Por Daniel Romero
Un influyente debate estratégico comenzó a inquietar a los aliados asiáticos de Washington: un informe de Defense Priorities propone que Estados Unidos abandone progresivamente sus compromisos de defensa con Japón, Corea del Sur, Filipinas y Australia, descarte una intervención militar por Taiwán y retire buena parte de sus fuerzas de la primera cadena de islas para concentrarlas en Guam y posiciones más alejadas de China. Sus autores sostienen que reduciría costos y posibilidades de una guerra entre potencias nucleares; especialistas consultados por medios internacionales advierten exactamente lo contrario: semejante vacío podría debilitar la disuasión, estimular una mayor presión china sobre Taiwán y el Mar de China Meridional y empujar a Japón y Corea del Sur hacia un rearme acelerado, incluso nuclear. Por ahora, la Casa Blanca mantiene una política diferente y durante 2026 reforzó sus compromisos militares con Tokio, Manila y Canberra.
Washington – 18 Septiembre 2026 – Total News Agency – TNA- Una propuesta estratégica que plantea retirar buena parte de las fuerzas estadounidenses desplegadas en el Pacífico occidental abrió un debate que trasciende ampliamente el número de soldados, aviones o bases involucrados: pone en discusión la arquitectura de seguridad construida por Estados Unidos en Asia desde el final de la Segunda Guerra Mundial y plantea si una retirada reduciría el peligro de una guerra con China o, por el contrario, dejaría a Beijing frente al mayor vacío estratégico regional de las últimas ocho décadas.
El documento fue elaborado por Jennifer Kavanagh, investigadora principal y directora de análisis militar de Defense Priorities, un centro estadounidense que promueve una política exterior basada en la contención de compromisos militares. Su tesis es contundente: Washington debería reducir su presencia en la denominada primera cadena de islas, abandonar progresivamente sus actuales alianzas de defensa con Corea del Sur, Japón, Filipinas y Australia y concentrar una fuerza considerablemente menor alrededor de una segunda línea defensiva más alejada de las costas chinas.
El cambio geográfico sería extraordinario. La primera cadena comprende posiciones decisivas que se extienden desde Japón y Okinawa hacia Taiwán y Filipinas y constituye actualmente la primera barrera estratégica frente a la expansión naval china hacia el Pacífico. La segunda se encuentra centenares de kilómetros más al este e incluye Guam, las Islas Marianas del Norte, Palaos, Micronesia y las Islas Marshall, mientras Australia conservaría importancia como plataforma logística y submarina.
La propuesta parte de una definición restrictiva de los intereses vitales estadounidenses. Según Kavanagh, Washington debería concentrar su poder militar en dos objetivos fundamentales: proteger directamente el territorio de Estados Unidos y garantizar el acceso a los mercados y principales rutas comerciales asiáticas. Para cumplirlos, sostiene, no sería necesario mantener la extensa red de alianzas y fuerzas avanzadas que existe actualmente.
La investigadora propone terminar con los tratados de defensa mutua con Corea del Sur, Filipinas y Australia, reemplazándolos eventualmente por acuerdos de cooperación más limitados. Con Japón plantea un repliegue más gradual, pero igualmente orientado hacia la reducción del compromiso estadounidense y una creciente autosuficiencia defensiva japonesa.
El plan incluye cifras concretas. Defense Priorities propone reducir progresivamente la presencia estadounidense en Japón hasta aproximadamente 20.000 efectivos en 2030 y entre 12.000 y 15.000 hacia 2035, abandonar buena parte de las posiciones de Okinawa y retirar la mayoría de las fuerzas estacionadas permanentemente en Corea del Sur. Guam y otros puntos de la segunda cadena recibirían, en cambio, una presencia reforzada y dispersa, mientras Australia incrementaría su importancia como base de submarinos y plataforma logística.
El capítulo potencialmente más explosivo es Taiwán.
Estados Unidos no mantiene un tratado formal que lo obligue automáticamente a entrar en guerra si China ataca la isla. Durante décadas, Washington preservó una política de ambigüedad estratégica, respaldando la capacidad defensiva taiwanesa sin definir de antemano cuál sería su respuesta militar frente a una invasión.
Kavanagh propone terminar con esa ambigüedad, pero no para garantizar la intervención estadounidense: exactamente al contrario. Su recomendación consiste en adoptar explícitamente una política de no intervención militar, retirar los entrenadores estadounidenses desplegados en Taiwán y comunicar que Washington no librará una guerra con China por la isla.
