El segundo plazo concedido al ex jefe de Gabinete para responder las 20 preguntas del fiscal Gerardo Pollicita venció el viernes 11 de septiembre y, hasta este domingo, no se había informado públicamente una presentación definitiva ni una nueva prórroga. La investigación detectó una diferencia superior a $43 millones entre ingresos y gastos del matrimonio Adorni-Angeletti y movimientos por más de US$400.000 que, según la fiscalía, todavía no encuentran respaldo suficiente en ingresos lícitos. Si las explicaciones no resultan convincentes, el expediente puede avanzar hacia una eventual citación a indagatoria.
Buenos Aires – 13 Septiembre 2026 – Total News Agency – TNA- La causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el ex jefe de Gabinete Manuel Adorni entró en una instancia decisiva después de que venciera el segundo plazo concedido para responder el requerimiento patrimonial formulado por el fiscal federal Gerardo Pollicita, que contiene 20 preguntas sobre inmuebles, reformas, vehículos, préstamos familiares, viajes, gastos en efectivo, operaciones con criptomonedas y movimientos bancarios registrados durante su paso por la función pública.
La primera intimación había sido emitida el 10 de agosto y otorgaba 15 días para que Adorni explicara la evolución patrimonial propia y de su esposa, Bettina Angeletti, entre el 14 de diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026. Antes de que venciera ese término, el juez federal Ariel Lijo concedió una prórroga de otros 15 días para que la defensa pudiera acceder a documentación incorporada al expediente, particularmente mensajes, facturas y archivos extraídos del teléfono del contratista Matías Tabar, testigo central por las obras realizadas en una vivienda del matrimonio. Ese segundo plazo venció el viernes 11 de septiembre y, hasta este domingo, no había trascendido oficialmente que Adorni hubiera presentado las respuestas definitivas ni que la Justicia hubiera autorizado otra extensión.
El requerimiento de Pollicita se apoya en un informe técnico de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado, que reconstruyó ingresos, egresos y movimientos patrimoniales del grupo familiar. Según los datos incorporados a la causa, durante el período analizado Adorni y Angeletti tuvieron ingresos comprobados por aproximadamente $229,7 millones, mientras que los gastos detectados ascendieron a unos $272,8 millones, lo que arroja una diferencia cercana a $43,1 millones que todavía debe ser explicada.
A esa brecha en pesos se agregan movimientos por alrededor de US$402.578 relacionados con adquisiciones inmobiliarias, remodelaciones, mobiliario y otras erogaciones que, según la reconstrucción fiscal, no muestran hasta ahora una correspondencia documental suficiente con ingresos lícitos comprobados. El punto más sensible aparece en la remodelación de la vivienda situada en el lote 380 del country Indio Cuá, donde el contratista Matías Tabar declaró haber recibido unos US$245.000 por trabajos realizados en el inmueble. La defensa de Adorni discute esa cifra y pidió acceso a todas las conversaciones y comprobantes aportados por el contratista antes de responder formalmente.
La fiscalía también reclama precisiones sobre la compra de un Jeep, el origen de los fondos utilizados para adquirir el lote en Indio Cuá y un inmueble situado en Miró 550, en Caballito, así como los pagos en dólares y efectivo realizados por mobiliario, reformas y honorarios notariales. Otro capítulo apunta a préstamos atribuidos a familiares, entre ellos Silvia Pais y Norma Zuccolo, cuya existencia, fecha cierta, entrega efectiva y posterior evolución deberán ser acreditadas.
Las operaciones con criptomonedas constituyen otro de los núcleos de la investigación. Adorni sostuvo públicamente que parte sustancial de su crecimiento patrimonial provino de inversiones tempranas en bitcoin y otros criptoactivos, pero la Justicia pretende reconstruir el capital inicial, las plataformas utilizadas, las fechas de compra y venta y el recorrido concreto de esos activos. Una investigación previa reveló que las plataformas Lemon y Binance sólo pudieron documentar operaciones por aproximadamente US$100.000, mientras el ex funcionario declaró cifras considerablemente superiores vinculadas con supuestas inversiones históricas.
La causa también incorporó declaraciones juradas rectificadas de Adorni y Angeletti correspondientes a 2023, 2024 y 2025. Según documentación judicial, el ex funcionario elevó posteriormente su base patrimonial declarada hasta alrededor de $944,5 millones, vinculando parte de esos activos con inversiones en criptomonedas y fondos que habría recibido o encontrado dentro del patrimonio familiar. La fiscalía intenta establecer si esas explicaciones poseen respaldo documental suficiente o si fueron incorporadas después de iniciada la investigación para justificar disponibilidades que previamente no aparecían claramente declaradas.
Entre las veinte preguntas también figuran consumos realizados por terceros mediante tarjetas adicionales, posibles pagos vinculados con otro vehículo, acreditaciones no salariales recibidas en la cuenta sueldo del Banco Nación, facturas superiores a $6 millones informadas ante ARCA, cancelaciones de deudas bancarias y gastos familiares en viajes internacionales, alquileres temporarios, matrículas escolares y expensas. Pollicita pretende comparar cada uno de esos movimientos con ingresos comprobados y determinar si el nivel de vida registrado durante el período puede explicarse con recursos legítimos.
El mecanismo procesal utilizado por la fiscalía constituye una instancia previa a una eventual declaración indagatoria. El requerimiento patrimonial permite al investigado ofrecer documentación, justificar ingresos y explicar diferencias antes de que el fiscal decida si existen elementos suficientes para avanzar hacia una imputación más gravosa. Si las respuestas de Adorni resultan satisfactorias, la pesquisa podría perder impulso o incluso cerrarse; si, por el contrario, persisten diferencias patrimoniales relevantes sin explicación, Pollicita puede pedir que sea citado a indagatoria.
La situación de Bettina Angeletti también permanece bajo análisis, porque buena parte de las operaciones patrimoniales corresponden al matrimonio y porque algunas facturas, adquisiciones y movimientos aparecen registrados a su nombre. La investigación intenta reconstruir el patrimonio familiar como una unidad económica y no sólo revisar los ingresos salariales que Adorni percibió durante su función pública.
La trascendencia política del expediente creció desde que Adorni dejó la Jefatura de Gabinete el 27 de junio, después de meses de cuestionamientos sobre su patrimonio y luego de sucesivas rectificaciones de declaraciones juradas. Desde entonces, el fiscal reunió información bancaria, tributaria, inmobiliaria y testimonial con el objetivo de determinar si existió un incremento patrimonial apreciable durante su paso por el Estado que no pueda ser razonablemente explicado por ingresos lícitos.
El próximo movimiento dependerá ahora de la respuesta formal del ex funcionario. Si presenta documentación capaz de reconstruir el origen de los dólares, los préstamos, las criptomonedas y las adquisiciones cuestionadas, la fiscalía deberá reevaluar su hipótesis. Si esas explicaciones no llegan o no alcanzan, la causa puede entrar en una etapa mucho más comprometida para Adorni, porque las veinte preguntas de Pollicita dejarán de ser un requerimiento administrativo dentro de la investigación y pasarán a funcionar como el mapa de las inconsistencias que la Justicia deberá decidir si convierte en una acusación penal.
Fuentes consultadas: Ministerio Público Fiscal; actuaciones del Juzgado Federal a cargo de Ariel Lijo; TN; Archivo Total News Agency; informes técnicos incorporados a la causa sobre la evolución patrimonial de Manuel Adorni y Bettina Angeletti.
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