El colapso estructural del sistema judicial, el pedido del juez Marcelo Aguinsky para acelerar el juicio oral y los límites que exhibe la investigación de la llamada “Mafia de los Contenedores” reabren una discusión histórica sobre las responsabilidades dentro del servicio aduanero y los recurrentes esquemas de corrupción que atravesaron distintas administraciones.
Por Guillermo J. Tiscornia – ex juez en lo Penal Económico
En la crónica del periodista Daniel Santoro (Clarín, 23/09/2026) se señala: “El juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky solicitó formalmente al Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 2 que fije una fecha definitiva para el inicio del juicio oral en la mega causa conocida como ‘La Mafia de los Contenedores’. Este reclamo, considerado un hecho sin precedentes en el ámbito judicial, se produjo luego de que el tribunal oral decidiera postergar el debate público por tiempo indeterminado”.
Ante todo cabe reparar en varios aspectos, a saber.
En primer lugar, el colapso estructural del sistema judicial marca que ese mismo sistema funciona al 60 % —o aun menos— de su capacidad instalada; jubilaciones, retiros voluntarios y la falta de designación —durante años— de magistrados que reemplacen las vacantes dejadas.
Para muestra basta un botón: desde hace casi nueve años la Procuración General de la Nación no cuenta con un funcionario titular; la Corte Federal Argentina funciona con tres de sus cinco miembros sin que la dirigencia política haya logrado los consensos necesarios para contar con un Alto Tribunal a pleno.
Y ese mismo déficit derrama hacia las instancias inferiores; así, por ejemplo, la Alzada del Fuero Federal en lo Penal Económico funciona con dos sobre un total de seis jueces de Cámara; y el mismo déficit se observa en los casos de los Tribunales Orales en lo Penal Económico.
Y por lo demás, se sabe que los Tribunales Orales —en su agenda de trabajo— deben respetar el orden cronológico con que los asuntos van llegando a su conocimiento; orden que admite excepciones en casos de justiciables que se encuentren en prisión preventiva.
Y estos factores no son ignorados por el señor juez doctor Marcelo I. Aguinsky, precisamente por tratarse de un magistrado con un más que bien ganado prestigio a partir de un desempeño ejemplar acompañado por una sólida formación profesional.
Por lo tanto, no deja de sorprender —aun admitiendo cierto grado de apasionamiento con su propia investigación, la cual con mucho esfuerzo logró llevar a cabo— el hecho de que el magistrado en cuestión haya irrumpido —en una actitud inédita— sobre el Tribunal Oral en lo Penal llamado a intervenir, poco menos que exigiendo que a la brevedad posible fije la fecha que dé inicio al debate en cuestión.
Siendo que —en el contexto indicado— la lectura que cabe asignar al pedido formulado por el doctor Aguinsky deviene en este caso más que indisimulable; para decirlo en forma coloquial: “ponga fecha de debate para que a la brevedad se dicten condenas”.
Al margen de que en tiempo presente varios casos residuales continúan desarrollándose en la etapa instructoria —y bajo la jurisdicción del mismo magistrado—, lo preocupante es que el mismo doctor Aguinsky se ha colocado en clara posición de recusación frente a los justiciables ante un temor más que fundado de parcialidad.
Y más allá de que, con absoluta abstracción de la inaceptable intromisión ejercida sobre el Tribunal Oral en lo Penal Económico interviniente en este caso, cabe señalar que tan solo el Fiscal de Juicio Oral llamado a intervenir es quien tiene la potestad para solicitar al Tribunal Oral que dé inicio a la audiencia de debate.
En otro orden de ideas se impone reparar en otra crónica periodística, en este caso de Gabriel Di Nicola, no tan reciente: “La mafia de los contenedores. Declaraban que importaban carbonato de calcio, pero contrabandeaban ropa”. También: “Llega a su fin un monumental caso de corrupción y tres exjefes aduaneros del gobierno kirchnerista van a juicio. Para el juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky, a cargo de la investigación, ‘los delitos económicos, especialmente el contrabando, perjudican la actividad económica y financiera del Estado’” (11 de mayo de 2024).
