La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas advirtió que la captura de Nicolás Maduro y algunas medidas posteriores de apertura no desmantelaron la estructura estatal responsable durante años de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y persecución política. Aunque disminuyeron los encarcelamientos prolongados y cientos de presos fueron liberados, los investigadores sostienen que los servicios de inteligencia, las fuerzas de seguridad, las leyes utilizadas contra la disidencia y funcionarios anteriormente vinculados con graves violaciones permanecen en funcionamiento bajo el gobierno interino de Delcy Rodríguez.
Ginebra – 16 Septiembre 2026 – Total News Agency – TNA- La salida de Nicolás Maduro del poder no significó el desmantelamiento del sistema represivo construido durante años en Venezuela. La conclusión pertenece a la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas, que presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU una nueva radiografía del país después de la operación militar estadounidense del 3 de enero que terminó con la captura del entonces presidente venezolano.
El informe reconoce cambios concretos desde aquel episodio: disminuyeron considerablemente las detenciones políticas prolongadas y las desapariciones forzadas, cientos de personas encarceladas por razones políticas recuperaron la libertad, se flexibilizaron parcialmente restricciones sobre manifestaciones y organizaciones civiles y las autoridades anunciaron el cierre de El Helicoide, uno de los centros de detención más emblemáticos del aparato de seguridad chavista.
Pero para los investigadores esos movimientos no constituyen todavía una transformación estructural. La presidenta de la misión, la peruana Sofía Macher, resumió que la reducción de algunas de las formas más severas de represión resulta significativa, pero no equivale a modificar el sistema que permitió esos abusos. El organismo considera que las medidas de liberalización adoptadas después de enero siguen siendo parciales, condicionadas y reversibles.
La advertencia apunta directamente al corazón del aparato de seguridad venezolano. Los amplios servicios de inteligencia, organismos policiales y estructuras militares vinculados durante años con denuncias de persecución política mantienen esencialmente sus organizaciones, políticas y prácticas, mientras continúan vigentes numerosas normas utilizadas para criminalizar la disidencia. La misión tampoco identificó reformas institucionales capaces de garantizar que las mejoras registradas durante los últimos meses resulten permanentes.
La continuidad alcanza también a funcionarios. Los expertos de Naciones Unidas señalaron que altos integrantes del Gobierno y mandos militares anteriormente identificados por la propia misión en investigaciones sobre presuntos crímenes de lesa humanidad continúan ocupando posiciones dentro del Poder Ejecutivo y las fuerzas de seguridad. Para el organismo internacional, la ausencia de mecanismos efectivos de rendición de cuentas constituye uno de los principales obstáculos para considerar que Venezuela haya ingresado en una verdadera reforma democrática de sus instituciones.
Los números muestran el alcance del problema. Entre el 1 de septiembre de 2025 y el 29 de julio de 2026, organizaciones de la sociedad civil registraron al menos 214 detenciones arbitrarias por motivos políticos, aunque aproximadamente el 94% ocurrió antes de finalizar 2025. Después de la captura de Maduro disminuyeron notablemente los encarcelamientos prolongados, pero la misión detectó un nuevo patrón de arrestos arbitrarios de corta duración utilizados para intimidar a activistas opositores, periodistas y representantes de organizaciones civiles.
Las estimaciones sobre quienes permanecen encarcelados varían debido precisamente a otro problema señalado por Naciones Unidas: la falta de información oficial transparente y verificable. Organizaciones independientes calculan que todavía existen entre 379 y 500 personas detenidas arbitrariamente por razones políticas, pese a las liberaciones producidas durante los últimos meses.
La situación dentro de determinados establecimientos penitenciarios constituye uno de los capítulos más graves del informe. En El Rodeo I, algunos detenidos por razones políticas habrían sido sometidos a intubaciones forzadas y confinamiento prolongado dentro de una cisterna subterránea sellada. En instalaciones militares como Fuerte Guaicaipuro, prisioneros fueron recluidos en celdas semejantes a pozos excavados por debajo del nivel del suelo, sometidos al frío, privación de alimentos y otras prácticas que los investigadores de Naciones Unidas califican como tortura.
El relevamiento describe además métodos de castigo identificados por nombres específicos dentro de los centros de detención y mantiene bajo investigación denuncias sobre golpes, aislamiento, privación sensorial y otros tratamientos crueles. Las prácticas documentadas indican, según la misión, que la infraestructura capaz de producir graves violaciones continúa operativa pese al cambio ocurrido en la conducción política venezolana.
