La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Claudio “Chiqui” Tapia dejó de ser solamente una denuncia basada en sus declaraciones juradas: el fiscal federal Gerardo Pollicita impulsó formalmente la causa y pidió al juez Ariel Lijo unas veinte medidas para reconstruir bienes, cuentas, inversiones, consumos y viajes del presidente de la AFA y del CEAMSE. El foco está puesto en la evolución patrimonial desde su ingreso al organismo estatal, el salto inmobiliario registrado en 2019 y el contraste entre más de $1.000 millones depositados en 2024 y la declaración de “cero” efectivo y depósitos presentada al año siguiente.
Buenos Aires – 11 Septiembre 2026 – Total News Agency – TNA- La Justicia federal comenzó a avanzar sobre el patrimonio de Claudio “Chiqui” Tapia después de que el fiscal Gerardo Pollicita impulsara una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y solicitara al juez Ariel Lijo una batería de aproximadamente 20 medidas de prueba, entre ellas el levantamiento de los secretos bancario, fiscal y bursátil y del deber de reserva de la Unidad de Información Financiera (UIF).
La causa busca determinar si la evolución patrimonial de Tapia desde que pasó a desempeñar funciones públicas en la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE) puede justificarse con sus ingresos declarados. La investigación no está vinculada jurídicamente con su condición de presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), cargo que declara desempeñar ad honorem, sino con su condición de funcionario de una empresa estatal interjurisdiccional.
Tapia ingresó al directorio del CEAMSE como vicepresidente en representación de la Ciudad de Buenos Aires y permaneció allí durante varios años. A comienzos de 2025 asumió la presidencia del organismo por decisión del gobierno bonaerense de Axel Kicillof, circunstancia que obliga a que sus declaraciones patrimoniales sean sometidas al régimen correspondiente a funcionarios públicos.
El expediente se originó a partir de una denuncia presentada el 7 de abril por el empresario Guillermo Tofoni, propietario de World Eleven y enfrentado desde hace años con Tapia por cuestiones contractuales relacionadas con la organización y comercialización de partidos amistosos de la Selección argentina. Esa disputa constituye un antecedente que deberá ponderarse al evaluar la denuncia, pero no impidió que la fiscalía considerara que los datos patrimoniales planteados justificaban medidas concretas para establecer si existe o no delito.
Uno de los principales puntos de interés es la comparación entre las declaraciones juradas presentadas por Tapia entre 2017 y 2025. Según la documentación incorporada a la denuncia, en 2017 declaró cuatro propiedades con un valor fiscal conjunto cercano a $17 millones, un vehículo y activos líquidos inferiores a $1,5 millones.
El primer salto relevante habría ocurrido en 2019, cuando aparecieron cuatro nuevos inmuebles: una casa de aproximadamente 315 metros cuadrados en Beccar, un departamento de 291 metros cuadrados en Caballito, una propiedad en la zona de Cardales o Ingeniero Maschwitz y un terreno de unos 2.430 metros cuadrados en Campana, adquirido mediante un crédito hipotecario.
La fiscalía pretende establecer cuándo fueron adquiridos esos bienes, cuánto se pagó efectivamente por ellos, cómo fueron financiados y qué ingresos estaban disponibles para afrontar las operaciones. Las valuaciones fiscales, por definición, no reflejan necesariamente los precios de mercado, de manera que la investigación deberá reconstruir escrituras, movimientos bancarios, créditos y transferencias para establecer el verdadero esfuerzo económico realizado.
Otro episodio que será examinado es la venta, en 2020, de una propiedad en Caballito por unos US$950.000. El interés judicial pasa por determinar el costo original del inmueble, su evolución patrimonial y el destino posterior de los fondos obtenidos.
La mayor anomalía señalada en la denuncia aparece, sin embargo, en el dinero líquido. La declaración correspondiente a 2024 habría registrado más de $1.002 millones depositados en bancos, incluyendo una cuenta corriente con más de $517 millones, además de alrededor de $39 millones en efectivo y US$246.206 depositados en una caja de ahorro.
El denunciante calculó que ese conjunto representaba una liquidez cercana al equivalente de US$1 millón y sostuvo que implicaba un crecimiento real del orden del 1.000% respecto de 2017. Ese porcentaje constituye por ahora una estimación incluida en la denuncia y deberá ser sometido al correspondiente análisis contable y financiero.
Pero la declaración presentada el 10 de julio de 2025 añadió un interrogante más llamativo: Tapia consignó que no poseía dinero en efectivo ni depósitos bancarios. La investigación deberá establecer qué ocurrió entre ambas presentaciones y si aquellos fondos fueron utilizados para inversiones, consumos, adquisiciones, cancelación de obligaciones, transferencias o cualquier otro movimiento verificable.