En efecto, cierto es que debe destacarse la prolija actividad del magistrado instructor, la cual supo determinar posibles responsabilidades tanto en el sector privado como en el sector público en la gestación de las maniobras elusivas del control aduanero.
Ello no obstante, el nivel de las responsabilidades detectadas, al menos por ahora, se circunscribe a los niveles intermedios en la jerarquía de las funciones aduaneras.
Y como nota de color —en un segmento de la pesquisa— el mismo señor magistrado instructor dictó auto de sobreseimiento total y definitivo respecto de la máxima autoridad de la Aduana, doctor Guillermo Michel.
Es más, no se registra que dicha pesquisa haya detectado —de momento— posibles responsabilidades en cabeza del Director General de la Aduana a cargo de la conducción del servicio aduanero durante el período comprendido en la investigación.
La relativa similitud en cuanto a la modalidad comisiva de dicha presunta maniobra elusiva del control aduanero permite evocar el recordado caso “Aduana Paralela”, el cual tuvo lugar a partir del año 1996; ídem respecto del caso que tuvo como protagonista al contador Juan C. Delconte durante la gestión gubernamental alfonsinista, donde la investigación demostró la existencia de 3.636 operaciones de importación clandestinas.
Bajo el control jurisdiccional del señor Fiscal General doctor Raúl O. Plee se desarrolló aquella recordada investigación, la cual arrojó como dato objetivo la fuga hacia el circuito clandestino del contrabando de casi 3.600 destinaciones aduaneras de tránsito, conforme surgió de una rigurosa tarea de auditoría que el mismo Fiscal General llevó a cabo sobre el sistema informático María que las autoridades oficiales de la época diseñaron como mecanismo de control sobre el universo del comercio exterior.
“Inconcebible cantidad de importaciones clandestinas verificadas”, “estado de descalabro del sistema de control aduanero” fueron unas de las tantas observaciones efectuadas por el Tribunal de Alzada al momento de haberse confirmado el auto de procesamiento respecto del entonces Director de la Aduana, licenciado Gustavo A. Parino (Sala A, Cámara Penal Económico, 31/12/96).
Ese mismo estado de descalabro respecto del servicio aduanero fue corroborado por la Auditoría General de la Nación, a cargo del doctor Enrique Paixao; por la Sindicatura General de la Nación; sumado a las conclusiones convergentes de la Comisión Bicameral Especial conformada en aquellos años en el Parlamento argentino y que fue presidida por el chubutense Mario Das Neves.
Eso sí, la sistemática metodología de amedrentamiento desarrollada por el doctor Domingo F. Cavallo sobre los magistrados a cargo del caso en todas las instancias derivó a fines del año 1999 en la extensión de un virtual certificado de impunidad en favor del mismo Gustavo A. Parino por parte del Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 1, muy a pesar de la contundente acusación formulada respecto del mismo Parino por la señora Fiscal de Juicio Oral doctora Marta I. Benavente.
“Yo no amenazo, solo digo que si Parino va preso el que va a tener un juicio político será el juez Tiscornia” (Domingo F. Cavallo, Revista Noticias, 30/11/96); “¿Hola? ¿Anzorreguy? Habla Domingo Cavallo. Decile a Menem que si el lunes la Cámara Penal Económico no libera a Parino salgo a hablar y volteo al gobierno” (Julio Blanck, Clarín, 26/12/96).
Pero ello no fue todo. “Aduana. Condenan a 10 años de prisión al ex Director Juan C. Delconte” (La Nación, 8/07/98). “Este es un fallo oportunista, el juez Tiscornia busca blanquear su imagen y así esquivar el juicio político” (Guillermo Francos —AR— y Melchor Cruchaga).
La misma historia de ayer, de hoy y de siempre. Recurrentes esquemas de corrupción estructural históricamente enquistados en el servicio aduanero.
Guillermo J. Tiscornia
Ex juez en lo Penal Económico
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