Susy Aponte, periodista y aspirante al Gobierno Regional de Áncash, fue ejecutada a balazos mientras realizaba campaña en un mercado de Caraz. Nueve días antes había denunciado públicamente que recibía amenazas desde tres establecimientos penitenciarios y advertido sobre un supuesto plan para asesinarla. El crimen dejó además cinco heridos, un detenido y volvió a exponer la creciente violencia contra periodistas y dirigentes regionales en Perú.
Lima – 20 Septiembre 2026 – Total News Agency – TNA- Perú quedó sacudido este fin de semana por el asesinato de Susy Aponte Polo, periodista de 44 años, conocida como “China Polo”, y candidata al Gobierno Regional de Áncash en las elecciones del próximo 4 de octubre. Aponte fue atacada a balazos mientras recorría con simpatizantes un mercado en el distrito de Caraz, en plena actividad proselitista. El atentado dejó además cinco personas heridas y derivó en la detención de un ciudadano venezolano señalado como presunto autor material, mientras la Policía incautó un arma de fuego y desplegó operativos para determinar si actuó solo o como parte de una estructura mayor.
El asesinato adquiere una gravedad todavía mayor por un antecedente inmediato. Nueve días antes de morir, Aponte había publicado un video en sus redes sociales en el que afirmaba haber recibido llamadas provenientes de tres establecimientos penitenciarios y sostenía que existía un plan para atentar contra su vida. En esa grabación señaló directamente al jefe de la Dirección de Investigación Criminal, Víctor Revoredo Farfán, como supuesto responsable de haber ordenado un ataque y aseguró que ya había presentado denuncias ante las autoridades competentes. También afirmó que sus publicaciones sobre presuntas irregularidades policiales estaban generando temor entre sectores a los que acusaba de corrupción.
Las acusaciones de Aponte no constituyen prueba de que los funcionarios mencionados hayan tenido participación en su asesinato y deberán ser investigadas judicialmente. Pero el hecho de que una candidata haya anticipado públicamente que temía por su vida y que luego fuera asesinada obliga a reconstruir con precisión qué protección recibió después de sus denuncias, qué medidas adoptó la Policía, si se identificaron las llamadas provenientes de las prisiones y qué hipótesis manejaban las autoridades antes del ataque.
Aponte desarrollaba paralelamente una intensa actividad periodística a través del portal “China Polo Dominical”, desde donde difundía denuncias sobre presuntas irregularidades, corrupción policial y vínculos entre funcionarios y organizaciones criminales. En sus últimas intervenciones también lanzó acusaciones contra otros altos mandos de la Policía peruana y aseguró que intentaban “silenciarla” por las investigaciones que realizaba. Su entorno periodístico reclamó después del crimen que la pesquisa no se limite al tirador y que se determine si existieron autores intelectuales detrás del ataque.
El asesinato produjo una inmediata reacción institucional. El Gobierno Regional de Áncash pidió al Ejecutivo central y al Ministerio del Interior reforzar urgentemente la seguridad de los candidatos y reclamó la convocatoria del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, además de un cerco policial regional para identificar a todos los responsables. La preocupación no se limita al caso Aponte: la combinación de campaña electoral, criminalidad organizada y exposición pública de candidatos regionales volvió a colocar la seguridad política en el centro del debate peruano.
El Consejo de la Prensa Peruana también reclamó el esclarecimiento inmediato del homicidio y recordó que otros asesinatos de periodistas continúan sin resolución definitiva. La advertencia llega en un contexto especialmente crítico: 2025 fue el año más violento para el periodismo peruano en al menos tres décadas, con cuatro comunicadores asesinados —Gastón Medina, Raúl Celis, Fernando Núñez Guevara y Mitzar Castillejos Tenazoa—, todos vinculados a medios regionales o locales.
El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) documentó además un fuerte incremento de ataques contra comunicadores: las alertas pasaron de 352 en 2023 a 458 en 2025, mientras los periodistas regionales se convirtieron en los objetivos más expuestos a amenazas provenientes del crimen organizado, la minería ilegal, el narcotráfico y estructuras de poder local. El Committee to Protect Journalists (CPJ) señaló este año que la violencia contra la prensa fuera de Lima alcanzó niveles alarmantes y que los cuatro periodistas asesinados en 2025 trabajaban precisamente en ciudades del interior.
El caso Aponte agrega además un componente político inédito: no se trataba solamente de una periodista que denunciaba corrupción, sino de una candidata que aspiraba a gobernar una de las regiones más importantes del país. El ataque ocurrió a dos semanas de las elecciones regionales y abre interrogantes sobre si el móvil estuvo vinculado con sus investigaciones periodísticas, con su actividad política, con conflictos personales o con alguna combinación de esos factores.
La Policía peruana informó que el sospechoso detenido será sometido a interrogatorios y peritajes mientras se analizan cámaras de seguridad, registros telefónicos y posibles conexiones con terceros. La investigación deberá determinar especialmente si las amenazas denunciadas días antes guardan relación con el crimen y si existió algún grado de planificación desde establecimientos penitenciarios, como había advertido la propia víctima.
El asesinato de Susy Aponte convierte una advertencia pública en una pregunta institucional difícil de eludir: qué hizo el Estado después de que una periodista y candidata dijera expresamente que temía ser asesinada. En un país donde cuatro reporteros fueron ejecutados el año pasado y donde las amenazas contra comunicadores regionales se multiplicaron, el esclarecimiento del crimen ya no afecta solamente a una campaña electoral en Áncash, sino a la credibilidad del sistema peruano para proteger a quienes investigan, denuncian y disputan espacios de poder.
Fuentes consultadas: DW, El Comercio, La República, IPYS, Reporteros Sin Fronteras, Committee to Protect Journalists, Consejo de la Prensa Peruana, Gobierno Regional de Áncash y comunicados de la Policía Nacional del Perú.
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