Por Daniel Romero
El proyecto de Presupuesto 2027 habilita operaciones de crédito por US$3.500 millones para incorporar tres submarinos convencionales y dos fragatas multimisión, además de asignar recursos para helicópteros navales, municiones, capacidades aeroespaciales, radares y tecnología satelital, lo cual es destacable. El reequipamiento adquiere especial relevancia en momentos de renovada tensión por Malvinas, pero deja pendiente un componente indispensable: los salarios del personal que deberá operar esos sistemas. Un piloto argentino de F-16 con grado de primer teniente tenía en agosto un haber básico de $1.210.586, mientras su formación puede demandar entre seis y ocho años y una inversión estatal de varios millones de dólares. Son aviadores preparados para soportar maniobras de hasta 9 G y mantener capacidad de combate bajo condiciones fisiológicas extremas. Comprar armas modernas sin remunerar adecuadamente a quienes deben emplearlas puede convertir una inversión estratégica en una capacidad difícil de sostener. Los drones deberia tener su capitulo
Buenos Aires – 16 Septiembre 2026 – Total News Agency – TNA- El proyecto de Presupuesto Nacional 2027 enviado por el Gobierno al Congreso vuelve a colocar el reequipamiento militar argentino entre las prioridades estratégicas y abre la posibilidad de concretar una de las incorporaciones navales más importantes de las últimas décadas: US$2.300 millones para tres submarinos convencionales y US$1.200 millones para dos fragatas multimisión, en momentos en que la disputa con el Reino Unido por las Islas Malvinas recuperó intensidad política, diplomática, judicial y económica.
La autorización aparece en la planilla anexa al artículo 42 del proyecto, que faculta al Poder Ejecutivo a realizar operaciones de crédito público. Los tres submarinos tendrían como destino la Base Naval Mar del Plata, mientras las dos fragatas serían incorporadas a la Base Naval Puerto Belgrano. En ambos casos se contempla un plazo mínimo de amortización de tres años.
Existe, sin embargo, una diferencia fundamental entre una autorización de endeudamiento y una adquisición concretada. Los US$3.500 millones no constituyen todavía contratos firmados ni desembolsos presupuestarios asegurados para 2027: los submarinos y las fragatas no aparecen como proyectos de inversión ejecutables automáticamente durante el próximo ejercicio y su materialización dependerá del financiamiento, las negociaciones con proveedores y la aprobación legislativa del Presupuesto.
La recuperación de la capacidad submarina constituye una necesidad particularmente sensible para la Armada Argentina desde la pérdida del ARA San Juan en noviembre de 2017. Argentina quedó prácticamente sin una capacidad submarina operacional efectiva, una limitación estratégica considerable para un país que posee un litoral marítimo de miles de kilómetros, una extensa plataforma continental, intereses antárticos y mantiene una disputa de soberanía sobre Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.
El proyecto incorpora además recursos concretos para otros sistemas. Entre ellos figuran $37.616 millones destinados a cuatro helicópteros navales livianos para Puerto Belgrano, dentro del programa de mantenimiento de medios e infraestructura para el alistamiento operacional.
También aparecen partidas destinadas a recuperar capacidades aeroespaciales de la VI Brigada Aérea, adquirir munición para reservas estratégicas y operacionales y continuar el Plan Satelital de la Defensa, incluyendo tecnologías ópticas y electroópticas, criptografía cuántica, radares láser y sistemas de observación. El esquema incluye además el desarrollo del Plan de Capacidades Militares, un Comité de Logística Conjunta y la participación argentina en operaciones de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas.
El esfuerzo forma parte de una política de recuperación de capacidades que durante los últimos años incorporó los 24 cazas F-16 A/B MLU adquiridos a Dinamarca, aviones de patrulla marítima P-3 Orion, helicópteros Bell 407 GXi, radares desarrollados junto con INVAP, vehículos blindados 8×8, artillería autopropulsada, fusiles y vehículos tácticos. Los primeros seis F-16 llegaron al país en diciembre de 2025 y las restantes aeronaves serán incorporadas escalonadamente hasta 2028.
Pero semejante inversión tecnológica plantea inevitablemente una segunda cuestión: quiénes operarán esos sistemas y cuánto está dispuesto a pagarles el Estado argentino.
