Una denuncia por presunta agresión sexual contra un estudiante de 16 años desató una crisis en el Liceo Naval Almirante Guise de Lima, administrado por la Marina de Guerra del Perú. Diez alumnos de quinto año quedaron bajo investigación de la Fiscalía después de que el adolescente denunciara haber sido atacado durante el regreso de un campeonato deportivo. La Marina separó preventivamente a la directora, un docente y el entrenador de fútbol, mientras las autoridades educativas investigan por qué el establecimiento no formuló inicialmente la denuncia y qué hicieron los dos adultos que, según la Dirección Regional de Educación, viajaban junto con los estudiantes en el vehículo donde habrían ocurrido los hechos. El Ministerio de Defensa ordenó establecer posibles responsabilidades administrativas e Indecopi abrió una fiscalización sobre la actuación del colegio.
Lima – 17 Septiembre 2026 – Total News Agency – TNA- Una gravísima denuncia por presunta agresión sexual contra un alumno de 16 años provocó una crisis institucional en el Liceo Naval Almirante Guise, uno de los establecimientos educativos administrados por la Marina de Guerra del Perú, después de que la Fiscalía iniciara una investigación contra diez estudiantes y comenzaran a surgir interrogantes sobre la actuación de los adultos responsables del grupo.
La Marina de Guerra del Perú dispuso este jueves separar preventivamente de sus funciones a la directora del establecimiento, un docente y el entrenador de fútbol mientras avanzan las actuaciones judiciales y administrativas. La decisión fue adoptada por la Dirección de Bienestar de la fuerza naval, que aseguró que proporcionará a los investigadores toda la información necesaria para esclarecer lo sucedido.
El episodio denunciado habría ocurrido el martes 15 de septiembre dentro del vehículo que trasladaba al equipo de futsal del colegio después de participar en un campeonato interliceos. La delegación regresaba desde Surco hacia San Borja cuando, según la denuncia, el estudiante de cuarto año de secundaria habría sido agredido sexualmente por compañeros que cursan quinto año.
El padre del adolescente acudió posteriormente a la Policía para formalizar la denuncia, lo que activó la intervención de la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público, las autoridades educativas y los organismos encargados de la protección de menores.
La Séptima Fiscalía de Familia de Lima Centro, encabezada en estas diligencias por el fiscal Mariano de la Torre Hernández, precisó posteriormente que son diez los adolescentes alcanzados por la investigación. Las primeras versiones oficiales habían mencionado ocho, pero el Ministerio Público actualizó posteriormente la cifra.
Los investigadores dispusieron la recepción de los testimonios de los estudiantes, exámenes médico-legales y la declaración de la presunta víctima mediante Cámara Gesell, procedimiento destinado a obtener el relato de niños y adolescentes evitando reiteraciones innecesarias y reduciendo su exposición durante investigaciones por delitos sexuales.
La cuestión comenzó a adquirir una dimensión adicional cuando las autoridades educativas centraron su atención en lo ocurrido dentro del vehículo y en la actuación de quienes tenían la responsabilidad de supervisar a los menores.
El director de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM), Cornelio Gonzales, afirmó que dos adultos vinculados con el entrenamiento del equipo viajaban en el vehículo en el momento en que habría ocurrido la agresión. Según explicó, deberán determinarse las circunstancias por las cuales ninguno habría advertido lo sucedido.
El vehículo particular utilizado para el traslado tampoco contaba con cámaras que permitan reconstruir mediante imágenes lo ocurrido durante el recorrido, por lo que los testimonios, peritajes y restantes elementos que pueda obtener la Fiscalía adquirirán especial importancia.
Pero la controversia institucional se profundizó por otra cuestión: quién conoció primero la denuncia y qué hizo el colegio después de recibir esa información.
Gonzales cuestionó públicamente que hayan sido los familiares del adolescente quienes terminaran presentándose ante la Policía y sostuvo que el Liceo Naval deberá explicar por qué no formuló directamente la denuncia después de tomar conocimiento de lo sucedido. El funcionario llegó a calificar esa actuación como una posible “negligencia”, cuestión que deberá ser determinada dentro de las investigaciones administrativas correspondientes.
El Ministerio de Educación incorporó además otro elemento particularmente sensible. Su titular, José Antonio Chang, afirmó que las autoridades habían recibido información sobre antecedentes de denuncias por acoso contra algunos de los jóvenes ahora investigados. Ese dato deberá ser verificado y reconstruido documentalmente para determinar qué había sido denunciado anteriormente, quiénes estaban informados y qué medidas se adoptaron en aquel momento.
La sucesión de interrogantes llevó al Ministerio de Defensa a intervenir directamente. La cartera instruyó a la Marina para adoptar medidas inmediatas que garanticen el normal desarrollo de las investigaciones y ordenó iniciar las actuaciones administrativas necesarias para establecer eventuales responsabilidades disciplinarias dentro de la estructura educativa.