La situación resulta particularmente relevante porque en esa misma declaración se habrían informado aproximadamente $130 millones en rendimientos financieros, provenientes de intereses de plazos fijos y diferencias de cambio. Para la denuncia, la existencia de esas ganancias financieras obliga a identificar cuál fue el capital que las generó y dónde se encontraba registrado.
Pollicita pidió precisamente avanzar sobre esas inconsistencias documentales. Entre las medidas solicitadas figuran requerimientos a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para obtener declaraciones juradas de Ganancias y Bienes Personales; consultas a registros inmobiliarios y automotores; información sobre cuentas bancarias, inversiones y movimientos financieros; y datos destinados a reconstruir el nivel de consumo y la evolución económica del dirigente.
También requirió al CEAMSE el legajo personal de Tapia y solicitó a la Dirección Nacional de Migraciones sus registros de entradas y salidas del país, un elemento destinado a comparar viajes internacionales con gastos, viáticos e ingresos declarados. El juez Lijo deberá resolver sobre esas medidas antes de que puedan ejecutarse aquellas que requieren autorización judicial.
La fiscalía pretende realizar, una vez reunida la documentación, un análisis patrimonial, económico y financiero integral, método habitual en las investigaciones por enriquecimiento ilícito. Ese estudio deberá reconstruir año por año el patrimonio inicial, ingresos legales, egresos, consumos, inversiones, adquisiciones, ventas, créditos, transferencias y patrimonio final, para establecer si existe alguna diferencia relevante sin explicación conocida.
Los ingresos declarados por Tapia también serán fundamentales. En la presentación correspondiente a 2025 figuran aproximadamente $100.233.144 anuales provenientes del CEAMSE, con una dedicación declarada de 15 horas semanales, y $718.536.500 derivados de su función en la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). A ello se suman otros conceptos mencionados en la denuncia, entre ellos venta de vehículos, viáticos y rendimientos financieros.
En total, los ingresos laborales declarados superan los $818 millones anuales, una cifra elevada que será utilizada precisamente para determinar si el patrimonio cuestionado tiene o no justificación. El delito de enriquecimiento ilícito no surge de poseer un patrimonio importante, sino de comprobar un incremento apreciable ocurrido durante la función pública que el funcionario, una vez requerido, no pueda explicar razonablemente mediante fuentes legítimas.
La investigación también pretende examinar modificaciones registrales de propiedades ubicadas en San Juan, algunas de las cuales habrían cambiado su clasificación entre bienes propios y gananciales o su descripción catastral, además de un inmueble en Exaltación de la Cruz cuya superficie habría aumentado mediante la incorporación de parcelas linderas.
Desde el entorno de Tapia rechazaron las acusaciones y sostuvieron que la denuncia es falsa. También recordaron el enfrentamiento previo con Tofoni y señalaron que el empresario promovió otras acciones judiciales contra dirigentes de la AFA que no prosperaron. La defensa podrá presentar documentación destinada a justificar cada operación patrimonial cuestionada.
El expediente atravesó además una discusión sobre competencia judicial que demoró las primeras medidas. La presentación comenzó en la Justicia porteña, pero terminó en Comodoro Py debido al carácter interjurisdiccional del CEAMSE. La Cámara Federal dejó finalmente firme la intervención del Juzgado Federal N°4, a cargo de Ariel Lijo, y Pollicita avanzó entonces con el requerimiento de instrucción.
El verdadero punto de inflexión de la causa comienza ahora. Hasta esta semana, la acusación descansaba fundamentalmente sobre una lectura comparativa realizada por el denunciante de las declaraciones juradas de Tapia; con el pedido de levantamiento de los secretos bancario, fiscal y bursátil, la Justicia podrá confrontar esas declaraciones con información independiente de bancos, organismos tributarios, registros públicos y movimientos financieros. Será ese cruce, y no las cifras aisladas ni el enfrentamiento entre Tapia y Tofoni, el que permitirá determinar si la fortuna declarada por el dirigente encuentra una explicación documental suficiente o si existe un incremento patrimonial que requiera una respuesta penal.
Fuentes consultadas: Ministerio Público Fiscal; actuaciones de la causa radicada ante el Juzgado Federal N°4; CEAMSE; Gobierno de la Provincia de Buenos Aires; declaraciones juradas patrimoniales de Claudio Tapia; Tiempo Judicial; TN; antecedentes públicos de la denuncia presentada por Guillermo Tofoni.
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