El argumento de Defense Priorities es que una confrontación directa entre las dos mayores potencias militares del planeta tendría para Estados Unidos costos desproporcionados respecto de los intereses que pretende proteger y podría escalar hacia dimensiones catastróficas. Alejar las fuerzas estadounidenses del litoral chino reduciría, según esta interpretación, vulnerabilidades militares y posibilidades de que un incidente arrastre automáticamente a Washington hacia una guerra.
El problema estratégico aparece en el efecto que semejante anuncio podría provocar en Beijing.
China considera a Taiwán parte de su territorio y no ha renunciado al empleo de la fuerza para concretar la reunificación. Durante los últimos años incrementó considerablemente sus capacidades navales, misilísticas y aéreas alrededor del estrecho, mientras sus ejercicios militares reproducen escenarios compatibles con bloqueos, aislamiento de la isla y operaciones de gran escala.
Por eso, críticos de la propuesta sostienen que anunciar anticipadamente que Estados Unidos no intervendrá podría eliminar precisamente una de las principales incertidumbres que hasta ahora debe incorporar Beijing a cualquier cálculo militar.
William Yang, analista del International Crisis Group radicado en Taiwán, describió el proyecto como una agenda de fuerte contención estadounidense y advirtió que sus consecuencias podrían resultar profundamente desestabilizadoras si fueran adoptadas por la administración de Donald Trump.
No es la única objeción.
Garren Mulloy, especialista en asuntos militares y profesor de relaciones internacionales en la Universidad Daito Bunka de Japón, sostiene que una retirada dejaría un espacio estratégico que China —y en menor medida Rusia— intentarían ocupar, mientras Washington perdería buena parte de su capacidad para influir sobre los acontecimientos políticos y militares del Indo-Pacífico.
El cuestionamiento toca el núcleo del debate: las bases y alianzas estadounidenses cuestan dinero y generan riesgos de involucramiento, pero también funcionan como elementos de disuasión precisamente porque obligan a cualquier adversario a calcular que una agresión contra un aliado podría terminar enfrentándolo directamente con Estados Unidos.
Eliminar ese compromiso puede reducir el riesgo estadounidense de quedar atrapado en una guerra iniciada por terceros, pero simultáneamente modifica el cálculo de quienes podrían considerar el uso de la fuerza.
Dan Pinkston, profesor de relaciones internacionales de la Universidad de Troy en Seúl, agregó otra dimensión: la retirada estadounidense no afectaría únicamente la defensa convencional. Washington perdería capacidad de coordinación regional en cuestiones como piratería, violaciones de sanciones internacionales, cibercrimen, espionaje, contrabando, pesca ilegal y delitos financieros transfronterizos.
Existe además un problema nuclear.
Japón y Corea del Sur permanecen bajo el denominado paraguas nuclear estadounidense, que forma parte de la estructura de disuasión frente a China y, especialmente en el caso surcoreano, frente al arsenal nuclear de Corea del Norte. Si Washington retirara esas garantías, ambos países deberían decidir hasta qué punto pueden confiar exclusivamente en sus fuerzas convencionales.
El propio informe reconoce que una reducción de los compromisos estadounidenses podría impulsar mayores presupuestos militares, nuevas coaliciones regionales e incluso debates sobre arsenales nucleares propios en Japón y Corea del Sur.
Esa consecuencia contiene una de las paradojas de la propuesta: una estrategia concebida para disminuir la militarización estadounidense de Asia podría terminar estimulando una militarización autónoma de sus aliados.
Defense Priorities considera manejable ese riesgo y sostiene que China tendría enormes dificultades para establecer una verdadera hegemonía regional. Japón y Corea del Sur poseen economías avanzadas, importantes capacidades militares y fuertes identidades nacionales que, según Kavanagh, hacen improbable que acepten convertirse voluntariamente en Estados subordinados a Beijing.
La discusión adquirió mayor relevancia porque algunas ideas del informe coinciden parcialmente con la visión transaccional de Trump respecto de las alianzas. El Presidente estadounidense ha reclamado reiteradamente que sus socios asuman una proporción mayor de los costos de su propia defensa y cuestionó compromisos internacionales cuando considera que Washington soporta una carga desproporcionada.
Pero de allí a concluir que la Casa Blanca decidió abandonar el Pacífico existe una distancia considerable.
Los movimientos concretos realizados durante 2026 muestran hasta ahora una política prácticamente inversa.
En marzo, Trump y la primera ministra japonesa Sanae Takaichi reafirmaron la alianza entre Estados Unidos y Japón y acordaron profundizar la cooperación militar. Washington y Tokio avanzaron en el despliegue de capacidades militares estadounidenses en territorio japonés, producción conjunta de misiles y fortalecimiento de las defensas destinadas a impedir modificaciones coercitivas del statu quo regional.
