17 de septiembre de 2026
“El ransomware evolucionó hacia un ecosistema altamente organizado centrado en monetizar datos robados, desactivar defensas y escalar ataques con eficiencia empresarial.” — Fabio Assolini, investigador senior de Kaspersky para América Latina, 2026
América Latina lidera globalmente en ataques de ransomware. No en desarrollo tecnológico, no en regulación digital, no en innovación financiera, lidera por recibir la mayor cantidad de ataques de ransomware.
El 8,13% de las organizaciones latinoamericanas fue afectado en 2025, según el informe “Estado del Ransomware 2026 de Kaspersky”. Es el porcentaje más alto de cualquier región del mundo. El dato no describe el pasado, es la clara muestre del mapa del presente.
Para el sistema bancario y las fintechs de la región, ese número tiene una lectura que los informes de ciberseguridad convencionales raramente hacen, Latinoamérica no lidera porque sea la región más codiciada, aunque podrá serlo, lidera porque tiene la mayor brecha entre el nivel de digitalización de sus sistemas financieros y el nivel de madurez de sus defensas. Los adversarios van donde la relación costo-beneficio es favorable, y para este año 2026, ésta región es el lugar más conveniente para atacar.
Ciertamente, el problema va más allá del ransomware. Hay dos frentes adicionales que los modelos de riesgo financiero tradicionales casi no contemplan, en primer lugar a los actores estatales que atacan para obtener inteligencia, no dinero, y en segundo lugar una cadena de suministro tecnológica que acumula exposición geopolítica por decisiones de corto plazo que nadie cuestionó en su momento. Los tres frentes operan al mismo tiempo. Casi nunca aparecen juntos en un solo análisis.
Frente 1: el atacante que no quiere el dinero
Hay una distinción que la gran mayoría de los equipos de seguridad de la banca latinoamericana todavía no incorporaron a sus modelos de amenaza, es la diferencia entre un atacante que quiere dinero y un atacante que quiere información.
Los grupos de ransomware, los troyanos bancarios, los operadores de fraude masivo quieren dinero. Son actores criminales con incentivos económicos claros, tienden a ser el frente más visible y el que los equipos de seguridad financiera conocen mejor.
El otro frente es más silencioso. China es el mayor patrocinador de ciberataques en América Latina, según Diálogo Americas, los grupos Earth Alux, Earth Lamia y FamousSparrow (también conocido como Earth Estries) operaron en Brasil, México, Honduras y la región durante 2025. Sus ataques son de espionaje estratégico, backdoors persistentes, exfiltración de datos de largo plazo, reconocimiento de redes. No quieren el dinero de la cámara de compensación, pero lo que sí quieren es saber quiénes son los clientes del banco, qué empresas del sector energético o minero usan esa banca, y qué contratos están en negociación.
Para un banco que presta servicios a empresas de Vaca Muerta, al sector litiero de Jujuy, a proyectos de infraestructura regional o a fondos con exposición en recursos críticos, sus bases de datos de clientes son activos de inteligencia para una potencia extranjera. El banco no lo sabe. No está en su modelo de amenaza.
En marzo de 2025, el grupo APT (Amenaza Persistente Avanzada, por sus siglas en inglés) libanés Dark Caracal fue identificado ejecutando operaciones de espionaje contra corporaciones latinoamericanas. En Colombia, el Ministerio de Salud recibió más de 23 millones de intentos de ciberataque en un solo mes, y acá hay que detenerse y entender que no son ataques oportunistas de ciberdelincuentes individuales, son operaciones con objetivos de inteligencia, planificación de mediano plazo y recursos que solo los Estados o sus proxies pueden sostener.
Frente 2: el dato como mercancía
El crimen organizado latinoamericano descubrió en los últimos tres años que los sistemas digitales son más rentables que los físicos.
En México, los ataques de robo de cuentas (Account Takeover o ATO) crecieron un 324% entre finales de 2024 y principios de 2026, según BioCatch, por su parte Colombia registró un aumento del 188% en el mismo período. No son ataques que requieren sofisticación técnica extrema, son operaciones de ingeniería social masiva que manipulan a clientes legítimos para que autoricen transferencias fraudulentas. El banco tiene el dinero, el cliente tiene el acceso y el criminal tiene a ambos actuando sin saberlo, esa sería la estructura.
En Brasil, el Anuario de Seguridad Pública 2026 formalizó algo que los analistas ya venían registrando, el fraude es hoy el principal crimen de propiedad del país, con 2,26 millones de casos reportados en 2025. Las organizaciones criminales ya no están robando credenciales de manera aislada, están manipulando a clientes legítimos para que sean ellos quienes ejecuten las transferencias. Las defensas técnicas tradicionales no detienen eso.
El Primer Comando da Capital (PCC) dio un paso adicional y en septiembre de 2025, Brasil lanzó una de sus mayores operaciones antilavado focalizándose no en la actividad narco del PCC sino en su infraestructura financiera, empresas de fachada, estructuras de propiedad encadenadas, transferencias transfronterizas, fondos de inversión. El crimen organizado usa el sistema financiero como infraestructura central de sus operaciones. Los bancos son el canal, no solo la víctima.
El cambio de modelo más relevante del período lo protagonizaron grupos como ShinyHunters que abandonaron el ransomware tradicional porque los backups lo neutralizan. Su nuevo negocio es exfiltrar bases de datos completas de clientes financieros y amenazar con publicarlas. Para un banco, eso significa multas regulatorias, pérdida de clientes de alta renta y daño reputacional que ningún backup puede revertir. Los backups protegen la continuidad operativa, pero no protegen el dato que ya salió.
