiones permite comprender mejor el lugar que Mahiques está construyendo para sí mismo. El ministro pertenece a una familia profundamente insertada en el Poder Judicial; conoce los circuitos de Comodoro Py, posee vínculos políticos acumulados durante años y llegó al Gobierno con una capacidad de articulación que excede largamente el cargo administrativo de ministro. Su desembarco fue leído desde el comienzo como una apuesta de Karina Milei para proyectar poder sobre los tribunales, y los primeros meses confirmaron que su principal activo consiste precisamente en negociar nombres con espacios políticos distintos sin quedar atado por completo a ninguno.
En marzo, apenas asumido, Mahiques se sentó con Martín Menem, Eduardo “Lule” Menem y Diego Santilli para definir la estrategia de los primeros pliegos. Los Menem responden directamente a Karina Milei y Santilli actuaba como enlace con los gobernadores, cuyos senadores resultaban imprescindibles para alcanzar los acuerdos constitucionales. La operación fue diseñada desde el comienzo como una negociación federal: candidatos para las provincias a cambio de respaldo para nombres considerados estratégicos por la Casa Rosada. Esa arquitectura explica cómo un oficialismo sin mayoría propia pudo conseguir que decenas de nominaciones avanzaran con niveles de consenso que no obtiene en casi ninguna otra área legislativa.
La política judicial aparece así como uno de los pocos terrenos donde Milei consiguió construir mayorías estables y, al mismo tiempo, como uno de los instrumentos de poder más duraderos que dejará su administración. Un decreto económico puede ser derogado por el próximo gobierno y una regulación puede modificarse en meses; un camarista federal designado con acuerdo del Senado puede permanecer décadas en su cargo. Esa diferencia convierte la selección masiva de magistrados en una de las decisiones más trascendentes de la gestión y explica por qué el control político del proceso adquiere una importancia mucho mayor que la que suele concederse a un simple listado de pliegos.
Mahiques parece comprender perfectamente esa temporalidad. Cada acuerdo que obtiene hoy extiende su capacidad de relación hacia un Poder Judicial cuyos integrantes continuarán en funciones cuando Milei, Karina y el propio ministro hayan abandonado la Casa Rosada. Los magistrados designados no quedan jurídicamente subordinados a quien los propuso, pero las redes personales, profesionales y políticas construidas durante un proceso de selección constituyen desde hace décadas una de las formas más persistentes de acumulación de influencia en los tribunales argentinos.
La contradicción con el discurso original de La Libertad Avanza es evidente. Milei llegó al poder denunciando a “la casta”, pero la selección de magistrados realizada durante 2026 recuperó numerosos nombres pertenecientes precisamente al establishment judicial que el oficialismo decía combatir: familias con tradición tribunalicia, funcionarios con vínculos con el kirchnerismo, operadores vinculados con la política y candidatos relacionados con estructuras deportivas poderosas. Un análisis publicado al inicio de la gestión de Mahiques ya señalaba que buena parte de las primeras tandas exhibía apellidos y relaciones provenientes de la denominada “familia judicial”.
Esa transversalidad puede ser presentada como pragmatismo para cubrir vacantes, pero también constituye la principal fortaleza futura del ministro. Mahiques no necesita que todos los jueces respondan al mileísmo; necesita haber participado en la construcción de una generación completa de magistrados distribuidos por cámaras, juzgados federales, tribunales orales y fueros económicos. Esa red será mucho más útil fuera del poder que una estructura integrada únicamente por militantes libertarios, porque puede sobrevivir a cualquier resultado electoral y mantener vínculos con peronistas, radicales, macristas, gobernadores y empresarios.
La posibilidad de que este Gobierno termine siendo uno de los que más magistrados nacionales y federales haya designado en la última década ya dejó de ser una hipótesis extravagante. Macri acumuló 269 designaciones en cuatro años y Alberto Fernández 195; Milei tiene ahora más de 200 candidaturas enviadas en un solo año y un Senado que, pese a su fragmentación política, viene aprobando paquetes de decenas de pliegos. Si ese ritmo continúa durante los próximos meses, la administración libertaria habrá modificado una porción extraordinariamente grande del mapa judicial argentino antes de ingresar en la etapa final de su mandato.
Los pliegos de Catania, Galván Greenway y Mejuto son por eso mucho más que tres nombres rescatados de una carpeta del Senado. Constituyen otra demostración de que Mahiques aprendió a esperar, negociar y reconstruir consensos cuando una candidatura inicialmente genera rechazo. El ministro que llegó impulsado por Karina Milei y que luego fortaleció su vínculo con el Presidente consiguió convertir un área tradicionalmente secundaria del gabinete en una de las principales usinas de poder permanente del oficialismo.
La próxima sesión prevista para septiembre puede ampliar todavía más esa construcción. Si el Senado aprueba a los tres candidatos, el Gobierno sumará posiciones en la Cámara Penal Económica y un Tribunal Oral porteño mientras continúa procesando el resto de los 203 pliegos enviados. Para entonces, la verdadera herencia política de Mahiques comenzará a medirse menos por sus reformas legislativas que por los nombres que habrá conseguido instalar en despachos judiciales desde los cuales se decidirán durante muchos años causas económicas, políticas, empresariales y penales que probablemente sobrevivan al propio gobierno que los designó.
Fuentes consultadas: Ministerio de Justicia; Senado de la Nación; Consejo de la Magistratura; Boletín Oficial; Portal de Datos de la Justicia Argentina; Archivo Total News Agency.
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