Las entidades financieras retiraron de sus activos 143.143 préstamos considerados prácticamente incobrables, casi el doble que a fines de 2024. La crisis de pagos avanza en paralelo con una morosidad de los hogares cercana al 13%, 5,9 millones de personas con atrasos y refinanciaciones que alcanzaron niveles récord en décadas.
Buenos Aires – 1 Septiembre 2026 – Total News Agency – TNA – El deterioro de la capacidad de pago de familias y empresas comenzó a dejar una marca cada vez más profunda en los balances bancarios argentinos. Las entidades financieras ya dieron de baja 143.143 préstamos por un monto equivalente a $4,4 billones, créditos que fueron retirados contablemente de sus activos ante perspectivas mínimas de recuperación y que constituyen una de las expresiones más severas del crecimiento de la morosidad registrado durante los últimos meses.
Los datos corresponden a la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y fueron procesados por la consultora EcoGo. Del monto total pasado a pérdida, unos $2,9 billones corresponden a financiaciones en pesos y $1,5 billones a créditos nominados en dólares, con una incidencia conjunta equivalente al 3,1% del financiamiento del sistema.
El salto resulta particularmente significativo cuando se observa la evolución reciente. A fines de 2024 había 74.250 préstamos en esta condición. A comienzos de 2026 ya eran aproximadamente 132.000 y para mayo, último período consolidado utilizado por EcoGo para esta medición, habían escalado a 143.143. En poco más de un año, por lo tanto, prácticamente se duplicó la cantidad de créditos que las entidades debieron retirar de sus activos por sus escasas posibilidades de recupero.
Que un banco castigue contablemente un crédito, sin embargo, no significa necesariamente que la obligación desaparezca. Las entidades deben sacar de sus activos determinadas financiaciones cuando el deterioro supera los parámetros establecidos por la regulación, pero pueden continuar intentando recuperarlas mediante acciones judiciales o vender las carteras morosas a estudios jurídicos o compañías especializadas por una fracción de su valor nominal. En esos casos cambia el acreedor, pero continúa el reclamo contra el deudor.
El propio BCRA clasifica a los deudores según el grado de incumplimiento. La situación 1 corresponde a atrasos de hasta 31 días; la 2, entre 31 y 90; la 3, entre 90 y 180; la 4 identifica atrasos superiores a seis meses y de hasta un año, mientras que la situación 5 queda reservada para obligaciones con más de un año de atraso y consideradas “irrecuperables”. Actualmente, según el relevamiento de EcoGo, aproximadamente el 54% del saldo moroso permanece en situación 4, una suerte de antesala de la categoría más crítica.
Ese volumen permite anticipar que el problema de los créditos considerados perdidos todavía podría seguir creciendo aun cuando la mora comenzara a estabilizarse. Buena parte de esas obligaciones acumula entre seis meses y un año de incumplimiento y continuará desplazándose hacia categorías de mayor deterioro si los deudores no consiguen regularizar sus pagos.
La dimensión social del fenómeno aparece con mayor claridad en los datos más recientes sobre familias. En mayo de 2025, la irregularidad del crédito destinado a los hogares era de apenas 4,5%. A fines de ese mismo año había subido al 9,3% y durante 2026 continuó escalando: 10,6% en enero, 11,5% en marzo, 12,1% en abril y 12,8% en junio. Las primeras cifras correspondientes a julio la ubicaron en 12,94%, casi tres veces el nivel registrado catorce meses antes.
El fenómeno tampoco se limita a una pequeña cantidad de casos. Relevamientos realizados sobre la propia Central de Deudores indican que cerca de 5,9 millones de personas presentan atrasos superiores a 90 días, sobre aproximadamente 20,8 millones de individuos que mantienen alguna deuda con entidades financieras o proveedores de crédito. Esto significa que alrededor del 28% de los argentinos con algún tipo de financiamiento registra problemas de cumplimiento, aunque el universo incluye tanto bancos como entidades no financieras.
La mora empresarial permanece considerablemente más baja, aunque también muestra deterioro. El indicador había sido de apenas 1% en mayo de 2025, subió a 2,5% al cierre de ese año, alcanzó 3,5% en junio y llegó aproximadamente a 3,61% en julio. El incremento, aunque menor que entre los hogares, ayuda a explicar la presencia de créditos nominados en dólares dentro de los $4,4 billones castigados por los bancos, especialmente entre compañías sometidas a concursos preventivos, litigios o procesos de quiebra.
Frente al avance de los atrasos, las entidades comenzaron a desplegar refinanciaciones de una magnitud poco habitual. Estimaciones de la consultora 1816 calculan que las familias ya renegociaron alrededor de $2,6 billones, equivalentes a aproximadamente 3,7% del saldo total del crédito familiar, un nivel considerado récord en décadas. Galicia, Banco Provincia, Santander y Banco Nación concentran cerca del 70% de los saldos refinanciados, según cálculos de EcoGo.
El Banco Nación informó este lunes que desde principios de año refinanció 102.505 operaciones correspondientes a 89.608 clientes por $476.300 millones. De ese total, 64.249 operaciones correspondieron directamente a clientes que ya estaban en mora, por $322.600 millones, mientras otras 36.424 fueron refinanciaciones de tarjetas de crédito en instancia previa al incumplimiento por $129.600 millones.
El banco público ofrece además consolidación de deudas propias y de otras entidades por hasta $100 millones y plazos de 120 meses bajo modalidad UVA, junto con mecanismos específicos para tarjetas. Para clientes con atrasos de hasta 90 días existen alternativas que permiten refinanciar hasta $10 millones en 60 meses, como parte de una estrategia destinada a evitar que esos créditos continúen descendiendo hacia las categorías de mayor riesgo.
La magnitud de la mora no significa, por ahora, una amenaza inmediata para la solvencia del sistema. El último informe bancario completo publicado por el BCRA, correspondiente a junio, mostró que las entidades mantenían previsiones equivalentes al 86,6% de la cartera irregular, mientras que la integración de capital alcanzaba 29,8% de los activos ponderados por riesgo. La autoridad monetaria considera que esos niveles mantienen al conjunto del sistema con capacidad suficiente para absorber pérdidas crediticias.
Pero debajo de esa fortaleza patrimonial aparece un problema distinto: la dificultad creciente de una porción importante de hogares para sostener los compromisos asumidos durante la expansión del crédito. Mientras los bancos preservan capital y provisiones suficientes para absorber la mora, millones de clientes intentan refinanciar obligaciones, acumulan atrasos o directamente abandonan los pagos, alimentando una cartera que ya obligó a las entidades a borrar de sus activos $4,4 billones y que todavía contiene una masa considerable de préstamos transitando hacia las categorías consideradas irrecuperables.
Fuentes consultadas: Banco Central de la República Argentina (BCRA), Informes sobre Bancos y Central de Deudores; Banco de la Nación Argentina; consultoras EcoGo, 1816 y Analytica; estadísticas y publicaciones financieras sobre morosidad y refinanciaciones del sistema bancario argentino.
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