Frente 3: la trampa que nadie eligió
El tercer frente es el más invisible porque no empieza dentro del banco. Los bancos latinoamericanos no operan en aislamiento, dependen de plataformas SaaS para el core bancario, de interfaces de programación (APIs) para conectarse con fintechs bajo esquemas de banca abierta u open finance, de nubes compartidas de proveedores globales, y de decenas de terceros que procesan pagos, verifican identidad, gestionan fraude y almacenan datos. Cada uno de esos eslabones es una superficie de ataque.
Los grupos de amenaza descubrieron que es más fácil comprometer a un proveedor de software mediano que atacar el núcleo central de un banco global. Cuando ese proveedor cae, todos sus clientes bancarios caen con él sin haber sido el objetivo directo. La gestión de riesgo de proveedores externos pasó de ser una práctica de cumplimiento regulatorio a ser una prioridad de supervivencia operativa.
En Argentina, el dilema tiene una capa adicional que ningún informe global señala. Los bancos argentinos que operan con infraestructura Huawei en sus redes de telecomunicaciones, con servicios cloud de origen chino, y que simultáneamente sirven a clientes con proyectos financiados bajo el RIGI (que ahora exige certificación de no-participación en actividades sancionadas en Malvinas) están en el mismo nudo geopolítico que describimos en nuestra saga sobre minerales críticos. El proveedor tecnológico puede estar del lado equivocado de la cadena de suministro sin que nadie lo haya elegido deliberadamente. La cadena se construyó por conveniencia de precio, y el riesgo llegó con ella.
Y el riesgo no viene solo de los proveedores chinos, y si viene del modelo completo de interdependencia tecnológica?. Un banco latinoamericano promedio tiene entre 30 y 50 proveedores tecnológicos de terceros en su cadena crítica. La mayoría no fue auditada con los estándares que DORA (la Ley de Resiliencia Operativa Digital de la Unión Europea) ahora exige para entidades con operaciones europeas. El banco que no mapeó esa cadena no sabe dónde está su mayor exposición.
El caso argentino (el cuadro más complejo de la región)
Argentina tiene en 2026 el sistema financiero con más variables en tensión simultánea de toda la región. El 20% de la población usa criptomonedas, según Chainalysis, uno 8,6 millones de personas y el mayor porcentaje de adopción de América Latina. En volumen, Argentina procesó USD 93.900 millones en transacciones cripto entre julio de 2024 y junio de 2025, siendo asi el segundo mercado de la región. El mercado fintech está proyectado en USD 4.200 millones para 2033 y el digital banking ya supera el 60% de la población.
En paralelo, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) está evaluando permitir que los bancos ofrezcan servicios de custodia y trading de criptoactivos. Si se aprueba, Argentina sería uno de los primeros países de la región en integrar la banca tradicional con el ecosistema cripto a esta escala. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) participa desde enero de 2026 del Grupo de Trabajo sobre Delincuencia Organizada Transnacional (TOC-WG) convocado por la Red de Control de Crímenes Financieros de EEUU (FinCEN). La UIF argentina ya forma parte del núcleo operativo de la inteligencia financiera global.
Ese contexto tiene implicancias concretas para los bancos que operan en el país. La Disposición 1/2026 del regulador dio 180 días a los organismos públicos para reforzar sus infraestructuras digitales. Los bancos privados operan en el mismo ecosistema normativo, donde la protección de datos sigue rigiéndose por la Ley 25.326 de 2000, anterior a la existencia del smartphone. El nivel de digitalización creció exponencialmente, pero el marco normativo, no.
Para un banco que quiera operar en Argentina con estándares de primer orden, eso significa que el riesgo regulatorio no viene solo del regulador local, viene de la extraterritorialidad del DORA europeo, del GAFI, del TOC-WG y de la presión de EEUU sobre la cadena de suministro tecnológica. Todo al mismo tiempo. Con un marco local que no fue diseñado para este entorno.
CERRANDO IDEAS
Sun Tzu escribió que conocer al enemigo y conocerse a uno mismo garantiza la victoria en cien batallas. El sistema financiero latinoamericano está mejor preparado para la segunda parte que para la primera. Los bancos conocen sus balances, sus ratios de liquidez, sus exposiciones crediticias y sus requerimientos de capital. Conocen menos bien sus superficies de ataque en la cadena de suministro tecnológica. Tienen en su modelo de amenaza a los defraudadores de retail pero no a los grupos APT chinos que buscan inteligencia sobre sus clientes del sector energético. No midieron el costo real de un breach que expone la posición de activos de sus clientes de banca privada.
Los tres frentes que este artículo describe no son coyunturales. Son estructurales. América Latina lidera en ransomware no porque sus sistemas sean más vulnerables individualmente. Lidera porque la regulación está fragmentada, la cadena de suministro tecnológica es heterogénea, el crimen organizado ya tiene infraestructura financiera sofisticada y los actores estatales tienen agenda de espionaje regional. Cuatro condiciones que se refuerzan mutuamente. Los tres frentes que generan no pueden abordarse de manera separada.
En la próxima entrega, es decir en el segundo artículo de esta saga, analizaré la dimensión regulatoria y la criptografía post-cuántica, por qué DORA ya afecta a los bancos latinoamericanos con operaciones europeas, qué significa para el directorio asumir el riesgo cibernético como riesgo financiero estratégico, y en qué plazo el dato que hoy está cifrado podría quedar expuesto si la institución no actúa.
La diferencia entre los bancos que atraviesan este entorno con control y los que lo atraviesan en crisis es siempre la misma. Los primeros vieron los tres frentes antes de que llegaran.
*CEO & Founder GS2 | Seguridad Estratégica, Inteligencia Aplicada y Gestión de Riesgos | Asesoría para Empresas, Finanzas e Infraestructura Crítica
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