Documentos desclasificados del FBI, nuevas pruebas obtenidas en Gran Bretaña y una decisión judicial que permitió avanzar contra Arabia Saudita volvieron a poner bajo examen uno de los capítulos más incómodos de los atentados. Mientras las teorías sobre misiles contra el Pentágono, el derribo militar del vuelo 93 o una supuesta pertenencia de Mohamed Atta a la CIA no encontraron respaldo probatorio, las conexiones de funcionarios sauditas con dos secuestradores ya dejaron de ser solamente materia de especulación.
Washington – 09 Septiembre 2026 – Total News Agency – TNA
A dos días de cumplirse 25 años de los atentados del 11 de septiembre de 2001, una pregunta continúa atravesando investigaciones judiciales, documentos desclasificados y el reclamo de miles de familiares de las víctimas: cuánto sabía Arabia Saudita sobre los hombres de Al Qaeda que preparaban el mayor ataque terrorista cometido en territorio estadounidense y hasta dónde llegó la asistencia proporcionada desde estructuras vinculadas al reino.
La cuestión adquirió una dimensión muy diferente de las teorías conspirativas que durante años circularon alrededor del 11-S. El informe de la Comisión Nacional sobre los Ataques Terroristas contra Estados Unidos, publicado en 2004, sostuvo que no había encontrado pruebas de que el gobierno saudita como institución ni altos funcionarios del reino hubieran financiado a Al Qaeda. También concluyó que los 19 secuestradores fueron financiados por la organización de Osama bin Laden, que destinó entre 400.000 y 500.000 dólares a la operación.
Pero aquella conclusión nunca cerró completamente la discusión. Quince de los 19 terroristas eran ciudadanos sauditas y, con el transcurso de los años, las investigaciones comenzaron a concentrarse especialmente en la ayuda que recibieron Nawaf al-Hazmi y Khalid al-Mihdhar, los primeros secuestradores que llegaron a California en enero de 2000.
Dos nombres quedaron en el centro del expediente: Omar al-Bayoumi, ciudadano saudita que residía en Estados Unidos, y Fahad al-Thumairy, funcionario religioso acreditado en el consulado saudita de Los Ángeles. Bayoumi ayudó a Hazmi y Mihdhar a instalarse en San Diego, encontrar vivienda, abrir una cuenta bancaria y establecer contactos dentro de la comunidad musulmana. Durante años sostuvo que los había conocido casualmente.
Los interrogantes aumentaron cuando documentos posteriormente desclasificados del FBI mostraron que los investigadores estadounidenses habían examinado vínculos de Bayoumi con los servicios de inteligencia sauditas y conexiones entre Thumairy y estructuras oficiales del reino. Una comunicación del FBI de 2016 señaló además contradicciones entre declaraciones de Bayoumi y testimonios recogidos durante la investigación.
La situación dio otro vuelco tras la orden ejecutiva firmada por Joe Biden el 3 de septiembre de 2021, que dispuso revisar y divulgar material hasta entonces clasificado relacionado con las investigaciones del FBI. La decisión respondió directamente a la presión de familiares de las 2.977 víctimas, que durante años habían denunciado que sucesivas administraciones estadounidenses protegían información sensible alegando razones de seguridad nacional.
El conflicto venía incluso de la administración de Donald Trump. El 11 de septiembre de 2020 familiares de las víctimas reclamaron personalmente al entonces presidente acceso a documentación que pretendían utilizar en la demanda civil contra Arabia Saudita. Trump prometió colaborar, pero buena parte de los registros continuó protegida durante su mandato mediante distintas restricciones y alegaciones de secreto de Estado.
La disputa alcanzó un punto decisivo el 28 de agosto de 2025, cuando el juez federal George B. Daniels, del Distrito Sur de Nueva York, rechazó un nuevo intento del reino saudita de conseguir que la demanda fuera desestimada. El magistrado consideró que las pruebas presentadas permitían continuar el proceso y señaló que existía una elevada probabilidad respecto de los papeles desempeñados por Bayoumi y Thumairy y de la relación de ambos con su empleador, el gobierno saudita.
Parte del material que modificó el escenario no procedió de archivos estadounidenses sino de evidencias incautadas por la policía británica después del 11-S en la residencia de Bayoumi en Inglaterra. Entre ellas aparecieron videos, documentos, anotaciones y una filmación realizada antes de los atentados durante una visita a Washington, en la cual Bayoumi registró el Capitolio y aspectos de su entorno. Los abogados de las familias interpretan esas imágenes como un reconocimiento previo de un posible objetivo; Arabia Saudita sostiene que se trató de una filmación turística.
También fue localizado entre sus efectos un dibujo de un avión acompañado por cálculos matemáticos relacionados con distancias y trayectorias. Bayoumi reconoció durante una declaración judicial que el dibujo y las anotaciones eran suyos, aunque negó que estuvieran relacionados con los ataques. Esas pruebas no estaban disponibles para la Comisión del 11-S cuando redactó su informe definitivo en 2004.
Otros interrogantes que rodearon los atentados durante años tuvieron un recorrido diferente. La hipótesis de que un misil y no el vuelo American Airlines 77 golpeó el Pentágono carece de respaldo frente a la evidencia física, registros de vuelo, restos recuperados y reconstrucción de la trayectoria del Boeing 757. Tampoco apareció evidencia que demuestre que el vuelo United 93 fuera derribado por un avión militar: la grabación de la cabina documentó el levantamiento de pasajeros y tripulantes contra los secuestradores antes de que el avión se precipitara en Pensilvania.
De igual manera, las afirmaciones que vincularon directamente a Mohamed Atta con la CIA nunca fueron acreditadas. La investigación del FBI identificó a Atta como miembro de la célula de Hamburgo de Al Qaeda y uno de los principales responsables operativos de los ataques. Las investigaciones financieras tampoco encontraron pruebas convincentes de que gobiernos extranjeros hubieran financiado directamente a los integrantes de esa célula.
La pista saudita, sin embargo, permanece en una categoría distinta. No demuestra por sí sola que la monarquía saudita ordenara los ataques ni modifica la responsabilidad central atribuida a Al Qaeda y Osama bin Laden, pero la documentación aparecida después de 2004 abrió interrogantes sobre si funcionarios o agentes relacionados con estructuras estatales sauditas facilitaron deliberadamente la instalación de algunos de los terroristas en Estados Unidos.
Veinticinco años después, ése es precisamente el punto que todavía intenta resolver la Justicia estadounidense. Lo que comenzó como la exigencia de familiares que reclamaban documentos ocultos terminó convirtiéndose en un expediente capaz de llevar al reino de Arabia Saudita a responder ante un tribunal estadounidense por las actuaciones de personas que trabajaban, directa o indirectamente, para organismos de Riad. Una discusión que Washington creyó durante años sepultada bajo toneladas de documentos clasificados regresó ahora desde los archivos del FBI y los tribunales de Nueva York.
Fuentes consultadas: Comisión Nacional sobre los Ataques Terroristas contra Estados Unidos, The 9/11 Commission Report y documentación financiera de la investigación. Federal Bureau of Investigation, investigación PENTTBOM, archivos desclasificados y documentación liberada bajo la Orden Ejecutiva 14040. National Park Service, documentación y grabaciones del vuelo 93. Orden Ejecutiva 14040 del 3 de septiembre de 2021. Resolución del juez George B. Daniels, Distrito Sur de Nueva York, 28 de agosto de 2025, y documentación del litigio In re Terrorist Attacks on September 11, 2001. The Washington Post, investigaciones sobre los documentos desclasificados y la asistencia recibida por Hazmi y Mihdhar.
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