España refuerza la vigilancia sobre Ceuta, Melilla y las Chafarinas ante nuevas convocatorias difundidas desde Marruecos que reclaman la “liberación” de los territorios españoles del norte de África. La alarma llega menos de dos meses después de que más de 70.000 personas cruzaran hacia Ceuta en apenas dos días. Mientras tanto, unas 9.000 a 10.000 personas continúan en la ciudad, el campamento del puerto ya agotó sus 1.700 plazas y la Audiencia Nacional examina judicialmente su instalación.
Ceuta – 19 Septiembre 2026 – Total News Agency – TNA- España vuelve a mirar con preocupación hacia su frontera africana. Una nueva oleada de mensajes difundidos en redes sociales y servicios de mensajería marroquíes convoca para este domingo 20 de septiembre a una denominada “marcha popular” o “marcha de la ira” que reclama la “liberación de Ceuta, Melilla y las islas ocupadas por España”, mientras las fuerzas de seguridad españolas mantienen reforzada la vigilancia ante la posibilidad de que la movilización digital termine trasladándose nuevamente hacia las fronteras de las ciudades autónomas. Policía Nacional, Guardia Civil y servicios de inteligencia siguen la convocatoria, que carece de organizadores oficiales identificados y no cuenta con respaldo del Gobierno marroquí.
La fecha no es un detalle menor. El llamado comenzó a circular a principios de septiembre y fija el 20 como jornada de movilización, apenas tres días antes de las elecciones legislativas de Marruecos. Algunos mensajes convocan a protestar frente a la Embajada española en Rabat y otros utilizan expresiones directamente territoriales sobre Ceuta y Melilla. Especialistas que analizan campañas de desinformación detectaron una ventana de riesgo entre el 10 y el 23 de septiembre, aunque subrayaron que hasta ahora no existen elementos públicos que permitan atribuir la campaña al Estado marroquí ni demostrar la existencia de un plan organizado para atacar las fronteras españolas.
La inquietud española no parte, sin embargo, de un escenario teórico. Los días 30 y 31 de julio, más de 70.000 personas cruzaron desde Marruecos hacia Ceuta, una cifra reconocida oficialmente por el Gobierno de Pedro Sánchez y sin precedentes en anteriores crisis migratorias de la ciudad autónoma. Más del 90% regresó posteriormente a territorio marroquí, pero entre 9.000 y 10.000 migrantes continúan todavía en Ceuta y obligaron al Ejecutivo a desplegar recursos extraordinarios de seguridad, alojamiento, asistencia humanitaria y tramitación de devoluciones.
El recuerdo de aquella avalancha alimenta ahora las sospechas sobre cuánto puede influir una campaña viral en el terreno. Documentos posteriormente desclasificados por el propio Gobierno demostraron que organismos de inteligencia y seguridad detectaron señales y comunicaciones durante la crisis de julio, aunque el Ejecutivo sostiene que ninguna advertencia anticipó una entrada de semejante magnitud. El presidente Sánchez reconoció incluso que durante aproximadamente diez horas la capacidad marroquí de contención fue insuficiente antes de que Rabat endureciera el dispositivo y comenzara a colaborar activamente con el retorno de los migrantes.
El escenario llevó incluso a introducir públicamente el concepto de guerra híbrida. Javier Colomina, alto funcionario español de la OTAN encargado de asuntos políticos y de seguridad, sostuvo esta semana que resulta difícil analizar una entrada masiva de esas características sin considerar la posible existencia de componentes propios de una estrategia híbrida, en la que movimientos migratorios pueden ser instrumentalizados como mecanismo de presión política. Se trata de una valoración estratégica, no de una conclusión oficial que atribuya la operación de julio al Gobierno marroquí, pero ilustra hasta qué punto el episodio modificó la percepción de seguridad española sobre su frontera sur.
En paralelo, la Guardia Civil reforzó la vigilancia marítima en las Islas Chafarinas con la patrullera Río Guadiana, después de que 34 migrantes alcanzaran recientemente el archipiélago en dos episodios diferentes. El dispositivo incrementa la capacidad de interceptación y respuesta en aguas próximas a Marruecos y forma parte de una estrategia destinada a impedir que el aumento de presión se desplace desde las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla hacia pequeños territorios españoles situados frente a la costa africana.
Mientras España intenta anticiparse a una eventual nueva entrada, la situación interna de Ceuta continúa lejos de normalizarse. El viernes, las autoridades trasladaron 1.700 personas desde los asentamientos de las playas del Trampolín y Benítez hacia el nuevo centro temporal del Muelle de Poniente. Las plazas quedaron completas en pocas horas. Más de 2.000 migrantes tuvieron que regresar a las playas y reconstruir asentamientos que acababan de ser desalojados, mientras el Gobierno calcula que todavía permanecen en la ciudad entre nueve y diez mil personas. Durante el traslado se produjeron carreras, momentos de tensión y actuaciones policiales destinadas a impedir avalanchas cuando quedó claro que no habría alojamiento para todos.
El campamento portuario agregó además un frente judicial. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) recurrió su instalación ante la Audiencia Nacional alegando riesgos derivados de concentrar a cientos de personas junto a infraestructuras estratégicas y reclamó garantías sobre seguridad, evacuación e incendios. El tribunal paralizó inicialmente la puesta en funcionamiento mientras reclamaba documentación al Ministerio de Transportes, pero posteriormente rechazó la medida cautelarísima y permitió que el centro comenzara a operar. La admisión del recurso no significa que la Justicia haya declarado ilegal el campamento: el procedimiento sobre el fondo continúa y los magistrados deberán examinar los expedientes administrativos y las condiciones de seguridad.
La crisis se trasladó también al Parlamento. El Partido Popular volvió a reclamar en el Senado la comparecencia de los ministros Fernando Grande-Marlaska, Margarita Robles y José Manuel Albares para explicar la actuación del Gobierno después de que los tres evitaran hacerlo allí en agosto y comparecieran en el Congreso. Vox, por su parte, propone suspender visados a ciudadanos marroquíes mientras Rabat no reconozca expresamente la soberanía española sobre Ceuta, Melilla y los restantes territorios españoles del norte de África, una iniciativa que forma parte de la confrontación política interna sobre cómo gestionar la relación con Marruecos.
Madrid mantiene oficialmente una posición de cooperación con Rabat. El Ministerio del Interior destacó después de la crisis de julio el trabajo conjunto con las autoridades marroquíes y recordó que ambos gobiernos acordaron reforzar la coordinación fronteriza y acelerar el retorno de quienes hubieran ingresado irregularmente y carecieran de derecho a permanecer en España. Esa cooperación convive ahora con un clima social mucho más delicado, alimentado por reivindicaciones territoriales en las redes y por el enorme precedente migratorio de julio.
Ceuta llega así al fin de semana en una situación paradójica: España despliega más policías y medios navales para impedir otra avalancha al mismo tiempo que todavía intenta absorber las consecuencias de la anterior. Las convocatorias del 20 de septiembre pueden terminar reducidas a una protesta política en Rabat o incluso diluirse completamente, pero después de que más de 70.000 personas atravesaran la frontera en julio, Madrid perdió el margen para considerar inocua cualquier movilización digital que vuelva a señalar a Ceuta y Melilla como objetivo.
Fuentes consultadas: Gobierno de España – La Moncloa, Ministerio del Interior, EFE, Reuters, Europa Press, El Faro de Melilla, documentación de la Audiencia Nacional y antecedentes oficiales sobre la crisis migratoria de Ceuta.
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