La Marina respondió mediante su Comunicado N.º 004-2026, emitido en La Perla, Callao, anunciando la separación de la directora, un docente y el entrenador.
La institución naval afirmó que rechaza “tajantemente” cualquier acto de violencia, maltrato o vulneración de la integridad de los estudiantes y aseguró que su Departamento de Educación proporcionará plena colaboración a las autoridades, independientemente de quién pueda resultar responsable.
La separación de los tres adultos no implica una determinación anticipada de responsabilidad penal o administrativa. Se trata de una medida preventiva adoptada mientras la Fiscalía, las autoridades educativas y la propia Marina reconstruyen la secuencia de acontecimientos.
La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, María Seminario, reclamó una investigación rápida y sostuvo que deberán establecerse también las responsabilidades de los adultos encargados del traslado. El Programa Nacional Warmi Ñan proporciona asistencia jurídica y psicológica al adolescente y a su familia.
La Defensoría del Pueblo desplegó asimismo un equipo integrado por abogados y profesionales de la salud mental para supervisar las diligencias y acompañar a la familia. Sus representantes siguen las actuaciones de la Policía y del Ministerio Público y verifican las medidas adoptadas dentro del establecimiento educativo.
El caso abrió además un nuevo frente administrativo cuando el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) inició una fiscalización destinada a determinar si el colegio cumplió sus obligaciones legales relacionadas con la seguridad y protección de sus estudiantes y con la información que debía proporcionar después de conocer el episodio.
El organismo requirió documentación al establecimiento y analizará su actuación institucional. Las autoridades peruanas recordaron que ocultar información relevante vinculada con hechos de esta naturaleza puede generar responsabilidades adicionales, independientemente de aquello que finalmente determine la investigación penal.
La Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno del Senado peruano también tomó intervención política. Legisladores de diferentes bancadas reclamaron una investigación exhaustiva y anticiparon que podrían convocar a responsables del colegio y a otros adultos vinculados con el traslado para conocer qué ocurrió y cuáles eran los mecanismos de supervisión vigentes.
La situación de los diez adolescentes investigados deberá resolverse bajo las normas especiales aplicables a menores de edad. Por esa razón, las autoridades mantienen bajo estricta reserva sus identidades y la información que pueda permitir individualizarlos.
La misma protección alcanza al estudiante que formuló la denuncia. Los organismos intervinientes pidieron evitar la difusión de cualquier elemento que permita reconocerlo y reducir la exposición pública de un adolescente que deberá atravesar diversas diligencias judiciales y psicológicas.
El caso produjo una conmoción adicional por tratarse de un establecimiento vinculado directamente con una de las instituciones militares más importantes del Perú. El Liceo Naval Almirante Guise, ubicado en San Borja, funciona bajo la administración educativa de la Marina y forma parte de una estructura concebida precisamente alrededor de principios de disciplina, formación y responsabilidad institucional.
La investigación deberá determinar ahora responsabilidades en dos planos diferentes. El primero corresponde estrictamente a aquello que ocurrió dentro del vehículo y a la eventual participación individual de cada uno de los adolescentes investigados. El segundo apunta hacia los adultos y la institución: quiénes acompañaban al grupo, qué capacidad real tenían para supervisarlo, cuándo tomó conocimiento el colegio de la denuncia, qué decisiones adoptó inmediatamente después y si existían antecedentes que hubieran debido activar previamente mecanismos de prevención.
La Marina de Guerra aseguró que no ejercerá ninguna injerencia sobre el proceso y que adoptará nuevas medidas una vez conocidos los resultados de las investigaciones. Esa promesa quedará sometida ahora al control simultáneo de la Fiscalía, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Defensa, la Defensoría del Pueblo e Indecopi.
Las próximas diligencias tendrán un peso decisivo. La declaración del adolescente mediante Cámara Gesell, los testimonios de los diez estudiantes, los informes médico-legales y especialmente las declaraciones de los adultos que acompañaban al equipo permitirán reconstruir aquello que no quedó registrado por ninguna cámara dentro del vehículo. Pero la investigación administrativa deberá responder además una pregunta diferente y posiblemente incómoda para las autoridades del Liceo Naval: qué sabía el colegio antes y después del episodio y si los mecanismos que debían proteger a sus alumnos funcionaron cuando más necesarios eran.
Fuentes consultadas: Ministerio Público del Perú; Ministerio de Defensa del Perú; Marina de Guerra del Perú; Ministerio de Educación; Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables; Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana; Defensoría del Pueblo; Indecopi; Congreso de la República del Perú; Agencia Andina; El Comercio; RPP; Infobae Perú; La República; Diario Correo.
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