El diagnóstico coincide con advertencias formuladas por el organismo meses atrás. En marzo, la misión había informado al Consejo de Derechos Humanos que, desde la captura de Maduro, recibió denuncias sobre al menos 87 nuevas detenciones políticamente motivadas. También alertó entonces sobre la continuidad de los denominados colectivos, organizaciones civiles armadas vinculadas históricamente con el chavismo y acusadas de participar en intimidaciones y persecuciones contra opositores, periodistas y manifestantes.
El papel de esos grupos constituye otra de las preocupaciones de Naciones Unidas. Los investigadores consideran necesario desmantelar estructuras armadas paralelas y terminar con cualquier relación institucional que permita a los colectivos intervenir como instrumentos informales de control territorial o político.
La transición abierta después del 3 de enero presenta así una paradoja central: cambió la conducción presidencial, pero sobrevivió buena parte del sistema que permitió la represión. Delcy Rodríguez, quien asumió interinamente la Presidencia después de la captura de Maduro, encabezó durante años posiciones centrales dentro del mismo aparato político chavista y gobierna con buena parte de las estructuras administrativas, militares y de seguridad heredadas.
La misión distingue expresamente la responsabilidad atribuida a Maduro por presuntos crímenes de lesa humanidad de la legalidad de la operación que terminó con su captura. Naciones Unidas ya había advertido que la intervención militar estadounidense del 3 de enero violó el derecho internacional y sostuvo que las acusaciones contra el exmandatario debían resolverse mediante procedimientos judiciales con las correspondientes garantías procesales. Maduro permanece detenido en Estados Unidos enfrentando cargos vinculados con narcotráfico.
El Gobierno interino adoptó algunas medidas que fueron reconocidas por los investigadores. Además de las excarcelaciones, en febrero fue aprobada una Ley de Amnistía que permitió nuevas liberaciones. La misión cuestionó, sin embargo, que la norma fuera aprobada sin una consulta pública suficientemente inclusiva y señaló que carece de mecanismos adecuados destinados a garantizar verdad, responsabilidad y reparación para las víctimas.
El informe adquiere especial importancia porque Venezuela continúa atravesando una transición política condicionada simultáneamente por la influencia estadounidense, la permanencia de estructuras chavistas y las demandas de una oposición que sostiene que le fue arrebatada la victoria en las elecciones presidenciales de 2024. Para Naciones Unidas, cualquier estabilización política será insuficiente si no incluye una reforma profunda de los organismos responsables de la persecución estatal.
La dimensión internacional tampoco es menor. Más de 8,7 millones de venezolanos viven actualmente fuera del país, incluyendo refugiados y migrantes que abandonaron Venezuela durante años de crisis económica, política y social. Los investigadores señalaron que cientos de personas recientemente liberadas o beneficiadas con el levantamiento de medidas judiciales comenzaron a acercarse a la misión al considerar que existe ahora un contexto relativamente más seguro para prestar testimonio.
El desafío será determinar si esa apertura parcial deriva finalmente en modificaciones permanentes o si el aparato construido durante los años de Maduro conserva capacidad suficiente para recomponer los mecanismos de persecución. La misión considera indispensable reformar las fuerzas de seguridad, terminar con las detenciones arbitrarias, investigar las denuncias de tortura, establecer responsabilidades individuales y garantizar independencia judicial.
También reclamó cooperación plena de las autoridades venezolanas y acceso irrestricto al territorio, una condición que permitiría investigar directamente centros de detención, entrevistar víctimas y preservar pruebas sobre posibles crímenes internacionales.
La próxima señal concreta podrá observarse en el tratamiento que reciba el propio informe dentro de Venezuela: para los investigadores de Naciones Unidas, una transición genuina no se medirá solamente por la cantidad de presos excarcelados desde enero, sino por la capacidad del Estado para desmantelar las instituciones y prácticas que permitieron encarcelarlos, torturarlos o hacerlos desaparecer, y por la decisión de investigar a funcionarios que todavía conservan posiciones de poder pese a haber sido señalados en anteriores investigaciones internacionales.
Fuentes consultadas: Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela; Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas; Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; ONU Noticias; Reuters; EFE; DW; Human Rights Watch; documentación pública de Naciones Unidas sobre Venezuela.
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