El caso de los pilotos de F-16 resulta probablemente el ejemplo más contundente. Los aviadores destinados al nuevo sistema de armas no reciben un salario especial simplemente por volar el caza; su remuneración depende fundamentalmente de su jerarquía militar, a la que pueden agregarse suplementos y compensaciones.
Según la escala oficial correspondiente a agosto de 2026, un primer teniente, grado utilizado como referencia para un piloto operativo de F-16, tenía un haber básico de aproximadamente $1.210.586 mensuales. Un capitán percibía $1.361.064 y un mayor $1.643.403, antes de considerar adicionales, suplementos, antigüedad y otras compensaciones que pueden modificar el ingreso final.
La comparación adquiere dimensión estratégica cuando se observa cuánto cuesta formar a uno de esos hombres. El jefe de la Fuerza Aérea Argentina, brigadier general Gustavo Valverde, señaló públicamente que preparar un piloto para el sistema F-16 supone años de formación y una inversión estatal que puede alcanzar varios millones de dólares. El proceso completo para convertir a un oficial en aviador de combate experimentado demanda aproximadamente entre seis y ocho años, dependiendo de la trayectoria y especialización.
No se trata simplemente de aprender a conducir una aeronave sofisticada. Un piloto de F-16 debe mantener permanentemente una condición física, psicológica y profesional excepcional. El avión posee una envolvente operacional que alcanza las 9 G positivas: durante determinadas maniobras el organismo del piloto puede quedar sometido a una aceleración equivalente a nueve veces la gravedad terrestre.
Un aviador de 80 kilos sometido a 9 G experimenta sobre su cuerpo fuerzas equivalentes a aproximadamente 720 kilos. La sangre tiende a desplazarse hacia las extremidades inferiores, disminuye el flujo cerebral y aparecen riesgos de visión en túnel, pérdida visual y finalmente G-LOC, la pérdida de conciencia inducida por aceleración. Para evitarlo utilizan trajes anti-G, técnicas especiales de respiración y contracción muscular y deben entrenarse periódicamente para mantener tolerancia fisiológica.
La preparación argentina incluye entrenamiento especializado y evaluaciones en centrífuga humana. Bajo esas condiciones, el piloto debe continuar interpretando sensores, comunicaciones y amenazas, controlar el avión, decidir en segundos y eventualmente emplear armamento. Es, por definición, personal militar de elite cuya preparación debe mantenerse durante toda su vida operacional.
La contradicción aparece cuando el Estado invierte millones de dólares en formar ese recurso humano y posteriormente le ofrece remuneraciones que pueden resultar competitivamente muy inferiores a las disponibles en la aviación civil. Perder un piloto experimentado no significa simplemente cubrir una vacante: implica perder años de formación, horas de vuelo, conocimiento táctico y una inversión pública difícil de reemplazar rápidamente. Este efectivo debe mantener su psiquis dispuesta y no estar pendiente si puede pagar la factura del supermercado.
Por eso, el Presupuesto 2027 debería ser observado no solamente desde la cantidad de submarinos, fragatas, aviones, helicópteros o sistemas tecnológicos que Argentina pretende incorporar. El recurso humano es también un sistema de armas, y ninguna capacidad militar permanece operativa si quienes deben utilizarla encuentran mejores condiciones profesionales fuera de las Fuerzas Armadas.
El Gobierno dio durante 2026 algunos pasos en esa dirección. En julio anunció nuevos suplementos vinculados con la formación de soldados, oficiales y suboficiales y anteriormente había puesto en funcionamiento el Plan de Adecuación y Reequipamiento Militar Argentino (Plan ARMA). Ese mecanismo establece que el 10% de los ingresos obtenidos por venta, alquiler o privatización de determinados bienes estatales se destine al reequipamiento, modernización e infraestructura de Defensa; cuando se trate de activos pertenecientes a las propias Fuerzas Armadas, hasta el 70% puede regresar directamente al sistema militar.
El esquema constituye una fuente adicional, pero continúa dependiendo en parte de operaciones patrimoniales que no necesariamente generan ingresos permanentes. Argentina podría debatir, por lo tanto, un mecanismo estable y plurianual relacionado con sectores que durante los próximos años tendrán una participación creciente en las exportaciones nacionales: minería, petróleo y gas.