La declaración bilateral incluyó además una referencia explícita a la importancia de mantener la paz y estabilidad en el Estrecho de Taiwán.
Con Filipinas ocurrió algo similar. En mayo, el secretario estadounidense de Defensa, Pete Hegseth, y su contraparte filipina, Gilberto Teodoro, volvieron a calificar como firme el compromiso con el Tratado de Defensa Mutua y anunciaron avances en infraestructura militar, almacenamiento estratégico e intercambio seguro de información.
Estados Unidos mantiene además su posición de que un ataque armado contra fuerzas, aeronaves o buques públicos filipinos —incluida la Guardia Costera— en el Mar de China Meridional queda comprendido dentro de las obligaciones del tratado bilateral.
Australia constituye otro obstáculo para imaginar un repliegue inmediato. Washington, Canberra y Londres reafirmaron en mayo la continuidad de AUKUS, incluido el establecimiento previsto para 2027 de la Submarine Rotational Force-West, que ampliará la presencia de submarinos de propulsión nuclear estadounidenses y británicos en Australia.
La contradicción estratégica resulta evidente: mientras Defense Priorities propone retroceder hacia la segunda cadena de islas para disminuir la exposición frente a China, el Gobierno estadounidense continúa invirtiendo en posiciones avanzadas, cooperación misilística con Japón, infraestructura militar filipina y capacidad submarina australiana.
El informe, por lo tanto, no constituye una política oficial de Washington. Es una propuesta dentro de una discusión mucho más amplia que enfrenta a quienes consideran que la presencia avanzada estadounidense evita guerras y quienes creen que esa misma presencia aumenta las posibilidades de terminar involucrado en ellas.
Para Beijing, sin embargo, el debate tiene importancia aunque la propuesta nunca sea adoptada.
La estrategia china de las últimas décadas estuvo condicionada por una realidad geográfica incómoda: una sucesión de aliados, bases y socios estadounidenses limita su acceso directo al Pacífico abierto. Japón, Taiwán y Filipinas forman precisamente los principales eslabones de esa primera cadena.
Si Estados Unidos abandonara militarmente buena parte de ella, China no obtendría automáticamente la hegemonía asiática, pero desaparecería uno de los obstáculos centrales que hoy condicionan su planificación naval.
La consecuencia más inmediata se produciría alrededor de Taiwán, pero el impacto alcanzaría también el Mar de China Meridional, donde Beijing mantiene disputas territoriales con varios países y Filipinas depende especialmente de su tratado con Washington para elevar el costo potencial de una escalada.
El debate tampoco puede separarse del crecimiento de las capacidades militares chinas. Beijing desarrolló durante años misiles de largo alcance destinados precisamente a dificultar las operaciones estadounidenses desde bases próximas a su territorio. Kavanagh utiliza esa vulnerabilidad como argumento para trasladar fuerzas hacia posiciones más alejadas y defendibles; sus críticos responden que retirarlas significaría conceder a China mediante una decisión política aquello que su estrategia militar intenta conseguir: expulsar progresivamente a Estados Unidos del Pacífico occidental.
La verdadera discusión, entonces, no gira simplemente alrededor de cuántos soldados estadounidenses deberían permanecer en Okinawa, Corea del Sur o Filipinas. Lo que está en juego es dónde comenzaría la línea que Washington está dispuesto a defender y qué interpretación haría Beijing de su desplazamiento hacia el este.
Por ahora, la administración Trump mantiene esa línea considerablemente más cerca de China que la propuesta por Defense Priorities. Japón continúa siendo aliado, el tratado con Filipinas acaba de ser reafirmado, AUKUS avanza hacia nuevos despliegues submarinos y Washington sigue considerando la estabilidad del Estrecho de Taiwán un interés regional fundamental. El dato decisivo será comprobar si el debate sobre la segunda cadena permanece limitado a los centros de estudios estadounidenses o comienza a traducirse en decisiones presupuestarias, cierres de bases y movimientos de fuerzas: serían esos actos, y no un documento académico, los que indicarían a Beijing que la arquitectura estadounidense levantada durante ocho décadas en el Pacífico occidental realmente comenzó a retroceder.
Fuentes consultadas: Defense Priorities; estudio A Second Island Chain Strategy for Asia, Jennifer Kavanagh; Deutsche Welle; International Crisis Group; Casa Blanca; Departamento de Defensa de Estados Unidos; Gobierno de Japón; Gobierno de Filipinas; documentos oficiales de AUKUS; Universidad Daito Bunka; Universidad de Troy.
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