Existe un antecedente regional insoslayable. Durante décadas, Chile financió parte de sus capacidades militares mediante la denominada Ley Reservada del Cobre, que vinculaba recursos provenientes de las ventas de Codelco con las Fuerzas Armadas. Ese régimen fue derogado en 2019 y reemplazado desde 2020 por un sistema diferente, más transparente y sometido a controles civiles, basado en un Fondo Plurianual para las Capacidades Estratégicas de la Defensa y un Fondo de Contingencia Estratégico.
El antiguo impuesto del 10% vinculado al cobre permaneció transitoriamente a beneficio fiscal con un cronograma legal de reducción progresiva, pero la enseñanza estratégica chilena permanece: el financiamiento de la Defensa requiere continuidad plurianual y no puede depender exclusivamente de las urgencias de cada presupuesto anual.
Argentina podría estudiar un modelo propio mediante el cual una fracción previamente determinada de determinados ingresos extraordinarios provenientes de exportaciones mineras, petroleras o gasíferas alimente un fondo estratégico de Defensa sometido al control del Congreso y de los organismos correspondientes. Una herramienta de esas características permitiría financiar adquisiciones de largo plazo, mantenimiento, municiones, infraestructura y también políticas destinadas a conservar personal altamente especializado.
El debate adquiere mayor relevancia ante el crecimiento proyectado de Vaca Muerta, el desarrollo del litio, cobre y otros minerales críticos y las perspectivas de expansión de las exportaciones energéticas. Si esos sectores generan durante la próxima década una nueva fuente estructural de divisas, una discusión estratégica posible consiste en determinar qué proporción debería destinarse a proteger precisamente el territorio, el espacio aéreo, el mar y la infraestructura desde donde se originan esas riquezas.
En paralelo, el proyecto de Presupuesto asigna $6.384 millones a la Secretaría de Malvinas, Antártida, Política Oceánica y Atlántico Sur, dependiente de la Cancillería. Los fondos sostendrán acciones bilaterales y multilaterales ante Naciones Unidas y otros organismos vinculadas con el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes, además de programas relacionados con veteranos de guerra y el Museo Malvinas.
La coincidencia entre ese esfuerzo diplomático y la recuperación de capacidades militares no implica modificar el carácter pacífico del reclamo argentino. Una política de Defensa posee objetivos mucho más amplios: vigilancia y control del espacio aéreo y marítimo, protección de recursos naturales, presencia antártica, custodia de infraestructura estratégica, cooperación internacional y capacidad de disuasión.
El Presupuesto 2027 abre una oportunidad después de décadas de deterioro material: submarinos, fragatas, helicópteros, F-16, radares y satélites pueden comenzar a recomponer capacidades perdidas. Pero existe una condición que determinará si esa inversión se convierte verdaderamente en poder defensivo sostenible: que el próximo presupuesto contemple una recomposición salarial acorde para los militares que deberán operar, mantener y eventualmente arriesgar la vida utilizando esos sistemas, particularmente aquellos cuya formación cuesta millones de dólares y exige años de preparación.
Cuando los restantes F-16 continúen llegando hasta 2028, cuando eventualmente se incorporen nuevos submarinos y cuando las futuras fragatas amarren en Puerto Belgrano, el verdadero balance de la recuperación militar argentina no estará solamente en el inventario de material. También estará en las cabinas, las salas de máquinas y los puestos de combate: en si el país consiguió conservar a los pilotos, submarinistas, técnicos, ingenieros y especialistas que transforman una adquisición multimillonaria en una capacidad real de defensa nacional.
Fuentes consultadas: Proyecto de Presupuesto Nacional 2027 y planillas anexas; Ministerio de Defensa; Fuerza Aérea Argentina; Armada Argentina; Jefatura de Gabinete de Ministros; Plan de Adecuación y Reequipamiento Militar Argentino (ARMA); normativa oficial sobre remuneraciones de las Fuerzas Armadas; Biblioteca del Congreso Nacional de Chile; Ley 21.174 de Chile; Banco Central de Chile; antecedentes oficiales del sistema chileno de financiamiento de capacidades estratégicas de Defensa.
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